Imagen: Ueslei Marcelino/Reuters
Por primera vez en la historia, los pueblos indígenas se dirigen directamente al tribunal de La Haya, con sus propios abogados, para defender sus derechos.
Brasilia, 9 de agosto de 2021 – La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) presentó, este lunes (9), una declaración ante la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar al gobierno de Bolsonaro por Genocidio. En la fecha que marca el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la organización solicita a la Fiscalía de la Corte que examine los crímenes perpetrados contra los pueblos indígenas por el presidente Jair Bolsonaro desde el inicio de su mandato, en enero de 2019, con especial atención al período de la pandemia de Covid-19.
Con soporte en los precedentes de la CPI, Apib exige una investigación por crímenes de lesa humanidad (artículo 7. b, h. K del Estatuto de Roma – exterminio, persecución y otros actos inhumanos) y genocidio (artículo 6. B yc del Estatuto de Roma – causando graves daños físicos y mentales e infligir deliberadamente condiciones destinadas a la destrucción de los pueblos indígenas). Por primera vez en la historia, los pueblos indígenas se presentan ante la CPI, con el apoyo de abogados indígenas, para defenderse de estos crímenes.
El comunicado está compuesto por varias denuncias de líderes y organizaciones indígenas, documentos oficiales, investigaciones académicas y notas técnicas, que llegan a demostrar la planificación y ejecución de una política anti-indígena explícita, sistemática e intencional encabezada por Bolsonaro.
“Creemos que hay hechos en curso en Brasil que constituyen crímenes de lesa humanidad, genocidio y ecocidio. Ante la incapacidad del sistema de justicia en Brasil para investigar y juzgar estas conductas, las denunciamos ante la comunidad internacional, a través de la Corte Penal Internacional ”, destaca Eloy Terena, coordinador legal de Apib.
Según un extracto de la comunicación, “el desmantelamiento de las estructuras públicas de protección social y ambiental, y también de las destinadas a proteger a los Pueblos Indígenas, resultó en la escalada de invasiones en Tierras Indígenas, deforestación e incendios en biomas brasileños, y también en el aumento de la minería ilegal en los territorios “.
Para APIB, los ataques contra los pueblos indígenas y sus territorios fueron alentados por Bolsonaro en varias ocasiones a lo largo de su mandato. Los hechos que evidencian el proyecto anti-indígena del Gobierno Federal van desde la negativa explícita a demarcar nuevas tierras, pasando por proyectos de ley, decretos y ordenanzas que intentan legalizar actividades invasoras, estimulando conflictos.
“Apib continuará defendiendo el derecho de los pueblos indígenas a existir en su diversidad. Somos pueblos originarios y no nos rendiremos al exterminio ”, enfatiza Eloy, uno de los ocho abogados indígenas que suscribieron el comunicado.
La denuncia enviada a la CPI, fue apoyada por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos – CADHu y la Comissão Arns, que presentó, en 2019, otra declaración ante la Fiscalía de la CPI contra Bolsonaro, actualmente en revisión en la corte.
Agosto indígena
“Hemos estado luchando todos los días durante cientos de años para asegurar nuestra existencia y hoy nuestra lucha por los derechos es global. Las soluciones para este mundo enfermo provienen de los pueblos indígenas y nunca nos quedaremos callados ante la violencia que estamos sufriendo. Enviamos este comunicado a la Corte Penal Internacional porque no podemos dejar de denunciar la política anti-indígena de Bolsonaro. Tiene que pagar por toda la violencia y la destrucción que está liderando ”, dice la coordinadora ejecutiva de Apib, Sonia Guajajara.
Según la coordinadora, el mes de agosto estará marcado por las movilizaciones de los pueblos indígenas que luchan por sus derechos. Destaca el campamento ‘Lucha por la vida’, programado para realizarse entre el 22 y el 28 de agosto, en Brasilia. “Volveremos a ocupar la capital federal para evitar retrocesos contra los derechos de nuestros pueblos”, refuerza Sonia.
