23/Jun/2021
Brasilia 23 de junio de 2021
Luchamos con nuestras oraciones y cánticos. Nuestros escudos son los maracás y nuestros ancestrales. ¡El Gobierno recibe a los ruralistas por la puerta de entrada y a nosotros indígenas con bombas, gas pimienta, violencia y odio!
En medio de la pandemia Covid-19, decidimos movilizar el Levante por la Tierra, en Brasilia, con fines de evitar el avance de la agenda anti-indígena del Gobierno Federal. Por la primera vez en la historia, un presidente de la Fundación Nacional Indígena (Funai) cuerta el diálogo y reprime el movimiento indígena con la policía en la capital federal.
Estamos atentos al Proyecto de Ley 490, que está en la agenda de votaciones de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara (CCJ). Una propuesta inconstitucional que podría acabar con la demarcación de Tierras Indígenas. Desde el 8 de junio, llevamos a cabo manifestaciones contra este Proyecto de Ley, en las cercanias del Congreso, pero ayer (22) nuestra movilización fue reprimida por la policía en un intento más de silenciar nuestras voces.
La Constitución Federal de 1988 está siendo destrozada para violar nuestros derechos y aumentar los ataques ambientales. Decidimos luchar hasta el final para asegurar no solo el futuro de los pueblos indígenas, sino también el futuro de la humanidad.
Sabemos que los ataques no se detendrán y que no tenemos el privilegio de dejar de luchar. Seguiremos en la capital federal, percutiendo nuestras maracas para que el mundo entero conozca la importancia de nuestras vidas, hasta el último indígena.
No tenemos otra opción: o morimos a causa del virus o somos masacrados por la política de muerte del Gobierno. No podemos sufrir tanta violencia sin reaccionar. Estamos en esta lucha por la vida y por eso seguimos gritando: ¡Sangre indígena, no más!
Por la vida y continuidad histórica de nuestros pueblos, “Dile al pueblo que siga adelante”.
Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil
Organizaciones regionales de Apib:
APOINME – Articulación de los Pueblos Indígenas de Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo
ARPIN SUDESTE – Articulación de los Pueblos Indígenas de Sudeste
ARPINSUL – Articulación de los Pueblos Indígenas del Sur
ATY GUASU – Grande Assembleia del pueblo Guarani
Comisión Guarani Yvyrupa
Consejo del Pueblo Terena
COIAB – Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña
17/Jun/2021
MANIFIESTO POR EL DERECHO A LA VIDA Y EL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Los pueblos indígenas, en Brasil, vivimos en un estado de amenaza constante, lo que nos obliga a estar en constante vigilancia y movilización. En este momento, junio de 2021, aún bajo las restricciones de una devastadora pandemia que se acerca a la mortalidad de 500.000 brasileños, de los cuales 1.110 familiares forman parte, nos vemos obligados a intensificar nuestras luchas y amplificar nuestra voz de protesta para defender nuestros más básicos derechos: nuestras vidas y nuestros territorios.
En este manifiesto hacemos públicas nuestras inquietudes, quejas y reclamos con la expectativa y confianza de que seremos escuchados, respetados y atendidos en nuestras demandas. Hacemos un llamado a toda la sociedad brasileña y a la comunidad internacional a hacernos eco de este mensaje urgente y a unir fuerzas en nuestras luchas por la justicia y los derechos, que son demandas legítimas y de interés global.
El futuro de la humanidad y el sustento de nuestro planeta pasan por nosotros, los pueblos indígenas de Brasil de todo el mundo. Cumplimos con un deber ancestral de mantener viva nuestra cultura, defendiendo nuestras tierras, y con ellas, nuestros bosques, los seres que en ellos habitan, nuestras fuentes de agua. Sin bosque, sin nosotros, no hay comida, no hay vida, no hay futuro.
521 años de guerra y resistencia
Nuestra garantía fundamental de vida, así como su amenaza, están profundamente conectados con el robo, la estafa y el despojo de nuestros territorios iniciado por la invasión europea . Esta invasión continúa en pleno apogeo, teniendo como norte la insaciable acumulación desigual de tierras y la explotación obsesiva y depredadora de nuestras riquezas. Todo y todos los que cayeron con esta política genocida y ecocida sintieron el poder de la muerte y la destrucción. Los pueblos y las culturas fueron diezmados. Los territorios fueron arrebatados a nuestros parientes y devastados por el invasor colonizador.
Los pueblos que sobreviven lo hacen resistiendo sucesivos ataques y operaciones de matanza patrocinadas por intereses privados e históricamente apoyadas por un estado enemigo y genocida. Al finalizar la dictadura militar, nuestras movilizaciones, durante el período de la Asamblea Constituyente, lograron asegurar la inclusión de parte de nuestras garantías fundamentales en la Constitución Federal de 1988, que instituyó, entre otros, el reconocimiento de nuestro derecho a las tierras que tradicionalmente ocupado. Esto es lo que establecen los artículos 231 y 232 de nuestra Carta Magna, que aún reserva a la Unión la responsabilidad de “demarcar, proteger y respetar” todos los bienes y tierras indígenas.
Sin embargo, recién en 1996 se definió finalmente el procedimiento administrativo para la demarcación de nuestras tierras. Los gobernantes que se sucedieron en el mando del Poder Ejecutivo, sin embargo, no cumplieron plenamente con su responsabilidad. El Estado brasileño tampoco logró construir un sistema de garantías y protección para nuestros pueblos. Si bien nuestras movilizaciones durante todos estos años han generado logros notables, las políticas ni siquiera se acercan a garantizar adecuadamente nuestros derechos más básicos.
Sin embargo, fue con la llegada de Jair Bolsonaro a la Presidencia de la República que los ataques a los derechos indígenas, especialmente territoriales, adquirieron proporciones inadmisibles y sin precedentes. Vivimos bajo el mando de un presidente genocida que, poco después de ser elegido, declaró con todas las palabras que no demarcaría ni un centímetro más de tierra indígena.
Demarcar nuestras tierras no es un favor ni una opción para quien gobierna Brasil. La demarcación de nuestras tierras es un imperativo moral y legal, un derecho constitucional reforzado incluso por un pacto internacional firmado por el Estado brasileño e introducido en nuestra legislación con fuerza de norma constitucional, a partir de 2004, – Convenio 169 de la OIT.
¡No se pueden tolerar contratiempos! Nuestros derechos no son negociables y no pueden ser amenazados, rescindidos o reducidos por ningún proceso legislativo autoritario, por decisiones judiciales sesgadas o por oscuras medidas administrativas. Es contra estas amenazas que nos levantamos en nuestros territorios. ¡Es para defender a nuestros pueblos que hemos vuelto a ocupar Brasilia!
