Nosotros, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), creamos la campaña Emergencia Indígena en 2020 con el objetivo de hacer frente a la devastadora crisis humanitaria, sanitaria y política que estábamos sufriendo durante el periodo de la pandemia provocada por la Covid-19.
¡Decidimos no morir!
La pandemia y el gobierno anti-indígena de Jair Bolsonaro nos obligaron a llevar a cabo una intensa movilización contra el genocidio de nuestros pueblos.
A pesar de los diversos avances que hemos logrado con nuestras luchas, continuamos sufriendo las amenazas de nuestros derechos, dignidad y protección de nuestras culturas y territorios.
En 2023 nos hemos visto obligado a retomar la campaña “Emergencia Indígena”, puesto que ¡no fue solo cosa de aquel virus!
En nuestro cotidiano, estamos obligados a hacer frente a la violencia del racismo que está enraizado en la sociedad y en las estructuras del Estado.
¡Paren de matarnos!
Invasiones, asesinatos, amenazas, criminalización de líderes y lideresas, violaciones de nuestros derechos…
Estas situaciones derivadas de la colonización, de la monarquía y del autoritarismo instaurado por la dictadura militar nunca pararon de existir para los pueblos indígenas.
Nos urge levantar la voz también frente a las violencias y asesinatos de mujeres indígenas y personas LGBTQIAP+ también indígenas.
El proyecto genocida contra los pueblos indígenas, el robo de nuestros territorios ancestrales y nuestras riquezas naturales siguen amenazando con vehemencia nuestras vidas, culturas y toda la supervivencia del planeta.
¡Derechos no se negocian!
El frente parlamentar de la agropecuaria, o a bancada ruralista como es conocida en Brasil, inventó la tesis del Marco Temporal y levantó una serie de amenazas en todas las instancias de poder.
Propuestas legislativas como el Proyecto de Ley (PL) 2903 o la Propuesta de modificación de la Constitución (PEC) 48 que incluyen la tesis del Marco Temporal, el PL 191 de la minería, la PEC 59 y los intentos de conformar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la demarcación de Tierras Indígenas son ejemplos concretos de un genocidio legislado.
La agenda política anti-indígena en el Congreso Nacional está dominada por los parlamentarios que actúan en defensa de los intereses de los latifundiarios e invasores de nuestras Tierras.
Enfatizamos que el frente parlamentar de la agropecuaria y el de la minería son espacios creados para legalizar nuestro genocidio.
El Marco-Tráfico, -es decir, la estructura de ilegalidad creada a partir de la propuesta de la tesis del Marco Temporal tras la aprobación agilizada en el Senado a pesar de que la Corte Suprema había juzgado la medida como inconstitucional- es el claro reflejo del juego de favores que está permeando la estructura de los tres poderes de la República de Brasil. En este contexto, los derechos indígenas se han convertido en una moneda de cambio.
Desde 2016, el Estado Democrático de Derecho está siendo desmontado.
Primero el golpe político, jurídico, mediático sobre la presidenta Dilma Rousseff, después el gobierno de Michel Temer, seguido de la ascensión y derrota electoral del bolsonarismo.
Ahora, la derecha tradicional y el bolsonarismo consolidan dentro del Congreso una fortaleza para desafiar a los poderes Ejecutivo y Judicial, defendiendo leyes inconstitucionales para favorecer sus propios intereses económicos.
El movimiento indígena conquistó avances históricos y es necesario que hagamos incapié en eso. La Apib consiguió que aumentase la presencia indígena en la política brasileña. La Campaña Indígena promovió el fortalecimento de candidaturas indígenas.
El grupo político indígena elegido, denominado bancada del Cocar con Célia Xakriabá a la cabeza, fortalece nuestras trincheras políticas para resistir en el Congreso Nacional.
Algunos de los avances importantes son: la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) y la indicación de líderes indígenas para posiciones estratégicas en el Poder Ejecutivo.
Sonia Guajajara como Ministra do MPI; Joênia Wapichana presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI); Weibe Tapeba Secretário de Salud Indígena.
