15/May/2020
La Madre Tierra enfrenta días oscuros. El mundo atraviesa su mayor crisis social, económica y política como consecuencia de la pandemia COVID-19 que afecta solo a los seres humanos, colocando a la humanidad en una profunda reflexión y resistencia para la preservación de la vida. Los pueblos indígenas, así como los blancos, también sufrimos y somos víctimas de este virus que ya se ha cobrado miles de vidas en el planeta.
Es hora de reflexionar sobre la forma de vida que ejercimos hasta hoy, porque las diversas crisis ambientales como el calentamiento global y la fuerte deforestación fueron el presagio de lo que estamos experimentando hoy, fueron las advertencias de la madre tierra de que nuestra forma de vida debe ser repensada y por ahora, debemos ejercer solidaridad en consecuencia.
Para Brasil y el mundo, esta guerra viral puede incluso ser nueva, pero no para los pueblos indígenas. Ya lo sabemos porque fuimos víctimas de estas enfermedades, utilizadas como estrategias en medio de la invasión de Brasil para exterminar a nuestros pueblos, nuestra identidad y nuestra forma de vida.
En Brasil estamos atravesando días difíciles, de gran tristeza y diversas crisis. Ya hay más de 10 mil vidas, incluidas 64 víctimas fatales indígenas, cuyas historias fueron cortadas debido al profundo descuido y la ausencia de políticas públicas capaces de garantizar el mantenimiento de las mismas.
No son solo números, son personas, son recuerdos e historias de los pueblos Apurinã, Atikum, Baniwa, Baré, Borari, Fulni-ô, Galiby Kalinã, Guarani, Hixkaryana, Huni Kuin, Jenipapo Kanidé, Kariri Xocó, Kaingang, Karipuna, Kokama, Macuxi, Mura, Munduruku, Pandareo Zoro, Pankararu, Palikur, Pipipã, Sateré Maué, Tariano, Tembé, Tikuna, Tukano, Tupinambá, Tupiniquim, Warao y Yanomami, ¡todos afectados por la pandemia!
La crisis política en curso en Brasil, además de acentuar las sombras en nuestro sistema democrático, muestra la cara cruel del fascismo en marcha, dividiendo al país en dos polos; los que defienden vidas; y el lado desafortunado de aquellos que defienden solo el sistema económico, el latifundio, el acaparamiento de tierras que son las bases históricas del racismo y que proporcionan desigualdades sociales y económicas.
Este ala responsable de la propagación del fascismo y el autoritarismo en curso en Brasil, que defiende solo a las élites genocidas, revela su racismo institucional. Para hacerlo, utilizan la estrategia de subregistro para minimizar los impactos de esta crisis de salud que afecta fuertemente a las poblaciones indígenas y al pueblo brasileño.
Existen diversas burocracias establecidas para cuestionar la autodeclaración de los pueblos en casos como el de los kokama de la región amazónica, a quienes se les preguntó si en realidad eran indígenas, exigiendo la presentación de su RANI, es decir, la identidad de los pueblos indígenas. Además de otras personas a las que se les ha negado el acceso a canastas de alimentos básicos, como los Kaingang, que al solicitar esos beneficios, recibieron como respuesta que tenían que demostrar no solo su necesidad real sino también su identidad como pueblo, comprometiendo su seguridad alimentaria y su aislamiento social.
Está claro que el Estado brasileño crea barreras para evitar que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas y que promueve deliberadamente una política de higiene social a través de su táctica de subregistro.
La inanición de la Sesai, promovida deliberadamente por el gobierno de Bolsonaro con su desmantelamiento gradual, sólo refuerza su rostro higienista y genocida. Desde su inicio, ha habido un claro intento de eliminar la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) y el modelo para contratar profesionales de salud indígena, así como de debilitar el control social con la clausura del Foro de Presidentes de los Consejos Distritales de Salud Indígena ( Condisi) y los recortes presupuestarios. En otras palabras, medidas que expresan la determinación de desmantelar la política de salud indígena diferenciada.
Hay más de 30 grupos étnicos afectados por víctimas fatales de los covid-19 en todo el territorio nacional, entre los cuales, la mayoría son ancianos que son nuestros tesoros vivos, nuestra fuente de mantenimiento ancestral y cultural.
La actitud de suspender la demarcación de las tierras indígenas, el debilitamiento de las atribuciones constitucionales de FUNAI por medio del IN 09/2020, la militarización bajo el mando de los organismos de control ambiental a través del Decreto 10.341 / 2020, los ataques a la Mata Atlántica promovidos por el Ministro de Medio Ambiente, el avance de la minería ilegal y las acciones de las milicias rurales que causan incendios e invasiones ilegales en la Amazonía, estimulados por este gobierno, son factores que contribuyen directamente a la fragilidad en los territorios indígenas y son responsables de la intensificación de los conflictos por la tierra en el país. Estas medidas aumentaron la deforestación en la Amazonía y dejaron vulnerable nuestra biodiversidad en todo el país.
Hay varias dificultades que deben considerarse en la lucha contra el COVID-19: escasez de agua potable en los territorios indígenas para garantizar las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud; transporte para los casos más graves debido al contagio por COVID-19; desplazamiento a zonas urbanas para recibir ayuda de emergencia; respeto a las recomendaciones de salud de las agencias al tratar con los pueblos indígenas; recepción adecuada y otros …
Hay muchos desafíos ante la enorme crisis humanitaria y de la civilización. Con este fin, nos mantenemos firmes, así como nuestros antepasados, que desde hace más de 520 años resisten luchando ya sea por el derecho al territorio, a superar las imposiciones de la dictadura, o bien como en otras epidemias, ante las balas del latifundio y el intento diuturno de hacer que nuestras culturas y modo de vida sean invisibles.
En tiempos de pandemia, la lucha colectiva y la solidaridad que se ha reavivado en el mundo solo se completará con los pueblos indígenas, ya que la cura no solo estará en el principio activo, sino en la activación de nuestros principios humanos.
Articulación de pueblos indígenas de Brasil, (APIB).
