Fotografía: Kamikia Kisedje
La delegación indígena presente en Dubai fue la más grande de todas las Conferencias del Clima, exigió que la demarcación de los territorios indígenas sea considerada como política climática y denunció la entrada de Brasil en la OPEP+ y los riesgos de proyectos de explotación de petróleo.
La COP28 tuvo lugar en Dubái con la participación de casi 200 países y concluyó el 13 de diciembre, con un día de retraso debido a las negociaciones relacionadas con los compromisos de reducción de combustibles fósiles en una Conferencia del Clima que, irónicamente, se celebró en la principal región petrolera del mundo.
Una de las demandas más urgentes de la APIB en el contexto de la COP28 es que el gobierno brasileño vincule la ya existente política de demarcación de los territorios indígenas a sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas, las cuales serán revisadas en la COP30 en 2025, que se llevará a cabo en la ciudad brasileña de Belém.
“Salimos de aquí [de Dubái] con el compromiso de exigir cada vez más al gobierno brasileño que implemente los mecanismos y medidas de protección y demarcación de los territorios indígenas”, afirmó Dinamam Tuxá, Coordinador Ejecutivo de la APIB, en su evaluación sobre la COP28. “No hay solución para la crisis climática sin los Pueblos Indígenas y sin los territorios indígenas, necesitamos tener nuestros territorios demarcados y creemos que nuestro mensaje llegó a quienes debía llegar”, agregó Tuxá en referencia a la carta que la APIB entregó el 5 de diciembre al Presidente Lula en una reunión con la sociedad civil en la COP28, la cual reitera la necesidad de garantizar el respeto a los derechos indígenas y no permitir el avance de políticas anti indígenas como el Marco Temporal, aprobado el 14 de diciembre por el Congreso Nacional, en la Ley 14,701/2023.
Además del encuentro con el Presidente Lula, la APIB también se reunió con los negociadores brasileños para presentar sus demandas transversales y específicas en relación con las negociaciones climáticas. Entre ellas, se destacan la participación efectiva de los Pueblos Indígenas en el proceso de negociaciones y toma de decisiones, y la vinculación de la política de demarcación y protección de los territorios indígenas a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por su sigla en inglés) de Brasil. Con una sensación de relativa satisfacción por haber logrado movilizar la mayor delegación de representantes indígenas de Brasil en una COP, con alrededor de 60 representantes indígenas de la sociedad civil, el movimiento indígena centró el debate sobre la importancia de las Tierras Indígenas para las políticas de mitigación climática a nivel nacional e internacional.
Los pueblos indígenas son protagonistas en la lucha contra las mudanzas climáticas: a través de la íntima relación con los territorios ancestrales, los pueblos indígenas protegen el 80% de la biodiversidad del planeta, según estudios de las Naciones Unidas. En los últimos 30 años, Brasil perdió 69 millones de hectáreas de vegetación nativa, según MapBiomas. Sin embargo, solo el 1,6% de esta deforestación se registró en tierras indígenas. No se puede considerar la preservación de todos los biomas y políticas consistentes contra las mudanzas climáticas sin garantizar el pleno usufructo de los territorios indígenas por parte de sus pueblos.
Uno de los principales resultados de la COP28 fue el Balance Global, un mecanismo de evaluación sobre el estado de implementación de los compromisos de las Partes en el marco del Acuerdo de París. El texto final del Balance Global menciona siete veces a los Pueblos Indígenas, haciendo referencia a la responsabilidad de las Partes de respetar sus obligaciones con los derechos de los Pueblos Indígenas; la participación de los Pueblos Indígenas en soluciones sostenibles y justas para la crisis climática y en el proceso de negociaciones; la implementación de soluciones integradas y multisectoriales basadas en el conocimiento de los Pueblos Indígenas; el respeto al conocimiento indígena como forma de protección del patrimonio cultural en relación con los impactos de las mudanzas climáticas; y el fortalecimiento de los mecanismos de capacitación para promover la participación de los Pueblos Indígenas tanto en las negociaciones como en la creación de políticas y el desarrollo de acciones climáticas.
Para que todo esto se cumpla, Brasil debe comenzar garantizando el acceso de las poblaciones a sus territorios como primer derecho innegociable, así como respetar la Convención 169 de la OIT sobre la consulta libre, previa e informada en relación con proyectos que afecten a los territorios indígenas. De igual manera, los acuerdos relacionados con el Artículo 6 del Acuerdo de París deben establecer mecanismos de denuncia que sean efectivamente accesibles para los pueblos indígenas. “El texto [del Balance Global] refleja el compromiso político, que ahora debe evidenciarse en la práctica. No estamos satisfechos solo con que se mencione a los pueblos indígenas, necesitamos la inserción de los pueblos indígenas en la ocupación de los espacios de decisión, en el beneficio del financiamiento directo, en políticas gubernamentales”, enfatiza Kleber Karipuna, Coordinador Ejecutivo de la APIB.