La elección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue una conquista colectiva. No obstante, el contexto electoral le obligó a establecer una amplia alianza que incluye sectores económicos y políticos conservadores y anti-indígenas.
El Congreso Nacional sigue dominado por parlamentarios patrocinados por corporaciones nacionales e internacionales y accionistas del agronegocio que quieren acabar con los derechos indígenas.
Las bancadas o agrupaciones de parlamentarios de la triple B -buey, bala y Biblia- representan ¡una amenaza directa para nuestras vidas!
La mayoría de los Gobiernos Estatales y municipales continúan en manos de conservadores y anti-indígenas.
Políticos brasileños, representantes en el Congreso Nacional y en el poder Ejecutivo, poseen 96 mil hectáreas de tierras que están sobrepuestas a Tierras Indígenas.
Estos están recibiendo financiación de latifundiarios que invaden Tierras Indígenas y que donaron 3,6 millones de reales para campañas electorales de ruralistas.
Estos invasores arcaron con el coste de 29 campañas políticas en 2022 que suman un total de 5.313.843,44 de reales.
Es mucha tierra para unos pocos latifundiarios.
La degradación ambiental, la invasión de tierras y el atropello de los derechos de los pueblos pueden empeorar con la propuesta de retomada de grandes inversiones en proyectos de infraestructura, incluidos en el denominado PAC III.
El compromiso de la sociedad con las cuestiones climáticas y el respeto de los derechos indígenas ha aumentado.
No obstante, los ataques y amenazas contra los Pueblos Indígenas avanzan dentro de los tres poderes que componen el Estado brasileño.
El gobierno de Lula está frente a una encrucijada para contener al movimiento fascista que, a pesar de haber perdido en las elecciones, se mantiene activo.
Lula necesita garantizar los compromisos con el medio ambiente y con los movimientos sociales que lo eligieron y generar empleos a través del crecimiento económico.
Para ello, el gobierno apuesta en grandes emprendimientos, obras e inversiones, pero se equivoca al considerar las Tierras Indígenas como fuentes de expansión del capital dentro de las políticas para el desarrollo.
Ese no puede ser el camino para salir de las crisis que nos aprisionan.
La presión de los intereses financieros provoca un cruel aumento de los conflictos territoriales, violencias y violaciones, así como racismo, criminalización y asesinatos.
El problema está en la configuración del Estado brasileño, que es el comité gestor de los negocios del retroceso agropecuarista.
Por tanto, una vez más, reiteramos que nuestra emergencia de supervivencia no se trataba solo de enfrentar el virus de la Covid-19.
El proyecto genocida contra los Pueblos Indígenas y el robo de nuestros territorios ancestrales sigue amenazando con fuerza nuestras vidas, culturas y toda la supervivencia del planeta.
Retomamos la campaña “Emergencia Indígena” para estructurar el enfrentamiento de ataques a la vida de los Pueblos Indígenas.
No podemos cesar de denunciar las dinámicas de poder que violan nuestros derechos diariamente.
Seguimos dedicando todas nuestras fuerzas para informar, fortalecer y articular las bases del movimiento indígena para que de forma permanente y sin descanso protejamos nuestras vidas, culturas, territorios y derechos.
Respondemos haciendo uso de la democracia, de mucho estudio, de la organización y de la lucha de los pueblos, unidos en defensa de la vida de todos, todas y todes para que continúe la vida en la Tierra.
¡Nuestro futuro depende de la demarcación, homologación, protección y garantía de la plena y permanente posesión de nuestras tierras!
Exigimos que se lleven a cabo políticas públicas diferenciadas, en los campos de salud y educación, por ejemplo. Es necesario que se respete la Ley 11.645 que obliga a que se enseñe la historia indígena y afro brasileña en las escuela públicas.
Necesitamos derrotar al poder político económico de los latifundiarios y ocupar nuestros lugares en los espacios que deciden sobre los rumbos futuros de este país. No habrá ningún Brasil sin los pueblos indígenas.