05/Ago/2021
A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (ANMIGA), viemos por meio deste manifesto repudiar e denunciar o crime de barbárie cometida na tarde desta quarta-feira (04), no Setor Estiva, da Terra Indígena do Guarita, no município de Redentora, contra a jovem de apenas 14 anos, Daiane Griá Sales, indígena Kaingáng, moradora do Setor Bananeiras da Terra Indígena do Guarita. A jovem Daiane foi encontrada em uma lavoura próxima a um mato, nua e com as partes inferiores (da cintura para baixo) arrancadas e dilaceradas, com pedaços ao lado do corpo.
Temos visto dia após dia o assassinato de indígenas. Mas, parece que não é suficiente matar. O requinte de crueldade é o que dilacera nossa alma, assim como literalmente dilaceraram o jovem corpo de Daiane, de apenas 14 anos. Esquartejam corpos jovens, de mulheres, de povos. Entendemos que os conjuntos de violência cometida a nós, mulheres indígenas, desde a invasão do Brasil é uma fria tentativa de nos exterminar, com crimes hediondos que sangram nossa alma. A desumanidade exposta em corpos femininos indígenas, precisa parar!
Estamos aqui, reivindicando justiça! Não deixaremos passar impune e nem nos silenciarão. Lutamos pela dignidade humana, combatendo a violência de gênero e tantas outras violações de direitos. As violências praticadas por uma sociedade doente não podem continuar sendo banalizadas, naturalizadas, repleta de homens sem respeito e compostura humana, selvageria, repugnância e macabrismo. Quem comete uma atrocidade desta com mulheres filhas da terra, mata igualmente a si mesmo, mata também o Brasil.
Mas saibam que o ÓDIO não passará! Afinal, a violência praticada não pode passar impune, nossos corpos já não suportam mais ser dilacerados, tombado há 521 anos. Que o projeto esquartejador empunhado pela colonização, violenta todas nós, mulheres indígenas há mais de cinco séculos.
Somos 448 mil Mulheres Indígenas no Brasil que o estrupo da colonização não conseguiu matar e não permitiremos que a pandemia da violência do ódio passe por cima de nós.
Parem de nos matar! A cada mulher indígena assassinada, morre um pouco de nós.
Vidas indígenas importam. Gritaremos todos os dias, a cada momento, vidas indígenas importam. E a vida de Daiane importa. Importa para sua família, para seu povo. Importa para nós mulheres indígenas.
Somos todas Daiane Griá Kaingang!
Exigimos justiça!
04/Ago/2021
Ayer por la noche (3 de agosto), los congresistas brasileños mostraron los intereses a los cuales se asocian, aprobando el proyecto de ley 2633 conocido como “PL da Grilagem” (Ley de acaparamiento de tierras) con una amplia mayoría (296 x 136 votos). El texto aprobado no fue presentado previamente a la sociedad civil, comportamiento típico de los regímenes antidemocráticos.
Sostienen que el proyecto de ley es un instrumento necesario para regularizar las tierras para pequeños agricultores. Sin embargo, Brasil ya tiene un marco de reforma agraria y políticas de asignación de tierras que solo necesitan ser implementadas de manera efectiva. El texto aprobado, que ahora sigue para la apreciación del Senado Federal, legaliza lo ilegal: regulariza tierras obtenidas mediante apropiación criminal, en procesos que muchas veces incluyen actos violentos contra pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
Grilagem significa acaparamiento de tierras. Para quienes no estén familiarizados con la expresión, es el nombre que se le da a la invasión, ocupación y comercio ilegal de espacios públicos. Este crimen ahora se ha convertido en ley. La práctica está directamente ligada a la deforestación, a la destrucción de la biodiversidad y amenaza a los pueblos indígenas que tradicionalmente ocupan territorios, ahora usurpados por acaparadores de tierras.
Según el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam), alrededor del 30% de la deforestación y las quemas en la Amazonía se produjeron en tierras públicas sin designación, que posiblemente fueron apropiadas por los acaparadores de tierras. Estudios de Imazon estiman que si el PL 2633 se convierte efectivamente en ley, provocará una deforestación adicional de hasta 16 mil kilómetros cuadrados, un área casi 3 veces el tamaño del Distrito Federal brasileño.
El robo de tierras públicas no es nada nuevo en Brasil. Lo inédito es que el Estado, que debe velar por el bien común, decida descaradamente recompensar a los ladrones y usurpadores con la regularización de las tierras robadas. Esta aberración ética y legal pone de rodillas a nuestros bosques, nuestra biodiversidad y a los pueblos que dependen de ellos, especialmente los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y los agricultores familiares, ante los típicos procesos de violencia de invasión y apropiación ilegal de tierras.
Mientras el mundo entero discute formas de mantener los bosques en pie como una solución al cambio climático, el gobierno brasileño continúa “passar a boiada” (pasar el rebaño), abriendo el camino para un aumento en las tasas de deforestación, lo que va en contra de sus propios compromisos con cero deforestación ilegal.