Brasil, 9 de mayo de 2020.
04/May/2020
Nosotros, los pueblos indígenas, organizaciones y líderes indígenas de todas las regiones del Brasil, al no poder reunirnos personalmente en la Gran Asamblea Nacional – el Campamento Tierra Libre – que celebramos desde hace 16 años en la capital federal – debido a la necesidad de aislamiento social impuesta por el nuevo coronavirus, la pandemia Covid-19, hemos celebrado la ATL de manera virtual, con una gran cantidad de discusiones, debates, seminarios, testimonios y “lives” a lo largo de esta semana. Resistiendo durante 520 años frente a todo tipo de invasiones, que además de la violencia física, del trabajo forzado, el despilfarro y la usurpación de nuestros territorios, utilizaron las enfermedades como principal arma biológica para exterminarnos, actualmente atacados por el peor virus de nuestra historia – el Gobierno de Bolsonaro, venimos hacer una manifestación pública.
Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional que nosotros, los pueblos indígenas de Brasil, más de 305 pueblos, que hablamos 274 lenguas diferentes, estamos en el punto de mira y somos víctimas de un proyecto genocida del actual gobierno de Jair Messias Bolsonaro, que nos ha elegido como uno de sus objetivos prioritarios desde el inicio de su mandato, diciendo que no demarcará más centímetros de tierra indígena, y que las demarcaciones realizadas hasta entonces se habrán forjado, y por lo tanto serán revisadas.
Bolsonaro, tan pronto como asumió el cargo, dictó la medida provisional 870/19, en la que determinó el desmembramiento de la Fundación Nacional del Indio – FUNAI y sus atribuciones, pasando la parte de la concesión de licencias ambientales y la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, comandado por la bancada ruralista, enemiga de nuestros pueblos, en la persona de la ministra granjera Teresa Cristina, la “musa del veneno”. Se necesitó una gran movilización de nuestra parte y de nuestros aliados para que el Congreso Nacional rechazara este dispositivo administrativo.
Bolsonaro desmanteló, por un lado, las políticas públicas y los organismos que hasta entonces, aunque de forma precaria, servían a nuestros pueblos, dotándolos con el nombramiento de personas supuestamente anti indígenas, como el presidente de la Fundación Nacional del Indio, el delegado Marcelo Augusto Xavier da Silva. Él, ex asesor de los campesinos de la CPI de FUNAI /INCRA, que incriminó a servidores públicos, líderes indígenas, indigenistas y fiscales, publicó en el Diario Oficial de la Unión, el 22 de abril, la Instrucción Normativa Nº 09, que “dispone la aplicación, disciplina y análisis para la emisión de la declaración de reconocimiento de límites en relación con las propiedades privadas en tierras indígenas”. La medida va en contra del deber institucional del organismo indígena de proteger los derechos y territorios de los pueblos indígenas, ya que quiere legitimar y permitir la emisión de títulos de propiedad a los invasores de las tierras indígenas. Además de esta determinación del presidente de la FUNAI, la decisión de revisar o anular los procedimientos administrativos para la demarcación de las tierras indígenas, como el Tekoha Guasu Guavirá, en los municipios de Guaíra y Terra Roxa (PR), del pueblo Avá-Guaraní, la sustitución o invalidación de los Grupos de Trabajo para la identificación y delimitación, la desarticulación o desconfiguración de las Direcciones del cuerpo indígena, la persecución moral de los servidores, el mantenimiento de políticas públicas sólo para las tierras aprobadas y, en la situación actual, la irresponsabilidad de no dotar, incluso financieramente, las coordinaciones regionales y los equipos de base para proteger a nuestros pueblos y territorios de los avances de la pandemia del Coronavirus, además de dirigir la entrada de pastores fundamentalistas en los territorios indígenas.
Así, este gobierno, sometido a los intereses económicos nacionales y al capital internacional, quiere restringir nuestros derechos, principalmente territoriales, fomentando el avance de prácticas ilegales en nuestras tierras, tales como: garimpo (minería ilegal), la deforestación, la explotación forestal, la ganadería, el monocultivo y la ocupación ilegal de tierras, que se legalizará a través de la MP 910/19, en trámite en el Congreso Nacional, así como la gran minería y diversas empresas de infraestructura como hidroeléctricas, líneas de transmisión y carreteras. Todo esto en un claro intento de transformar las tierras públicas en mercancía.
Todos estos actos ilícitos e inconstitucionales constituyen un proyecto de muerte para nuestros pueblos. Implican la destrucción de nuestros bosques, nuestros ríos, la biodiversidad, nuestras fuentes de vida, en definitiva, la Naturaleza, la Madre Tierra; un patrimonio que ha sido preservado durante miles de años por nuestros pueblos y que aún hoy contribuye estratégicamente a la preservación del equilibrio ecológico y climático y al bienestar de la humanidad, prestando importantes servicios ambientales al planeta.
Es este patrimonio el que los ruralistas, la agroindustria y las corporaciones internacionales quieren robarnos, mediante la restricción o supresión de nuestros derechos constitucionales, alegando que nuestros derechos originales, y nuestra propia existencia, son un obstáculo para sus emprendimientos y planes de supuesto desarrollo. De esta manera tratan de revertir la base jurídica, nacional e internacional, de nuestros derechos, a través de medidas como la Ley (Sentencia/Parecer) 01/17, con la tesis del marco temporal, que quiere limitar nuestro derecho a las tierras que tradicionalmente ocupábamos el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Carta Magna, que de hecho apenas vino a reconocer un derecho que ya era nuestro de origen, antes, por lo tanto, de la invasión colonial y del surgimiento del Estado nacional brasileño.
