26/Oct/2024
Nosotros, pueblos indígenas brasileños, ante la gravedad de las crisis de biodiversidad y del clima, sabemos que no hay tiempo que perder.
Aquí, en la COP-16 en Cali, Colombia, venimos a declarar que no aceptaremos más ningún proyecto depredador que amenace nuestras vidas, nuestros territorios y a la humanidad. No aceptaremos más ningún proyecto de petróleo y gas ni ninguna otra forma de explotación depredadora en la Amazonía brasileña, en nuestros territorios y ecosistemas. No habrá preservación de la biodiversidad ni territorios indígenas seguros en un planeta en llamas.
Sabemos quién está incendiando el mundo y el impacto violento que esto ha producido en nuestros territorios: sequías severas, aislamiento forzado, enfermedades, falta de alimentos, invasiones, conflictos y muertes.
Ante el inminente colapso de la sustentación de la vida en el planeta, se deben tomar acciones fuertes y efectivas. Mientras los gobiernos continúan queriendo mediar metas insuficientes y financiamientos vacíos, queremos anunciar que, a partir de ahora, solo habrá paz con la Naturaleza si declaramos abiertamente la guerra contra los combustibles fósiles y cualquier otro proyecto depredador que amenace la vida en el planeta.
El gobierno colombiano ya ha dado el primer paso, suspendiendo la concesión de nuevas exploraciones de petróleo y gas en el país y ya nos ha reconocido como autoridades ambientales. Esperamos que otros países sigan este mismo compromiso. La otra cara de la crisis climática y de biodiversidad es la crisis de liderazgo y de valores. Nunca hemos abdicado de este lugar y no nos perderemos en discusiones vacías y compromisos estériles.
Demandamos la retomada inmediata de la demarcación de todas las tierras indígenas en Brasil como una política climática efectiva y el financiamiento directo para la protección integral de nuestros territorios y nuestros modos de vida en armonía con la Naturaleza.
La COP-30 será en nuestro territorio. No aceptaremos que las discusiones se lleven a cabo sin la debida consulta y participación de nuestras voces y autoridades. Reivindicamos la copresidencia de la COP de Clima en Brasil para que el acúmulo de nuestros conocimientos y experiencias ancestrales pueda ofrecer al mundo la oportunidad de un futuro diferente.
Convocamos a todos los pueblos indígenas, socios, aliados y a todos los que se preocupan por la vida en la Tierra a unirse a nuestro llamado para, colectivamente, sostener el cielo. Si depende de nosotros, el cielo no se derrumba.
SIEMPRE HEMOS ESTADO AQUÍ.
El levantamiento del cielo comienza ahora.
LA RESPUESTA SOMOS NOSOTROS
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)
Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB)
Articulación de los Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espírito Santo (APOINME)
Consejo del Pueblo Terena
Gran Asamblea del pueblo Guaraní (ATY GUASU)
Comisión Guaraní Yvyrupa (CGY)
Articulación de los Pueblos Indígenas del Sudeste (ARPINSUDESTE)
Articulación de los Pueblos Indígenas de la Región Sur (ARPINSUL)
05/Ago/2024
Fotografía: @giuliannemartins
La Ley 14.701, que transformó en legislación la tesis jurídica del Marco Temporal, volverá a ser debatida en el Supremo Tribunal del país. El movimiento indígena afirma que los derechos indígenas no se pueden negociar
Este lunes, 5 de agosto, una sala de conciliación convocada por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil discutirá la validez de la Ley 14.701, que legalizó la tesis del Marco Temporal. Para la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), la cámara pretende negociar los derechos indígenas, por lo que la Apib ha convocado movilizaciones en su contra en todo el país.
“El derecho al territorio tradicionalmente ocupado es un derecho originario garantizado por la Constitución Federal de 1988 y no puede ser negociado. Necesitamos garantizar que las Tierras Indígenas sean demarcadas y protegidas para combatir el cambio climático”, afirma Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de Apib.
En la reunión de conciliación en el STF participarán miembros del Congreso Nacional, del Gobierno Federal, gobernadores, alcaldes y seis representantes de Apib. Esta distribución de cupos ignora el hecho de que Apib está formada por siete organizaciones regionales que, en conjunto, representan a más de 300 pueblos indígenas de Brasil.
La creación de la cámara de conciliación fue ordenada por el juez Gilmar Mendes. Maurício Terena, abogado indígena, explica que la creación de la cámara debería haberse discutido en el pleno del Supremo, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de Apib, recuerda que el STF ya declaró inconstitucional la tesis del Marco Temporal. “Esta decisión del juez Gilmar Mendes va en contra de la Constitución y del propio Supremo. Queremos que nos escuchen y que no pongan nuestras vidas sobre la mesa para negociar”, afirma Dinamam.
Reclamaciones ante el Tribunal Supremo
En la Corte, Apib presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) y solicitó que la Ley de Genocidio Indígena, como fue bautizada la Ley 14.701 por el movimiento indígena, sea suspendida hasta que la ADI sea apreciada por la Corte. Otra acción legal de Apib pide que todos los casos relacionados con el Marco Temporal tengan como relator al juez Edson Fachin.
Mientras el debate sobre el plazo sigue siendo incierto, los pueblos indígenas se enfrentan a una escalada de violencia. Según el informe “Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil”, del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), 208 indígenas fueron asesinados en 2023, el segundo peor resultado desde 2014. La cifra representa un aumento del 15,5% en comparación con 2022 (durante el gobierno de Bolsonaro) y contrasta con la reducción del 3,4% en el total de homicidios registrados en el país el año pasado.
Los biomas de Brasil también están sufriendo la violencia causada por el Marco Temporal, ya que los pueblos indígenas son los principales guardianes del medio ambiente. En 2023, la media de deforestación en Brasil era de 5.013 hectáreas al día, registrándose más de la mitad en el Cerrado, seguido de la Amazonia con 1.245 hectáreas de deforestación al día. Los datos proceden del Informe Anual sobre la Deforestación en Brasil de Map Biomas.
Antecedentes
El Marco Temporal argumenta que los pueblos indígenas sólo tienen derecho a la demarcación de sus tierras si las ocupaban el 5 de octubre de 1988. Esta tesis hace caso omiso de la historia de violencia que enfrentan los pueblos indígenas, que hizo imposible que muchos pueblos estuvieran en sus territorios en esa fecha exacta.
A pesar de haber sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema, el año pasado la tesis fue transformada en legislación por la Ley 14.701. Además del Marco Temporal, otros siete crímenes contra los pueblos indígenas han sido legalizados por esta ley y serán discutidos en la cámara de conciliación:
- Demarcación de tierras indígenas con la participación de estados y municipios;
- Cooperación entre indígenas y no indígenas para explorar actividades económicas;
- Las demarcaciones pueden ser impugnadas en cualquier momento;
- Los derechos exclusivos de usufructo no pueden prevalecer sobre las políticas de defensa y soberanía nacionales;
- La invasión de tierras indígenas puede ser considerada de buena fe con derecho a indemnización;
- Prohibición de solicitudes de revisión de la superficie de tierras indígenas ya demarcadas;
- Incertidumbre jurídica en los procesos de demarcación en curso.
12/Jul/2024
La Propuesta de Enmienda Constitucional 48 (PEC 48), también conocida como la “PEC de la Muerte”, pretende introducir el concepto del “Marco Temporal” en la Constitución Federal
La lucha contra el concepto del Marco Temporal está ganando impulso una vez más en Brasil. El miércoles 10 de julio, el Senado Federal discutió la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 48 en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ). En respuesta, el movimiento indígena, a través de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), está convocando movilizaciones en Brasilia, en los territorios y en las aldeas.
Conocida popularmente como la “PEC de la Muerte” por los pueblos indígenas, la propuesta pretende modificar el artículo 231 de la Constitución Federal estableciendo un marco temporal para la ocupación de las tierras indígenas a partir del 5 de octubre de 1988. La PEC de la Muerte fue presentada por el senador Hiran Gonçalves (Partido Progressistas) el 21 de septiembre de 2023, el mismo día en que el Supremo Tribunal Federal (STF) declaró inconstitucional el concepto del Marco Temporal. La APIB y más de 60 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su condena contra la PEC 48.
Para la APIB, el concepto de Marco Temporal es una tesis ruralista y antiindígena, pues viola el derecho originario de los pueblos al territorio ancestral, ya reconocido en la Constitución de 1988, que la PEC 48 pretende alterar. La tesis también ignora la violencia y las persecuciones que los pueblos indígenas enfrentan desde hace más de 500 años, especialmente durante la dictadura militar, que impidió a muchos pueblos estar en sus territorios en 1988.
El miércoles (10), las discusiones en el Senado sobre la PEC 48 terminaron con un pedido colectivo de revisión por parte del parlamento, y el debate deberá ser retomado hasta el 30 de octubre de 2024. Hasta entonces, la APIB continuará su movilización contra la PEC 48 y pide el apoyo de la comunidad internacional comprometida con la defensa de los derechos indígenas.