Los pueblos indígenas expresan su consternación por este absurdo e irresponsable señal que emana de la autoproclamada “Casa del Pueblo”. Al aprobar este proyecto, la Cámara demuestra que se está convirtiendo paulatina e inevitablemente en la casa de los ruralistas, del agronegocio, de los deforestadores y acaparadores de tierras – todos, menos del pueblo.
El movimiento indígena brasileño continúa en la lucha por sus derechos constitucionales.
19/Jul/2021
Durante los últimos 521 años esta tierra se ha caracterizado por violaciones, racismo y genocidio. Siglos de intentos de subyugación de pueblos, culturas y territorios. Hoy no solo hay armas que desgarran cuerpos, sino también bolígrafos que firman leyes de exterminio. Cuando no solo los delincuentes atacan directamente, los gobiernos se omiten de su deber de proteger a nuestros pueblos. Y por más que las peleas se superpongan, ¡no lo permitiremos!
Somos los primeros en esta tierra, antes incluso de que Brasil se convirtiera en Brasil.
Contra proyectos de ley que violan la propia Constitución, seguiremos movilizándonos en la capital federal, sonando nuestras maracas y cantando nuestras canciones, entre el 22 y el 28 de agosto.
Hacemos este llamado, incluso durante la pandemia, porque no podemos quedarnos callados frente al genocidio y ecocidio, porque la Tierra grita incluso cuando estamos silentes. Que el país escuche a sus pueblos originarios. Nuestras vidas están ligadas a la tierra, ya que vivimos en comunión con ella. Somos los guardianes de los bosques y todas las formas de vida que allí habitan. Frente a un Congreso que avanza en una agenda anti-indígena y contra el Marco Temporal, programado para ser votado por la Corte Suprema el 25 de agosto, ¡resistiremos!
Llegaremos vacunados a Brasilia, con todas las precauciones de higiene contra el Covid-19, para tocar nuestras maracas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Vengan juntos, parentes, al Campamento LUCHA POR LA VIDA.
Apoye
16/Jul/2021
El país ha ignorado el marco de protección de los pueblos tradicionales. La presentación tardía de las respuestas gubernamentales a las consultas de la organización y de las organizaciones internacionales impide la manifestación del Comité de Expertos
Brasil ha violado la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como denuncian organizaciones sociales en un informe reciente. El informe presentado ante la OIT por la Coordinación Nacional de Comunidades Rurales Quilombolas Negras (Conaq), y por la Coordinación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), con el apoyo de la Tierra de los Derechos y la Central Única de Trabajadores (CUT), enumera un conjunto de acciones perpetradas por el Estado brasileño que violan el principal instrumento jurídico internacional sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas, quilombolas y otros pueblos y comunidades tradicionales.
El informe enfatiza que la falta de protección del Estado a los pueblos indígenas, quilombolas y otros pueblos tradicionales frente al Covid-19 viola particularmente los derechos de estos pueblos tradicionales, exponiéndolos a un contexto de vulnerabilidad aún mayor ante la pandemia y sus efectos.
Denuncias similares son parte de acciones presentadas por Apib y Conaq, en asociación con otras instituciones, ante la Corte Suprema de Brasil (STF). En las sentencias de ambas acciones, los Ministros reconocieron la omisión del gobierno y determinaron que el Estado brasileño debía desarrollar e implementar planes urgentes para combatir la pandemia dirigidos a los pueblos indígenas y la población quilombola, así como la inclusión de estos grupos como prioridades para vacunación en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Varios meses después de las decisiones del STF, Conaq, Apib y otras organizaciones han denunciado reiteradamente las debilidades en la implementación de estas medidas.
Fundamental para garantizar los derechos de los pueblos tradicionales, quilombolas e indígenas en Brasil, el Convenio 169 ha guiado parámetros para varias normas y políticas públicas brasileñas desde la ratificación de la norma por el país, en 2002. Después de más de 15 años de vigencia en territorio nacional, antes mismo de la pandemia, Brasil ya estaba violando la Convención, señalan las organizaciones. La urgencia de la denuncia en este momento, sin embargo, destacan las organizaciones, es que las violaciones se han intensificado en los últimos tres años y los derechos ya asegurados han sufrido retracciones importantes, especialmente durante el gobierno de Bolsonaro.
Como destaca la asesora legal de Terra Direitos, Maira Moreira, “uno de los instrumentos más fundamentales para hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, quilombolas y otros pueblos y comunidades tradicionales está siendo violado sucesiva y repetidamente por el Estado brasileño, produciendo una situación de genocidio de estos pueblos y comunidades, genocidio lento y paulatino, en el que se socavan todas sus condiciones materiales, culturales y sociales, poniendo en riesgo la existencia de estos pueblos y comunidades ”. Dado que “[la Convención] ya estaba siendo violada, pero en el contexto de la pandemia, esta violación se agravó”, reitera el abogado de Apib, Eloy Terena.