Nuestro exterminio parece ser una cuestión de honor para el gobierno bolsonaro, que, aprovechándose de la crisis de la pandemia, ha agravado el abandono de nuestros pueblos. Así, también ha puesto fin a las políticas públicas diferenciadas logradas por nosotros en los últimos 30 años en el ámbito de la educación, las alternativas económicas, el medio ambiente y especialmente la salud. Después de la intención de municipalizar o privatizar el subsistema de salud indígena, con el fin de la SESAI, con la propagación del coronavirus en nuestros territorios quedó claro que el gobierno realmente quiere nuestra extinción: no nos protege de los invasores, permitiéndoles contaminar nuestras comunidades, lo que puede llevar a una extinción masiva, empezando por nuestros ancianos, fuentes de tradición y sabiduría para nuestros pueblos, especialmente para las nuevas generaciones. Y como si eso no fuera suficiente, el gobierno estimula el acoso y la violencia de los intereses privados sobre nuestros bienes naturales y territorios sagrados. La reciente dimisión del director de inspección del IBAMA después de las acciones de represión contra el garimpo en Tis, en el sur de Pará, es muy reveladora de las intenciones del actual gobierno.
Frente a esta institucionalización del genocidio por el gobierno de Bolsonaro, alertamos a la sociedad nacional e internacional, exigiendo:
1. La demarcación, regularización, inspección y protección inmediatas de todas las tierras indígenas;
2. La revocación del Parecer (la ley) 001/17 del Abogado General de la Unión;
3. La retirada de todos los invasores de las tierras indígenas – garimpeiros (mineros ilegales), ladrones de tierra, taladores, agricultores – dado que son agentes que destruyen nuestros recursos naturales y nuestras culturas y especialmente, en este momento, propagan enfermedades y COVID-19; constituyendo un grave riesgo para todos los pueblos, especialmente para los pueblos indígenas voluntariamente aislados;
4. La adopción de medidas que restrinjan el acceso de extraños en las comunidades indígenas, entre ellos mineros, comerciantes, taladores, así como el proselitismo de grupos religiosos fundamentalistas que propagan en las tierras indígenas la demonización de los modos de vida, las espiritualidades, los conocimientos y las formas tradicionales de tratar las enfermedades;
5. La aplicación de medidas encaminadas a garantizar el saneamiento básico, el agua potable, la vivienda adecuada y otros equipos que aseguren una buena infraestructura sanitaria en las comunidades;
6. La adopción de medidas que aseguren el buen estado nutricional de todas las comunidades indígenas y la garantía de un plan permanente de seguridad y soberanía alimentaria para nuestros pueblos y comunidades;
7. La viabilidad del ingreso y permanencia de los equipos de salud en las zonas, asegurando así que las acciones para prevenir y proteger la pandemia sean efectivas y continuas;
8. La infraestructura y logística adecuadas para los equipos de salud, asignándoles todo el equipo necesario para el desarrollo de las acciones de protección y prevención contra las enfermedades, como medicamentos, sueros, guantes, máscaras, transporte, combustible;
9. La garantía de que existen, además de en las comunidades – en los municipios y las capitales- hospitales de referencia para el servicio de mediana y alta complejidad, donde se pueden realizar exámenes clínicos y promover una hospitalización adecuada para el tratamiento de los pacientes de COVID-19 y otras enfermedades;
10. La asignación de recursos financieros para la adquisición de materiales de protección para todas las personas de las comunidades indígenas, como agua limpia, jabón, agua sanitaria, gel de alcohol, guantes y máscaras, y que también haya una orientación adecuada para las personas sobre el uso de estos materiales en este período de pandemia;
11. La capacitación de agentes indígenas de salud, de agentes sanitarios y ambientales, de matronas y de todos los que trabajan en el área de la salud, dentro de las comunidades, con miras a la protección y prevención del COVID-19;
12. La contratación inmediata de profesionales de la salud -médicos, enfermeros, técnicos de enfermería, epidemiólogos- para trabajar en las zonas indígenas, componiendo y ampliando los actuales equipos de salud;
13. La contratación inmediata de testes para la realización de exámenes de COVID-19 en todas las comunidades, en el mayor número de personas posible, a fin de obtener un diagnóstico eficaz de la situación actual de la pandemia en las tierras indígenas y mejorar las medidas relativas a su prevención, control y tratamiento;
14. Se debe poner fin a la falta de notificación de los pueblos indígenas, ya que se deben notificar todas las denuncias de los pueblos indígenas, en su conjunto, independientemente de que se encuentren en tierras indígenas regularizadas o no, incluso si viven en zonas urbanas. Que el Ministerio de Salud y el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública se aseguren de que el Boletín Epidemiológico Covid-19 incluya todos los casos de contaminación y muertes de todos los indígenas, incluso para apoyar la inclusión de datos para orientar la política pública;
15. La conformación de un Comité Interinstitucional de Crisis, con plazas garantizadas para los pueblos indígenas, nombrado por la APIB, para la definición de estrategias de protección de los pueblos indígenas, con el fin de realizar un seguimiento conjunto de las acciones de protección territorial, seguridad alimentaria, ayudas y beneficios, recursos y protocolos contra la contaminación, para todos los pueblos indígenas. Este Comité no se debe confundir con el Comité Nacional de Crisis, en el que sólo participa la Secretaría Especial de Salud Indígena, y excluye la atención a los indígenas fuera de las tierras indígenas;
16. Que se incorporen la FUNAI y la SESAI, así como las Coordinaciones Regionales de la FUNAI (CDR) y los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEIs) a los Centros Operativos de Emergencia de Salud Pública a nivel nacional, estatal y municipal;
17. Que el Congreso Nacional archive todas las iniciativas legislativas presentadas por la bancada ruralista y otros segmentos del capital para restringir o suprimir los derechos fundamentales de nuestros pueblos, especialmente el derecho original a las tierras que tradicionalmente ocupamos;
18 Que el Poder Judicial suspenda todas las propuestas de recuperación presentadas por los invasores, supuestos propietarios o empresarios, contra los pueblos indígenas que hayan tomado la determinación de recuperar sus tierras tradicionales;
19. Que el Supremo Tribunal Federal juzgue cuanto antes el Recurso Extraordinario – RE nº 1017365, con carácter de Repercusión General, para consagrar, de forma definitiva y plena, el Indigenato, el derecho original, congénito de ocupación tradicional de nuestras tierras y territorios, para corregir la trayectoria de agresión contra los pueblos indígenas de Brasil.