Violencia y salud
Si se aprueba la PEC de la Muerte, la vida de los pueblos indígenas correrá un riesgo aún mayor. Esto se debe a que el concepto de Marco Temporal afecta a todas las Tierras Indígenas de Brasil, independientemente de su estado de reconocimiento actual, y fomenta las invasiones y la violencia en estas tierras, como ya se está viendo en los territorios del pueblo Tapeba en el estado de Ceará y del pueblo Pataxó en Bahía.
Los líderes indígenas de la APIB afirman que el aumento de la violencia en los territorios ancestrales perjudica directamente las formas de vida, la educación y la salud física y mental de las familias indígenas. En la Tierra Indígena Yanomami, en Roraima, más de 200 indígenas tenían mercurio en el cuerpo en 2022, como muestra un estudio realizado por la Fundación Oswaldo Cruz (FioCruz) publicado en el sitio web (o) eco. FioCruz también analizó 47 muestras de pescado, todas las cuales contenían el metal tóxico, procedente de la minería ilegal dentro o cerca del territorio Yanomami.
Según la ONU, la contaminación por mercurio puede causar graves daños neurológicos, provocando síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, dolores de cabeza, debilidad muscular e incluso la muerte.
Cambio climático
Además, la APIB señala que garantizar la demarcación y protección de los territorios indígenas es una solución para combatir el cambio climático a nivel global. Las Tierras Indígenas son las áreas con mayor biodiversidad y vegetación más preservada, ya que son protegidas y gestionadas por los pueblos indígenas. Aprobar la PEC 48 significa impedir que los verdaderos defensores de los biomas, los pueblos indígenas, cuiden y preserven el medio ambiente.
Un ejemplo de ello es el resultado del análisis de datos realizado por la APIB en 2022, en colaboración con el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), utilizando datos de MapBiomas. Muestra que en Brasil, el 29% del territorio que rodea las Tierras Indígenas está deforestado, mientras que dentro de las Tierras Indígenas, la deforestación fue sólo del 2% en los últimos 30 años.
“Seguimos siendo víctimas de políticas discriminatorias y racistas, gravemente profundizadas en los últimos seis años por la negligencia del gobierno y el fomento de invasiones dirigidas por diversas organizaciones criminales cuyas prácticas sólo profundizan el cambio climático. […] Para que esto termine y sigamos velando por el bienestar de nuestros pueblos y de toda la humanidad, contribuyendo al equilibrio climático, declaramos a viva voz la Emergencia Climática”, dice un pasaje de la Carta Abierta del Campamento Tierra Libre 2023 – Pueblos Indígenas declaran emergencia climática. Lea el texto completo [aquí] (https://apiboficial.org/files/2024/07/Nota-T%C3%A9cnica-PEC-48_2023-.pdf).
Inconstitucionalidad
Maurício Terena, abogado indígena y coordinador del departamento jurídico de APIB, explica que el Congreso Nacional legalizó el concepto del Marco Temporal a través de la Ley 14.701/2023 (popularmente conocida como Ley de Genocidio Indígena). Sin embargo, la legislación puede tener sus efectos suspendidos por el STF, ya que viola la Constitución Federal.
Terena enfatiza que es posible modificar la Constitución a través de una propuesta de enmienda constitucional, pero que las cláusulas inalterables – como los derechos fundamentales de los pueblos indígenas – no pueden ser revocadas o retrocedidas por el Congreso Nacional.
Por lo tanto, la APIB, a través de su departamento jurídico, solicita que la PEC 48 sea retirada del orden del día del Congreso Nacional y sea archivada.
Vea la nota técnica sobre la PEC de la Muerte: https://apiboficial.org/files/2024/07/Nota-T%C3%A9cnica-PEC-48_2023-.pdf.
Conozca más sobre la situación del concepto de Marco Temporal en el STF: https://apiboficial.org/2024/07/09/gilmar-mendes-ignora-movimento-indigena-e-agenda-reuniao-de-conciliacao-sobre-marco-temporal/.
Más información sobre el concepto de Marco Temporal: https://apiboficial.org/marco-temporal/.
02/May/2024
Los Pueblos Indígenas de Brasil se reunieron con más de una docena de embajadores de Brasilia para pedir a los gobiernos que apoyen su agenda hacia la COP30 con acciones rápidas para detener la deforestación y la violencia en las tierras indígenas.
Abril, 2024 – El movimiento indígena de Brasil busca múltiples caminos para garantizar que la próxima COP30 pueda estar marcada por la acción en los territorios. En una reunión con más de una docena de embajadas, pidieron a los gobiernos que se comprometan a detener las actividades extractivas de sus países en tierras indígenas. Mientras el país se prepara para albergar la próxima COP30, es necesario combinar el discurso con la acción sobre el terreno, según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Durante el encuentro, líderes de todos los biomas de Brasil plantearon los vínculos entre la invasión de tierras y el interés extranjero, destacando particularmente la violencia que viven las comunidades debido al desplazamiento y los enfrentamientos con invasores y corporaciones.
“No reciban exportaciones de soja que estén ligadas a sangre indígena. Si un producto viene de nuestras tierras, es resultado de un ataque directo a nosotros y está teñido de violencia”, dijo Norivaldo Mendes, del pueblo Guaraní Kaiowa y Coordinador Ejecutivo de Aty Guasu y APIB. “Las corporaciones no te dicen de dónde viene la soja porque no quieren perder todos los recursos que les proporciona nuestra tierra”, finalizó.
La delegación se reunió con representantes de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Reino Unido, la Unión Europea y los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Asuntos Exteriores de Brasil. Esta es la primera vez que la APIB organiza una única reunión con un organismo diplomático de este calibre.
Entre las peticiones de los líderes indígenas, pidieron a estos gobiernos que apoyen la participación indígena efectiva en la COP30 e incluyan objetivos concretos para la demarcación de Tierras Indígenas en la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de Brasil; implementar financiamiento directo a organizaciones Indígenas adaptando sus operaciones, instrumentos de seguimiento y evaluación; y priorizar una nueva visión sobre infraestructura que respete el Consentimiento Libre, Previo e Informado y que no afecte las Tierras Indígenas, exigiendo explícitamente que no se explote ningún mineral o petróleo en sus territorios.
Los embajadores escucharon un llamado para que responsabilicen a las empresas por los daños ocasionados contra la naturaleza y los habitantes de las regiones en las que operan; y comprometerse a no financiar ni apoyar proyectos que se caractericen como lavado verde (greenwashing).
“Queremos impulsar la trazabilidad de los productos vendidos a la Unión Europea y a las grandes economías del Norte Global, porque entonces podrán ver por qué denunciamos constantemente ataques violentos de acaparamiento de tierras”, dijo Dinamam Tuxa, Coordinador Ejecutivo de APIB.
El liderazgo también impulsó un debate sobre la expansión minera como respuesta a la crisis climática y una propuesta para un desarrollo “sostenible”. “No tiene sentido venir a Brasil a buscar lo que ya se ha consumido en sus países”, afirmó el coordinador ejecutivo Kreta Kaingang, hablando de proyectos de combustibles fósiles y minería. “No estamos en contra del desarrollo, pero no podemos aceptar un desarrollo que se base en la muerte de nuestro pueblo”, añadió.
El liderazgo de la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC) se unió a las autoridades indígenas brasileñas para la reunión, como parte de su participación en el Campamento Tierra Libre (Acampamento Terra Livre – ATL) para avanzar en una agenda conjunta hacia la COP30 y convocar a otros actores a unirse a sus esfuerzos. Su presencia mostró la articulación entre los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en todo el mundo.
“En nombre de los Pueblos Indígenas de nuestra alianza, queremos que los gobiernos se unan a nosotros para hacer de la COP30 un punto de inflexión histórico en la forma en que el mundo enfrenta la crisis climática. Si no nos unimos, es posible que tengamos que sentarnos a escribir el libro de historia sobre cómo la humanidad no pudo vivir con la Madre Tierra”, dijo Rukka Sombolinggi, en representación de los Pueblos Indígenas de Indonesia y la GATC.
Representantes de las embajadas reconocieron el papel de tutela que desempeñan los Pueblos Indígenas en sus territorios y se comprometieron a continuar los diálogos con la APIB en el camino hacia la COP30. Además, hablaron de sus proyectos vigentes y la voluntad de seguir invirtiendo y conectando con las comunidades. Muchos prometieron trabajar tanto con las organizaciones indígenas como con el gobierno brasileño para acelerar la demarcación y protección efectiva de las tierras indígenas, garantizando la autonomía del pueblo y fortaleciendo la gobernanza territorial.
20/Dic/2023
Fotografía: Kamikia Kisedje
La delegación indígena presente en Dubai fue la más grande de todas las Conferencias del Clima, exigió que la demarcación de los territorios indígenas sea considerada como política climática y denunció la entrada de Brasil en la OPEP+ y los riesgos de proyectos de explotación de petróleo.
La COP28 tuvo lugar en Dubái con la participación de casi 200 países y concluyó el 13 de diciembre, con un día de retraso debido a las negociaciones relacionadas con los compromisos de reducción de combustibles fósiles en una Conferencia del Clima que, irónicamente, se celebró en la principal región petrolera del mundo.
Una de las demandas más urgentes de la APIB en el contexto de la COP28 es que el gobierno brasileño vincule la ya existente política de demarcación de los territorios indígenas a sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas, las cuales serán revisadas en la COP30 en 2025, que se llevará a cabo en la ciudad brasileña de Belém.