Ninguno centímetro
El período de las violaciones registradas contra la Convención 169 por parte del Estado brasileño coincide con el mandato de Jair Bolsonaro como presidente. Abiertamente opuesto a los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales, el presidente ya ha manifestado que en su gobierno “no habrá un centímetro demarcado para tierras indígenas o quilombolas”.
No son solo las declaraciones presidenciales las que van hombro con hombro con la negación y violación de los derechos de estas poblaciones, sino también el desmantelamiento de las políticas indígenas y quilombolas establecidas por el gobierno nacional.
En la lista de ataques contra territorios tradicionales, siguen estando las incursiones de acaparadores de tierras, mineros y ruralistas. En 2020, de las 81,225 familias que fueron víctimas de invasiones en sus territorios, 58,327 eran indígenas, según una encuesta difundida por la Comisión Pastoral de Tierras (CPT). “Los territorios estaban completamente a merced de estos invasores. Su sola presencia es una violación del uso exclusivo de los pueblos indígenas sobre sus territorios, pero en esta pandemia las incursiones ilegales se convierten en un vector de propagación de la enfermedad ”, enfatiza Eloy.
El documento enviado por las organizaciones a la OIT también destaca la violación del derecho a la autodeterminación por parte de las personas, ataques a políticas para estas personas, como la extinción de la Secretaría de Educación Continua, Alfabetización, Diversidad e Inclusión (Secadi), entre otras infracciones.
Amenazas legislativas
El caucus más expresivo del Congreso, congresistas vinculados al Frente Parlamentario para la Agricultura – un lobby apoyado por asociaciones y empresas de agronegocios – representa 32 de los 81 escaños en el Senado. En la Cámara, los 225 diputados afiliados al frente representarán el 44% del total de votos (513) de toda la Cámara Legislativa.
Con esta representación mayoritaria y sin correspondencia con la composición de la población brasileña, los ruralistas imponen una agenda que permite al mercado ingresar a los territorios. Un ejemplo singular es PL 490/2007. El proyecto de ley amenaza la demarcación de tierras indígenas, abre las puertas de estos territorios a proyectos agrícolas, hidroeléctricas, carreteras y minería. En un escenario de intensa violencia policial contra indígenas en torno a la Cámara de Diputados y falta de diálogo con los afectados por la medida, el PL fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara (CCJ) el 23 de junio. Esto en plena pandemia.
El Proyecto de Decreto Legislativo (PDL) 177/2021, por otro lado, busca violar directamente el Convenio 169. Escrito por el diputado federal y miembro de la FPA, Alceu Moreira (MDB-RS), el proyecto de ley presentado en abril de este año tiene como objetivo autorizar al presidente a denunciar el Convenio 169 de la OIT, es decir, si aprobado, el Decreto Legislativo permitiría a Bolsonaro retirar el Brasil de la Convención, procedimiento denominado “denuncia”, que representa un enorme retroceso a los derechos conquistados. El tema legislativo ya ha sido distribuido a las comisiones de la Cámara.
16/Jul/2021
La denúncia se hizo en la misma semana en que se mencionó a Brasil por riesgo de atrocidades contra los pueblos indígenas; El gobierno brasileño intentó presentar un contraargumento, negado por el organismo de la ONU
Por Adi Spezia y Tiago Miotto, Departamento de Comunicación de Cimi
En un comunicado conjunto durante la XIV Sesión del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP), la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) y el Consejo Indígena Misionero (CIMI) denunciaron este miércoles (14) medidas adoptadas por el Gobierno brasileño y por el Congreso Nacional que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas en Brasil, como el proyecto de ley 490, que en la práctica hace inviable nuevas demarcaciones de tierras indígenas, y la tesis del marco temporal.
El encuentro, que tiene como objetivo escuchar a los pueblos indígenas y sus organizaciones, se realizó virtualmente en esta edición, debido a la pandemia. Tiene como tema central la libre determinación de los pueblos y los derechos de los niños indígenas. El MEDPI es un mecanismo único cuyos miembros son exclusivamente pueblos indígenas. “Es un mecanismo muy importante para la comunidad indígena del mundo, liderada por pueblos indígenas”, explica Paulo Lugon Arantes, asesor internacional de Cimi.
Arantes, en representación de ambas organizaciones, destacó la gravedad del marco temporal y los más de 30 proyectos de ley pendientes en el Congreso brasileño que violan el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios. El Proyecto de Ley 490, aprobado recientemente por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados, se destacó como una de las principales amenazas a los derechos indígenas en la actualidad.
“El marco temporal es desastroso porque dejará una huella incalculable de exclusión y marginación sobre personas que aún no han demarcado sus territorios o que han sido expulsadas de sus territorios tradicionales”, dijo Paulo.
Las organizaciones también denunciaron la agenda anti-indígena del gobierno brasileño, que empujó la Consejera Especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Wairimu Nderitu, a expresar una preocupación sin precedentes por la situación de los pueblos indígenas en Brasil.
“El presidente Bolsonaro tiene una agenda claramente anti-indígena, facto que que llevó la Consejera de la ONU para la prevención del genocidio a incluir a Brasil en el Mapa Mundial de Atrocidades”, dijo el asesor, en representación de Apib y Cimi.