Nuestro levantamiento
La lucha por la vida llamó, y llegamos a Brasilia para montar nuestro campamento Levantamiento por la Madre Tierra en defensa de nuestros derechos, principalmente territoriales. Volvimos a ocupar los céspedes de la capital federal luego de dos años sin movilizaciones presenciales, especialmente el Acampamento Terra Livre (mayor asamblea de pueblos indígenas de Brasil, que, debido a la pandemia Covid-19, se realizó virtualmente en 2020 y 2021 ).
Nuestros líderes, que ya están completamente inmunizados con la vacuna contra el nuevo coronavirus, se reúnen en este momento para hacer eco de nuestras maracas y reafirmar que, en medio de la mayor emergencia sanitaria y humanitaria de los últimos años, la vida de los indígenas importa.
En este manifiesto reafirmamos nuestras banderas de lucha y decretamos nuestro ESTADO PERMANENTE DE MOVILIZACIÓN.
¡POR LA INMEDIATA INTERRUPCIÓN DE CUALQUIER MEDIDA ANTI INDÍGENA EN EL CONGRESO NACIONAL!
1. Retirada definitiva de la agenda de votaciones de la CCJC y radicación del PL (Proyecto de Ley) 490/2007, que amenaza con anular las demarcaciones de tierras indígenas;
2. Presentación de la PL 2633/2020, conocida como PL da Grilagem, porque de aprobarse el proyecto otorgará amnistía a los acaparadores de tierras y legalizará el robo de tierras, agravando aún más la violencia contra los pueblos indígenas;
3. Presentación de la PL 984/2019, que pretende atravesar el Parque Nacional Iguazú y otras Unidades de Conservación con caminos;
4. Presentación de PDL 177/2021 que autoriza al Presidente de la República a abandonar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), único tratado internacional ratificado por Brasil que aborda de manera específica y completa los derechos de los pueblos indígenas;
5. Presentación de PL 191/2020 que autoriza la exploración de tierras indígenas mediante grandes proyectos de infraestructura y minería industrial;
6. Presentación de la PL 3729/2004, que destruye la licencia ambiental y trae grandes retrocesos para la protección del medio ambiente y para garantizar los derechos de las poblaciones afectadas por la degradación ambiental de proyectos de infraestructura, como las centrales hidroeléctricas.
Estos proyectos genocidas y ecocidas utilizan la pandemia del Covid-19 como cortina de humo, aumentando la violencia contra los pueblos indígenas y los conflictos en nuestros territorios, incluso entre nuestros hermanos y hermanas indigenas. Estos conflictos son avivados por el Gobierno con el objetivo de dividir, debilitar y desmovilizar a nuestros pueblos, organizaciones y líderes. ¡Sepa que no dejaremos que esta estrategia nos abrume!
TRIBUNAL SUPREMO FEDERAL: ¡NUESTROS DERECHOS DEBEN SER VIGILADOS Y PROTEGIDOS!
La Corte Constitucional brasileña debate un caso de repercusión general sobre la demarcación de tierras indígenas, el conocido Recurso Extraordinario (RE) 1.017.365 relacionado con el caso de la Tierra Indígena Xokleng-La Klanõ, perteneciente al pueblo Xokleng, en Santa Catarina. El estatus de “repercusión general” otorgado por el STF al caso significa que su resolución servirá de directriz para el gobierno federal y todas las instancias del Poder Judicial en cuanto a la demarcación de tierras indígenas, además de servir para orientar propuestas legislativas que aborden derechos de los pueblos originarios, como el PL 490, que abre las tierras indígenas a la explotación depredadora y hace imposibles en la práctica nuevas demarcaciones.
Este proceso ha sido suspendido por la intervención del ministro Alexandre Moraes.
¡El STF tiene el deber de proteger nuestro derecho constitucional a nuestros territorios! ¡El juicio debe reanudarse!
Especialmente en este momento de ataques, la voz de la Corte Suprema debe resonar fuerte y garantizar a los pueblos Yanomami y Munduruku la expulsión de los invasores de sus tierras. Esta misma protección debería extenderse a otras cinco Tierras Indígenas, también discutidas en el STF : Tis Karipuna y Uru-Eu-Wau-Wau, en Rondônia, Kayapó y Trincheira-Bacajá, en Pará y Araribóia, en Maranhão.
Esto es lo que Apib está exigiendo en este momento, con el debido sentido de urgencia, a los ministros y ministros de la Corte Suprema. Lo hacemos a través de este documento, a través de las voces de nuestros líderes, de nuestros territorios en todo Brasil, y también concentrados en el campamento Levantamiento por la Madre Tierra, en Brasilia. También lo hacemos en los tribunales, en el marco de la Acción por Incumplimiento de Preceptos Fundamentales (ADPF) 709/2020, de la mano de Apib y varias instituciones nacionales en solidaridad con los pueblos indígenas. Este ADPF está en la agenda del STF y debe ser debatido en el plenario hasta el 18 de junio.
En un mundo enfermo y ante un proyecto de muerte, nuestra lucha sigue siendo por la vida, contra todos los virus, invasores, empresas, políticos y proyectos que nos matan!
No más asesinatos, no más fuego, no más disparos, no más hambruna.
¡Por la vida y la continuidad histórica de nuestros pueblos!
Levantamiento por la Madre Tierra
Brasília – DF, 17 de junio de 2021.
Apib – Articulación de pueblos indígenas de Brasil
Organizaciones de base regionales de Apib:
APOINME – Articulación de Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espírito Santo
ARPIN SUDESTE – Articulación de Pueblos Indígenas del Sureste
ARPINSUL – Articulación de Pueblos Indígenas del Sur
ATY GUASU – Gran Asamblea del Pueblo Guaraní
Comisión Guaraní Yvyrupa
Consejo Popular de Terena
COIAB – Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña
17/May/2021
ALERTA YANOMAMI
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) hace pública su extrema indignación y preocupación por la escalada de violencia cometida por los mineros contra las comunidades indígenas del Territorio Indígena Yanomami en Roraima, y la negligencia con la que se está tratando la situación por parte de las autoridades públicas. Nos enfrentamos al riesgo de otra masacre.
Para hacernos una idea de la gravedad de los hechos, desde el 10 de mayo, la Asociación Hutukara Yanomami denuncia una rutina de terror con intimidaciones y disparos contra la comunidad de Palimiu. El más reciente ocurrió alrededor de las 11 de la noche del miércoles (12), cuando los mineros divididos en 40 botes dispararon fuertemente contra el pueblo. Los mineros recorren a diario los ríos de la región cuyo control han tomado, exhibiendo y portando armamento ostensible como método de amenaza.