“Salimos de aquí [de Dubái] con el compromiso de exigir cada vez más al gobierno brasileño que implemente los mecanismos y medidas de protección y demarcación de los territorios indígenas”, afirmó Dinamam Tuxá, Coordinador Ejecutivo de la APIB, en su evaluación sobre la COP28. “No hay solución para la crisis climática sin los Pueblos Indígenas y sin los territorios indígenas, necesitamos tener nuestros territorios demarcados y creemos que nuestro mensaje llegó a quienes debía llegar”, agregó Tuxá en referencia a la carta que la APIB entregó el 5 de diciembre al Presidente Lula en una reunión con la sociedad civil en la COP28, la cual reitera la necesidad de garantizar el respeto a los derechos indígenas y no permitir el avance de políticas anti indígenas como el Marco Temporal, aprobado el 14 de diciembre por el Congreso Nacional, en la Ley 14,701/2023.
Además del encuentro con el Presidente Lula, la APIB también se reunió con los negociadores brasileños para presentar sus demandas transversales y específicas en relación con las negociaciones climáticas. Entre ellas, se destacan la participación efectiva de los Pueblos Indígenas en el proceso de negociaciones y toma de decisiones, y la vinculación de la política de demarcación y protección de los territorios indígenas a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por su sigla en inglés) de Brasil. Con una sensación de relativa satisfacción por haber logrado movilizar la mayor delegación de representantes indígenas de Brasil en una COP, con alrededor de 60 representantes indígenas de la sociedad civil, el movimiento indígena centró el debate sobre la importancia de las Tierras Indígenas para las políticas de mitigación climática a nivel nacional e internacional.
Los pueblos indígenas son protagonistas en la lucha contra las mudanzas climáticas: a través de la íntima relación con los territorios ancestrales, los pueblos indígenas protegen el 80% de la biodiversidad del planeta, según estudios de las Naciones Unidas. En los últimos 30 años, Brasil perdió 69 millones de hectáreas de vegetación nativa, según MapBiomas. Sin embargo, solo el 1,6% de esta deforestación se registró en tierras indígenas. No se puede considerar la preservación de todos los biomas y políticas consistentes contra las mudanzas climáticas sin garantizar el pleno usufructo de los territorios indígenas por parte de sus pueblos.
Uno de los principales resultados de la COP28 fue el Balance Global, un mecanismo de evaluación sobre el estado de implementación de los compromisos de las Partes en el marco del Acuerdo de París. El texto final del Balance Global menciona siete veces a los Pueblos Indígenas, haciendo referencia a la responsabilidad de las Partes de respetar sus obligaciones con los derechos de los Pueblos Indígenas; la participación de los Pueblos Indígenas en soluciones sostenibles y justas para la crisis climática y en el proceso de negociaciones; la implementación de soluciones integradas y multisectoriales basadas en el conocimiento de los Pueblos Indígenas; el respeto al conocimiento indígena como forma de protección del patrimonio cultural en relación con los impactos de las mudanzas climáticas; y el fortalecimiento de los mecanismos de capacitación para promover la participación de los Pueblos Indígenas tanto en las negociaciones como en la creación de políticas y el desarrollo de acciones climáticas.
Para que todo esto se cumpla, Brasil debe comenzar garantizando el acceso de las poblaciones a sus territorios como primer derecho innegociable, así como respetar la Convención 169 de la OIT sobre la consulta libre, previa e informada en relación con proyectos que afecten a los territorios indígenas. De igual manera, los acuerdos relacionados con el Artículo 6 del Acuerdo de París deben establecer mecanismos de denuncia que sean efectivamente accesibles para los pueblos indígenas. “El texto [del Balance Global] refleja el compromiso político, que ahora debe evidenciarse en la práctica. No estamos satisfechos solo con que se mencione a los pueblos indígenas, necesitamos la inserción de los pueblos indígenas en la ocupación de los espacios de decisión, en el beneficio del financiamiento directo, en políticas gubernamentales”, enfatiza Kleber Karipuna, Coordinador Ejecutivo de la APIB.
Nuevos proyectos de petróleo en Tierras Indígenas: a contramano de la lucha contra el cambio climático
Después de varias complicaciones para alcanzar un consenso en las negociaciones, el texto final de la COP28 propuso la reducción del consumo global de combustibles fósiles. Sin embargo, gran parte de los negociadores y la sociedad civil sienten cierto fracaso debido a la falta de una mención más contundente y específica sobre la eliminación gradual del uso de petróleo, gas y carbón en lugar de la reducción. La COP28 alcanzó un récord de acreditación de representantes del lobby petrolero, con 2.456 inscritos.
Una de las mayores contradicciones en cuanto a la postura climática de Brasil fue su adhesión al grupo de la OPEP+ (extensión del grupo central de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo), lo que preocupa a los Pueblos Indígenas sobre la explotación de combustibles fósiles que afecten a sus territorios, además de los impactos climáticos de tales actividades. “Salimos de aquí [de la COP28 en Dubái] un poco consternados al entender que en esta COP, aunque Brasil haya sido uno de los protagonistas en las negociaciones climáticas, el país ha ingresado al grupo de la OPEP+. Esto va en contra de lo que se está debatiendo: transición energética justa”, explicó Tuxá.
La propuesta de eliminar el uso de combustibles fósiles llegó a formar parte del borrador del texto del acuerdo de la COP28, pero fue retirada después de la presión de la OPEP con los países asociados al grupo de la OPEP+, que votaron para eliminar dicho compromiso. La propuesta en el texto final es contradictoria con la meta de mantener el calentamiento global en 1,5º, ya que, según advierten los científicos, el único camino para lograrlo es la neutralidad de carbono para 2050, eliminando completamente el uso de combustibles fósiles.
Brasil contribuyó con las contradicciones que caracterizaron esta edición de la Conferencia del Clima, ya que, además de unirse al grupo OPEP+, el mismo día del cierre de la COP28 (13 de diciembre), se llevó a cabo una subasta de proyectos de combustibles fósiles en Río de Janeiro. El 4º ciclo de Oferta Permanente de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) ofreció un total de 602 bloques de exploración y una zona con acumulación marginal, abarcando un área total de 183,569 km2. Según datos del Instituto Arayara, 15 de estos bloques de exploración afectan 156 millones de hectáreas (47,000 km2) de tierras indígenas.
En la Área de Influencia Directa (AID) de estos proyectos se encuentran un total de 23 Tierras Indígenas de 9 etnias: Sateré Mawé, Mundukuru, Mura, aislados de Pitinga/Nhamunda-Mapuera, aislados de Río Kaxpakuru/Igarapé Água Fria, Kahyana, Katxuyana, Tunayana y Xokleng, con una población afectada estimada en 21,910 indígenas. Las tierras indígenas están predominantemente ubicadas en la Amazonía Legal (63.64% de los bloques) en la Cuenca del Amazonas (estados de AM y PA), y también en Santa Catarina.
“De estos 23 bloques que afectan a Tierras Indígenas, dos son de pueblos aislados. Imaginen las estructuras que se montarán al lado de los territorios indígenas, en las Unidades de Conservación, en los territorios quilombolas y en los territorios de todas las comunidades tradicionales de Brasil. Es importante que nos unamos y hagamos un compromiso entre nosotros y afirmemos: yo no participo en la subasta, petróleo y gas, en mi territorio no”, declaró Kretã Kaingang, Coordinador Ejecutivo de la APIB, quien acompañó la subasta de la ANP en Río de Janeiro.
La exploración, perforación, extracción, transporte e incluso refinación y consumo causan devastación ambiental, violencia y empobrecimiento local. En todas las fases hay deforestación y degradación de ecosistemas, contaminación de cuerpos de agua, lluvias ácidas resultantes de la quema de gas asociado al petróleo, ruido y contaminación insoportables; hechos que se extienden a las redes naturales de circulación de agua y viento, según explica el Instituto Arayara.
“En el primer gobierno de Lula en 2000, ratificó el convenio 169 de la OIT, que nos otorga el derecho a la consulta libre, previa e informada. Para esta subasta de hoy, no fuimos consultados, ninguna población tradicional afectada fue consultada. Durante la COP28, Lula hizo un discurso emotivo, lloró, habló de la reducción de la deforestación, ¿y qué va hacer ahora frente a los posibles impactos de estos proyectos de petróleo que se están discutiendo con las mayores empresas petroleras mundiales y que pretenden instalarse en territorios indígenas sin permitirno la entrada a los pueblos indígenas? Estamos en la puerta del hotel donde se celebra la reunión”, cuestiona Kaingang, en la calle frente al Hotel Windsor Barra en la capital carioca.
El Brasil de Lula, que alguna vez fue una referencia mundial en políticas climáticas, deberá trabajar arduamente para aclarar sus contradicciones, cuestionar si continúa manchando su imagen internacional con la adhesión al llamado cartel petrolero de la OPEP+ y cumplir con sus compromisos y metas, entre ellos el respeto a las Tierras Indígenas, que son guardianas de los biomas y gran parte de la biodiversidad. El país tiene dos años para definir una posición de liderazgo antes de la COP30 de 2025, que será organizada por Brasil en la ciudad de Belém, donde los países tendrán la gran responsabilidad de revisar sus metas climáticas, las NDC. Sin embargo, la APIB cuestiona la efectividad de los compromisos climáticos de Brasil mientras las políticas de demarcación y protección de los territorios no estén en el centro de este debate.
