La muerte por complicaciones del Covid-19 del último hombre del pueblo Juma, el guerrero Amoim Aruká, es desgarradora. El pueblo Juma ha sufrido numerosas masacres a lo largo de su historia. De 15.000 personas a principios del siglo XX, se redujo a cinco personas en 2002. Un genocidio comprobado, pero nunca castigado, que llevó a su pueblo al casi total exterminio. La última masacre tuvo lugar en 1964 en el río Assuã, en la cuenca del río Purús, perpetrada por comerciantes de Tapauá interesados en la sorva y la castaña de Brasil en el territorio Juma. En la masacre fueron asesinadas más de 60 personas, solo siete sobrevivieron. Los miembros del grupo de exterminio contratados por los comerciantes contaban cómo disparaban a los Juma como si se tratase de monos. Tras la masacre, los cuerpos indígenas fueron vistos por pobladores ribereños de la región, sirviendo de alimento a los pecaríes, innumerables cabezas decapitadas esparcidas por el suelo, en la selva. El causante del crimen, consciente de lo sucedido, se jactó de ser responsable de “librar a Tapauá de esas bestias feroces”. Esta historia no puede caer en el olvido.
Aruká, uno de los supervivientes, continuó su lucha de resistencia viendo a su pueblo al borde de la desaparición. Luchó por la demarcación del territorio Juma, que sólo fue homologado en 2004, la Tierra Indígena (TI) Juma. Los supervivientes Juma, a pesar del riesgo de desaparición, vieron crecer nuevamente a su pueblo en la década de 2000, a través de matrimonios con indígenas Uru Eu Wau Wau, pueblo que también habla una lengua Tupi-Kagwahiva.
Por estar sujetos a una inmensa vulnerabilidad y riesgo de desaparición, a los Juma se les considera pueblo de contacto reciente. Por eso se encuentra entre los pueblos a ser protegidos por Barreras Sanitarias, cuya instalación fue determinada por la Corte Suprema Federal a pedido de los pueblos indígenas, de representantes de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), a través de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) mediante la Declaración de Incumplimiento del Precepto Fundamental No. 709 (ADPF 709). La solicitud se hizo en julio de 2020 y el ministro Luís Roberto Barroso la aceptó. Sin embargo, ante las dificultades alegadas por el gobierno de Bolsonaro, el ministro dio como plazo hasta septiembre de 2020 para que se instalasen las Barreras en la TI Juma. En agosto de 2020, el gobierno de Bolsonaro dijo que construiría la Barrera sobre el río Assuã, en la Reserva Biológica Tufari, en el entorno de la TI Juma. Sería una Barrera Sanitaria formada por la Policía Militar y el Distrito Sanitario Especial Indígena de Humaitá. Sin embargo, en diciembre del mismo año, manifestó que haría un solo puesto de control de acceso en la BR 230 – Carretera Transamazónica, y no dio pruebas de su efectivo funcionamiento.
Si el puesto de acceso funcionó o no, como reivindicaban durante meses los representantes de COIAB y APIB en las Salas de Situación con el Gobierno de Bolsonaro, ya no importa para Aruká. Lo que se sabe es que ahora está muerto. Los pueblos indígenas, tristemente, prueban con su muerte el motivo de sus demandas. COIAB y APIB advirtieron que los pueblos indígenas de contacto reciente estaban en riesgo extremo. El último hombre superviviente del pueblo Juma está muerto. Una vez más, el gobierno brasileño mostró su omisión criminal y su incompetencia. El gobierno asesinó a Aruká. Así como asesinó a sus antepasados, es una pérdida indígena devastadora e irreparable.
Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña – COIAB
Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil – APIB
Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente – Opi