Los líderes indígenas Guaraní Kaiowá y Ñandeva de Aty Guasu y del Consejo Terena, pueblos de Mato Grosso del Sur, además de dirigentes de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), estuvieron en el Ministerio de Justicia, el inicio de ésta tarde de viernes 28, para reforzar la denuncia frente a dos ataques racistas de los diputados Luiz Carlos Heize (PP/RS) y Alcue Moreira (PMDB/RS) (vea aquí) y demostrar su preocupación frente a la Comisión Especial de la PEC 215.
“Los ataques racistas de los diputados ruralistas ocurrieron en una audiencia pública de la Cámara Federal. Para la PEC 2015, los ruralistas ya solicitaron cerca de 20 audiencias. Tememos que estas audiencias sirvan para una vez más ser atacados de forma racista, con odio”, destaca Lindomar Terena. El grupo fue oído por representantes de la Secretaría Nacional de Seguridad y Asesoria Especial de Asuntos Indígenas, organismos del ministerio. Demandas teritoriales, además de protestas contra el Decreto 303. también fueron tratadas en el encuentro.
“Vivimos un vergonzoso pacto entre los poderes del Estado y los propietarios o representantes del capital, en detrimento a los derechos constitucionales de nuestros pueblos. una virulenta campaña de criminalización, deslegitimación, discriminación, racismo y exterminio de los pueblos originarios”. dice un apartado de la carta-denuncia presentada junto al ministerio.
Léala íntegra:
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO MINISTRO DE ESTADO DE JUSTÍCIA
Estimado Señor Ministro, Nosotros, líderes indígenas abajo firmantes, en nombre de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil – APIB, del Consejo de la GRan Asamblea Guaraní Kaiowá (Aty Guassu) y del Consejo del Pueblo Terena, movilizados en Brasilia-DF, venimos por este medio a denunciar a vuestra excelencia la intensificación de los ataques fomentados contra los derechos de los pueblos, con gran preocupación en este año electoral, por distintas fuerzas económicas y políticas de la sociedad y del Estado brasileño, que intentan perpetuar, a cualquier costo el modelo de desarrollo, prioritariamente agroexportador, que visibiliza sus intereses de poder, acumulación y lucro, y de apropiación y despojo de nuestros territorios.
Vivimos un vergonzoso pacto entre los poderes del Estado y los dueños o representantes del capital, en detrimento de las derechos constitucionales de nuestros pueblos. Una virulenta campaña de criminalización, deslegitimación, racismo y exterminio de los pueblos originarios, que busca legalizar el asalto y la usurpación de los territorios indígenas y sus diversas riquezas. de ahí el empeño de esos enemigos en impedir de cualquier forma la demarcación de las pocas tierras que nos sobran con la invasión colonial.
Hacen parte de esta campaña:
1.Las audiencias públicas creadas en distintas regiones del país por el Frente Parlamentar Agropecuário, con el propósito de dar legalidad a la inconstitucional PEC 21, que busca inviabilizar la efectivización de los derechos territoriales indígenas, quilombolas y las unidades de conservación. Por otra parte, distintas audiencias, tienen que ser construidas en verdaderos palcos de incitación al crimen, al odio, al racismo y la violencia contra nuestros pueblos y otros segmentos marginalizados de la población, tal como aconteció el 20 de noviembre de 2013, en el Municipio de Vicente Dutra-RS. Denunciamos particularmente los discursos proferidos por los diputados Luiz Carlos Heinze (PR/RS) y Alceu Moreira (PMDB/RS, con insultos absurdos e inaceptables contra homosexuales, prostitutas, quilombolas y, especialmente, contra los pueblos indígenas. Entregamos para su conocimiento, recuento y sanción de estos congresistas video que reúne íntegras esas faltas que en nuestro entendimiento constituyen crimen, atentando contra los derechos humanos y falta de respeto al estado de derecho.
- El decreto Nº 27, del 7 de febrero del 2004, en abogado general de la Unión-AGU, Luís Inácio Lucena Adams, que determina la Consultoría-General de la Unión-CGU y la Secretaría-General de Litigio – SGCT el análisis de la adecuación de contenido del Decreto AGU nº 303, del 16 de julio del 2012, publicada en el Diario Oficial de la Unión, Sección 1 del 17 de febrero del 2012, a los términos de acuerdo proferido por el Supremo Tribunal Federal en juicio de los embargos de declaración opuestos en la Petición Nº 3388.
La artimaña tiene por objetivo evidentemente que el polémico e impugnable Decreto 303, ya en vigor de hecho, se torne ley de derecho, conforme reivindican a partir de 2012 los representantes de agroindustria y la bancada ruralista de los cuales el ministro Adams es un fiel subordinado, considerando que la misma es una afronta a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y responsable del empeoramiento de la inseguridad jurídica y social, de las acciones de violencia, persecuciones, amenazas y asesinatos cometidos contra los pueblos y comunidades indígenas impulsadas por invasores de sus tierras, exigimos al gobierno de Dilma su inmediata y definitiva cancelación.
De misma forma exigimos la revocación de otros instrumentos publicados por el Poder Ejecutivo tales como el Decreto 2498, del 31 de octubre del 2011, que determina la intimidación de los entes federales para que participen de los procedimientos de identificación y delimitación de tierras indígenas, el Decreto Interministerial 419 del 28 de octubre del 2011, que restringe el plazo para que órganos y entidades de la administración pública agilicen las licencias ambientales de emprendimiento de infraestructura que afectan tierras indígenas, y el Decreto nº 7.957, del 13 de marzo del 2013, que establece el instrumento estatal para represión militarizada de toda y cualquier acción de pueblos indígenas, comunidades, organizaciones y movimientos sociales que decidan posicionarse contra emprendimientos que impacten sus territorios.
- A estas acometidas se suma la voraz voluntad de la bancada ruralista de desgarrar la Constitución Federal que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y las tierras que tradicionalmente ocupan. Se utilizan para eso las distintas iniciativas legislativas dentro de las cuales se destacan la PEC 2015, el PLP 227, y el PL 1610 de minería en tierras indígenas.
Delante de este cuadro de amenazas y afrontas a los derechos de nuestros pueblos, agudizadas visiblemente en regiones como Mato Grosso del Sur, Amazonas, Sur de Bahia, entre otros, pedimos al gobierno de Dilma, especialmente al ministerio que su excelencia preside, dé atención a nuestras demandas aquí presentadas, priorizando inmediatamente la demarcación de nuestras tierras, cuya falta contribuye al incremento y gravedad del actual cuadro de violencia contra nuestros pueblos.
Atentamente.