Respuesta denegada
Luego de la declaración conjunta, el representante del gobierno brasileño solicitó “el derecho a contestar”, por el hecho de que el país fue mencionado. La respuesta fue negada por la secretaría del EMRIP, quien afirmó que los gobiernos no tienen derecho a responder ante el mecanismo. “Los miembros del EMRIP son los únicos miembros del mecanismo y todos los demás son observadores”, explicó el secretario.
13/Jul/2021
La Campaña para que Anglo American, una de las más grandes empresas mineras del mundo, ponga fin a sus planes de explotar territorios indígenas comenzó con el informe Complicidad en la Destrucción III, en octubre de 2020. La empresa tiene todavía 86 intereses mineros que impactan territorios indígenas activos en la base de datos de ANM.
foto: Aaron Ekraim
Pará, Brasil, 13 de julio de 2021 – La minera inglesa Anglo American se comprometió formalmente a retirar de la Agencia Nacional de Minería (ANM) 27 solicitudes aprobadas para la explotación de cobre en territorios indígenas ubicados en los estados de Mato Grosso y Pará, en Brasil. El compromiso fue firmado el 24 de mayo, luego de la presión orquestrada por el pueblo Munduruku, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab) y Amazon Watch.
Del total de pedidos realizados por Anglo American, que es una de las más grandes empresas mineras del mundo, y ya aprobados por la ANM, 13 estaban ubicados en la Tierra Indígena Sawré Muybu, perteneciente al pueblo Munduruku, en el suroeste de Pará.
Según la empresa minera, la ANM fue informada sobre el retiro y la empresa estaba a la espera de que se actualizara la base de datos de la Agencia. En su correo electrónico de respuesta a Apib, Anglo American dice que en respuesta a las preocupaciones planteadas por las organizaciones y la oposición de los grupos indígenas a la minería en sus territorios, reevaluó estas licencias y tomó la decisión de retirar todas las 27. “Recientemente, informamos la ANM sobre el retiro y nos quedamos a la espera de que la base de datos de la ANM se actualice a su debido tiempo ”, dijo en el mensaje.
“Es una victoria, pero queremos saber si Anglo American realmente cumplirá su palabra o si regresará a nuestro territorio por otros medios, como lo hace el gobierno al crear nuevas leyes para ingresar en territorios indígenas. Resistimos y seguiremos resistiendo. Son muchos los ataques que hemos sufrido, con un proyecto de ley en el Congreso, con madereros, mineros, “palmiteiros” y usurpadores de tierras dentro de nuestro territorio. Entonces, no confiamos, solo confiaremos si dentro de dos, tres años, pudiéremos vivir en paz. Que Anglo American cumpla su palabra, porque todo lo que sale en el papel no lo creemos, la Constitución se debe respetar, pero está siendo violada”, dice Alessandra Munduruku, coordinadora adjunta de la Federación de Pueblos Indígenas de Pará. (Fepipa).
La campaña para que Anglo American retire solicitudes aprobadas por la ANM se inició luego de la publicación del informe Complicidad en Destrucción III, publicado por APIB y Amazon Watch, en octubre de 2020, que indicaba que la minera tenía casi 300 solicitudes de investigación registradas, incidiendo en 18 Tierras Indígenas (TI) de la Amazonía, algunas con presencia de pueblos en aislamiento voluntario. El objetivo más reciente de la empresa minera británica había sido la TI Sawré Muybu, en el Medio Tapajós, donde vive el pueblo Munduruku. Se realizaron cinco pedidos de 2017 a 2019.
Ante este dato, en varias ocasiones desde la publicación del informe y la campaña, Anglo American se ha posicionado en repetidas ocasiones afirmando que ha renunciado a todas las solicitudes de explotación minera en áreas ubicadas en tierras indígenas de Brasil. Sin embargo, una encuesta de julio de 2021 realizada por el proyecto Amazônia Minada de InfoAmazonia muestra que Anglo American tiene todavía 88 intereses mineros activos en la base de datos de ANM que impactan territorios indígenas.
“La decisión de Anglo American es importante y un resultado directo de la resistencia de los pueblos indígenas a la minería en nuestros territorios. Pero esta decisión no es suficiente, porque no podemos olvidar que la minera aún tiene cientos de solicitudes de explotación minera que afectan a otros territorios indígenas. Por lo tanto, nos mantendremos firmes con nuestro llamado inicial a Anglo American: comprometerse públicamente a no minar ningún territorio indígena en Brasil. La mayoría de los pueblos y comunidades indígenas de Brasil no comparten las ganas de una minoría de indígenas que se engañan y se doblegan a las malas intenciones camufladas de este gobierno ”, dijo Eloy Terena, coordinador legal de Apib.