20. Que el gobierno de Bolsonaro suspenda la ejecución de cualquier obra de infraestructura (centrales hidroeléctricas, carreteras, etc.) o de obras agroindustriales que puedan impactar en nuestros territorios, ya que éstas proporcionan la presencia de no indígenas, potenciales agentes de propagación del Coronavirus y otras enfermedades perniciosas para nuestros pueblos y comunidades.
21. Por último, exigimos la derogación de la Instrucción Normativa 09, de 16 de abril de 2020, publicada por el presidente de la FUNAI, en la edición del 22 de abril del Boletín Oficial de la Unión (DOU), que permite, de manera ilegal e inconstitucional, la transferencia de títulos de propiedad de tierras a personas dentro de las áreas indígenas protegidas por la legislación brasileña. Y que el Congreso Nacional archive la Medida Provisional 910/19, que intenta legalizar el acto criminal de la ocupación ilegal en nuestros territorios, Unidades de Conservación y otros territorios de comunidades tradicionales.
A nuestros pueblos y organizaciones les decimos: resistan siempre, con la sabiduría que recibimos de nuestros antepasados, por las generaciones presentes y futuras de nuestros pueblos. Y que se intensifique la solidaridad nacional e internacional, en este momento de muerte, fortalecido por la indiferencia del gobierno bolsonaro, y al mismo tiempo de gestación de un nuevo tiempo para nuestros pueblos, la sociedad brasileña y la humanidad entera.
Por el derecho a Vivir. Sangre Indígena, ninguna gota más.
Brasil, 30 de abril de 2020.
XVI Campamento Tierra Libre 2020
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Comisión de los Pueblos Indígenas de Brasil)
Mobilização Nacional Indígena (Movilización Nacional Indígena)
22/Mar/2020
El momento es serio.
La humanidad enfrentará sus peores momentos desde la Segunda Guerra Mundial. Las epidemias son terribles para la sociedad, pero sabemos que para los pueblos indígenas el impacto es aún mayor. La gripe, la viruela y el sarampión fueron algunas de las enfermedades introducidas en nuestros territorios por personas no indígenas y que exterminaron a muchos de nuestros antepasados.
El coronavirus es otra de esas amenazas. Es necesario tener una mirada dirigida a nuestros pueblos con el aumento de esta pandemia mundial. ¡Los efectos para nosotros pueden ser devastadores! Nuestra forma de vida comunitaria puede facilitar la rápida propagación del virus en nuestros territorios si somos infectados.
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20/Mar/2020
Sin lugar a dudas, los pueblos indígenas somos uno de los segmentos más expuestos a una situación de vulnerabilidad frente a la actual pandemia de coronavirus COVID-19. A lo largo de la historia, hemos sido víctimas de sucesivos invasores, no sólo por el uso de violencia física, armas de fuego o trabajo forzado, sino también por las enfermedades que nos han transmitido y transmiten, como la gripe, la viruela y el sarampión, incluso en el siglo XX especialmente durante el régimen de dictadura militar.
Actualmente sufrimos enfermedades externas: enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades gastrointestinales, renales, de transmisión sexual y respiratorias. El coronavirus es otra de estas amenazas, otra plaga producida por la acumulación capitalista, que por lo tanto es de origen político y económico y que ahora se convierte en una crisis de salud pública.
No podemos pagar por problemas no relacionados con nuestra forma de vida. Por el contrario, corresponde al Estado proporcionar medidas para aliviar su deuda acumulada hasta la fecha con nuestros pueblos y comunidades.
De esta manera, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), hacemos de público conocimiento nuestra exigencia al Gobierno actual para que implemente un plan de acción de emergencia, que incluya, entre otras, las siguientes medidas:
• Garantizar la protección de nuestros territorios, independientemente de la fase de regularización en la que se encuentren.Principalmente los territorios de los pueblos indígenas aislados y recientemente contactados.
• Restringir la presencia de invasores en territorios indígenas, como ocupantes ilegales, mineros, madereros y otros que practican actividades no reglamentadas en estos territorios.
• Suspender cualquier intento de desalojo en las retomadas: territorios tradicionales de nuestros pueblos ocupados con el objetivo de garantizar su derecho original, posesión y usufructo exclusivos.
• Fortalecer, con una asignación presupuestaria adicional, el subsistema de salud indígena, es decir, la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), los Distritos Especiales de Salud Indígena (DSEI) y las Casas de Salud Indígena (CASAI), en el actual contexto de la pandemia de coronavirus debido al aumento de demanda y sobreocupación.
• Evitar el acceso a los territorios indígenas de personas que no están autorizadas o vinculadas a servicios básicos de asistencia, como turistas y otras personas con diferentes propósitos no autorizados por nuestros líderes.
• Mejorar el subsistema con medidas de prevención y atención para evitar riesgos de contaminación por coronavirus en las aldeas, especialmente en aquellas cercanas a centros urbanos o en momentos de asistencia hospitalaria necesaria. Cualquier plan de contingencia debe ser ampliamente discutido con los órganos representativos de nuestros pueblos.
• Revocar inmediatamente la Ordenanza Funai No. 419 / PRES., Del 17 de marzo de 2020, según lo recomendado por el Consejo Nacional de Salud (CNS) y el 6to. Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público Federal / PGR. La Ordenanza FUNAI, principalmente en su artículo 4, elimina de la Coordinación General de Indios Aislados la responsabilidad de proteger a estos pueblos, transfiriéndola a las coordinaciones regionales del órgano indígena. Las coordinaciones regionales no tienen personal calificado y condiciones estructurales para tal misión específica. Para APIB, esta decisión que elude toda la legislación nacional específica (Constitución Federal, Estatuto del Indio, Reglamento Interno de Funai, determinaciones del Ministerio de Salud y SESAI) e internacional (Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y OMS), constituye un acto de irresponsabilidad, ya que representa un mayor riesgo para la integridad de los pueblos aislados y de contacto reciente. La decisión sólo puede justificarse debido a intereses inexplicables, que nuestra organización ya ha informado en otras ocasiones.
