18/Feb/2021
La muerte por complicaciones del Covid-19 del último hombre del pueblo Juma, el guerrero Amoim Aruká, es desgarradora. El pueblo Juma ha sufrido numerosas masacres a lo largo de su historia. De 15.000 personas a principios del siglo XX, se redujo a cinco personas en 2002. Un genocidio comprobado, pero nunca castigado, que llevó a su pueblo al casi total exterminio. La última masacre tuvo lugar en 1964 en el río Assuã, en la cuenca del río Purús, perpetrada por comerciantes de Tapauá interesados en la sorva y la castaña de Brasil en el territorio Juma. En la masacre fueron asesinadas más de 60 personas, solo siete sobrevivieron. Los miembros del grupo de exterminio contratados por los comerciantes contaban cómo disparaban a los Juma como si se tratase de monos. Tras la masacre, los cuerpos indígenas fueron vistos por pobladores ribereños de la región, sirviendo de alimento a los pecaríes, innumerables cabezas decapitadas esparcidas por el suelo, en la selva. El causante del crimen, consciente de lo sucedido, se jactó de ser responsable de “librar a Tapauá de esas bestias feroces”. Esta historia no puede caer en el olvido.
Aruká, uno de los supervivientes, continuó su lucha de resistencia viendo a su pueblo al borde de la desaparición. Luchó por la demarcación del territorio Juma, que sólo fue homologado en 2004, la Tierra Indígena (TI) Juma. Los supervivientes Juma, a pesar del riesgo de desaparición, vieron crecer nuevamente a su pueblo en la década de 2000, a través de matrimonios con indígenas Uru Eu Wau Wau, pueblo que también habla una lengua Tupi-Kagwahiva.
Por estar sujetos a una inmensa vulnerabilidad y riesgo de desaparición, a los Juma se les considera pueblo de contacto reciente. Por eso se encuentra entre los pueblos a ser protegidos por Barreras Sanitarias, cuya instalación fue determinada por la Corte Suprema Federal a pedido de los pueblos indígenas, de representantes de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), a través de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) mediante la Declaración de Incumplimiento del Precepto Fundamental No. 709 (ADPF 709). La solicitud se hizo en julio de 2020 y el ministro Luís Roberto Barroso la aceptó. Sin embargo, ante las dificultades alegadas por el gobierno de Bolsonaro, el ministro dio como plazo hasta septiembre de 2020 para que se instalasen las Barreras en la TI Juma. En agosto de 2020, el gobierno de Bolsonaro dijo que construiría la Barrera sobre el río Assuã, en la Reserva Biológica Tufari, en el entorno de la TI Juma. Sería una Barrera Sanitaria formada por la Policía Militar y el Distrito Sanitario Especial Indígena de Humaitá. Sin embargo, en diciembre del mismo año, manifestó que haría un solo puesto de control de acceso en la BR 230 – Carretera Transamazónica, y no dio pruebas de su efectivo funcionamiento.
Si el puesto de acceso funcionó o no, como reivindicaban durante meses los representantes de COIAB y APIB en las Salas de Situación con el Gobierno de Bolsonaro, ya no importa para Aruká. Lo que se sabe es que ahora está muerto. Los pueblos indígenas, tristemente, prueban con su muerte el motivo de sus demandas. COIAB y APIB advirtieron que los pueblos indígenas de contacto reciente estaban en riesgo extremo. El último hombre superviviente del pueblo Juma está muerto. Una vez más, el gobierno brasileño mostró su omisión criminal y su incompetencia. El gobierno asesinó a Aruká. Así como asesinó a sus antepasados, es una pérdida indígena devastadora e irreparable.
Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña – COIAB
Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil – APIB
Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente – Opi
10/Dic/2020
Manifiesto de solidaridad con los pueblos indígenas del Brasil
Firme aca
Las vidas de los indígenas importan. Y en medio de la pandemia, nuestras vidas se han convertido en objeto de ataque, persecución y exterminio. Este manifiesto trata de la lucha por las vidas de los indígenas. Vidas abandonadas por el poder público y vidas salvadas por la solidaridad. Vidas que perdemos, y vidas que tratamos de proteger. Las vidas de las poblaciones indígenas, que están en los pueblos y en las ciudades, pero sobre todo, nuestras vidas en el sentido más amplio y que están bajo un intenso ataque: nuestros territorios, nuestra identidad y formas de vida, los bosques, los ríos, la biodiversidad… La Madre Tierra.
En noviembre de 2020, más de 41.000 indígenas habían sido contaminados por el nuevo coronavirus, que afectó a más de la mitad de las 305 etnias que viven en el Brasil. Nosotros, de la Articulación de Pueblos Indígenas del Brasil (Apib), y todas nuestras organizaciones de base, con representaciones en las cinco regiones del país, frente a la pandemia del Covid-19, luchamos diariamente por la vida de estas comunidades.
Fue entre los meses de marzo y noviembre de 2020 cuando la violencia contra los pueblos indígenas aumentó dentro y fuera de nuestros territorios. Los criminales que invaden nuestras tierras no han sido puestos en cuarentena, y mucho menos en “home office”. Afirmamos que el empeoramiento de la violencia contra los pueblos indígenas durante la pandemia fue alentado por Bolsonaro
¿Qué ha hecho realmente el gobierno federal en este período? Trató de utilizar la crisis sanitaria de la pandemia para “pasarse por la galleta” nuestros derechos, nuestros cuerpos y nuestras tierras. Fueron acciones omitidas en la protección y activas en el expolio. Fueron acciones que marcaron la gestión del actual presidente y el alto nivel del gobierno federal durante esta crisis humanitaria y sanitaria, que también afectó a nuestros pueblos y comunidades.
Advertimos que esta situación de violencia afecta directa e indirectamente a nuestros 305 pueblos, a los familiares en aislamiento voluntario y también al pueblo indígena Warao, que son refugiados de Venezuela y viven en una situación de extrema vulnerabilidad en Brasil.
Con discursos cargados de racismo y odio, Bolsonaro estimula la violencia contra nuestras comunidades y paraliza las acciones del Estado que debe promover la asistencia, la protección y la garantía de los derechos. Trata de aprovechar la “oportunidad” de esta crisis para impulsar una serie de decretos, ordenanzas, instrucciones normativas, medidas provisionales y proyectos de ley para legalizar los delitos y disminuir los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.
Más de un millón de personas murieron en todo el mundo como resultado de los efectos del Covid-19 (a finales de noviembre), y Brasil llegó en julio como el país con el mayor número de muertes. Los pueblos indígenas fueron proporcionalmente los más afectados por el virus. El número de muertes llegó a 880 en nueve meses, según el seguimiento comunitario participativo realizado por el Comité Nacional por la Vida y la Memoria Indígena, creado por la Apib, sus organizaciones de base y sus asociados. Una tragedia sin paralelo en la historia reciente. Mucho más que los números, fueron nuestros chamanes, nuestros rezanderos y rezanderas, parteras, cacicas y caciques, que partieron. Perdimos a nuestros ancianos que guardaban los recuerdos de nuestros ancestros, guardianes del conocimiento, de las canciones, de las oraciones, de nuestra espiritualidad. Líderes que dedicaron sus vidas a la lucha por la defensa del territorio, la integridad y la existencia física y cultural de su pueblo. Sufrimos en nuestro luto por esta tragedia que nos afecta no sólo a nosotros, los indígenas, sino a toda la humanidad.
La pandemia expuso la política de odio que Apib ya había denunciado. Ha acelerado aún más la violencia política y la persecución. De marzo a noviembre se registraron más de 200 violaciones de los derechos humanos fundamentales cometidas contra los pueblos indígenas. Una situación alarmante que empeora cada día.