Desgraciadamente, la situación en la Tierra Indígena Yanomami no es nueva. El informe “Masacres en el campo”, de la Comisión Pastoral de la Tierra, recoge los ataques de los mineros contra los yanomami desde los años 80. En 1987, siete indígenas fueron asesinados y 47 resultaron heridos tras una invasión de 150 mineros en las montañas de Couto Magalhães. En abril del año siguiente, 1988, 8 yanomamis fueron asesinados tras un enfrentamiento en la región de Paapiú. En 1993, la aldea Haximu, en la frontera con Venezuela, fue sorprendida por el ataque de mineros fuertemente armados, lo que provocó una sangrienta masacre en la que murieron 5 niños y 5 adultos, entre ellos mujeres y ancianos. La novedad de esta ola de atentados es la evidencia de la participación de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en la actividad minera, especialmente en las regiones de mayor extracción de oro.
Otra forma de violencia cometida son los conflictos provocados por los mineros entre las propias comunidades yanomami. En 2013, un enfrentamiento armado entre yanomamis se saldó con cinco muertos y siete indígenas heridos en la región de Alto Alegre. En el momento del incidente se informó de que los mineros estaban armando a los yanomami a cambio de permiso para extraer oro ilegalmente en el territorio. La Asociación Hutukara Yanomami también denunció otros ataques y amenazas en febrero y abril de este año.
Cabe destacar que la actividad minera agrava los impactos de la pandemia de Covid-19 en el territorio, ya que los mineros son vectores de la enfermedad, y su presencia implica tensiones y conflictos y daños psicológicos. Además, los brotes de malaria, la falta de asistencia médica y la inseguridad alimentaria pesan mucho en la vida de las comunidades del territorio indígena yanomami. Los mineros han tomado por asalto un punto estratégico en los ríos Uraricoera y Parima, cobrando peajes y obstaculizando el acceso y la circulación de los indígenas dentro de su propio territorio.
La explotación depredadora de los recursos naturales siempre ha sido un problema en nuestras tierras. En nombre del beneficio, destruyen, contaminan, violan y matan el medio ambiente y a los pueblos autóctonos. Los poderes públicos deberían haber tomado medidas para proteger la vida de los indígenas. Sin embargo, hoy nos vemos obligados a advertir de nuevo de la posibilidad inminente de una nueva masacre.
El 11 de mayo, Apib presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo Federal, a través de la ADPF 709, para exigir la retirada de los invasores del Territorio Indígena Yanomami. El Estado brasileño es consciente del agravamiento de las tensiones y las decisiones que se tomen dictarán las prioridades de las instituciones: desatender la situación y, por tanto, no combatir la minería ilegal o proteger el derecho a la vida de los pueblos indígenas del Territorio Indígena Yanomami.
Por ello, expresamos nuestra solidaridad y apoyamos las denuncias realizadas por las organizaciones Hutukara Associação Yanomami y Wanassedume Associação Ye’kwana. Reiteramos que no descansaremos mientras nuestros pueblos sean atacados.
13 de mayo de 2021,
APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
COIAB – Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira
Organizaciones regionales de base:
APOINME – Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo
ARPIN SUDESTE – Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste
ARPINSUL – Articulação dos Povos Indígenas do Sul
ATY GUASU – Grande Assembléia do povo Guarani
Comissão Guarani Yvyrupa
Conselho do Povo Terena
30/Abr/2021
El Gobierno Federal intenta una vez más criminalizar al movimiento indígena, al intimidar a la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), a nuestra red de organizaciones de base y a una de las coordinadoras ejecutivas, la dirigente Sonia Guajajara, en un acto de persecución política y racista.
Durante el mes de Abril, la mayor movilización indígena en Brasil y en la semana siguiente a la reunión de la ‘Cumbre del Clima’, la Policía Federal citó a Sonia el 26 de abril a declarar en una investigación solicitada por la Fundación Nacional Indígena (Funai). El organismo cuya misión institucional es proteger y promover los derechos de los pueblos de Brasil, acusa a APIB de difamar al Gobierno Federal con la serie web “Maracá” (http://bit.ly/SerieMaraca), que denuncia violaciones de derechos cometidas contra los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia Covid-19. Estas denuncias ya han sido reconocidas por el Tribunal Supremo Federal (STF) a través del caso ADPF 709.
Los discursos racistas y de odio del Gobierno Federal promueven las violencias contra nuestras comunidades y paralizan las acciones del Estado que debe promover la asistencia, protección y garantía de derechos. Y ahora, el Gobierno busca intimidar a los pueblos indígenas en un claro intento de restringir nuestra libertad de expresión, que es la herramienta más importante para denunciar las violaciones de derechos humanos. Actualmente, más de la mitad de los pueblos indígenas han sido afectados directamente por Covid-19, con más de 53 mil casos confirmados y 1059 muertos.
No encarcelarán nuestros cuerpos y nunca silenciarán nuestras voces. ¡Seguiremos luchando por la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y por la vida!
Sigue hoy, 30 de abril, a las 3:00 pm (hora de Brasilia), el cierre del Campamento Terra Livre con el posicionamiento de Apib y sus organizaciones indígenas regionales sobre el caso, que será transmitido en apiboficial.org/atl2021.
Sangre indígena, ¡ni una gota más!
19/Abr/2021
Por el respeto al Estado de Derecho Democrático y la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil – APIB, en medio de la crisis sanitaria y humanitaria provocada por el Covid-19, agravada por el peor virus en la historia política y democrática de nuestro país – el Gobierno de Jair Bolsonaro – realiza el XVII Campamento Terra Livre (ATL)), la mayor movilización indígena que, incluso de manera virtual, hace eco en la sociedad nacional e internacional, de las graves violaciones a los derechos fundamentales de nuestros pueblos cometidas por los invasores del ayer y de hoy, y que en la actualidad política, son alentados por órganos del gobierno, agentes públicos y el propio Presidente de la República.
La APIB le alerta al pueblo brasileño y al mundo sobre los riesgos que se ciernen sobre nuestros pueblos, ya que está en marcha un proyecto de muerte, que en nombre del crecimiento y desarrollo económico depredador, emprende una ofensiva contra nosotros a través de diferentes medios: administrativo, legal y legislativo, con el objetivo de suprimir nuestros derechos asegurados con mucha lucha por la Constitución Federal de 1988, con énfasis en nuestro derecho a la posesión y al usufructo exclusivo de nuestra tierras, a las políticas específicas y diferenciadas, en fin, a nuestro derecho de existir como pueblos originarios, con nuestras propias formas de vida.