Para más informaciones y para agendar entrevistas contacte con el servicio de prensa de la Apib:
[email protected]
Coordenación de comunicação – Samela Sateré Mawé – +55 (92) 98285 5077
Comunicación internacional – +55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
15/Dic/2023
Fotografía: Tukumã Pataxó/Apib
La Apib va a interponer una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema
El Congreso Nacional derrocó este jueves (14/12) los vetos del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva al Proyecto de Ley 2903, ahora ley 14.701/2023. Con esto, la propuesta ruralista del Marco Temporal se transformó efectivamente en ley, que incluye otras violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) enfatiza que los ‘derechos no se negocian’ y como respuesta al resultado de la votación, presentará una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) en la Corte Suprema o Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar la anulación de esta ley, bautizada por la Articulación como ‘Ley del genocidio indígena’. El protocolo solo puede presentarse después de que la promulgación de la ley se haga efectiva, que entrará en vigor 48 horas después del cierre de la votación, y la acción se propondrá en conjunto con los partidos políticos PT, REDE, PSOL y PSB.
“Esta ley es inconstitucional y debe ser revisada por el STF. Sin embargo, mientras la ADI no sea juzgada por los ministros del Supremo, los Pueblos Indígenas están enfrentando invasiones en los territorios, asesinatos y la devastación del medio ambiente. Es por eso que solicitamos que se permita la tutela de urgencia anticipada de protección. No podemos quedarnos esperando mientras las personas de nuestras comunidades están muriendo”, afirma Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de Apib.
Este jueves, la Apib presentó en el STF el protocolo de solicitud de audiencia en el Tribunal para abordar las amenazas a los derechos indígenas y a la Constitución Federal que existen en esta nueva ley (14.701/2023). Apib y sus siete organizaciones regionales de base (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Conselho Terena, Coaib y Comissão Guarani Yvyrupa) refuerzan que la lucha continúa y que el movimiento indígena sigue movilizado a nivel nacional e internacional.
“El futuro de la humanidad depende de los pueblos indígenas y la demarcación de las Tierras Indígenas. La principal conferencia sobre cambio climático, la COP28, se cerró esta semana y el Congreso Nacional una vez más refuerza su interés con la muerte de los pueblos indígenas. El Marco Temporal es una propuesta creada por el agronegocio y ya fue anulada por el STF”, destaca Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Apib.
Los únicos puntos de los vetos que se mantuvieron y, por lo tanto, fueron RETIRADOS de la Ley del Genocidio son los siguientes:
- Las amenazas a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
- La propuesta que autorizaba el uso de transgénicos en Tierras Indígenas.
- La propuesta racista sobre la alteración de rasgos culturales de personas indígenas como argumento para la retirada de derechos.
En la sesión conjunta entre diputados y senadores de este jueves, que derrocó los vetos de Lula, el resultado fue de 321 diputados en contra de los vetos y 137 a favor. En el Senado, la votación fue de 53 a 19 a favor de la retirada de los vetos.
Inconstitucionalidades
Además del Marco Temporal, la ley incluye otros puntos que son inconstitucionales y ya están en vigor, a pesar de que violan artículos de la Constitución Federal, así como Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por el Estado Brasileño. La participación efectiva de Estados y municipios en todas las fases del proceso de demarcación de Tierras Indígenas y la regulación de la cooperación entre indígenas y no indígenas para la explotación de actividades económicas son dos de los puntos de esta ley que la Apib denuncia como inconstitucionales. Según la Articulación, estos puntos de la ley pueden obstaculizar las demarcaciones y aumentar los acosos de no indígenas en los territorios indígenas.
La nueva ley también establece que el derecho de usufructo exclusivo no puede prevalecer sobre el interés de la política de defensa y soberanía nacional. Líderes indígenas de la Apib señalan que este fragmento de la ley podría abrir una brecha para que se viole el derecho de los Pueblos Indígenas al usufructo exclusivo de sus territorios bajo el pretexto del “interés de política de defensa”.
En la ADI, el departamento jurídico de la Apib solicita que el Ministro Edson Fachin sea el relator de la acción. El Ministro fue el relator del Recurso Extraordinario (RE) n.º 1.017.365, en el cual el STF rechazó la tesis del Marco Temporal, es decir, la posibilidad de adoptar la fecha de promulgación de la Constitución Federal como referencia para definir la ocupación tradicional de los territorios por las comunidades indígenas.
“La protección constitucional de los derechos originarios sobre las tierras que ocupan tradicionalmente no depende de la existencia de un marco temporal el 5 de octubre de 1988 o de la configuración de la opresión, como conflicto físico o controversia judicial persistente en la fecha de la promulgación de la Constitución”, recoge un fragmento de la decisión del Supremo. El juicio del Marco Temporal en el STF concluyó el 27 de septiembre con 9 votos en contra y 2 a favor.
La deforestación y la destrucción de la biodiversidad en las Tierras Indígenas representan una amenaza internacional para el equilibrio climático global. En los últimos 30 años, Brasil perdió 69 millones de hectáreas de vegetación nativa. Sin embargo, solo el 1,6% de esta deforestación se registró en Tierras Indígenas. Además, los territorios indígenas concentran el 80% de la biodiversidad del planeta, pero están amenazados por el avance del agronegocio y las industrias extractivas, de desarrollo y turismo, como advierte el informe de la ONU sobre el Estado de los Pueblos Indígenas en el Mundo, publicado en 2021.
Maurício Terena, coordinador del departamento jurídico de la Apib, afirma que la Ley n.º 14.701/2023 abre brechas para puntos que violan la Constitución, además del revanchismo parlamentario, por medio del cual el Senado programó de forma urgente la votación del proyecto de ley el mismo día que el STF juzgó el Marco Temporal como inconstitucional. Terena también destaca que uno de los roles del Supremo es garantizar los derechos fundamentales de los grupos sociales minoritarios y tiene expectativas de que esto se cumpla a través de la ADI.
“Vivimos en un sistema de tira y afloja entre los tres poderes, y el límite impuesto por el Poder Legislativo es no aprobar leyes que atenten contra cláusulas pétreas establecidas en la Constitución Federal. Los derechos de los Pueblos Indígenas son originarios y fueron reconocidos en 1988, y eso debe ser respetado”, dice Terena.
Proyecto de Ley 2903 y vetos parciales de Lula
A lo largo del 2023, el Proyecto de Ley 2903 representó una de las mayores amenazas para los derechos de los Pueblos Indígenas de Brasil. El proyecto defiende los intereses latifundiarios en detrimento de los derechos indígenas y fue aprobado de urgencia en el Senado Federal el 27 de septiembre, justo el mismo día en que la Corte Suprema concluyó el juicio del Marco Temporal y sentenció que la propuesta iba contra la Constitución.
Contrariamente a la demanda del movimiento indígena de vetar completamente el proyecto de ley, el presidente Lula anunció un veto parcial el 20 de octubre. Lula eliminó el Marco Temporal de la propuesta, así como el cultivo de especies transgénicas en Tierras Indígenas y la construcción de grandes obras de infraestructura, como represas y carreteras, sin consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas. El veto del presidente también eliminó la flexibilización de las políticas de protección a los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario del proyecto de ley.
“La aprobación de proyectos que interesan al Ejecutivo, como la Reforma Tributaria el pasado 8 de noviembre, forman parte de este juego de intereses y favores negociados. No obstante, reafirmamos que ¡LOS DERECHOS NO SE NEGOCIAN! Estas acciones solo perpetúan el imperio de los intereses del capital representado principalmente por los grupos parlamentarios de presión con intereses latifundiarios y evangélicos, entre otros, que impulsan la supervivencia de la extrema derecha que en los últimos años han complicado la vida del pueblo brasileño. El hecho de que nuestros derechos fuesen la moneda de cambio en las negociaciones para aprobar la Reforma Tributaria implicó que el Gobierno Federal diera luz verde a los parlamentares para derribar los vetos del presidente Lula al Proyecto de Ley 2903, que pretende convertir el Marco Temporal y otros crímenes contra los Pueblos Indígenas en ley”, dice el comunicado de la Apib.
En ese momento, la votación de los vetos al Proyecto de Ley 2903 estaba programada para el 9 de noviembre, pero se pospuso varias veces hasta la votación el 14 de diciembre. Puedes leer aquí el comunicado completo publicado por la Apib el 10 de noviembre.
La Apib destaca que las acciones del Congreso Nacional son el resultado de la conexión directa de políticos brasileños con la invasión de Tierras Indígenas, como muestra el informe “Los invasores” del grupo periodístico “De olho nos ruralistas”. Según el estudio, representantes del Congreso y del Ejecutivo poseen alrededor de 96 mil hectáreas de propiedades de tierra superpuestas a Tierras Indígenas.
Además, muchos de ellos fueron financiados por agricultores invasores de Tierras Indígenas, que donaron R$ 3,6 millones para la campaña electoral de los ruralistas. Este grupo de invasores respaldó 29 campañas políticas en 2022, totalizando R$ 5.313.843,44. De esa cantidad, R$ 1.163.385,00 se destinó al candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL).