En esta atmósfera de terror, el gobierno federal promueve la furia codiciosa de la agroindustria, las empresas mineras y los fondos de inversión internacionales. Fomenta la acción de los traficantes de tierra, los invasores y tantos otros criminales que siguen avanzando hacia los territorios indígenas, aprovechando la tragedia que hemos vivido. El incendio y la deforestación que tuvieron lugar en 2020 no pueden ser negados por las imágenes de satélite o por nuestros cielos permanentemente cubiertos. Incluso parece que en las llamas ven el beneficio, y en los árboles talados, sólo hay codicia.
Sucede que hemos decidido no morir, sino luchar incansablemente en defensa de la vida.
Denunciamos las agresiones contra nuestros derechos en el ámbito legislativo, que validan el racismo, deshumanizan nuestra existencia y buscan quitarnos la autodeterminación sobre nuestros territorios y vidas. Recurrimos al Poder Judicial para defender nuestros derechos garantizados por la Constitución Federal de 1988. Durante estos ocho meses, provocamos al poder judicial a través de acciones, entre ellas, el Desafío de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 709 en el Supremo Tribunal Federal (STF). Logramos victorias, como la determinación del STF de obligar al Gobierno Federal a cumplir con su deber de proteger a los pueblos indígenas en este contexto de la pandemia. Una decisión de la Corte Suprema, que no ha sido cumplida por Bolsonaro.
Apib y sus organizaciones de base siguen trabajando diariamente para fortalecer, proteger y valorar a los profesionales de la salud indígena. Sobre todo, ayudan a nuestros familiares y parientes que están en la primera línea de esta crisis y son uno de los grupos de mayor riesgo para el Covid-19. Destacamos que la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) es el fruto de la lucha y la movilización del Apib y de todo el movimiento indígena.
Creamos el plan de “Emergencia Indígena” debido a la omisión activa del Gobierno Federal en la lucha contra el virus. No queremos sustituir el papel del Estado, al contrario, seguimos exigiendo la aplicación de políticas públicas que garanticen nuestros derechos. Pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. En este sentido, hemos logrado articular recursos y materiales para equipar varios Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI) en varios estados de manera urgente. Entregamos pruebas rápidas, materiales de higiene, equipos de protección individual, cilindros de oxígeno, concentradores, e hicimos posible la instalación de Unidades de Atención Primaria Indígena (UAPI) en varios territorios.
Por iniciativa propia, hemos creado y mantenido cientos de barreras sanitarias para evitar la llegada del virus a las comunidades. Una medida que el Gobierno Federal no sólo ha descuidado, sino que ha tratado de sabotear de diferentes maneras. Esta acción de base, que nuestras comunidades implementaron por su cuenta, fue fundamental para minimizar los impactos del nuevo coronavirus en nuestros familiares en todo el país.
A nivel de base, continuamos resistiendo, inspirados principalmente por la fuerza de las mujeres indígenas y nuestros antepasados. Cuidamos la tierra y nos fortalecemos en los bosques, los ríos, las oraciones y nuestras medicinas tradicionales. Realizamos nuestros rituales, lloramos nuestro luto. Y seguimos buscando la fuerza.
En las redes, tocamos nuestras maracas. Demarcamos las pantallas y resignificamos nuestras movilizaciones a través de Internet. Celebramos el 16º Campamento de la Tierra Libre en 2020 de forma virtual debido a la pandemia, llegando a más de 1,5 millones de personas durante los cuatro días de actividades en Internet. Promovimos la Asamblea Nacional de la Resistencia Indígena, reuniendo a cientos de líderes de todo el país y rearticulando nuestras estrategias de lucha. Con la serie en línea Maraca, movilizamos el apoyo de cientos de personalidades indígenas y no indígenas, líderes, artistas, científicos, parlamentarios e investigadores a nuestro plan de emergencia indígena. Para darnos fuerza, hemos convocado la Marcha de las Mujeres Indígenas en línea, para debatir lo sagrado de la existencia y fortalecer las acciones conjuntas. También promovemos Healing the Earth, una reunión mundial de mujeres indígenas.