En los últimos dos años, bajo la administración del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, Brasil ha establecido récords de solicitudes de minería dentro de tierras indígenas. Según una encuesta de Amazônia Minada, en 2020, un total de 143 solicitudes de minería que afectan tierras indígenas fueron presentadas, y no rechazadas, en la ANM. Esta es la cifra más alta en 24 años, casi tres veces el resultado de 2018, último año antes que Bolsonaro asumiera la presidencia. Una ola de solicitudes se ha producido después que Bolsonaro presentó el Proyecto de Ley 191 en febrero de 2020, que autoriza la regularización de la explotación minera en tierras indígenas, cumpliendo así una de sus promesas de campaña más controvertidas. Aún más preocupante, 71 de las 143 solicitudes realizadas en 2020 fueron en tierras donde Funai tiene registros de existencia de pueblos indígenas aislados.
Solo en la TI Yanomami, la tierra indígena brasileña con la más grande área solicitada formalmente para la minería, se requieren alrededor de 3,3 millones de hectáreas (34,3% del área total de la TI) para la extracción de minerales en 500 solicitudes registradas en la ANM, una extensión territorial mayor que Bélgica (3 millones de ha) o el estado de Alagoas (2,7 millones de ha) en disputa con los mineros. Casi un tercio de todos estos pedidos registrados buscan oro. Ha habido varios ataques a las comunidades yanomami por mineros ilegales en los últimos dos meses.
“Las empresas que siguen haciendo estos pedidos, a pesar de conocer los conflictos que la minería ha traído a los territorios indígenas, están colaborando con el proyecto de destrucción que lleva adelante el gobierno de Bolsonaro. Con la amenaza del proyecto de ley 191/2020 cada vez más cerca, seguiremos haciendo campañas para que los gigantes de la minería, como Anglo American, asuman una postura compatible con los derechos indígenas y se opongan a esta propuesta ”, dice Rosana Miranda, consultora de campaña de Amazon Watch.
07/Jul/2021
Este proyecto de ley podría anular la demarcación de las tierras indígenas y representar un nuevo genocidio para los pueblos originarios.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) envió, este martes (6), a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un “llamamiento urgente” para que se tomen medidas para detener la tramitación del proyecto de ley 490 en el Congreso Nacional. El llamamiento se hizo junto con la Coordinación de la Organización Indígena de la Amazonia Brasileña (Coiab), la Comisión Arns, el Instituto Socioambiental y Conectas de Derechos Humanos.
El texto del proyecto de ley fue aprobado, la semana pasada, en la Comisión de Constitución y Justicia del Congreso brasileño y, según las entidades, anula la demarcación de las tierras indígenas, amenaza los territorios existentes y quita derechos constitucionales.
“Presentamos la información en este llamamiento urgente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y al Relator Especial de la CIDH para solicitar la investigación y exigir medidas inmediatas por parte de las autoridades brasileñas sobre los procedimientos legalmente iresponsables, en particular el Proyecto de Ley Sustitutiva nº 490/2007, en el Congreso de Brasil, que violará los derechos indígenas en el país, invalidando las demarcaciones de tierras indígenas, amenazando los territorios certificados y destruyendo, los derechos constitucionales, y también son incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por Brasil en materia de derechos humanos. ” destacó el exerto de la apelación enviada”.
Acceda al archivo completo aquí
Además del proyecto de ley 490, el documento enviado a la ONU exige que todos los proyectos de ley con consecuencias similares sean sometidos a un amplio y detallado debate democrático.
23/Jun/2021
Brasilia 23 de junio de 2021
Luchamos con nuestras oraciones y cánticos. Nuestros escudos son los maracás y nuestros ancestrales. ¡El Gobierno recibe a los ruralistas por la puerta de entrada y a nosotros indígenas con bombas, gas pimienta, violencia y odio!
En medio de la pandemia Covid-19, decidimos movilizar el Levante por la Tierra, en Brasilia, con fines de evitar el avance de la agenda anti-indígena del Gobierno Federal. Por la primera vez en la historia, un presidente de la Fundación Nacional Indígena (Funai) cuerta el diálogo y reprime el movimiento indígena con la policía en la capital federal.
Estamos atentos al Proyecto de Ley 490, que está en la agenda de votaciones de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara (CCJ). Una propuesta inconstitucional que podría acabar con la demarcación de Tierras Indígenas. Desde el 8 de junio, llevamos a cabo manifestaciones contra este Proyecto de Ley, en las cercanias del Congreso, pero ayer (22) nuestra movilización fue reprimida por la policía en un intento más de silenciar nuestras voces.
La Constitución Federal de 1988 está siendo destrozada para violar nuestros derechos y aumentar los ataques ambientales. Decidimos luchar hasta el final para asegurar no solo el futuro de los pueblos indígenas, sino también el futuro de la humanidad.
Sabemos que los ataques no se detendrán y que no tenemos el privilegio de dejar de luchar. Seguiremos en la capital federal, percutiendo nuestras maracas para que el mundo entero conozca la importancia de nuestras vidas, hasta el último indígena.
No tenemos otra opción: o morimos a causa del virus o somos masacrados por la política de muerte del Gobierno. No podemos sufrir tanta violencia sin reaccionar. Estamos en esta lucha por la vida y por eso seguimos gritando: ¡Sangre indígena, no más!