En la última semana, una comitiva de organizaciones y líderes indígenas, que forman parte de la Apib, estuvo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28. La participación indígena fue la más grande de todas las conferencias y la Apib denunció violaciones de derechos e incidentes políticos internacionales.
En la COP28, la comitiva reforzó las Emergencias Indígenas y exigió la garantía de derechos y la demarcación de Tierras Indígenas. Para la Apib y sus organizaciones regionales de base, no es posible combatir la crisis climática sin la demarcación de las Tierras Indígenas y es necesario parar las violencias contra las vidas indígenas financiadas por el agronegocio.
Obtenga más información sobre el marco temporal:
https://Apiboficial.org/marco-temporal/
Para más informaciones y para agendar entrevistas contacte con el servicio de prensa de la Apib:
E-mail: [email protected]
Coordenação de comunicação:
Samela Sateré Mawé – (92) 98285 5077
Caio Mota: 55 (65) 99686 6289
Ariel Bentes: (92) 99430-3762
29/Nov/2023
Fotografía: Kamikia Kisedje/ Apib
El gobierno de Brasil ha cambiado, pero los Pueblos Indígenas, principales guardianes de todos los biomas brasileños, continúan enfrentando amenazas
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) está participando en la Conferencia de las Partes sobre el Clima (COP28) en Dubái con carácter de urgencia para relanzar la campaña ‘Emergencia Indígena’. “Necesitamos denunciar que nuestras vidas están en peligro, la demarcación de Tierras Indígenas está siendo cuestionada y el futuro climático global está en riesgo. Vemos avanzar en el Congreso los proyectos de ley y enmiendas constitucionales que pretenden legalizar el saqueo de nuestras tierras y de la naturaleza en general. Se trata de un proyecto de genocidio indígena legislado”, advierte Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de la Apib. La primera campaña se llevó a cabo durante la crisis de la Covid-19, bajo el gobierno de Bolsonaro, que amenazó profundamente la vida y los derechos fundamentales de los indígenas. El virus puede haber pasado, pero la extrema derecha continúa actuando en contra de los derechos de los Pueblos Indígenas.
¿Cumplirá Lula sus promesas en relación a las políticas climáticas y de respeto a los Pueblos Indígenas?
El actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de asumir la presidencia, fue recibido en la COP27 como un “salvador”, no solo de Brasil, sino del futuro climático global, ya que internacionalmente también se temía por las políticas ambientales destructivas del expresidente Jair Bolsonaro. Brasil es el segundo país del mundo, después de Rusia, en extensión de áreas forestales aún en pie y líder mundial en recursos hídricos, con el 12% de las reservas de agua dulce globales, la mayoría de ellas preservadas principalmente dentro de las Tierras Indígenas demarcadas, como demuestran estudios.
En reconocimiento al papel fundamental que Brasil tiene en el escenario climático global y en apoyo a los derechos ancestrales de los Pueblos Indígenas de Brasil, Lula prometió durante el Campamento Tierra Libre de abril de 2023 en Brasilia demarcar todas las Tierras Indígenas que aún están en proceso hasta el final de su gobierno. “Nosotros, Pueblos Indígenas de la Apib, apoyamos la elección del actual Presidente, pero con motivo del inicio de otra COP, necesitamos alertar de que la demarcación de nuestras tierras está en riesgo y no existe solución para la actual crisis climática sin los Pueblos Indígenas”, defiende Tuxá.
Aunque la extrema derecha bolsonarista y antiindígena ha salido del poder Ejecutivo brasileño, sigue instalada en las esferas de poder, principalmente en el Legislativo y con una amplia mayoría. Las amenazas a los Pueblos Indígenas continúan siendo promovidas y ejecutadas por sectores vinculados a la extrema derecha. Grupos que financian campañas de parlamentarios que quieren pasar por encima de los derechos indígenas para favorecer a empresas nacionales e internacionales del agronegocio.
¿Quién tiene interés en acabar con los derechos indígenas?
Quien aspira a ocupar y lucrar en las Tierras Indígenas.El agronegocio se compone de empresas nacionales e internacionales, con un mercado de venta principalmente internacional. Se sostiene en una estructura sólida y antigua, con bases colonialistas, formada por políticos y latifundiarios. Según el estudio “Los invasores” del grupo de periodismo investigativo “De olho nos ruralistas”, representantes del Congreso Nacional y del Ejecutivo poseen alrededor de 96 mil hectáreas de tierras superpuestas a las Tierras Indígenas. Además, muchos de estos políticos fueron financiados por empresarios de la agropecuaria que también invaden Tierras Indígenas y que donaron R$ 3,6 millones para campañas electorales de políticos con posiciones a favor de los ruralistas. Este grupo de latifundiarios e invasores respaldó 29 campañas políticas en 2022, totalizando R$ 5.313.843,44. De este total, R$ 1.163.385,00 se destinó al candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL). |
Lula, quien creó el primer Ministerio de los Povos Indígenas de Brasil, no logró bloquear el avance de ciertos proyectos que ya se están convirtiendo oficialmente en ley. El antiguo y polémico PL 2.903/2023, ya en vigor como la Ley 14.701/2023 desde el 20 de octubre, cuestiona el usufructo exclusivo de los Pueblos Indígenas en sus tierras en caso de conflicto de intereses con la política de defensa de la soberanía nacional o la cooperación con personas no indígenas para la explotación de recursos en Tierras Indígenas.
La tesis ruralista del Marco Temporal y otros puntos del PL 2903, que violan los derechos de los Pueblos Indígenas, fueron vetados por Lula. Sin embargo, los parlamentarios movilizados por el Frente Parlamentar de Agropecuária (FPA) se preparan para anular los vetos del Presidente. La votación, que estaba prevista para el 23 de noviembre, fue aplazada y aún no tiene fecha definida hasta el momento.
“Sin mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, el Gobierno Lula necesita negociar para aprobar propuestas estructurales de su gobierno, como la recientemente aprobada reforma tributaria, pero ¿a qué precio? La moneda de cambio para aprobar dicha reforma han sido los derechos indígenas”, destaca Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Apib. “Reiteramos que nuestros derechos no se negocian: la tesis del Marco Temporal viola la Constitución, como determinó recientemente el Supremo Tribunal Federal. Estos proyectos de ley avanzan junto con propuestas de modificación de la Constitución para legalizar actividades que violan los derechos indígenas con medidas como la legalización de la minería en nuestras tierras”, añade Karipuna.
Al mismo tiempo que avanzan las propuestas contra los pueblos originarios, el Congreso Nacional pretende vender internacionalmente una imagen de un Brasil lo más “verde” posible mediante la aprobación en la Cámara de la llamada “agenda verde”. En ella se incluyen medidas pendientes de votación, como el proyecto “combustible del futuro” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que incluye una propuesta de regulación de créditos para el almacenamiento de carbono, el Programa Nacional de Diesel Verde y el Programa Nacional de Combustible Sustentable de Aviación, entre otras medidas.
¿Quién defenderá los derechos de los pueblos indígenas de Brasil en la COP28?
“Mientras el presidente Lula equilibra su gobernabilidad nacional en el tira y afloja de fuerzas políticas y perfila su discurso internacional para la COP28, que probablemente será ovacionado junto con varios otros brillantes discursos de gobernantes y negociadores, nosotros, los Pueblos Indígenas, luchamos y resistimos cada día. Los discursos no nos salvan de los proyectos colonialistas y del voraz avance del agronegocio. Nosotros, los Pueblos Indígenas, luchamos para no morir y para seguir viviendo con nuestros ríos vivos y los bosques de todos nuestros biomas en pie”, enfatiza Karipuna.
Por todos estos motivos, una comisión de líderes de la Apib está actualmente en Dubái y junto con las siete organizaciones regionales de base, lanzan la 2ª edición de la campaña Emergencia Indígena con el tema “Derechos no se negocian. ¡Demarcación ya!”. El viernes 1 de diciembre, segundo día de la Cumbre del Clima 2023, la Apib participa en la rueda de prensa “Liderazgo Indígena y Lanzamiento de la Campaña Emergencia Indígena”. El martes (5) estaremos presentes en la mesa de debate “Brasil rumbo a la COP30: protagonismo de pueblos originarios y comunidades locales en la confrontación con la crisis climática”.
Es esencial que las voces de los Pueblos Indígenas sean escuchadas en este contexto de negociaciones de políticas climáticas, por este motivo, Dinanam Tuxá, Coordinador Ejecutivo de la Apib, participará el viernes (8) en el Evento Ministerial – Lanzamiento de la Plataforma de Diálogo de la FCLP – Pueblos indígenas y comunidades locales como líderes de acción para detener y revertir la pérdida de bosques, donde estarán presentes los jefes de Estado parte, ministros y negociadores decisivos de la COP28. Ese mismo día, se lanzará el Fondo Apib durante el evento “Ecosistema de Financiamiento Climático para Pueblos Indígenas en Brasil: La red única de Fondos administrados por Indígenas”.
