Fotografía: Tukumã Pataxó/Apib
La Apib va a interponer una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema
El Congreso Nacional derrocó este jueves (14/12) los vetos del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva al Proyecto de Ley 2903, ahora ley 14.701/2023. Con esto, la propuesta ruralista del Marco Temporal se transformó efectivamente en ley, que incluye otras violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) enfatiza que los ‘derechos no se negocian’ y como respuesta al resultado de la votación, presentará una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) en la Corte Suprema o Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar la anulación de esta ley, bautizada por la Articulación como ‘Ley del genocidio indígena’. El protocolo solo puede presentarse después de que la promulgación de la ley se haga efectiva, que entrará en vigor 48 horas después del cierre de la votación, y la acción se propondrá en conjunto con los partidos políticos PT, REDE, PSOL y PSB.
“Esta ley es inconstitucional y debe ser revisada por el STF. Sin embargo, mientras la ADI no sea juzgada por los ministros del Supremo, los Pueblos Indígenas están enfrentando invasiones en los territorios, asesinatos y la devastación del medio ambiente. Es por eso que solicitamos que se permita la tutela de urgencia anticipada de protección. No podemos quedarnos esperando mientras las personas de nuestras comunidades están muriendo”, afirma Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de Apib.
Este jueves, la Apib presentó en el STF el protocolo de solicitud de audiencia en el Tribunal para abordar las amenazas a los derechos indígenas y a la Constitución Federal que existen en esta nueva ley (14.701/2023). Apib y sus siete organizaciones regionales de base (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Conselho Terena, Coaib y Comissão Guarani Yvyrupa) refuerzan que la lucha continúa y que el movimiento indígena sigue movilizado a nivel nacional e internacional.
“El futuro de la humanidad depende de los pueblos indígenas y la demarcación de las Tierras Indígenas. La principal conferencia sobre cambio climático, la COP28, se cerró esta semana y el Congreso Nacional una vez más refuerza su interés con la muerte de los pueblos indígenas. El Marco Temporal es una propuesta creada por el agronegocio y ya fue anulada por el STF”, destaca Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Apib.
Los únicos puntos de los vetos que se mantuvieron y, por lo tanto, fueron RETIRADOS de la Ley del Genocidio son los siguientes:
- Las amenazas a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
- La propuesta que autorizaba el uso de transgénicos en Tierras Indígenas.
- La propuesta racista sobre la alteración de rasgos culturales de personas indígenas como argumento para la retirada de derechos.
En la sesión conjunta entre diputados y senadores de este jueves, que derrocó los vetos de Lula, el resultado fue de 321 diputados en contra de los vetos y 137 a favor. En el Senado, la votación fue de 53 a 19 a favor de la retirada de los vetos.
Inconstitucionalidades
Además del Marco Temporal, la ley incluye otros puntos que son inconstitucionales y ya están en vigor, a pesar de que violan artículos de la Constitución Federal, así como Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por el Estado Brasileño. La participación efectiva de Estados y municipios en todas las fases del proceso de demarcación de Tierras Indígenas y la regulación de la cooperación entre indígenas y no indígenas para la explotación de actividades económicas son dos de los puntos de esta ley que la Apib denuncia como inconstitucionales. Según la Articulación, estos puntos de la ley pueden obstaculizar las demarcaciones y aumentar los acosos de no indígenas en los territorios indígenas.
La nueva ley también establece que el derecho de usufructo exclusivo no puede prevalecer sobre el interés de la política de defensa y soberanía nacional. Líderes indígenas de la Apib señalan que este fragmento de la ley podría abrir una brecha para que se viole el derecho de los Pueblos Indígenas al usufructo exclusivo de sus territorios bajo el pretexto del “interés de política de defensa”.
En la ADI, el departamento jurídico de la Apib solicita que el Ministro Edson Fachin sea el relator de la acción. El Ministro fue el relator del Recurso Extraordinario (RE) n.º 1.017.365, en el cual el STF rechazó la tesis del Marco Temporal, es decir, la posibilidad de adoptar la fecha de promulgación de la Constitución Federal como referencia para definir la ocupación tradicional de los territorios por las comunidades indígenas.
“La protección constitucional de los derechos originarios sobre las tierras que ocupan tradicionalmente no depende de la existencia de un marco temporal el 5 de octubre de 1988 o de la configuración de la opresión, como conflicto físico o controversia judicial persistente en la fecha de la promulgación de la Constitución”, recoge un fragmento de la decisión del Supremo. El juicio del Marco Temporal en el STF concluyó el 27 de septiembre con 9 votos en contra y 2 a favor.