Finalmente, en ausencia de la voluntad política del gobierno actual de desarrollar un plan de contingencia para brotes y epidemias considerando las especificidades de nuestros pueblos, su forma de vida comunitaria, que puede facilitar la rápida propagación del Coronavirus, requerimos que las organizaciones internacionales, principalmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPAS), pongan a disposición las unidades de salud para indígenas de forma urgente. Es por el bienestar de nuestros ancianos, custodios de sabiduría y tradición, como por el bien de nuestros hijos y futuras generaciones, que exigimos respeto por la atención médica específica y diferenciada, conquistada por los pueblos indígenas en la Constitución de 1988.
12/Feb/2020
Las organizaciones abajo firmantes –, indígenas, defensores de indígenas, socioambientalistas y defensores de derechos humanos– que conforman la Movilización Nacional Indígena (MNI) vienen a expresar un rechazo vehemente al Proyecto de Ley No. 191/20, enviado por el Presidente de la República, Sr. Jair Bolsonaro. , el 6 de febrero de este año, cuyo objetivo es regular la búsqueda y explotación de recursos minerales, minería artesanal, extracción de hidrocarburos, así como el uso de recursos hídricos para generar electricidad en tierras indígenas. El PL materializa el “sueño” del presidente, quien desde su toma de posesión defiende la explotación económica de los territorios indígenas y la pesadilla para los pueblos indígenas.
Una vez más, Bolsonaro reitera su política irrespetuosa con el Estado de derecho democrático, los derechos humanos, la Constitución federal y los tratados internacionales que reconocen los derechos indígenas. El proyecto de ley 191/20, enviado a la Cámara Federal, propone la liberación de territorios indígenas para la explotación de minerales, recursos hídricos e incluso agricultura, cuando la Constitución brasileña establece como principio que el gobierno federal tiene el deber de proteger los territorios indígenas.
Es flagrante la intención del Presidente de la República y sus partidarios de abrir las tierras indígenas a grupos económicos nacionales e internacionales. Es un proyecto de muerte para los pueblos indígenas, que vendrá en forma de desfiguración de sus territorios, violación de sus derechos y pérdida de su autonomía, logrados en la Constitución brasileña y en los tratados internacionales. El proyecto de ley es un camino sin retorno al derecho de usufructo exclusivo de los pueblos indígenas sobre su territorio.
El proyecto también propone el retorno a la tutela, cuando elimina falazmente el poder de veto de los pueblos indígenas en relación con la explotación de sus territorios, sometiéndose a la aprobación del propio Presidente de la República, después de una consulta meramente protocolar para confirmar el emprendimiento. También propone que la administración de los recursos financieros será responsabilidad de un consejo curatorial que estará compuesto unicamente por tres indígenas y que podrá definir las asociaciones que representen legítimamente a las comunidades indígenas afectadas.
P.L.191 / 20 es totalmente usurpador, autoritario, neocolonialista, violento, racista y genocida, especialmente con respecto a los pueblos indígenas aislados voluntariamente y recientemente contactados. El PL retoma una perspectiva etnocida y genocida contra los pueblos indígenas, contrariamente a lo que defiende la Constitución Federal en sus artículos 231 y 232, y tratados internacionales, ya que, además de proponer la destrucción de las políticas de protección, desvirtua los territorios ya regularizados y señala la no demarcación de nuevos territorios.
Expresamos nuestro repudio y desacuerdo con el proyecto de ley referido y sus impactos impredecibles. Nos unimos a la lucha de los pueblos indígenas de Brasil, en el apoyo irrestricto a sus derechos originales.
Brasilia, 10 de febrero de 2020
Firman:
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB
Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espirito Santo – APOINME
Articulação dos Povos Indígenas do Sul – ARPINSUL
Associação Floresta Protegida
Associação Indígena Moratu do Xingu – AIMIX
Aty Guasú
Centro de Trabalho Indigenista – CTI
Comissão Guarani Yvyrupa
Comitê Nacional de Defesa dos Territórios Frente a Mineração – CNDTFM
Conselho das Aldeias Wajãpi – Apina
Conselho Indigenista Missionário – CIMI
Conselho Terena
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB
Indigenistas Associados – INA
Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC
Instituto Internacional de Educação no Brasil – IIEB
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena – IEPÉ
Instituto Socioambiental – ISA
Operação Amazônia Nativa – OPAN
Rede de Cooperação Amazônica – RCA
Greenpeace Brasil
Instituto, Sociedade, População e Natureza – ISPN,
Movimento dos Atingidos pela Mineração – MAM
06/Feb/2020
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) se dirige al público para expresar su vehemente rechazo de las manifestaciones de odio y racismo visceral que el gobierno Bolsonaro, desde su primer día de gobierno, ha expresado rutinariamente y públicamente contra los pueblos, organizaciones y líderes indígenas de Brasil, en los últimos días materializadas en el anuncio de un proyecto de ley que tiene como objetivo definir
“condiciones específicas para la investigación y extracción de recursos minerales, incluido la minería artesanal, el petróleo y el gas, y la generación de energía hidroeléctrica en tierras indígenas”, anuncio maquillado de falsas buenas intenciones y retóricas que inducen la cooptación y división de los pueblos, tergiversando el real sentido de autonomía, para en realidad autorizar también la invasión de territorios indígenas por medio de otros emprendimientos como la agricultura extensiva, la ganadería y otras industrias depredadoras.
La vil declaración de que “el indio es un ser humano como nosotros. Tiene corazón, tiene sentimiento, tiene alma, tiene deseo, tiene necesidades … ”, repite el etnocentrismo de los invasores europeos, que hace más de 500 años masacraron a millones de nuestros hermanos, una práctica que hoy en día constituye un crimen racial capital.
El “sueño” del gobierno Bolsonaro es en realidad la voluntad de servir a los intereses económicos que impulsaron su candidatura y que sustentan su gobierno, a pesar de que esto implique un total incumplimiento de la legislación nacional e internacional que garantiza nuestros derechos fundamentales, nuestro derecho original, congénito, de ocupación tradicional de nuestras tierras y territorios, nuestro derecho de posesión y usufructo, y nuestro derecho a consulta, consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier medida administrativa y legislativa que nos afecte.