Por la vida y continuidad histórica de nuestros pueblos, “Dile al pueblo que siga adelante”.
Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil
Organizaciones regionales de Apib:
APOINME – Articulación de los Pueblos Indígenas de Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo
ARPIN SUDESTE – Articulación de los Pueblos Indígenas de Sudeste
ARPINSUL – Articulación de los Pueblos Indígenas del Sur
ATY GUASU – Grande Assembleia del pueblo Guarani
Comisión Guarani Yvyrupa
Consejo del Pueblo Terena
COIAB – Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña
17/Jun/2021
MANIFIESTO POR EL DERECHO A LA VIDA Y EL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Los pueblos indígenas, en Brasil, vivimos en un estado de amenaza constante, lo que nos obliga a estar en constante vigilancia y movilización. En este momento, junio de 2021, aún bajo las restricciones de una devastadora pandemia que se acerca a la mortalidad de 500.000 brasileños, de los cuales 1.110 familiares forman parte, nos vemos obligados a intensificar nuestras luchas y amplificar nuestra voz de protesta para defender nuestros más básicos derechos: nuestras vidas y nuestros territorios.
En este manifiesto hacemos públicas nuestras inquietudes, quejas y reclamos con la expectativa y confianza de que seremos escuchados, respetados y atendidos en nuestras demandas. Hacemos un llamado a toda la sociedad brasileña y a la comunidad internacional a hacernos eco de este mensaje urgente y a unir fuerzas en nuestras luchas por la justicia y los derechos, que son demandas legítimas y de interés global.
El futuro de la humanidad y el sustento de nuestro planeta pasan por nosotros, los pueblos indígenas de Brasil de todo el mundo. Cumplimos con un deber ancestral de mantener viva nuestra cultura, defendiendo nuestras tierras, y con ellas, nuestros bosques, los seres que en ellos habitan, nuestras fuentes de agua. Sin bosque, sin nosotros, no hay comida, no hay vida, no hay futuro.
521 años de guerra y resistencia
Nuestra garantía fundamental de vida, así como su amenaza, están profundamente conectados con el robo, la estafa y el despojo de nuestros territorios iniciado por la invasión europea . Esta invasión continúa en pleno apogeo, teniendo como norte la insaciable acumulación desigual de tierras y la explotación obsesiva y depredadora de nuestras riquezas. Todo y todos los que cayeron con esta política genocida y ecocida sintieron el poder de la muerte y la destrucción. Los pueblos y las culturas fueron diezmados. Los territorios fueron arrebatados a nuestros parientes y devastados por el invasor colonizador.
Los pueblos que sobreviven lo hacen resistiendo sucesivos ataques y operaciones de matanza patrocinadas por intereses privados e históricamente apoyadas por un estado enemigo y genocida. Al finalizar la dictadura militar, nuestras movilizaciones, durante el período de la Asamblea Constituyente, lograron asegurar la inclusión de parte de nuestras garantías fundamentales en la Constitución Federal de 1988, que instituyó, entre otros, el reconocimiento de nuestro derecho a las tierras que tradicionalmente ocupado. Esto es lo que establecen los artículos 231 y 232 de nuestra Carta Magna, que aún reserva a la Unión la responsabilidad de “demarcar, proteger y respetar” todos los bienes y tierras indígenas.
Sin embargo, recién en 1996 se definió finalmente el procedimiento administrativo para la demarcación de nuestras tierras. Los gobernantes que se sucedieron en el mando del Poder Ejecutivo, sin embargo, no cumplieron plenamente con su responsabilidad. El Estado brasileño tampoco logró construir un sistema de garantías y protección para nuestros pueblos. Si bien nuestras movilizaciones durante todos estos años han generado logros notables, las políticas ni siquiera se acercan a garantizar adecuadamente nuestros derechos más básicos.
Sin embargo, fue con la llegada de Jair Bolsonaro a la Presidencia de la República que los ataques a los derechos indígenas, especialmente territoriales, adquirieron proporciones inadmisibles y sin precedentes. Vivimos bajo el mando de un presidente genocida que, poco después de ser elegido, declaró con todas las palabras que no demarcaría ni un centímetro más de tierra indígena.
Demarcar nuestras tierras no es un favor ni una opción para quien gobierna Brasil. La demarcación de nuestras tierras es un imperativo moral y legal, un derecho constitucional reforzado incluso por un pacto internacional firmado por el Estado brasileño e introducido en nuestra legislación con fuerza de norma constitucional, a partir de 2004, – Convenio 169 de la OIT.
¡No se pueden tolerar contratiempos! Nuestros derechos no son negociables y no pueden ser amenazados, rescindidos o reducidos por ningún proceso legislativo autoritario, por decisiones judiciales sesgadas o por oscuras medidas administrativas. Es contra estas amenazas que nos levantamos en nuestros territorios. ¡Es para defender a nuestros pueblos que hemos vuelto a ocupar Brasilia!