La deforestación y la destrucción de la biodiversidad en las Tierras Indígenas representan una amenaza internacional para el equilibrio climático global. En los últimos 30 años, Brasil perdió 69 millones de hectáreas de vegetación nativa. Sin embargo, solo el 1,6% de esta deforestación se registró en Tierras Indígenas. Además, los territorios indígenas concentran el 80% de la biodiversidad del planeta, pero están amenazados por el avance del agronegocio y las industrias extractivas, de desarrollo y turismo, como advierte el informe de la ONU sobre el Estado de los Pueblos Indígenas en el Mundo, publicado en 2021.
Maurício Terena, coordinador del departamento jurídico de la Apib, afirma que la Ley n.º 14.701/2023 abre brechas para puntos que violan la Constitución, además del revanchismo parlamentario, por medio del cual el Senado programó de forma urgente la votación del proyecto de ley el mismo día que el STF juzgó el Marco Temporal como inconstitucional. Terena también destaca que uno de los roles del Supremo es garantizar los derechos fundamentales de los grupos sociales minoritarios y tiene expectativas de que esto se cumpla a través de la ADI.
“Vivimos en un sistema de tira y afloja entre los tres poderes, y el límite impuesto por el Poder Legislativo es no aprobar leyes que atenten contra cláusulas pétreas establecidas en la Constitución Federal. Los derechos de los Pueblos Indígenas son originarios y fueron reconocidos en 1988, y eso debe ser respetado”, dice Terena.
Proyecto de Ley 2903 y vetos parciales de Lula
A lo largo del 2023, el Proyecto de Ley 2903 representó una de las mayores amenazas para los derechos de los Pueblos Indígenas de Brasil. El proyecto defiende los intereses latifundiarios en detrimento de los derechos indígenas y fue aprobado de urgencia en el Senado Federal el 27 de septiembre, justo el mismo día en que la Corte Suprema concluyó el juicio del Marco Temporal y sentenció que la propuesta iba contra la Constitución.
Contrariamente a la demanda del movimiento indígena de vetar completamente el proyecto de ley, el presidente Lula anunció un veto parcial el 20 de octubre. Lula eliminó el Marco Temporal de la propuesta, así como el cultivo de especies transgénicas en Tierras Indígenas y la construcción de grandes obras de infraestructura, como represas y carreteras, sin consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas. El veto del presidente también eliminó la flexibilización de las políticas de protección a los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario del proyecto de ley.
“La aprobación de proyectos que interesan al Ejecutivo, como la Reforma Tributaria el pasado 8 de noviembre, forman parte de este juego de intereses y favores negociados. No obstante, reafirmamos que ¡LOS DERECHOS NO SE NEGOCIAN! Estas acciones solo perpetúan el imperio de los intereses del capital representado principalmente por los grupos parlamentarios de presión con intereses latifundiarios y evangélicos, entre otros, que impulsan la supervivencia de la extrema derecha que en los últimos años han complicado la vida del pueblo brasileño. El hecho de que nuestros derechos fuesen la moneda de cambio en las negociaciones para aprobar la Reforma Tributaria implicó que el Gobierno Federal diera luz verde a los parlamentares para derribar los vetos del presidente Lula al Proyecto de Ley 2903, que pretende convertir el Marco Temporal y otros crímenes contra los Pueblos Indígenas en ley”, dice el comunicado de la Apib.
En ese momento, la votación de los vetos al Proyecto de Ley 2903 estaba programada para el 9 de noviembre, pero se pospuso varias veces hasta la votación el 14 de diciembre. Puedes leer aquí el comunicado completo publicado por la Apib el 10 de noviembre.
La Apib destaca que las acciones del Congreso Nacional son el resultado de la conexión directa de políticos brasileños con la invasión de Tierras Indígenas, como muestra el informe “Los invasores” del grupo periodístico “De olho nos ruralistas”. Según el estudio, representantes del Congreso y del Ejecutivo poseen alrededor de 96 mil hectáreas de propiedades de tierra superpuestas a Tierras Indígenas.
Además, muchos de ellos fueron financiados por agricultores invasores de Tierras Indígenas, que donaron R$ 3,6 millones para la campaña electoral de los ruralistas. Este grupo de invasores respaldó 29 campañas políticas en 2022, totalizando R$ 5.313.843,44. De esa cantidad, R$ 1.163.385,00 se destinó al candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL).
En la última semana, una comitiva de organizaciones y líderes indígenas, que forman parte de la Apib, estuvo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28. La participación indígena fue la más grande de todas las conferencias y la Apib denunció violaciones de derechos e incidentes políticos internacionales.
En la COP28, la comitiva reforzó las Emergencias Indígenas y exigió la garantía de derechos y la demarcación de Tierras Indígenas. Para la Apib y sus organizaciones regionales de base, no es posible combatir la crisis climática sin la demarcación de las Tierras Indígenas y es necesario parar las violencias contra las vidas indígenas financiadas por el agronegocio.
Obtenga más información sobre el marco temporal:
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