Ante esta tragedia, que reedita la invasión colonial del año 1500, anunciamos, en primer lugar, que no renunciaremos a resistir y luchar como ya lo han hecho nuestros antepasados y líderes que nos precedieron. Y con esta voluntad de incluso dar la vida por nuestra madre tierra, por nuestras generaciones actuales y futuras, instamos a los sectores solidarios de la sociedad nacional e internacional a unirse a nosotros, no solo para proteger nuestros derechos, sino también para fortalecer nuestra lucha generacional, contribución histórica y actual al buen vivir de toda la humanidad, así como al equilibrio climático y al restablecimiento de una sociedad justa, plural, verdaderamente democrática y respetuosa de los derechos humanos y del Estado de Derecho Democrático. En este sentido, desde esta perspectiva, manifestamos:
Al poder Legislativo
- Nos oponemos radicalmente a cualquier iniciativa que pretenda revertir y suprimir nuestros derechos garantizados por los artículos 231 y 232 de la Ley Mayor y otros artículos que se extienden a nuestra condición de ciudadanos brasileños, de hecho, el primero, ya que ya estábamos aquí en estas tierras cuando los europeos las ultrajaron, aniquilando a más de millones de nuestros parientes, enterrando diversas culturas y múltiples lenguas maternas.
- Repudiamos la intención de trasladar al Congreso Nacional la responsabilidad de demarcar nuestras tierras, un truco destinado a servir solo a los intereses del latifundio, el avance de las fronteras agrícolas y sus secuelas ecocidas sobre nuestros territorios, por el uso indiscriminado de plaguicidas, frente a nuestras múltiples formas de producción tradicional, nuestro vínculo cultural y espiritual con la Madre Naturaleza.
- Rechazamos rotundamente reformas constitucionales, como la PEC 215, y Anteproyectos de Ley como la 191/2020 que pretenden poner nuestros territorios a disposición de la minería o legalizar actividades ilícitas, ahora bajo el control de verdaderas organizaciones criminales, desconociendo el precepto constitucional. que requiere la existencia de un precepto constitucional, que exige la existencia de la ley complementaria, así como el derecho a la consulta previa, libre e informada garantizada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el principio de excepcionalidad que preserva nuestros territorios de este tipo de empresas.
- Reclamamos del Congreso Nacional, es decir, medidas que reiteren o reafirman el carácter multiétnico y pluricultural del Estado brasileño reconocido por la Constitución Federal y el archivamiento de las iniciativas legislativas diseñadas, bajo el interés privado, nacionales o internacionales, para usurpar nuestros derechos originales sobre nuestras tierras y deconstruir nuestra existencia de colectividad étnica y culturalmente diferenciada.
Al poder Judiciário
- Saludamos y reconocemos como históricas las últimas decisiones, principalmente de la Corte Suprema, que por un lado reafirma la legalidad y legitimidad de nuestra propia organización social establecida por nuestra Ley Mayor. Por otro lado, consagra el derecho de acceso a la justicia para nuestros pueblos y comunidades.
- Máximos responsables de la protección de los derechos constitucionales, expresamos nuestra confianza en las posteriores decisiones del Tribunal Supremo Federal (STF) encaminadas a la plena protección de los derechos fundamentales de nuestros pueblos, especialmente el derecho original, congénito e innato a las tierras que ocupan tradicionalmente.
- Requerimos que la Corte Suprema preste especial atención y percepción a las maniobras judiciales furtivas que se están tramitando o serán procesadas en el ámbito del Poder Judicial, que tienen como objetivo única y exclusivamente usurpar nuestros derechos como pueblos indígenas, así como intentar deslegitimar nuestros líderes y organizaciones indígenas, históricamente reconocidos y defensores de nuestros pueblos y territorios.
Al Poder Ejecutivo
- Exigimos al gobierno transitorio de Bolsonaro que abandone su proyecto de muerte, su vil plan genocida, sus intenciones socavadas o explícitas de exterminarnos. Que si no lo hizo durante los más de 28 años de vida parlamentaria, que lea y obedezca la Constitución Federal, especialmente los artículos que garantizan nuestros derechos.
- Exigimos que el gobierno respete la posición mayoritaria entre nuestros pueblos de no permitir la disponibilidad de nuestros territorios para la explotación depredadora derivada de proyectos mineros, madereros, hidroeléctricos y cualesquiera otras obras de infraestructura, que impliquen la destrucción de nuestro entorno, nuestros bosques, ríos, lagos, lugares sagrados y la biodiversidad que hemos ayudado a preservar durante milenios.
- Exigimos el fin del incentivo a las invasiones y actos ilícitos cometidos por organizaciones criminales que en la administración de este gobierno se han intensificado: acaparamiento de tierras, minería, tala ilegal, pesca ilegal, narcotráfico y el engaño de líderes indígenas.
- Repudiamos y exigimos el fin de la guerra fratricida que impulsa este gobierno, que alimenta el divisionismo, el conflicto y el enfrentamiento entre los indígenas, al promover la cooptación de algunos pocos indígenas para legitimar la apertura y disponibilidad de nuestros territorios a los intereses de la agroindustria y minería, entre otros emprendimientos.
- Por último, exigimos respeto no solo a la Constitución Federal, sino también a los Tratados Internacionales suscritos por Brasil que protegen nuestros derechos, el respeto a los Derechos Humanos, el fin del cinismo y el negacionismo ante la crisis de salud que azota a nuestro país y la preservación del Estado Democrático del derecho.
Brasília – DF, 19 de abril de 2021.
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB
05/Abr/2021
Declaración del Indígena Abril – Camp Terra Livre 2021
Hace 520 años, la invasión europea de nuestros territorios tradicionales diezmó a millones de habitantes originales y provocó la desaparición de miles de pueblos, culturas y lenguas. Un genocidio que es una de las calamidades más trágicas conocidas en la historia de la humanidad.
Para los colonizadores y sus descendientes, se entendió que el proyecto de muerte había tenido éxito, en el cual los asesinos fueron recompensados por la ocupación de nuestras tierras y territorios. Desde entonces, hemos sido víctimas de despejo, explotación, destrucción, violencia, prejuicio, discriminación, racismo, en definitiva, políticas y prácticas etnocidas y genocidas.
En todas las fases de la historia brasileña, la política indígena, siguiendo el continuo proceso de metamorfosis del capitalismo, sirvió para extinguirnos física o culturalmente, a través del asimilacionismo y el integracionismo, de las expediciones de “caza de indios”, guerras forjadas, remociones, del régimen militar, de la expulsión de nuestros territorios, persecuciones, asesinatos y masacres.