Hay que decir que, la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas en Brasil no comparten los deseos de una minoría de personas indígenas que se engañan y se doblegan ante las malas intenciones camufladas de este gobierno.
La APIB, por lo tanto, denuncia la manipulación que el Gobierno Bolsonaro hace de nuestro derecho a la autonomía y repudia este proyecto de muerte que, a todo costo, quiere implementar en territorios indígenas, con impactos irreversibles, especialmente en pueblos indígenas aislados y recientemente contactados, y llama a toda su base y movimientos, organizaciones y segmentos solidarios de la sociedad nacional e internacional a unirse a nosotros en esta batalla por la vida y el buen-vivir no solo de los pueblos indígenas sino de toda la humanidad y del planeta.
Brasilia – DF, 6 de febrero de 2020.
Articulación de pueblos indígenas en Brasil – APIB
09/Dic/2019
Madrid, 9 de Dezembro de 2019 – A principios de este año, llamamos una campaña nacional, el Enero Rojo. Con el lema Sangre indígena: Ni una gota más, denunciamos el comienzo de la ofensiva del presidente Jair Bolsonaro, que intentaba someter las políticas indígenas históricas del Estado brasileño al interés más perjudicial del lobby económico de los agronegocios, así como difundir permanentemente el discurso de odio y prejuicio contra los pueblos indígenas de Brasil.
El sábado pasado, 7 de diciembre, otros dos líderes indígenas fueron asesinados: Firmino Silvino Prexede Guajajara, jefe de las aldeas Silvino (Tierra Indígena Cana Brava), y Raimundo Guajajara, jefe de la aldea Descendência Severino (TI Lagoa Comprida), ambos de Maranhão, un estado que hace 35 días también sufrió el asesinato de Paulo Paulino Guajajara, quien actuó como guardián del bosque.
Estos crímenes reflejan la escalada del odio y la barbarie incitada por el malvado gobierno de Jair Bolsonaro, que continúa atacándonos diariamente, negando nuestro derecho a existir e incitando la enfermedad histórica del racismo que el pueblo brasileño aún sufre.
Estamos a la deriva sin la protección del Estado brasileño, cuyo papel constitucional está siendo descuidado por las autoridades actuales. El gobierno federal es un gobierno al margen de la ley, criminal en su práctica política, y opera de manera genocida para expulsarnos de nuestros territorios, destrozando nuestra cultura, desangrando nuestras raíces.
El clima de tensión, inseguridad y persecución contra los pueblos indígenas de Brasil solo aumenta. Estamos siendo atacados, diezmados y criminalizados. Un ataque a la vida indígena es un ataque a la humanidad ya que somos, los pueblos indígenas de todo el mundo, los defensores del 82% de toda la biodiversidad global. En Brasil somos casi un millón de indígenas. Preservamos el 13% de los ecosistemas brasileños. Estamos en todo el país. Somos la cultura más rica del planeta, representada por 305 personas y 274 idiomas, así como más de 180 personas de referencia en aislamiento voluntario. **
Se habla mucho sobre la lucha contra el cambio climático, pero debemos entender que nuestra supervivencia es una garantía de preservación de lo que más importa para el futuro de la humanidad. La Madre Tierra no puede soportar este modelo económico depredador por otros 50 años. Sabemos que estamos en peligro y no queda tiempo.
¡Exigimos que se tomen medidas de inmediato y que se haga cumplir la justicia! Exigimos que las autoridades competentes aclaren los hechos castigando rigurosamente a estos delincuentes para que la sensación de impunidad ya no motive acciones criminales contra nuestro pueblo, dañando brutalmente las vidas indígenas.
Aquí, en la COP 25, donde tenemos una delegación histórica de más de 20 indígenas de todo Brasil presente, exigimos que se respeten los derechos de los pueblos indígenas en la plena implementación del Acuerdo de París.
A los amigos y aliados de la sociedad civil de todo el mundo, también les pedimos ayuda. ¡Será el Diciembre Rojo! Hacemos un llamado a la movilización global en todas partes del mundo. Nuestra gente ya está ocupando la carretera BR 216 en el estado de Maranhão, en Brasil, en busca de justicia por todos estos asesinatos y necesitamos que todos se unan a esta lucha, que es una lucha colectiva.
Este será el Diciembre Rojo de la lucha de los pueblos indígenas y las personas del planeta por nuestro derecho a existir. Sangre indígena: Ni una gotas más.
05/Dic/2019
Las mujeres indígenas más diversos pueblos de Brasil hacen un llamado para que todos se unan a esta gran acción global por el clima y la vida en el planeta. Este viernes 6 de diciembre, los movimientos, activistas, ambientalistas, jóvenes y todos aquellos que luchan contra la comprensión de la emergencia climática marcharán juntos en la Marcha por el Clima que tiene lugar en Madrid durante la COP 25. Sea parte de eso, organice sus colectivos, llame a amigos, activistas y movimientos para manifestar en donde esté en ese viernes.
La ganancia está matando nuestras selvas, nuestros bosques, nuestros ríos; atacando nuestro derecho a ser y existir en nuestra diversidad. El mundo necesita otros modelos de desarrollo, ¡debemos detener esta matanza! ¡Las mujeres indígenas están a la vanguardia de esta lucha por la defensa de la madre tierra y el mantenimiento de sus formas de vida tradicionales! Únete tú también.
25/Ago/2019
O momento é urgente! O Brasil está em chamas e a Apib convida você para se somar à nossa luta. Apoie o movimento indígena do Brasil na sua luta cotidiana pela terra, pelos povos indígenas e pela vida no planeta. Doe. Compartilhe.
vaka.me/692433
21/Ago/2019
Brasilia – DF, Brasil, 09 a 14 de agosto de 2019
Si hieren nuestra existencia, seremos resistencia
Nosotras, 2,000 mujeres de más de 100 diferentes pueblos indígenas, representantes de todas las regiones de Brasil, reunidas en Brasilia (DF) entre el 10 al 14 de agosto de 2019, concebimos colectivamente ese gran encuentro marcado por la realización de nuestro 1° Foro y 1° Marcha de las Mujeres Indígenas, queremos decir al mundo que estamos en permanente proceso de lucha y defensa del “Territorio: nuestro cuerpo, nuestro espíritu”. Y para que nuestras voces produzcan eco en todo el mundo, reafirmamos nuestras demandas.