Consulte la agenda completa de Apib en la COP28 en Dubái
La Apib denuncia la situación de emergencia indígena en Brasil y reafirma esta urgencia en un nuevo manifiesto en defensa de la vida y garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas, profundamente amenazados por el avance actual de los ruralistas y políticos con intereses del agronegocio. Entregaremos el manifiesto a Lula durante la COP 28 y se lo enviaremos a agentes de los poderes públicos y actores de la sociedad civil con el objetivo de visibilizar la violación de derechos y las amenazas que viven los pueblos originarios en territorio brasileño actualmente.
Además, la Apib ha creado el Comité Emergencia Indígena, donde líderes indígenas y otros representantes, indicados por las organizaciones regionales de base de la Apib, informarán y discutirán semanalmente las amenazas ocurridas en los territorios, en las calles, redes y en el Estado.
¡DECIDIMOS NO MORIR!
Consulta el manifiesto:
[portugués]
https://apiboficial.org/2023/11/14/emergencia-indigena-direitos-nao-se-negociam/
[español]
https://apiboficial.org/2023/11/14/emergencia-indigena-los-derechos-no-se-negocian/?lang=es
[inglés]
https://apiboficial.org/2023/11/14/indigenous-emergency-rights-are-non-negotiable/?lang=en
Siga la página de la campaña Emergencia Indígena disponible en los tres idiomas:
[portugués] https://emergenciaindigena.apiboficial.org
[español] https://emergenciaindigena.apiboficial.org/es/
[inglés] https://emergenciaindigena.apiboficial.org/en/
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Comunicación internacional – +55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
14/Nov/2023
Nosotros, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), creamos la campaña Emergencia Indígena en 2020 con el objetivo de hacer frente a la devastadora crisis humanitaria, sanitaria y política que estábamos sufriendo durante el periodo de la pandemia provocada por la Covid-19.
¡Decidimos no morir!
La pandemia y el gobierno anti-indígena de Jair Bolsonaro nos obligaron a llevar a cabo una intensa movilización contra el genocidio de nuestros pueblos.
A pesar de los diversos avances que hemos logrado con nuestras luchas, continuamos sufriendo las amenazas de nuestros derechos, dignidad y protección de nuestras culturas y territorios.
En 2023 nos hemos visto obligado a retomar la campaña “Emergencia Indígena”, puesto que ¡no fue solo cosa de aquel virus!
En nuestro cotidiano, estamos obligados a hacer frente a la violencia del racismo que está enraizado en la sociedad y en las estructuras del Estado.
¡Paren de matarnos!
Invasiones, asesinatos, amenazas, criminalización de líderes y lideresas, violaciones de nuestros derechos…
Estas situaciones derivadas de la colonización, de la monarquía y del autoritarismo instaurado por la dictadura militar nunca pararon de existir para los pueblos indígenas.
Nos urge levantar la voz también frente a las violencias y asesinatos de mujeres indígenas y personas LGBTQIAP+ también indígenas.
El proyecto genocida contra los pueblos indígenas, el robo de nuestros territorios ancestrales y nuestras riquezas naturales siguen amenazando con vehemencia nuestras vidas, culturas y toda la supervivencia del planeta.
¡Derechos no se negocian!
El frente parlamentar de la agropecuaria, o a bancada ruralista como es conocida en Brasil, inventó la tesis del Marco Temporal y levantó una serie de amenazas en todas las instancias de poder.
Propuestas legislativas como el Proyecto de Ley (PL) 2903 o la Propuesta de modificación de la Constitución (PEC) 48 que incluyen la tesis del Marco Temporal, el PL 191 de la minería, la PEC 59 y los intentos de conformar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la demarcación de Tierras Indígenas son ejemplos concretos de un genocidio legislado.
La agenda política anti-indígena en el Congreso Nacional está dominada por los parlamentarios que actúan en defensa de los intereses de los latifundiarios e invasores de nuestras Tierras.
Enfatizamos que el frente parlamentar de la agropecuaria y el de la minería son espacios creados para legalizar nuestro genocidio.
El Marco-Tráfico, -es decir, la estructura de ilegalidad creada a partir de la propuesta de la tesis del Marco Temporal tras la aprobación agilizada en el Senado a pesar de que la Corte Suprema había juzgado la medida como inconstitucional- es el claro reflejo del juego de favores que está permeando la estructura de los tres poderes de la República de Brasil. En este contexto, los derechos indígenas se han convertido en una moneda de cambio.
Desde 2016, el Estado Democrático de Derecho está siendo desmontado.
Primero el golpe político, jurídico, mediático sobre la presidenta Dilma Rousseff, después el gobierno de Michel Temer, seguido de la ascensión y derrota electoral del bolsonarismo.
Ahora, la derecha tradicional y el bolsonarismo consolidan dentro del Congreso una fortaleza para desafiar a los poderes Ejecutivo y Judicial, defendiendo leyes inconstitucionales para favorecer sus propios intereses económicos.
El movimiento indígena conquistó avances históricos y es necesario que hagamos incapié en eso. La Apib consiguió que aumentase la presencia indígena en la política brasileña. La Campaña Indígena promovió el fortalecimento de candidaturas indígenas.
El grupo político indígena elegido, denominado bancada del Cocar con Célia Xakriabá a la cabeza, fortalece nuestras trincheras políticas para resistir en el Congreso Nacional.
Algunos de los avances importantes son: la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) y la indicación de líderes indígenas para posiciones estratégicas en el Poder Ejecutivo.
Sonia Guajajara como Ministra do MPI; Joênia Wapichana presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI); Weibe Tapeba Secretário de Salud Indígena.
La elección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue una conquista colectiva. No obstante, el contexto electoral le obligó a establecer una amplia alianza que incluye sectores económicos y políticos conservadores y anti-indígenas.
El Congreso Nacional sigue dominado por parlamentarios patrocinados por corporaciones nacionales e internacionales y accionistas del agronegocio que quieren acabar con los derechos indígenas.
Las bancadas o agrupaciones de parlamentarios de la triple B -buey, bala y Biblia- representan ¡una amenaza directa para nuestras vidas!
La mayoría de los Gobiernos Estatales y municipales continúan en manos de conservadores y anti-indígenas.
Políticos brasileños, representantes en el Congreso Nacional y en el poder Ejecutivo, poseen 96 mil hectáreas de tierras que están sobrepuestas a Tierras Indígenas.
Estos están recibiendo financiación de latifundiarios que invaden Tierras Indígenas y que donaron 3,6 millones de reales para campañas electorales de ruralistas.
Estos invasores arcaron con el coste de 29 campañas políticas en 2022 que suman un total de 5.313.843,44 de reales.
Es mucha tierra para unos pocos latifundiarios.
La degradación ambiental, la invasión de tierras y el atropello de los derechos de los pueblos pueden empeorar con la propuesta de retomada de grandes inversiones en proyectos de infraestructura, incluidos en el denominado PAC III.
El compromiso de la sociedad con las cuestiones climáticas y el respeto de los derechos indígenas ha aumentado.
No obstante, los ataques y amenazas contra los Pueblos Indígenas avanzan dentro de los tres poderes que componen el Estado brasileño.
El gobierno de Lula está frente a una encrucijada para contener al movimiento fascista que, a pesar de haber perdido en las elecciones, se mantiene activo.
Lula necesita garantizar los compromisos con el medio ambiente y con los movimientos sociales que lo eligieron y generar empleos a través del crecimiento económico.
Para ello, el gobierno apuesta en grandes emprendimientos, obras e inversiones, pero se equivoca al considerar las Tierras Indígenas como fuentes de expansión del capital dentro de las políticas para el desarrollo.
Ese no puede ser el camino para salir de las crisis que nos aprisionan.
La presión de los intereses financieros provoca un cruel aumento de los conflictos territoriales, violencias y violaciones, así como racismo, criminalización y asesinatos.
El problema está en la configuración del Estado brasileño, que es el comité gestor de los negocios del retroceso agropecuarista.
Por tanto, una vez más, reiteramos que nuestra emergencia de supervivencia no se trataba solo de enfrentar el virus de la Covid-19.
El proyecto genocida contra los Pueblos Indígenas y el robo de nuestros territorios ancestrales sigue amenazando con fuerza nuestras vidas, culturas y toda la supervivencia del planeta.
Retomamos la campaña “Emergencia Indígena” para estructurar el enfrentamiento de ataques a la vida de los Pueblos Indígenas.
No podemos cesar de denunciar las dinámicas de poder que violan nuestros derechos diariamente.
Seguimos dedicando todas nuestras fuerzas para informar, fortalecer y articular las bases del movimiento indígena para que de forma permanente y sin descanso protejamos nuestras vidas, culturas, territorios y derechos.
Respondemos haciendo uso de la democracia, de mucho estudio, de la organización y de la lucha de los pueblos, unidos en defensa de la vida de todos, todas y todes para que continúe la vida en la Tierra.
¡Nuestro futuro depende de la demarcación, homologación, protección y garantía de la plena y permanente posesión de nuestras tierras!
Exigimos que se lleven a cabo políticas públicas diferenciadas, en los campos de salud y educación, por ejemplo. Es necesario que se respete la Ley 11.645 que obliga a que se enseñe la historia indígena y afro brasileña en las escuela públicas.