Nuestro levantamiento
La lucha por la vida llamó, y llegamos a Brasilia para montar nuestro campamento Levantamiento por la Madre Tierra en defensa de nuestros derechos, principalmente territoriales. Volvimos a ocupar los céspedes de la capital federal luego de dos años sin movilizaciones presenciales, especialmente el Acampamento Terra Livre (mayor asamblea de pueblos indígenas de Brasil, que, debido a la pandemia Covid-19, se realizó virtualmente en 2020 y 2021 ).
Nuestros líderes, que ya están completamente inmunizados con la vacuna contra el nuevo coronavirus, se reúnen en este momento para hacer eco de nuestras maracas y reafirmar que, en medio de la mayor emergencia sanitaria y humanitaria de los últimos años, la vida de los indígenas importa.
En este manifiesto reafirmamos nuestras banderas de lucha y decretamos nuestro ESTADO PERMANENTE DE MOVILIZACIÓN.
¡POR LA INMEDIATA INTERRUPCIÓN DE CUALQUIER MEDIDA ANTI INDÍGENA EN EL CONGRESO NACIONAL!
1. Retirada definitiva de la agenda de votaciones de la CCJC y radicación del PL (Proyecto de Ley) 490/2007, que amenaza con anular las demarcaciones de tierras indígenas;
2. Presentación de la PL 2633/2020, conocida como PL da Grilagem, porque de aprobarse el proyecto otorgará amnistía a los acaparadores de tierras y legalizará el robo de tierras, agravando aún más la violencia contra los pueblos indígenas;
3. Presentación de la PL 984/2019, que pretende atravesar el Parque Nacional Iguazú y otras Unidades de Conservación con caminos;
4. Presentación de PDL 177/2021 que autoriza al Presidente de la República a abandonar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), único tratado internacional ratificado por Brasil que aborda de manera específica y completa los derechos de los pueblos indígenas;
5. Presentación de PL 191/2020 que autoriza la exploración de tierras indígenas mediante grandes proyectos de infraestructura y minería industrial;
6. Presentación de la PL 3729/2004, que destruye la licencia ambiental y trae grandes retrocesos para la protección del medio ambiente y para garantizar los derechos de las poblaciones afectadas por la degradación ambiental de proyectos de infraestructura, como las centrales hidroeléctricas.
Estos proyectos genocidas y ecocidas utilizan la pandemia del Covid-19 como cortina de humo, aumentando la violencia contra los pueblos indígenas y los conflictos en nuestros territorios, incluso entre nuestros hermanos y hermanas indigenas. Estos conflictos son avivados por el Gobierno con el objetivo de dividir, debilitar y desmovilizar a nuestros pueblos, organizaciones y líderes. ¡Sepa que no dejaremos que esta estrategia nos abrume!
TRIBUNAL SUPREMO FEDERAL: ¡NUESTROS DERECHOS DEBEN SER VIGILADOS Y PROTEGIDOS!
La Corte Constitucional brasileña debate un caso de repercusión general sobre la demarcación de tierras indígenas, el conocido Recurso Extraordinario (RE) 1.017.365 relacionado con el caso de la Tierra Indígena Xokleng-La Klanõ, perteneciente al pueblo Xokleng, en Santa Catarina. El estatus de “repercusión general” otorgado por el STF al caso significa que su resolución servirá de directriz para el gobierno federal y todas las instancias del Poder Judicial en cuanto a la demarcación de tierras indígenas, además de servir para orientar propuestas legislativas que aborden derechos de los pueblos originarios, como el PL 490, que abre las tierras indígenas a la explotación depredadora y hace imposibles en la práctica nuevas demarcaciones.
Este proceso ha sido suspendido por la intervención del ministro Alexandre Moraes.
¡El STF tiene el deber de proteger nuestro derecho constitucional a nuestros territorios! ¡El juicio debe reanudarse!
Especialmente en este momento de ataques, la voz de la Corte Suprema debe resonar fuerte y garantizar a los pueblos Yanomami y Munduruku la expulsión de los invasores de sus tierras. Esta misma protección debería extenderse a otras cinco Tierras Indígenas, también discutidas en el STF : Tis Karipuna y Uru-Eu-Wau-Wau, en Rondônia, Kayapó y Trincheira-Bacajá, en Pará y Araribóia, en Maranhão.
Esto es lo que Apib está exigiendo en este momento, con el debido sentido de urgencia, a los ministros y ministros de la Corte Suprema. Lo hacemos a través de este documento, a través de las voces de nuestros líderes, de nuestros territorios en todo Brasil, y también concentrados en el campamento Levantamiento por la Madre Tierra, en Brasilia. También lo hacemos en los tribunales, en el marco de la Acción por Incumplimiento de Preceptos Fundamentales (ADPF) 709/2020, de la mano de Apib y varias instituciones nacionales en solidaridad con los pueblos indígenas. Este ADPF está en la agenda del STF y debe ser debatido en el plenario hasta el 18 de junio.