La Constitución Federal de 1988 puso fin a esta historia escrita con la sangre de nuestros antepasados. Luego de intensas movilizaciones y luchas de nuestros pueblos y líderes, la principal ley de Brasil ha llegado a reconocer que el país es diverso, multiétnico y multicultural, estableciendo nuestro derecho a existir como partes del Estado, con autonomía y manteniendo nuestra identidad y nuestras diferencias. Así, la Constitución reconoció a los pueblos, nuestras costumbres, lenguas, creencias, tradiciones y el derecho a las tierras que tradicionalmente ocupan, que es un derecho originario, natural, congénito, es decir, de origen anterior a la constitución del Estado nacional. Como resultado de estos reconocimientos, nuestros pueblos conquistaron el derecho a políticas públicas diferenciadas, como la demarcación y protección de sus tierras, la educación escolar indígena y la atención de la salud, a través del subsistema que actualmente es administrado por la Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e los Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).
El Estado brasileño, sus élites y gobernantes sucesivos, sin embargo, siempre nos han tratado como obstáculos para sus proyectos de desarrollo, ocupación y muerte. A partir de ahí, es posible entender por qué el Estado nunca se ha estructurado para cumplir y hacer realidad los preceptos constitucionales.
Durante la vida democrática de Brasil, hasta la ruptura institucional como golpe de Estado en 2016, logramos algunos avances, siempre con mucha lucha, como: la demarcación de tierras indígenas, participación en instancias de deliberación y control social de las políticas que nos impactan, teniendo como máxima expresión la Comisión Nacional de Política Indígena (CNPI); la creación de la SESAI; la construcción y promulgación de la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas (PNGATI) y el bloqueo de iniciativas legislativas anti-indígenas como la PEC 215 y la PL minera en tierras indígenas.
Con la elección del actual presidente, Jair Bolsonaro, nuestros pueblos volvieron a ser blanco de un proyecto de muerte, que, como en los días de la invasión colonial europea, pretende usurparnos, drenarnos y ahuyentarnos de nuestros territorios, a favor del imperio del capital: agroindustria, minería, ganadería, tala y tantas otras formas de destruir a la Madre Naturaleza, con lo cual correremos el riesgo de morir juntos, física y / o culturalmente ya que hacemos parte de ella.
Esta política, que en repetidas ocasiones hemos denunciado como genocida y ecocida, encontró en la Pandemia Covid-19 un suelo fértil para “pasar el ganado”[1], lo que ha provocado un aumento de la violencia y los conflictos, incluso entre sus pares, conflictos alimentados por el propio gobierno con el objetivo de dividir, debilitar y desmovilizar a nuestros pueblos, organizaciones y líderes en la continua batalla por defender y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
¡Los virus que nos matan!
Denunciamos la campaña de difamación, intimidación y criminalización impulsada por miembros del actual gobierno contra nuestro movimiento y nuestros líderes. La negligencia y el descuido de esta política de odio y racismo practicada contra nuestros pueblos quedó al descubierto en este contexto de pandemia.
El Gobierno Federal es el principal agente transmisor de Covid-19 entre los pueblos indígenas. Sin políticas efectivas para enfrentar la pandemia, afirmamos que el gobierno de Bolsonaro abandonó su obligación de proteger a los trabajadores y usuarios del Subsistema de Salud Indígena y, así, favoreció la entrada del virus en varios territorios. Destacamos que es deber del organismo gestor, la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), brindar los insumos, capacitaciones y protocolos adecuados para la seguridad de los trabajadores y usuarios.
Con discursos cargados de racismo y odio, Bolsonaro alienta la violencia contra nuestras comunidades y paraliza las acciones del Estado que deben promover la asistencia, protección y garantía de derechos. Intenta aprovechar la “oportunidad” de esta crisis para proceder con una serie de decretos, ordenanzas, instrucciones normativas, medidas provisionales y proyectos de ley que buscan legalizar los delitos y menoscabar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.
La política genocida de Bolsonaro durante la pandemia de Covid-19 se refuerza con reiteradas acciones de negación de la vacuna, que es la principal arma para combatir el virus, y descuido en el manejo de la campaña de inmunización. La determinación del gobierno de vacunar solo a los indígenas que viven en aldeas de tierra homologada es otra acción de violencia, ya que excluye a los familiares que viven en áreas urbanas, retomadas y tierras indígenas en proceso de demarcación.
Con esta decisión, el oscurantismo, la ignorancia y el autoritarismo, que marcan la espantosa dictadura del gobierno de Jair Bolsonaro, se traducen en un plan de muerte contra los pueblos indígenas de Brasil, ya que el plan de inmunización excluye al 42,3% de una población estimada en 896.900 por el censo demográfico realizado por el IBGE en 2010. Por si fuera poco, sectores aliados, miembros del gobierno y el propio Bolsonaro difunden innumerables informaciones mentirosas a las comunidades indígenas que inducen a muchos familiares a rechazar la vacuna contra el Covid -19.
¡Decidimos no morir!
Ante todo este escenario violento que nos rodea y las muchas vidas perdidas durante la pandemia, nosotros de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), junto con todas nuestras organizaciones de base, reforzamos nuestro compromiso de luchar por la vida de nuestros pueblos.
A lo largo de la pandemia, reinventamos nuestras movilizaciones en línea y renovamos nuestras estrategias de lucha. Creamos el plan de Emergencia Indígena para apoyar las barreras sanitarias en cientos de territorios. Garantizamos la seguridad alimentaria de más de 10,000 familias. Distribuimos más de 300.000 equipos de seguridad y salud, apoyando a los equipos de salud indígenas en todo el país. Logramos de manera inédita el reconocimiento de la Suprema Corte Federal, que admitió a Apib como una entidad que puede ejercitar acciones directas en el principal tribunal de justicia del país y logramos una victoria con ADPF 709, que obliga al Gobierno Federal a adoptar medidas para proteger a los pueblos indígenas.
La pandemia no ha terminado y la violencia sigue siendo intensa. Necesitamos estar unidos y movilizados, en este sentido, desde Apib, con nuestras organizaciones de base, hemos convocado al XVII Campamento Terra Livre 2021, para fortalecer las jornadas de lucha de Abril Indígena.
¡Después del peor marzo de nuestras vidas, traeremos el abril de la mayor movilización de nuestras luchas! Vimos a más de 1000 de nuestra gente caer en la pandemia del covid-19 y sentimos el dolor de la pérdida de nuestros ancianos. Pero nosotros, los pueblos indígenas, también tenemos la fuerza de nuestros antepasados de nuestro lado.
Parientes, este es un llamado para nuestra unión. Necesitamos organizarnos y movilizarnos por la vacunación de todos los pueblos indígenas, por la garantía de nuestros derechos fundamentales, especialmente nuestro derecho territorial brutalmente masacrado por este gobierno neofascista, y por el bien vivir de nuestra Madre Tierra.
¡NUNCA MÁS OTRO BRASIL SIN NOSOTROS! Esta es una declaración que fortalecemos año tras año. Estamos en redes, pueblos, universidades, ciudades, ayuntamientos, cámaras legislativas federales, estatales y municipales y seguiremos luchando contra el racismo y la violencia que oprime y mata.