Necesitamos derrotar al poder político económico de los latifundiarios y ocupar nuestros lugares en los espacios que deciden sobre los rumbos futuros de este país. No habrá ningún Brasil sin los pueblos indígenas.
¡Dile al pueblo que avance!
26/Oct/2023
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A pesar de que la tesis del Marco Temporal fue uno de los puntos vetados por el Presidente Lula, el Congreso Nacional aún puede revertir los vetos.
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Además, el Presidente aprobó algunas medidas del Proyecto de Ley 2903 que amenazan la soberanía de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y el futuro climático global.
En detrimento de la demanda del movimiento indígena que solicitaba un veto completo al Proyecto de Ley 2.903/2023, el Presidente Lula anunció su veto parcial el 20 de octubre. Así, la decisión presidencial elimina el Marco Temporal de la propuesta, así como el cultivo de especies transgénicas en Tierras Indígenas; la construcción de grandes obras de infraestructura, como represas y carreteras, sin consulta previa, libre e informada; y la flexibilización de las políticas de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Por otro lado, dos de las medidas del Proyecto de Ley aprobadas por el Presidente flexibilizan el usufructo exclusivo de los pueblos indígenas sobre sus territorios, y la Apib las considera una amenaza.
En 2023, el Proyecto de Ley 2.903/2023 representó una de las mayores amenazas a los derechos de los Pueblos Indígenas de Brasil, habiendo sido concebido en base a principios anti-indígenas y aprobado por el Congreso Nacional bajo la influencia del grupo de presión agropecuario. Por esta razón, la Apib reclamó el veto total al proyecto que defiende los intereses latifundistas en detrimento de los derechos indígenas.
El viernes pasado (20), el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que vetaría algunos puntos del PL, incluyendo la propuesta de establecimiento del Marco Temporal, pero aprobó otros puntos amenazantes para los Pueblos Indígenas, como la pérdida del usufructo exclusivo de sus tierras debido a intereses de defensa o soberanía nacional en una tierra, así como por actividades económicas de cooperación entre indígenas y no indígenas.
Estas medidas entraron en vigor el 20 de octubre, a partir de la Ley 14.701/2023. Los demás puntos vetados serán analizados por una comisión mixta de senadores y diputados que decidirán si acatan o anulan las medidas vetadas por Lula en una sesión prevista para el 9 de noviembre.
¿Qué puntos del PL 2.903/2023 fueron vetados por Lula?
- Marco Temporal: la tesis que defiende que los Pueblos Indígenas deben demostrar su presencia en sus territorios ancestrales en la fecha de promulgación de la Constitución Federal, el 5 de octubre de 1988, para tener derecho al reconocimiento y la demarcación como Tierra Indígena, fue eliminada. La tesis del Marco Temporal ya había sido declarada inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal (STF) el 27 de septiembre de 2023.
- Indemnizaciones a los invasores y ocupantes ilegales de territorios indígenas reconocidos.
- Anulación de la demarcación de una Tierra Indígena y expropiación debido a la “alteración de los rasgos culturales” de la comunidad indígena.
- Instalación de equipos y redes de comunicación, así como la construcción de infraestructuras en Tierras Indígenas, como carreteras y vías de transporte.
- Cultivo de organismos genéticamente modificados en Tierras Indígenas.
- Contacto forzado con pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
- Permiso para la instalación de bases, unidades, puestos militares o intervenciones militares en Tierras Indígenas.
- Explotación de recursos para la generación de energía, proyectos de energía en general y extracción de riquezas naturales sin consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas o del órgano indigenista federal competente.
¿Cuáles son los próximos pasos para el análisis de los vetos?
La Apib subraya que la demanda del movimiento indígena era que Lula vetase totalmente el PL 2.903/2023. Tras el veto parcial, nuestra lucha se centra en advertir sobre la necesidad de que, por lo menos, los vetos parciales sean respaldados por los legisladores. Senadores y diputados formarán una comisión mixta que analizará los puntos vetados por Lula. Aún no se ha definido la fecha de dicha revisión, pero el grupo de presión con intereses agropecuarios (Frente Parlamentar da Agropecuária) ya ha emitido un comunicado oficial afirmando que tiene suficientes votos para revertir todos los vetos en el Congreso Nacional.
La lucha, por lo tanto, no ha terminado. La Apib advierte sobre la necesidad de continuar movilizándose, ya que si estos vetos son anulados por el Congreso, se convertirán oficialmente en parte de la Ley 14.701/2023. Esto amenaza la supervivencia de los Pueblos Indígenas, viola las directrices del Comité de Derechos Humanos de la ONU, del cual Brasil es signatario, y pone en peligro el futuro climático global. En ese caso, solo el STF podría revisar la constitucionalidad de la ley a través de un nuevo proceso de judicialización.
¿Qué medidas no fueron vetadas y amenazan a los Pueblos Indígenas y la lucha contra la crisis climática?
El PL 2903 ya entró en vigor como Ley 14.701/2023, con los puntos que no fueron vetados por el Presidente Lula. Entre ellos, todavía existen varias amenazas para los Pueblos Indígenas, la biodiversidad y el equilibrio climático proporcionado por las Tierras Indígenas. Entre los puntos no vetados, dos son críticos porque abren la puerta a violaciones de los derechos indígenas:
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El Artículo 20 establece que el usufructo exclusivo no puede estar por encima del interés de la política de defensa y soberanía nacional.
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El Artículo 26 trata sobre la cooperación entre indígenas y no indígenas para la explotación de actividades económicas, lo que podría aumentar la presión de terceros para flexibilizar el derecho de los Pueblos Indígenas al usufructo exclusivo de sus tierras.
Afirmamos que el Artículo 20 es peligroso, ya que podría abrir la puerta para reducir el usufructo exclusivo, en base al concepto genérico de “interés de política de defensa”, justificando intervenciones militares en los territorios. Además, es importante destacar que ilegalmente ya existen 96.000 hectáreas de áreas superpuestas a Tierras Indígenas y que esta supuesta cooperación entre indígenas y no indígenas no será pacífica ni estará libre de altos costos para la autonomía y preservación de los modos de vida de los Pueblos Indígenas. Además, subrayamos que los Pueblos Indígenas están protegidos por el Artículo 231, §6o, de la Constitución, que establece que el interés relevante de la Unión debe ser regulado por una Ley Complementaria y no por una Ley Ordinaria, como es el caso de la Ley 14.701/2023.
La cuestión de la soberanía de los Pueblos Indígenas en sus territorios es uno de los factores que contribuye al aumento de los conflictos de tierras en Brasil. El Informe sobre Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil en 2022 mostró que, entre 2019 y 2022, se registraron 795 asesinatos de indígenas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, lo que representa un aumento del 54% en comparación con los gobiernos de Dilma Rousseff y Michel Temer, y la mayoría de estos crímenes están directamente relacionados con conflictos territoriales. La Apib considera que este significativo aumento de la violencia está directamente relacionado con los discursos promovidos por el entonces Presidente Bolsonaro en contra de los derechos territoriales indígenas, además del total desmantelamiento de la política indigenista en ese período.
Del mismo modo, la deforestación y la destrucción de la biodiversidad en las Tierras Indígenas representan una amenaza internacional para el equilibrio climático global. En los últimos 30 años, Brasil ha perdido 69 millones de hectáreas de vegetación nativa. Sin embargo, solo el 1.6% de esta deforestación se ha registrado en Tierras Indígenas.
Además, los territorios indígenas albergan el 80% de la biodiversidad del planeta, pero están amenazados por el avance de la agroindustria y las industrias extractivas, de desarrollo y turismo, como alerta el informe de la ONU Estado de los Pueblos Indígenas en el Mundo, publicado en 2021.
Por lo tanto, la Apib advierte que los impactos de la Ley 14.701/2023 y la potencial revocación de los vetos presidenciales al PL 2903 traerán consecuencias no solo para los Pueblos Indígenas, sino también repercusiones globales para el equilibrio climático: no se pueden construir políticas nacionales y acuerdos internacionales sólidos contra el cambio climático sin garantizar el pleno usufructo de los Pueblos Indígenas en sus tierras. Es por eso que nuestra lucha continúa.
19/Oct/2023
El Comité de la ONU recomienda que el Estado brasileño rechace la tesis del Marco Temporal
La promulgación del Proyecto de Ley 2.903/2023, que cuestiona la demarcación de Tierras Indígenas (TIs) con la tesis del marco temporal y pretende autorizar la construcción de infraestructuras en TIs sin consulta previa, entre otras propuestas, hace que sea imposible cumplir con las recientes recomendaciones del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) recomienda que el Estado brasileño acelere la demarcación, regularización y titulación de los territorios de los Pueblos Indígenas y rechace la aplicación e institucionalización de la tesis del marco temporal, entre otras recomendaciones. Por lo tanto, si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulga este Proyecto de Ley, estará violando los derechos de los Pueblos Indígenas en Brasil y también incumpliendo los compromisos vinculantes del Pacto.