“Alertamos a la Corte Penal Internacional sobre la escalada autoritaria en curso en
Brasil. El ambiente democrático está en riesgo ”, dice Dinamam Tuxá, coordinadora ejecutiva de Apib, recordando los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso Nacional de Brasil analizan y representan graves amenazas para los derechos indígenas, y también la sentencia del Tribunal Supremo (STF) sobre la Marca Temporal. , que puede definir el futuro de los pueblos indígenas.
“Hacemos un llamado a la acción en Brasilia, en medio de una pandemia, porque hoy la agenda anti-indígena del Gobierno Federal representa una amenaza más letal que el virus Covid-19. Las vidas de los pueblos indígenas están vinculadas a sus territorios y nuestras vidas están amenazadas. Nos movilizaremos en las comunidades, en las ciudades, en Brasilia y en la corte de La Haya para responsabilizar a Bolsonaro y luchar por nuestros derechos ”, destaca Tuxá.
“Los pueblos indígenas permanecerán vigilantes, como lo han hecho históricamente. Es deber del gobierno federal brasileño respetarlos, como expresión fundacional de un Estado Constitucional de Derecho ”, señala un extracto del documento enviado a la CPI.
PUNTOS DE ATENCIÓN
- El 19 de noviembre de 2019, el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos – CADHu y la Comisión Arns presentaron un comunicado por incitación al genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados por Jair Bolsonaro contra pueblos indígenas.
- Durante el segundo semestre de 2020, Apib y la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Fundación Getúlio Vargas, São Paulo, realizaron talleres con abogados, líderes, estudiantes, expertos y socios de Apib indígenas sobre la jurisdicción de la CPI.
- Poco después, la APIB lanzó un llamado a los líderes y organizaciones de base para que envíen denuncias por violaciones de derechos, especialmente en el contexto de la pandemia. Estos informes se incorporaron en gran medida en el comunicado a la CPI.
- Los encuentros abordaron temas como la jurisdicción penal internacional y sus críticas, los crímenes del Estatuto de Roma, el proceso ante la CPI, el rol de las víctimas en la construcción de casos, la admisibilidad y la agenda de la Fiscalía.
- En diciembre de 2020, la Fiscalía de la CPI informó al Colectivo de Incidencia en Derechos Humanos – CADHu y la Comisión Arns que está evaluando formalmente la comunicación enviada en noviembre de 2019.
- Durante el primer semestre de 2021, a partir de los debates en los talleres realizados en 2020, APIB inició un proceso de recolección de testimonios y datos sobre el impacto de las acciones de Jair Bolsonaro en diferentes comunidades indígenas del país.
- Los informes, emitidos directamente por los pueblos indígenas afectados, documentos oficiales, investigaciones académicas y notas técnicas conforman la evidencia de la declaración de Apib, radicada el 9 de agosto en la CPI con el apoyo del Colectivo de Incidencia en Derechos Humanos – CADHu. y la Comisión de Armas.
- El documento contiene 86 páginas solo con hechos, que están así organizados:
- Una cronología de los actos del presidente Jair Bolsonaro de agresión a los pueblos indígenas y destrucción de la infraestructura pública para garantizar los derechos indígenas y socioambientales, en la que se recopilaron los principales discursos, reuniones y proyectos administrativos, normativos, realizados directa o indirectamente por el presidente Jair. Bolsonaro;
- La descripción de las principales consecuencias de la destrucción de la infraestructura pública para garantizar los derechos indígenas y socioambientales: la invasión y despojo de tierras indígenas; la deforestación; la minería ilegal en los territorios y el impacto de la pandemia Covid-19 en los pueblos indígenas, aportando investigaciones, informes y datos.
- El informe sobre el impacto de las invasiones, deforestación, y minería ilegal en Tierras Indígenas y la propagación de la pandemia Covid-19 tuvo en pueblos indígenas aislados o con contacto reciente y en los pueblos Munduruku, los pueblos indígenas que viven en la TI Yanomami. , el Guarani-Mbya, Kaingang, el Guarani-Kaiowá, el Tikuna, Kokama, el Guajajara y el Terena.
- La APIB lleva a la jurisdicción penal internacional la voz e interpretación de los pueblos indígenas sobre los crímenes de los que han sido víctimas, hecho que en sí mismo es histórico.