En un mundo enfermo y ante un proyecto de muerte, nuestra lucha sigue siendo por la vida, ¡contra todos los virus que nos matan!
Por la vida y continuidad histórica de nuestros pueblos, “Dile al pueblo que siga adelante”.
¡Nuestra lucha sigue siendo por la vida, no solo por el virus!
Articulación de los Pueblos Indígenas en Brasil – APIB
Brasil, 5 de abril de 2021
Organizaciones regionales de APIB base:
APOINME – Articulación de Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espírito Santo
SURESTE ARPIN – Articulación de los pueblos indígenas del sureste
ARPINSUL – Articulación de los Pueblos Indígenas del Sur
ATY GUASU – Gran Asamblea del Pueblo Guaraní
Comisión Guaraní Yvyrupa
Consejo Popular de Terena
COIAB – Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña
[1] Término utilizado por el Ministro del Medio Ambiente brasileño, Ricardo Sales, para referirse a la posibilidad de aprovecharse de la pandemia para avanzar con temas de explotación de la tierra.
18/Feb/2021
La muerte por complicaciones del Covid-19 del último hombre del pueblo Juma, el guerrero Amoim Aruká, es desgarradora. El pueblo Juma ha sufrido numerosas masacres a lo largo de su historia. De 15.000 personas a principios del siglo XX, se redujo a cinco personas en 2002. Un genocidio comprobado, pero nunca castigado, que llevó a su pueblo al casi total exterminio. La última masacre tuvo lugar en 1964 en el río Assuã, en la cuenca del río Purús, perpetrada por comerciantes de Tapauá interesados en la sorva y la castaña de Brasil en el territorio Juma. En la masacre fueron asesinadas más de 60 personas, solo siete sobrevivieron. Los miembros del grupo de exterminio contratados por los comerciantes contaban cómo disparaban a los Juma como si se tratase de monos. Tras la masacre, los cuerpos indígenas fueron vistos por pobladores ribereños de la región, sirviendo de alimento a los pecaríes, innumerables cabezas decapitadas esparcidas por el suelo, en la selva. El causante del crimen, consciente de lo sucedido, se jactó de ser responsable de “librar a Tapauá de esas bestias feroces”. Esta historia no puede caer en el olvido.
Aruká, uno de los supervivientes, continuó su lucha de resistencia viendo a su pueblo al borde de la desaparición. Luchó por la demarcación del territorio Juma, que sólo fue homologado en 2004, la Tierra Indígena (TI) Juma. Los supervivientes Juma, a pesar del riesgo de desaparición, vieron crecer nuevamente a su pueblo en la década de 2000, a través de matrimonios con indígenas Uru Eu Wau Wau, pueblo que también habla una lengua Tupi-Kagwahiva.
Por estar sujetos a una inmensa vulnerabilidad y riesgo de desaparición, a los Juma se les considera pueblo de contacto reciente. Por eso se encuentra entre los pueblos a ser protegidos por Barreras Sanitarias, cuya instalación fue determinada por la Corte Suprema Federal a pedido de los pueblos indígenas, de representantes de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), a través de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) mediante la Declaración de Incumplimiento del Precepto Fundamental No. 709 (ADPF 709). La solicitud se hizo en julio de 2020 y el ministro Luís Roberto Barroso la aceptó. Sin embargo, ante las dificultades alegadas por el gobierno de Bolsonaro, el ministro dio como plazo hasta septiembre de 2020 para que se instalasen las Barreras en la TI Juma. En agosto de 2020, el gobierno de Bolsonaro dijo que construiría la Barrera sobre el río Assuã, en la Reserva Biológica Tufari, en el entorno de la TI Juma. Sería una Barrera Sanitaria formada por la Policía Militar y el Distrito Sanitario Especial Indígena de Humaitá. Sin embargo, en diciembre del mismo año, manifestó que haría un solo puesto de control de acceso en la BR 230 – Carretera Transamazónica, y no dio pruebas de su efectivo funcionamiento.
Si el puesto de acceso funcionó o no, como reivindicaban durante meses los representantes de COIAB y APIB en las Salas de Situación con el Gobierno de Bolsonaro, ya no importa para Aruká. Lo que se sabe es que ahora está muerto. Los pueblos indígenas, tristemente, prueban con su muerte el motivo de sus demandas. COIAB y APIB advirtieron que los pueblos indígenas de contacto reciente estaban en riesgo extremo. El último hombre superviviente del pueblo Juma está muerto. Una vez más, el gobierno brasileño mostró su omisión criminal y su incompetencia. El gobierno asesinó a Aruká. Así como asesinó a sus antepasados, es una pérdida indígena devastadora e irreparable.
Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña – COIAB
Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil – APIB
Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente – Opi
10/Dic/2020
Manifiesto de solidaridad con los pueblos indígenas del Brasil
Firme aca
Las vidas de los indígenas importan. Y en medio de la pandemia, nuestras vidas se han convertido en objeto de ataque, persecución y exterminio. Este manifiesto trata de la lucha por las vidas de los indígenas. Vidas abandonadas por el poder público y vidas salvadas por la solidaridad. Vidas que perdemos, y vidas que tratamos de proteger. Las vidas de las poblaciones indígenas, que están en los pueblos y en las ciudades, pero sobre todo, nuestras vidas en el sentido más amplio y que están bajo un intenso ataque: nuestros territorios, nuestra identidad y formas de vida, los bosques, los ríos, la biodiversidad… La Madre Tierra.
En noviembre de 2020, más de 41.000 indígenas habían sido contaminados por el nuevo coronavirus, que afectó a más de la mitad de las 305 etnias que viven en el Brasil. Nosotros, de la Articulación de Pueblos Indígenas del Brasil (Apib), y todas nuestras organizaciones de base, con representaciones en las cinco regiones del país, frente a la pandemia del Covid-19, luchamos diariamente por la vida de estas comunidades.
Fue entre los meses de marzo y noviembre de 2020 cuando la violencia contra los pueblos indígenas aumentó dentro y fuera de nuestros territorios. Los criminales que invaden nuestras tierras no han sido puestos en cuarentena, y mucho menos en “home office”. Afirmamos que el empeoramiento de la violencia contra los pueblos indígenas durante la pandemia fue alentado por Bolsonaro
¿Qué ha hecho realmente el gobierno federal en este período? Trató de utilizar la crisis sanitaria de la pandemia para “pasarse por la galleta” nuestros derechos, nuestros cuerpos y nuestras tierras. Fueron acciones omitidas en la protección y activas en el expolio. Fueron acciones que marcaron la gestión del actual presidente y el alto nivel del gobierno federal durante esta crisis humanitaria y sanitaria, que también afectó a nuestros pueblos y comunidades.