El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), supervisado por el CDESC y al cual Brasil se adhirió en 1992, presentó sus conclusiones el 13 de octubre en relación con el tercer informe periódico del país, presentado por el gobierno federal y complementado por las organizaciones y movimientos de la sociedad civil consultados. En este contexto, la Apib presentó un documento con varias denuncias sobre la violación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
En cuanto a la actual situación de violación de los derechos indígenas en Brasil, el Comité recomendó en su informe: la celeridad en la demarcación de Tierras Indígenas; el rechazo de la tesis del marco temporal; el establecimiento de protocolos legalmente vinculantes para el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada en cualquier decisión que afecte a las poblaciones originarias, la adopción de medidas contra la deforestación, la protección de los recursos hídricos contaminados por actividades como la minería y la no discriminación racial o cultural de los Pueblos Indígenas, entre otras recomendaciones.
Las recomendaciones del informe del Comité (CDESC) buscan garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de los Estados Partes y orientan la implementación del Pacto (PIDESC). Brasil es uno de los Estados partes signatarios del pacto y, por consiguiente, el cumplimiento del mismo es vinculante para el país. El Artículo 1 del Pacto garantiza el derecho a la autodeterminación, al desarrollo económico, social y cultural, y al libre acceso a las riquezas, recursos naturales y medios de subsistencia por parte de todos los pueblos. Estas condiciones son claramente vulneradas por muchas de las propuestas del Proyecto de Ley 2903.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte I
Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
Fuente: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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Estas recomendaciones emitidas por el CDESC en relación con los derechos de los Pueblos Indígenas en Brasil están en línea con las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR) en septiembre de 2023. Brasil también fue sometido a una revisión por parte del CCPR este año, y después de un informe presentado por la Apib y otras organizaciones, este Comité también expresó su preocupación con respecto a las violaciones de derechos resultantes de la posible legalización de la tesis del marco temporal. Por lo tanto, la promulgación del PL2903 sería una violación de los compromisos de Brasil ante ambos comités, además de otros tratados internacionales de los cuales el país es signatario.
Para más información:
Cuáles son las recomendaciones del informe del PIDESC que Lula violará si no veta completamente el PL 2903:
- Medio ambiente y cambio climático: el Comité expresa preocupación por el aumento de la deforestación causada por la expansión agrícola y la explotación de recursos naturales, lo que afecta los medios de subsistencia de las comunidades locales y tradicionales, y aumenta su vulnerabilidad al cambio climático. Por lo tanto, recomienda que el Estado adopte medidas para detener la deforestación.- El PL 2903, a través de la tesis del marco temporal, cuestiona los procesos de demarcación de los territorios, incluidos los de las Tierras Indígenas ya demarcadas, lo que supone una amenaza no solo para el futuro de los Pueblos Indígenas, sino para toda la humanidad. En los últimos 30 años, Brasil perdió 69 millones de hectáreas de vegetación nativa. Sin embargo, solo el 1,6% de esta deforestación se registró en tierras indígenas. Además, será imposible cumplir con la promesa del presidente Lula de poner fin a la deforestación y cumplir con las metas climáticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (conocidas como NDC, por sus siglas en inglés) si el PL 2903 permite la explotación de algunas de las tierras del país con los índices de deforestación más bajos y la mayor biodiversidad. No se puede considerar la preservación de nuestros biomas y políticas comprometidas contra el cambio climático sin garantizar el pleno disfrute de los territorios por parte de los pueblos indígenas.2. Derecho de acceso a la tierra: el Comité advierte sobre las disputas de tierras y la consiguiente violencia causada por los conflictos territoriales, y recomienda que el Estado brasileño “proteja el derecho de los Pueblos Indígenas a la propiedad, uso, desarrollo y control de sus tierras, territorios y recursos con total seguridad y evite la intrusión de ocupantes de terceros”. También recomienda que el Estado compense a los Pueblos Indígenas por daños o pérdidas en sus territorios. Además, el Comité recomienda que Brasil acelere la demarcación, regularización y titulación de las tierras de los Pueblos Indígenas y también rechace la aplicación e institucionalización de la doctrina del marco temporal.- Esta sería la principal violación del PIDESC si el PL 2903 es promulgado por el presidente Lula, ya que el propósito del proyecto, aprobado de urgencia en el Senado por la bancada ruralista, es legalizar la invasión de territorios indígenas en Brasil, sin tener en cuenta la teoría del indigenato que reconoce el derecho ancestral e inalienable de los pueblos originarios a sus territorios. El PL busca legalizar la condición del marco temporal para la demarcación de nuevas tierras y revisar demarcaciones ya realizadas, cuestionando la tradicionalidad de la ocupación, el derecho originario y el disfrute exclusivo de los pueblos indígenas de sus territorios.3. Derechos culturales y de supervivencia: según el Comité, la falta de protección y demarcación de las Tierras Indígenas perjudica el ejercicio de sus derechos culturales. Por lo tanto, recomienda que el Estado garantice que las poblaciones tradicionales tengan las condiciones para “preservar, desarrollar, expresar y compartir su identidad, historia, cultura, idiomas, tradiciones y costumbres, así como mantener su relación espiritual con sus tierras, territorios y recursos”.
– Como se mencionó anteriormente, el PL 2903 cuestiona de diversas formas el derecho de los Pueblos Indígenas a sus tierras, lo que implica negar condiciones dignas de vida para los Pueblos Indígenas en Brasil y poner en peligro sus culturas y supervivencia. Además, el PL flexibiliza la política de no contacto con Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario, lo que podría significar el genocidio de estos pueblos. Por estas razones, el movimiento indígena ha bautizado al PL 2903 como el PL del Genocidio Indígena.
4. Explotación de recursos, inversiones y el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos Indígenas: el Comité solicita que Brasil desarrolle y ponga en práctica protocolos legalmente vinculantes y tome las medidas administrativas necesarias para garantizar que las consultas previas, libres e informadas se realicen de manera sistemática y transparente con los Pueblos Indígenas, Quilombolas y otras comunidades tradicionales sobre proyectos que puedan afectarlos. Además, se insta a garantizar la realización de estudios independientes sobre el potencial impacto social, ambiental y de derechos humanos.
– El Comité expresa su preocupación por la falta de cumplimiento de estas medidas en el país, subraya el hecho de que Brasil continúa otorgando licencias para la explotación de recursos naturales e inversiones a gran escala sin consultar a las comunidades afectadas y solicita que el gobierno brasileño “tenga en cuenta y cumpla con las obligaciones y compromisos internacionales derivados de su ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT 169) y su respaldo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normas internacionales relevantes”.
– El PL propone la legalización de la explotación de recursos naturales en Tierras Indígenas, asociaciones para la explotación agropecuaria, así como la autorización de la construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas y otros proyectos en Tierras Indígenas, sin consulta previa, libre e informada.
5. Discriminación contra los Pueblos Indígenas en Brasil: el Comité señala la “continua falta de una legislación integral de lucha contra la discriminación” en Brasil, así como la prevalencia de desigualdades socioeconómicas, raciales y de género, estigmatización social y discriminación contra grupos desfavorecidos y marginados. Recomienda que el Estado brasileño “adopte todas las medidas necesarias para prevenir y combatir la persistente discriminación contra los Pueblos Indígenas y otras comunidades tradicionales”.
– El PL establece criterios racistas sobre quiénes son o no indígenas, plantea amenazas a la llamada “aculturación” de los Pueblos Indígenas y viola el derecho de autoidentificación racial garantizado en la Constitución.
6. Derecho al agua y saneamiento básico: el Comité expresa su preocupación por el acceso al agua potable y su creciente contaminación debido a la expansión agrícola y las actividades mineras. Por lo tanto, recomienda que el Estado “adopte medidas para proteger sus recursos hídricos, abordar los impactos negativos de las actividades económicas y la explotación de recursos naturales, así como los efectos del cambio climático, y establecer un marco legal que garantice la responsabilidad legal de las empresas estatales y privadas que, a través de sus actividades, contaminan los recursos hídricos”.
– El PL contempla la legalización de monocultivos, la siembra de soja, la cría de ganado, la promoción de la minería y la extracción de minerales en Tierras Indígenas, actividades que resultan en la contaminación de los recursos hídricos.
Sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU:
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) fue adoptado por la Resolución n.2.200-A (XXI) de la Asamblea de las Naciones Unidas en 1966 y ratificado por Brasil el 24 de enero de 1992, con el propósito de hacer obligatorios los compromisos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. De esta manera, la situación de estos derechos debe ser monitoreada a través de la presentación de informes periódicos por parte de los Estados Parte, evaluando el grado de su implementación y las dificultades para llevarlos a cabo, mientras que la supervisión del Pacto recae en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, al evaluar estos informes. Brasil ha sido sometido a evaluaciones periódicas por parte del Comité del PIDESC en otras ocasiones, la última de ellas en 2009. Sin embargo, es importante destacar que Brasil aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de peticiones, lo que proporcionaría acceso a la justicia internacional a las víctimas de violaciones de DESCs.
Acerca de la Apib
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) es un organismo de referencia a nivel nacional del movimiento indígena en Brasil, creado desde la base. Agrupa a siete organizaciones regionales indígenas (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Consejo Terena, Coaib y Comisión Guarani Yvyrupa) y nació con el propósito de fortalecer la unidad de nuestros pueblos, fomentar la coordinación entre las diferentes regiones y organizaciones indígenas del país, además de movilizar a los pueblos y organizaciones indígenas contra las amenazas y agresiones a los derechos indígenas.
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