Fotografía: @giuliannemartins
La Ley 14.701, que transformó en legislación la tesis jurídica del Marco Temporal, volverá a ser debatida en el Supremo Tribunal del país. El movimiento indígena afirma que los derechos indígenas no se pueden negociar
Este lunes, 5 de agosto, una sala de conciliación convocada por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil discutirá la validez de la Ley 14.701, que legalizó la tesis del Marco Temporal. Para la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), la cámara pretende negociar los derechos indígenas, por lo que la Apib ha convocado movilizaciones en su contra en todo el país.
“El derecho al territorio tradicionalmente ocupado es un derecho originario garantizado por la Constitución Federal de 1988 y no puede ser negociado. Necesitamos garantizar que las Tierras Indígenas sean demarcadas y protegidas para combatir el cambio climático”, afirma Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de Apib.
En la reunión de conciliación en el STF participarán miembros del Congreso Nacional, del Gobierno Federal, gobernadores, alcaldes y seis representantes de Apib. Esta distribución de cupos ignora el hecho de que Apib está formada por siete organizaciones regionales que, en conjunto, representan a más de 300 pueblos indígenas de Brasil.
La creación de la cámara de conciliación fue ordenada por el juez Gilmar Mendes. Maurício Terena, abogado indígena, explica que la creación de la cámara debería haberse discutido en el pleno del Supremo, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de Apib, recuerda que el STF ya declaró inconstitucional la tesis del Marco Temporal. “Esta decisión del juez Gilmar Mendes va en contra de la Constitución y del propio Supremo. Queremos que nos escuchen y que no pongan nuestras vidas sobre la mesa para negociar”, afirma Dinamam.
Reclamaciones ante el Tribunal Supremo
En la Corte, Apib presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) y solicitó que la Ley de Genocidio Indígena, como fue bautizada la Ley 14.701 por el movimiento indígena, sea suspendida hasta que la ADI sea apreciada por la Corte. Otra acción legal de Apib pide que todos los casos relacionados con el Marco Temporal tengan como relator al juez Edson Fachin.
Mientras el debate sobre el plazo sigue siendo incierto, los pueblos indígenas se enfrentan a una escalada de violencia. Según el informe “Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil”, del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), 208 indígenas fueron asesinados en 2023, el segundo peor resultado desde 2014. La cifra representa un aumento del 15,5% en comparación con 2022 (durante el gobierno de Bolsonaro) y contrasta con la reducción del 3,4% en el total de homicidios registrados en el país el año pasado.
Los biomas de Brasil también están sufriendo la violencia causada por el Marco Temporal, ya que los pueblos indígenas son los principales guardianes del medio ambiente. En 2023, la media de deforestación en Brasil era de 5.013 hectáreas al día, registrándose más de la mitad en el Cerrado, seguido de la Amazonia con 1.245 hectáreas de deforestación al día. Los datos proceden del Informe Anual sobre la Deforestación en Brasil de Map Biomas.
Antecedentes
El Marco Temporal argumenta que los pueblos indígenas sólo tienen derecho a la demarcación de sus tierras si las ocupaban el 5 de octubre de 1988. Esta tesis hace caso omiso de la historia de violencia que enfrentan los pueblos indígenas, que hizo imposible que muchos pueblos estuvieran en sus territorios en esa fecha exacta.
A pesar de haber sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema, el año pasado la tesis fue transformada en legislación por la Ley 14.701. Además del Marco Temporal, otros siete crímenes contra los pueblos indígenas han sido legalizados por esta ley y serán discutidos en la cámara de conciliación:
- Demarcación de tierras indígenas con la participación de estados y municipios;
- Cooperación entre indígenas y no indígenas para explorar actividades económicas;
- Las demarcaciones pueden ser impugnadas en cualquier momento;
- Los derechos exclusivos de usufructo no pueden prevalecer sobre las políticas de defensa y soberanía nacionales;
- La invasión de tierras indígenas puede ser considerada de buena fe con derecho a indemnización;
- Prohibición de solicitudes de revisión de la superficie de tierras indígenas ya demarcadas;
- Incertidumbre jurídica en los procesos de demarcación en curso.