Advertimos que esta situación de violencia afecta directa e indirectamente a nuestros 305 pueblos, a los familiares en aislamiento voluntario y también al pueblo indígena Warao, que son refugiados de Venezuela y viven en una situación de extrema vulnerabilidad en Brasil.
Con discursos cargados de racismo y odio, Bolsonaro estimula la violencia contra nuestras comunidades y paraliza las acciones del Estado que debe promover la asistencia, la protección y la garantía de los derechos. Trata de aprovechar la “oportunidad” de esta crisis para impulsar una serie de decretos, ordenanzas, instrucciones normativas, medidas provisionales y proyectos de ley para legalizar los delitos y disminuir los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.
Más de un millón de personas murieron en todo el mundo como resultado de los efectos del Covid-19 (a finales de noviembre), y Brasil llegó en julio como el país con el mayor número de muertes. Los pueblos indígenas fueron proporcionalmente los más afectados por el virus. El número de muertes llegó a 880 en nueve meses, según el seguimiento comunitario participativo realizado por el Comité Nacional por la Vida y la Memoria Indígena, creado por la Apib, sus organizaciones de base y sus asociados. Una tragedia sin paralelo en la historia reciente. Mucho más que los números, fueron nuestros chamanes, nuestros rezanderos y rezanderas, parteras, cacicas y caciques, que partieron. Perdimos a nuestros ancianos que guardaban los recuerdos de nuestros ancestros, guardianes del conocimiento, de las canciones, de las oraciones, de nuestra espiritualidad. Líderes que dedicaron sus vidas a la lucha por la defensa del territorio, la integridad y la existencia física y cultural de su pueblo. Sufrimos en nuestro luto por esta tragedia que nos afecta no sólo a nosotros, los indígenas, sino a toda la humanidad.
La pandemia expuso la política de odio que Apib ya había denunciado. Ha acelerado aún más la violencia política y la persecución. De marzo a noviembre se registraron más de 200 violaciones de los derechos humanos fundamentales cometidas contra los pueblos indígenas. Una situación alarmante que empeora cada día.
En esta atmósfera de terror, el gobierno federal promueve la furia codiciosa de la agroindustria, las empresas mineras y los fondos de inversión internacionales. Fomenta la acción de los traficantes de tierra, los invasores y tantos otros criminales que siguen avanzando hacia los territorios indígenas, aprovechando la tragedia que hemos vivido. El incendio y la deforestación que tuvieron lugar en 2020 no pueden ser negados por las imágenes de satélite o por nuestros cielos permanentemente cubiertos. Incluso parece que en las llamas ven el beneficio, y en los árboles talados, sólo hay codicia.
Sucede que hemos decidido no morir, sino luchar incansablemente en defensa de la vida.
Denunciamos las agresiones contra nuestros derechos en el ámbito legislativo, que validan el racismo, deshumanizan nuestra existencia y buscan quitarnos la autodeterminación sobre nuestros territorios y vidas. Recurrimos al Poder Judicial para defender nuestros derechos garantizados por la Constitución Federal de 1988. Durante estos ocho meses, provocamos al poder judicial a través de acciones, entre ellas, el Desafío de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 709 en el Supremo Tribunal Federal (STF). Logramos victorias, como la determinación del STF de obligar al Gobierno Federal a cumplir con su deber de proteger a los pueblos indígenas en este contexto de la pandemia. Una decisión de la Corte Suprema, que no ha sido cumplida por Bolsonaro.
Apib y sus organizaciones de base siguen trabajando diariamente para fortalecer, proteger y valorar a los profesionales de la salud indígena. Sobre todo, ayudan a nuestros familiares y parientes que están en la primera línea de esta crisis y son uno de los grupos de mayor riesgo para el Covid-19. Destacamos que la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) es el fruto de la lucha y la movilización del Apib y de todo el movimiento indígena.
Creamos el plan de “Emergencia Indígena” debido a la omisión activa del Gobierno Federal en la lucha contra el virus. No queremos sustituir el papel del Estado, al contrario, seguimos exigiendo la aplicación de políticas públicas que garanticen nuestros derechos. Pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. En este sentido, hemos logrado articular recursos y materiales para equipar varios Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI) en varios estados de manera urgente. Entregamos pruebas rápidas, materiales de higiene, equipos de protección individual, cilindros de oxígeno, concentradores, e hicimos posible la instalación de Unidades de Atención Primaria Indígena (UAPI) en varios territorios.
Por iniciativa propia, hemos creado y mantenido cientos de barreras sanitarias para evitar la llegada del virus a las comunidades. Una medida que el Gobierno Federal no sólo ha descuidado, sino que ha tratado de sabotear de diferentes maneras. Esta acción de base, que nuestras comunidades implementaron por su cuenta, fue fundamental para minimizar los impactos del nuevo coronavirus en nuestros familiares en todo el país.
A nivel de base, continuamos resistiendo, inspirados principalmente por la fuerza de las mujeres indígenas y nuestros antepasados. Cuidamos la tierra y nos fortalecemos en los bosques, los ríos, las oraciones y nuestras medicinas tradicionales. Realizamos nuestros rituales, lloramos nuestro luto. Y seguimos buscando la fuerza.
En las redes, tocamos nuestras maracas. Demarcamos las pantallas y resignificamos nuestras movilizaciones a través de Internet. Celebramos el 16º Campamento de la Tierra Libre en 2020 de forma virtual debido a la pandemia, llegando a más de 1,5 millones de personas durante los cuatro días de actividades en Internet. Promovimos la Asamblea Nacional de la Resistencia Indígena, reuniendo a cientos de líderes de todo el país y rearticulando nuestras estrategias de lucha. Con la serie en línea Maraca, movilizamos el apoyo de cientos de personalidades indígenas y no indígenas, líderes, artistas, científicos, parlamentarios e investigadores a nuestro plan de emergencia indígena. Para darnos fuerza, hemos convocado la Marcha de las Mujeres Indígenas en línea, para debatir lo sagrado de la existencia y fortalecer las acciones conjuntas. También promovemos Healing the Earth, una reunión mundial de mujeres indígenas.
Desde el miedo, el silencio, la muerte y el terror, recreamos la esperanza! Plantamos nuestros campos, buscamos agua para beber, limpiamos los pisos de las aldeas y arreglamos los techos con trabajo colectivo. Viviendo junto a la naturaleza. Nuestra vida está en defensa del bosque, la biodiversidad y el Planeta, y por lo tanto debemos luchar juntos y juntos en su defensa.