Nuevos proyectos de petróleo en Tierras Indígenas: a contramano de la lucha contra el cambio climático
Después de varias complicaciones para alcanzar un consenso en las negociaciones, el texto final de la COP28 propuso la reducción del consumo global de combustibles fósiles. Sin embargo, gran parte de los negociadores y la sociedad civil sienten cierto fracaso debido a la falta de una mención más contundente y específica sobre la eliminación gradual del uso de petróleo, gas y carbón en lugar de la reducción. La COP28 alcanzó un récord de acreditación de representantes del lobby petrolero, con 2.456 inscritos.
Una de las mayores contradicciones en cuanto a la postura climática de Brasil fue su adhesión al grupo de la OPEP+ (extensión del grupo central de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo), lo que preocupa a los Pueblos Indígenas sobre la explotación de combustibles fósiles que afecten a sus territorios, además de los impactos climáticos de tales actividades. “Salimos de aquí [de la COP28 en Dubái] un poco consternados al entender que en esta COP, aunque Brasil haya sido uno de los protagonistas en las negociaciones climáticas, el país ha ingresado al grupo de la OPEP+. Esto va en contra de lo que se está debatiendo: transición energética justa”, explicó Tuxá.
La propuesta de eliminar el uso de combustibles fósiles llegó a formar parte del borrador del texto del acuerdo de la COP28, pero fue retirada después de la presión de la OPEP con los países asociados al grupo de la OPEP+, que votaron para eliminar dicho compromiso. La propuesta en el texto final es contradictoria con la meta de mantener el calentamiento global en 1,5º, ya que, según advierten los científicos, el único camino para lograrlo es la neutralidad de carbono para 2050, eliminando completamente el uso de combustibles fósiles.
Brasil contribuyó con las contradicciones que caracterizaron esta edición de la Conferencia del Clima, ya que, además de unirse al grupo OPEP+, el mismo día del cierre de la COP28 (13 de diciembre), se llevó a cabo una subasta de proyectos de combustibles fósiles en Río de Janeiro. El 4º ciclo de Oferta Permanente de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) ofreció un total de 602 bloques de exploración y una zona con acumulación marginal, abarcando un área total de 183,569 km2. Según datos del Instituto Arayara, 15 de estos bloques de exploración afectan 156 millones de hectáreas (47,000 km2) de tierras indígenas.
En la Área de Influencia Directa (AID) de estos proyectos se encuentran un total de 23 Tierras Indígenas de 9 etnias: Sateré Mawé, Mundukuru, Mura, aislados de Pitinga/Nhamunda-Mapuera, aislados de Río Kaxpakuru/Igarapé Água Fria, Kahyana, Katxuyana, Tunayana y Xokleng, con una población afectada estimada en 21,910 indígenas. Las tierras indígenas están predominantemente ubicadas en la Amazonía Legal (63.64% de los bloques) en la Cuenca del Amazonas (estados de AM y PA), y también en Santa Catarina.
“De estos 23 bloques que afectan a Tierras Indígenas, dos son de pueblos aislados. Imaginen las estructuras que se montarán al lado de los territorios indígenas, en las Unidades de Conservación, en los territorios quilombolas y en los territorios de todas las comunidades tradicionales de Brasil. Es importante que nos unamos y hagamos un compromiso entre nosotros y afirmemos: yo no participo en la subasta, petróleo y gas, en mi territorio no”, declaró Kretã Kaingang, Coordinador Ejecutivo de la APIB, quien acompañó la subasta de la ANP en Río de Janeiro.
La exploración, perforación, extracción, transporte e incluso refinación y consumo causan devastación ambiental, violencia y empobrecimiento local. En todas las fases hay deforestación y degradación de ecosistemas, contaminación de cuerpos de agua, lluvias ácidas resultantes de la quema de gas asociado al petróleo, ruido y contaminación insoportables; hechos que se extienden a las redes naturales de circulación de agua y viento, según explica el Instituto Arayara.
“En el primer gobierno de Lula en 2000, ratificó el convenio 169 de la OIT, que nos otorga el derecho a la consulta libre, previa e informada. Para esta subasta de hoy, no fuimos consultados, ninguna población tradicional afectada fue consultada. Durante la COP28, Lula hizo un discurso emotivo, lloró, habló de la reducción de la deforestación, ¿y qué va hacer ahora frente a los posibles impactos de estos proyectos de petróleo que se están discutiendo con las mayores empresas petroleras mundiales y que pretenden instalarse en territorios indígenas sin permitirno la entrada a los pueblos indígenas? Estamos en la puerta del hotel donde se celebra la reunión”, cuestiona Kaingang, en la calle frente al Hotel Windsor Barra en la capital carioca.
El Brasil de Lula, que alguna vez fue una referencia mundial en políticas climáticas, deberá trabajar arduamente para aclarar sus contradicciones, cuestionar si continúa manchando su imagen internacional con la adhesión al llamado cartel petrolero de la OPEP+ y cumplir con sus compromisos y metas, entre ellos el respeto a las Tierras Indígenas, que son guardianas de los biomas y gran parte de la biodiversidad. El país tiene dos años para definir una posición de liderazgo antes de la COP30 de 2025, que será organizada por Brasil en la ciudad de Belém, donde los países tendrán la gran responsabilidad de revisar sus metas climáticas, las NDC. Sin embargo, la APIB cuestiona la efectividad de los compromisos climáticos de Brasil mientras las políticas de demarcación y protección de los territorios no estén en el centro de este debate.
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