Como mujeres, líderes y guerreras, generadoras y protectoras de la vida, nos posicionamos y luchamos contra las agresiones y violaciones que enfrentan nuestros cuerpos, nuestros espíritus, nuestros territorios. Difundiendo nuestras semillas, nuestros rituales, nuestra lengua, garantizaremos nuestra existencia.
La Marcha de las mujeres indígenas fue pensada como un proceso, iniciado en 2015, de formación y empoderamiento de las mujeres indígenas. A lo largo de estos años dialogamos con mujeres de diversos movimientos y nos dimos cuenta que nuestro movimiento posee una especificidad que nos gustaría que fuese comprendida. El movimiento producido por nuestra danza de lucha, considera la necesidad del regreso a la complementariedad entre lo femenino y lo masculino, sin conferir una esencia para el hombre y para la mujer. El machismo es más una epidemia traída por los europeos. Así, lo que es considerado violencia por las mujeres no indígenas puede no ser considerado de la misma forma por nosotras. Eso no significa que cerraremos nuestros ojos a las violencias que reconocemos que acontecen en nuestras aldeas, pero que sí debemos de tener en cuenta, y el propósito es exactamente contrarrestar, problematizar y construir reflexiones críticas sobre las prácticas cotidianas y formas de organización política contemporáneas entre nosotras. Necesitamos dialogar y fortalecer la potencia de las mujeres indígenas, retomando nuestros valores y memorias matriarcales para poder avanzar en nuestras demandas sociales relacionadas a nuestros territorios.
Nos oponemos totalmente a las narrativas, a los propósitos, y a las acciones del actual gobierno, quien ha dejado clara su intención de exterminio de los pueblos indígenas, apuntando a la invasión y explotación genocida de nuestros territorios por el capital. Esa forma de gobernar es como arrancar un árbol de la tierra, dejando sus raíces expuestas hasta que se sequen. Nosotras estamos arraigadas a la tierra, pues es en ella que buscamos a nuestros ancestros y por ella que alimentamos nuestra vida. Por eso, el territorio no es para nosotras y nosotros un bien que puede ser vendido, intercambiado, explotado. El territorio es nuestra propia vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu.
Luchar por los derechos de nuestros territorios es luchar por nuestro derecho a la vida. La vida y el territorio son la misma cosa, pues la tierra nos da nuestro alimento, nuestra medicina tradicional, nuestra salud y nuestra dignidad. Perder nuestro territorio es perder a nuestra madre. Quien tiene territorio, tiene madre, tiene protección. Y quien tiene protección, tiene cura.
Cuando cuidamos nuestros territorios, lo que naturalmente ya es parte de nuestra cultura, estamos garantizando el bien de todo el planeta, pues cuidamos los bosques, el aire, los suelos. La mayor parte de la biodiversidad del mundo está bajo el cuidado de los pueblos indígenas y, así, contribuimos para sustentar la vida en la Tierra.
La libertad de expresión en nuestras propias lenguas, es también fundamental para nosotras. Muchas de nuestras lenguas siguen vivas. Han resistido las violencias coloniales que nos obligaron al uso de una lengua extranjera, y a la pérdida de nuestras propias formas de expresar nuestras vivencias. Nosotras mujeres tenemos un papel significativo en la transmisión de la fuerza de nuestros saberes ancestrales por medio de la transmisión de la lengua.
Queremos que sea respetada nuestra forma de ver, sentir, de ser y de vivir el territorio. Sepan que, para nosotras, la pérdida del territorio es una pérdida afectiva, nos trae una profunda tristeza, hiere nuestro espíritu. El sentimiento de violación de la tierra es como el de una madre que pierde a su hijo. Es desperdicio de la vida. Significa pérdida de respeto y de la cultura. Es una deshonra a nuestros antepasados, que fueron responsables por la creación de todo. Es una falta de respeto para aquellos y aquellas que murieron por defender la tierra. Es la pérdida de lo sagrado y del sentido de la vida misma.
Así, todo lo que ha defendiendo y realizado el actual gobierno agrede frontalmente esta forma de protección y cuidado de la Madre Tierra, aniquilando los derechos que, con mucha lucha, nosotras y nosotros conquistamos. La no demarcación de tierras indígenas, el estímulo para la liberación de la minería y de la renta de las tierras, la tentativa de flexibilizar las leyes de protección ambiental, el financiamiento de armamento en el campo, la destrucción de políticas indigenistas y ambientales, demuestran eso.
Nuestro deber como mujeres indígenas y como líderes, es fortalecer y valorar nuestro conocimiento tradicional, cuidar nuestros saberes, nuestra ancestralidad y cultura, conociendo y defendiendo nuestro derecho, honrando la memoria de las mujeres que vinieron antes que nosotras. Es saber luchar de nuestra manera para potencializar la práctica de nuestra espiritualidad, y rechazar todo lo que atenta contra nuestras existencias.
Por todo esto, y a partir de las redes que tejemos en este encuentro, nosotras le decimos al mundo que lucharemos incansablemente para:
1. Garantizar la demarcación de territorios indígenas, pues violar nuestra madre tierra es violentar a nuestro cuerpo y nuestra vida.
2. Asegurar nuestro derecho a la posesión plena de nuestros territorios, defendiéndolos y exigiendo al Estado brasileño que prohíba la explotación minera, que nos envenena con mercurio y otras sustancias tóxicas, la renta de tierras y la ambición del agronegocio y las invasiones ilegales que roban nuestros recursos naturales y los utilizan únicamente para lucrar, sin preocuparse por preservar la vida en el planeta;
3. Garantizar el derecho irrestricto a recibir servicios de salud específicos para nuestros pueblos, con el mantenimiento y la evaluación del Subsistema y de la Secretaria Especial de Salud Indígena (SESAI). Luchamos y seguiremos luchando por los servicios públicos ofrecidos por el Sistema Único de Salud (SUS) y por el mantenimiento y la evaluación de la Política Nacional de Atención a la Salud de nuestros pueblos, sea en nuestros territorios o en contextos urbanos.