Nuestros jóvenes lloran por sus maestros, sus ejemplos e inspiraciones de vida, pero nuestra ascendencia es larga, antigua y nos ha enseñado a soñar. Del dolor del genocidio y la persecución que sufrimos, sobrevivimos en el suelo de nuestra tierra, que es nuestra sangre y existe en cada parte de este territorio brasileño. No nos daremos por vencidos en la recreación de nuestros mundos devastados ni en dar continuidad a nuestras existencias. ¡No renunciaremos a vivir!
Sangre indígena: ¡Ni una gota más!
18/Sep/2020
Mientras el gobierno federal observa pasivamente los incendios criminales que han asolado al país, el jefe de gabinete de la Oficina de Seguridad Institucional, general Heleno, ha publicado una grave acusación en sus redes sociales. Dijo que la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y una de sus líderes, Sônia Guajajara, cometieron un crimen de lesa patria.
APIB rechaza la declaración. Y entiende que el mayor crimen que lesa a nuestro país es la omisión del gobierno frente a la destrucción de nuestros biomas, de nuestras áreas protegidas, de los incendios ilegales, frente al acaparamiento de tierras, la deforestación y la invasión de nuestras tierras y el robo de nuestra riqueza.
En vísperas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mundo entero es testigo de este crimen, demasiado grande para ocultarlo. En lugar de atacar a las personas que trabajan para proteger el medio ambiente y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, las autoridades ahora deberían cumplir con sus juramentos constitucionales y presentar a la nación un plan para enfrentar estos incendios que afligen al país. Y así proteger, incluso, la economía y la reputación nacional.
Las acusaciones, además de frívolas y mentirosas, son irresponsables, pues ponen en peligro la seguridad personal de los mencionados.
APIB estudiará las medidas adecuadas.
26/Ago/2020
Coordinada por Apib, la realización de ‘Maracá – Emergência Indígena’ fue colectiva y fue dirigida por Bia Lessa, por la coordinadora de Apib Sonia Guajajara, por el liderazgo Célia Xakriabá, por la cantante y compositora Maria Gadú, por Marielle Ramires, una de las coordinadoras de Mídia Ninja, por la artista Laura Lima, el artista Pedro Inoue y Mari Stockler, coordinadora de 342 Amazônia. La producción también está firmada por Mídia NINJA, responsable por la edición y coproducción del proyecto, y por Mídia India.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) lanza este miércoles (26), a las 19h, una serie web para salvar vidas amenazadas por la pandemia de Covid-19. Con más del 50% de las personas directamente afectadas y más de 27 mil indígenas contagiados por el virus, la serie “Maracá – Emergência Indígena” pretende movilizar en las redes sociales el apoyo al plan de emergencia construido por los pueblos indígenas para enfrentar este momento.
La acción, en ocho episodios, estará disponible en las redes Apib (@apiboficial) y tiene el apoyo de más de 200 personalidades, artistas, científicos, activistas e investigadores indígenas y no indígenas de diferentes países. Se publicarán dos episodios en cada lanzamiento, los miércoles y domingos: el 26 y 30 de agosto y el 2 y 6 de septiembre en el Youtube de Apib. En los días de estreno de los episodios, se realizarán charlas en vivo a las 7 pm, con la participación de liderazgos y personalidades indígenas que apoyan la movilización.
La webserie es el resultado del vivo Maracá – Emergência Indígena, realizado el 9 de agosto para llamar la atención sobre la gravedad del momento y sumar esfuerzos colectivos para enfrentar la pandemia. Entre los objetivos primordiales de la iniciativa, se encuentra la recogida de donaciones para financiar acciones en territorios indígenas, lo cual se puede realizar de manera virtual a través de un código QR y a través del sitio web (emergenciaindigena.apib.info).
La lista de miembros de la clase artística y personalidades de las más diversas áreas de la Emergência Indígena incluye cientos de nombres, como Maria Bethânia, Cacique Raoni, Ai WeiWei, Sonia Guajajara, Caetano Veloso, Joenia Wapichana, Dráuzio Varela, Tuyra Kayapó, Anitta, Kretã Kaingang, Criolo, Dinaman Tuxá, Jane Fonda, Nara Baré, Philip Glass, Cacique Babau, Wagner Moura, Kerexu Guarani, Camila Pitanga, Benki Ashaninka, Milton Nascimento, Djuena Tikuna, Thomas Lovejoy, Gean Pankararaku, Margareth Menezesria, Cália Lenine, Shirley Krenak, Eliane Brum, Joziléia Kaingang, Chico Buarque, Eloy Terena, Alec Baldwin, Puyr Tembé, Madre Nivia, Paulo Tupiniquim, Sebastião Salgado, Fidelis Baniwa, Zé Celso, Marivelton Baré, Nando Reis, Marcos Xucuru, Elucuru, Emicida Guarani, Djamila Ribeiro, Lindomar Terena, Teresa Cristina, Giovani Krenak, Gaby Amarantos y muchos otros.
“Hacemos resonar nuestras maracas para que se recuerden las vidas indígenas impactadas por la pandemia y para llamar la atención de la sociedad sobre lo que nos está pasando”, advierte Sônia Guajajara, coordinadora de Apib. La maraca es un símbolo llamativo de los pueblos indígenas y está presente en los rituales de lucha y celebración.
Para el formato de la serie, los ocho episodios fueron divididos por temas y integrados por textos desarollados a partir de los discursos de los liderazgos indígenas brasileños (Jefe Raoni, Sonia Guajajara, Kretã Kaingang, Marcos Xukuru, Shirley Krenak, entre otros). Dichos discursos son leídos e interpretados por las personalidades invitadas, mientras que imágenes documentales de la población indígena ilustran la escena.
Emergencia indígena
Hoy (24), 27.034 indígenas ya han sido infectados por el nuevo coronavirus en Brasil y 717 murieron por la enfermedad, según datos del Comité Nacional para la Vida y Memoria Indígena de Apib. Ya son 155 los pueblos directamente afectados, una situación alarmante que se agrava cada día, porque además de la amenaza del virus, el racismo, la deforestación ilegal, la agroindustria y la acción criminal de los madereros sigue avanzando hacia los territorios indígenas.
“Estamos preparados política y espiritualmente para seguir avanzando en la lucha, buscando órganos de control que garanticen la integridad física, cultural, territorial de los pueblos indígenas”, dice Dinamam Tuxá, coordinadora de Apib.
Ante la negligencia del gobierno brasileño en garantizar la protección de los pueblos indígenas durante la pandemia, Apib, junto con sus organizaciones de base, médicos e investigadores, desarrolló este plan de enfrentamiento y lo denominó Emergencia Indígena.
El conjunto de acciones se lanzó a finales de junio, con orientaciones sobre atención médica integral y diferenciada, acciones judiciales de incidencia política y estrategias de comunicación e información sobre medidas preventivas.