En un mundo enfermo y ante un proyecto de muerte, nuestra lucha sigue siendo por la vida, contra todos los virus, invasores, empresas, políticos y proyectos que nos matan!
No más asesinatos, no más fuego, no más disparos, no más hambruna.
¡Por la vida y la continuidad histórica de nuestros pueblos!
Levantamiento por la Madre Tierra
Brasília – DF, 17 de junio de 2021.
Apib – Articulación de pueblos indígenas de Brasil
Organizaciones de base regionales de Apib:
APOINME – Articulación de Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espírito Santo
ARPIN SUDESTE – Articulación de Pueblos Indígenas del Sureste
ARPINSUL – Articulación de Pueblos Indígenas del Sur
ATY GUASU – Gran Asamblea del Pueblo Guaraní
Comisión Guaraní Yvyrupa
Consejo Popular de Terena
COIAB – Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña
17/May/2021
ALERTA YANOMAMI
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) hace pública su extrema indignación y preocupación por la escalada de violencia cometida por los mineros contra las comunidades indígenas del Territorio Indígena Yanomami en Roraima, y la negligencia con la que se está tratando la situación por parte de las autoridades públicas. Nos enfrentamos al riesgo de otra masacre.
Para hacernos una idea de la gravedad de los hechos, desde el 10 de mayo, la Asociación Hutukara Yanomami denuncia una rutina de terror con intimidaciones y disparos contra la comunidad de Palimiu. El más reciente ocurrió alrededor de las 11 de la noche del miércoles (12), cuando los mineros divididos en 40 botes dispararon fuertemente contra el pueblo. Los mineros recorren a diario los ríos de la región cuyo control han tomado, exhibiendo y portando armamento ostensible como método de amenaza.
Desgraciadamente, la situación en la Tierra Indígena Yanomami no es nueva. El informe “Masacres en el campo”, de la Comisión Pastoral de la Tierra, recoge los ataques de los mineros contra los yanomami desde los años 80. En 1987, siete indígenas fueron asesinados y 47 resultaron heridos tras una invasión de 150 mineros en las montañas de Couto Magalhães. En abril del año siguiente, 1988, 8 yanomamis fueron asesinados tras un enfrentamiento en la región de Paapiú. En 1993, la aldea Haximu, en la frontera con Venezuela, fue sorprendida por el ataque de mineros fuertemente armados, lo que provocó una sangrienta masacre en la que murieron 5 niños y 5 adultos, entre ellos mujeres y ancianos. La novedad de esta ola de atentados es la evidencia de la participación de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en la actividad minera, especialmente en las regiones de mayor extracción de oro.
Otra forma de violencia cometida son los conflictos provocados por los mineros entre las propias comunidades yanomami. En 2013, un enfrentamiento armado entre yanomamis se saldó con cinco muertos y siete indígenas heridos en la región de Alto Alegre. En el momento del incidente se informó de que los mineros estaban armando a los yanomami a cambio de permiso para extraer oro ilegalmente en el territorio. La Asociación Hutukara Yanomami también denunció otros ataques y amenazas en febrero y abril de este año.
Cabe destacar que la actividad minera agrava los impactos de la pandemia de Covid-19 en el territorio, ya que los mineros son vectores de la enfermedad, y su presencia implica tensiones y conflictos y daños psicológicos. Además, los brotes de malaria, la falta de asistencia médica y la inseguridad alimentaria pesan mucho en la vida de las comunidades del territorio indígena yanomami. Los mineros han tomado por asalto un punto estratégico en los ríos Uraricoera y Parima, cobrando peajes y obstaculizando el acceso y la circulación de los indígenas dentro de su propio territorio.
La explotación depredadora de los recursos naturales siempre ha sido un problema en nuestras tierras. En nombre del beneficio, destruyen, contaminan, violan y matan el medio ambiente y a los pueblos autóctonos. Los poderes públicos deberían haber tomado medidas para proteger la vida de los indígenas. Sin embargo, hoy nos vemos obligados a advertir de nuevo de la posibilidad inminente de una nueva masacre.
El 11 de mayo, Apib presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo Federal, a través de la ADPF 709, para exigir la retirada de los invasores del Territorio Indígena Yanomami. El Estado brasileño es consciente del agravamiento de las tensiones y las decisiones que se tomen dictarán las prioridades de las instituciones: desatender la situación y, por tanto, no combatir la minería ilegal o proteger el derecho a la vida de los pueblos indígenas del Territorio Indígena Yanomami.
Por ello, expresamos nuestra solidaridad y apoyamos las denuncias realizadas por las organizaciones Hutukara Associação Yanomami y Wanassedume Associação Ye’kwana. Reiteramos que no descansaremos mientras nuestros pueblos sean atacados.
13 de mayo de 2021,
APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
COIAB – Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira
Organizaciones regionales de base:
APOINME – Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo
ARPIN SUDESTE – Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste
ARPINSUL – Articulação dos Povos Indígenas do Sul
ATY GUASU – Grande Assembléia do povo Guarani
Comissão Guarani Yvyrupa
Conselho do Povo Terena