No aceptamos la privatización, la municipalización o la estatalización de los servicios de salud de nuestros pueblos.
Luchamos y lucharemos para que la gestión de la SESAI sea ejercida por profesionales que reúnan las capacidades técnicas y políticas para comprender las especificidades implicadas en la prestación de servicios de salud de los pueblos indígenas. No basta tener a una indígena al frente de este organismo público. Es preciso garantizarnos una gestión sensible a todos los aspectos que nos son importantes en el ámbito de la salud, respetando nuestras prácticas tradicionales de promoción de la salud, nuestras medicinas tradicionales, nuestras parteras y nuestras formas de practicar los partos naturales, así como los saberes de nuestros líderes espirituales. Conforme a nuestras ciencias indígenas, la salud no proviene solamente de la prescripción de principios activos, la cura es resultado de interacciones subjetivas, emocionales, culturales y fundamentalmente espirituales.
4. Reivindicar al Supremo Tribunal Federal (STF), que no permita, ni legitime ninguna reinterpretación retrógrada y restrictiva del derecho originario sobre nuestras tierras tradicionales. Esperamos que, en el juicio del Recurso Extraordinario 1.017.365, relacionado al caso “Terra Indígena Ibirama Laklanõ do povo Xokleng” considerado de Repercusión General, el STF reafirme la interpretación de la Constitución brasileira de acuerdo con la tesis “do Indigenato” (Direito Originário) y que excluya definitivamente, cualquier posibilidad de bienvenida de la “tese do Fato Indígena” (Marco Temporal);
5. Exigir a todo el Poder Judicial que, en el ámbito de igualdad de todos ante la ley, haga valer nuestro derecho a la diferencia y, por tanto, nuestro derecho de acceso a la justica. Garantizar una sociedad justa y democrática significa asegurar el derecho a la diversidad, también previsto en la Constitución. Exigimos el respeto a los tratados internacionales firmados por Brasil, que incluyen, entre otros, el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las Convenciones de la Diversidad Cultural, Biológica y el Clima, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas;
6. Promover el incremento de la representatividad de las mujeres indígenas en los espacios políticos, dentro y fuera de las aldeas, y en todos los escenarios que sean importantes para la implementación de nuestros derechos. No basta reconocer nuestras narrativas, es preciso reconocer a las narradoras. Nuestros cuerpos y nuestros espíritus tienen que estar presentes en los espacios de decisión.
7. Combatir la discriminación de los indígenas en los espacios de decisión, especialmente de las mujeres, que son víctimas no sólo del racismo, sino también de machismo;
8. Defender el derecho de todos los seres humanos de una alimentación saludable, sin agrotóxicos, y nutrida por el espíritu de la madre tierra;
9. Asegurar el derecho a una educación diferenciada para nuestros niños y niñas y jóvenes, que sea de calidad y que respete nuestras lenguas y valore nuestras tradiciones. Exigimos la implementación de las 25 propuestas de la segunda “Conferência Nacional e dos territórios etnoeducacionais”, el restablecimiento de las condiciones y espacios institucionales, como la “Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena” en la estructura administrativa del Ministerio de la Educación para asegurar nuestra incidencia en la formulación de la política de educación escolar indígena y atendiendo nuestras demandas que involucran, la mejoría de la infraestructura de las escuelas indígenas, la formación y contratación de profesores indígenas, y la elaboración de material didáctico diferenciado o contextualizado culturalmente.
10. Garantizar una política pública indigenista que contribuya efectivamente para la promoción, el fomento, y la garantía nuestros derechos, que planeé, implemente y monitoree de forma participativa, en diálogo con nuestras organizaciones, acciones que consideren nuestras diversidades y las demandas prioritarias del Movimiento Indígena;
11. Reafirmar la necesidad de una legislación específica que combata la violencia contra la mujer indígena, contextualizada a la realidad de nuestros pueblos. Las políticas públicas necesitan ser guiadas en las especificidades, diversidades, y por el contexto social de cada pueblo, respetando nuestros conceptos de familia, educación, fases de la vida, trabajo y pobreza.
12. Dar seguimiento al empoderamiento de las mujeres indígenas por medio de la información, formación y sensibilización de nuestros derechos, garantizando el pleno acceso de las mujeres indígenas a la educación formal (nivel básico, medio y superior u universitario) a fin de promover y valorizar también los conocimientos indígenas de las mujeres;
13. Fortalecer el movimiento indígena, agregando conocimientos de género y generacionales;
14. Combatir de forma irreductible e innegociable, posiciones racistas y anti-indígenas. Exigimos el fin de la violencia, de la criminalización y discriminación contra nuestros pueblos y líderes, practicadas inclusive por agentes públicos, asegurando el castigo de los responsables, la reparación de los daños causados y comprometiendo a instancias de gobierno en la protección de nuestras vidas.
Por último, reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer las alianzas con mujeres de todos los sectores de la sociedad en Brasil y en el mundo, del campo y de la ciudad, de los bosques y selvas y de las aguas, que también son atacadas en sus derechos y formas de existencia.
Tenemos la responsabilidad de plantar, transmitir, trascender, y compartir nuestros conocimientos, así como hicieron nuestros ancestros femeninos, y todos los que nos antecedieron, contribuyendo para que fortalezcamos, juntas y en pie de igualdad con los hombres, que fueron concebidos por nosotras, nuestro poder de lucha, de decisión, de representación, y de cuidado para con nuestros territorios.
Somos responsables por la fecundación y protección de nuestro suelo sagrado. Seremos siempre guerreras en defensa de la existencia de nuestros pueblos y de la Madre Tierra.
Brasilia, D.F., 14 de agosto del 2019.
