Sin lugar a dudas, los pueblos indígenas somos uno de los segmentos más expuestos a una situación de vulnerabilidad frente a la actual pandemia de coronavirus COVID-19. A lo largo de la historia, hemos sido víctimas de sucesivos invasores, no sólo por el uso de violencia física, armas de fuego o trabajo forzado, sino también por las enfermedades que nos han transmitido y transmiten, como la gripe, la viruela y el sarampión, incluso en el siglo XX especialmente durante el régimen de dictadura militar.
Actualmente sufrimos enfermedades externas: enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades gastrointestinales, renales, de transmisión sexual y respiratorias. El coronavirus es otra de estas amenazas, otra plaga producida por la acumulación capitalista, que por lo tanto es de origen político y económico y que ahora se convierte en una crisis de salud pública.
No podemos pagar por problemas no relacionados con nuestra forma de vida. Por el contrario, corresponde al Estado proporcionar medidas para aliviar su deuda acumulada hasta la fecha con nuestros pueblos y comunidades.
De esta manera, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), hacemos de público conocimiento nuestra exigencia al Gobierno actual para que implemente un plan de acción de emergencia, que incluya, entre otras, las siguientes medidas:
• Garantizar la protección de nuestros territorios, independientemente de la fase de regularización en la que se encuentren.Principalmente los territorios de los pueblos indígenas aislados y recientemente contactados.
• Restringir la presencia de invasores en territorios indígenas, como ocupantes ilegales, mineros, madereros y otros que practican actividades no reglamentadas en estos territorios.
• Suspender cualquier intento de desalojo en las retomadas: territorios tradicionales de nuestros pueblos ocupados con el objetivo de garantizar su derecho original, posesión y usufructo exclusivos.
• Fortalecer, con una asignación presupuestaria adicional, el subsistema de salud indígena, es decir, la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), los Distritos Especiales de Salud Indígena (DSEI) y las Casas de Salud Indígena (CASAI), en el actual contexto de la pandemia de coronavirus debido al aumento de demanda y sobreocupación.
• Evitar el acceso a los territorios indígenas de personas que no están autorizadas o vinculadas a servicios básicos de asistencia, como turistas y otras personas con diferentes propósitos no autorizados por nuestros líderes.
• Mejorar el subsistema con medidas de prevención y atención para evitar riesgos de contaminación por coronavirus en las aldeas, especialmente en aquellas cercanas a centros urbanos o en momentos de asistencia hospitalaria necesaria. Cualquier plan de contingencia debe ser ampliamente discutido con los órganos representativos de nuestros pueblos.
• Revocar inmediatamente la Ordenanza Funai No. 419 / PRES., Del 17 de marzo de 2020, según lo recomendado por el Consejo Nacional de Salud (CNS) y el 6to. Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público Federal / PGR. La Ordenanza FUNAI, principalmente en su artículo 4, elimina de la Coordinación General de Indios Aislados la responsabilidad de proteger a estos pueblos, transfiriéndola a las coordinaciones regionales del órgano indígena. Las coordinaciones regionales no tienen personal calificado y condiciones estructurales para tal misión específica. Para APIB, esta decisión que elude toda la legislación nacional específica (Constitución Federal, Estatuto del Indio, Reglamento Interno de Funai, determinaciones del Ministerio de Salud y SESAI) e internacional (Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y OMS), constituye un acto de irresponsabilidad, ya que representa un mayor riesgo para la integridad de los pueblos aislados y de contacto reciente. La decisión sólo puede justificarse debido a intereses inexplicables, que nuestra organización ya ha informado en otras ocasiones.
Finalmente, en ausencia de la voluntad política del gobierno actual de desarrollar un plan de contingencia para brotes y epidemias considerando las especificidades de nuestros pueblos, su forma de vida comunitaria, que puede facilitar la rápida propagación del Coronavirus, requerimos que las organizaciones internacionales, principalmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPAS), pongan a disposición las unidades de salud para indígenas de forma urgente. Es por el bienestar de nuestros ancianos, custodios de sabiduría y tradición, como por el bien de nuestros hijos y futuras generaciones, que exigimos respeto por la atención médica específica y diferenciada, conquistada por los pueblos indígenas en la Constitución de 1988.