Ayer por la noche (3 de agosto), los congresistas brasileños mostraron los intereses a los cuales se asocian, aprobando el proyecto de ley 2633 conocido como “PL da Grilagem” (Ley de acaparamiento de tierras) con una amplia mayoría (296 x 136 votos). El texto aprobado no fue presentado previamente a la sociedad civil, comportamiento típico de los regímenes antidemocráticos.
Sostienen que el proyecto de ley es un instrumento necesario para regularizar las tierras para pequeños agricultores. Sin embargo, Brasil ya tiene un marco de reforma agraria y políticas de asignación de tierras que solo necesitan ser implementadas de manera efectiva. El texto aprobado, que ahora sigue para la apreciación del Senado Federal, legaliza lo ilegal: regulariza tierras obtenidas mediante apropiación criminal, en procesos que muchas veces incluyen actos violentos contra pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
Grilagem significa acaparamiento de tierras. Para quienes no estén familiarizados con la expresión, es el nombre que se le da a la invasión, ocupación y comercio ilegal de espacios públicos. Este crimen ahora se ha convertido en ley. La práctica está directamente ligada a la deforestación, a la destrucción de la biodiversidad y amenaza a los pueblos indígenas que tradicionalmente ocupan territorios, ahora usurpados por acaparadores de tierras.
Según el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam), alrededor del 30% de la deforestación y las quemas en la Amazonía se produjeron en tierras públicas sin designación, que posiblemente fueron apropiadas por los acaparadores de tierras. Estudios de Imazon estiman que si el PL 2633 se convierte efectivamente en ley, provocará una deforestación adicional de hasta 16 mil kilómetros cuadrados, un área casi 3 veces el tamaño del Distrito Federal brasileño.
El robo de tierras públicas no es nada nuevo en Brasil. Lo inédito es que el Estado, que debe velar por el bien común, decida descaradamente recompensar a los ladrones y usurpadores con la regularización de las tierras robadas. Esta aberración ética y legal pone de rodillas a nuestros bosques, nuestra biodiversidad y a los pueblos que dependen de ellos, especialmente los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y los agricultores familiares, ante los típicos procesos de violencia de invasión y apropiación ilegal de tierras.
Mientras el mundo entero discute formas de mantener los bosques en pie como una solución al cambio climático, el gobierno brasileño continúa “passar a boiada” (pasar el rebaño), abriendo el camino para un aumento en las tasas de deforestación, lo que va en contra de sus propios compromisos con cero deforestación ilegal.
Los pueblos indígenas expresan su consternación por este absurdo e irresponsable señal que emana de la autoproclamada “Casa del Pueblo”. Al aprobar este proyecto, la Cámara demuestra que se está convirtiendo paulatina e inevitablemente en la casa de los ruralistas, del agronegocio, de los deforestadores y acaparadores de tierras – todos, menos del pueblo.
El movimiento indígena brasileño continúa en la lucha por sus derechos constitucionales.