Desde el miedo, el silencio, la muerte y el terror, recreamos la esperanza! Plantamos nuestros campos, buscamos agua para beber, limpiamos los pisos de las aldeas y arreglamos los techos con trabajo colectivo. Viviendo junto a la naturaleza. Nuestra vida está en defensa del bosque, la biodiversidad y el Planeta, y por lo tanto debemos luchar juntos y juntos en su defensa.
Nuestros jóvenes lloran por sus maestros, sus ejemplos e inspiraciones de vida, pero nuestra ascendencia es larga, antigua y nos ha enseñado a soñar. Del dolor del genocidio y la persecución que sufrimos, sobrevivimos en el suelo de nuestra tierra, que es nuestra sangre y existe en cada parte de este territorio brasileño. No nos daremos por vencidos en la recreación de nuestros mundos devastados ni en dar continuidad a nuestras existencias. ¡No renunciaremos a vivir!
Sangre indígena: ¡Ni una gota más!
18/Sep/2020
Mientras el gobierno federal observa pasivamente los incendios criminales que han asolado al país, el jefe de gabinete de la Oficina de Seguridad Institucional, general Heleno, ha publicado una grave acusación en sus redes sociales. Dijo que la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y una de sus líderes, Sônia Guajajara, cometieron un crimen de lesa patria.
APIB rechaza la declaración. Y entiende que el mayor crimen que lesa a nuestro país es la omisión del gobierno frente a la destrucción de nuestros biomas, de nuestras áreas protegidas, de los incendios ilegales, frente al acaparamiento de tierras, la deforestación y la invasión de nuestras tierras y el robo de nuestra riqueza.
En vísperas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mundo entero es testigo de este crimen, demasiado grande para ocultarlo. En lugar de atacar a las personas que trabajan para proteger el medio ambiente y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, las autoridades ahora deberían cumplir con sus juramentos constitucionales y presentar a la nación un plan para enfrentar estos incendios que afligen al país. Y así proteger, incluso, la economía y la reputación nacional.
Las acusaciones, además de frívolas y mentirosas, son irresponsables, pues ponen en peligro la seguridad personal de los mencionados.
APIB estudiará las medidas adecuadas.
26/Ago/2020
Coordinada por Apib, la realización de ‘Maracá – Emergência Indígena’ fue colectiva y fue dirigida por Bia Lessa, por la coordinadora de Apib Sonia Guajajara, por el liderazgo Célia Xakriabá, por la cantante y compositora Maria Gadú, por Marielle Ramires, una de las coordinadoras de Mídia Ninja, por la artista Laura Lima, el artista Pedro Inoue y Mari Stockler, coordinadora de 342 Amazônia. La producción también está firmada por Mídia NINJA, responsable por la edición y coproducción del proyecto, y por Mídia India.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) lanza este miércoles (26), a las 19h, una serie web para salvar vidas amenazadas por la pandemia de Covid-19. Con más del 50% de las personas directamente afectadas y más de 27 mil indígenas contagiados por el virus, la serie “Maracá – Emergência Indígena” pretende movilizar en las redes sociales el apoyo al plan de emergencia construido por los pueblos indígenas para enfrentar este momento.
La acción, en ocho episodios, estará disponible en las redes Apib (@apiboficial) y tiene el apoyo de más de 200 personalidades, artistas, científicos, activistas e investigadores indígenas y no indígenas de diferentes países. Se publicarán dos episodios en cada lanzamiento, los miércoles y domingos: el 26 y 30 de agosto y el 2 y 6 de septiembre en el Youtube de Apib. En los días de estreno de los episodios, se realizarán charlas en vivo a las 7 pm, con la participación de liderazgos y personalidades indígenas que apoyan la movilización.
La webserie es el resultado del vivo Maracá – Emergência Indígena, realizado el 9 de agosto para llamar la atención sobre la gravedad del momento y sumar esfuerzos colectivos para enfrentar la pandemia. Entre los objetivos primordiales de la iniciativa, se encuentra la recogida de donaciones para financiar acciones en territorios indígenas, lo cual se puede realizar de manera virtual a través de un código QR y a través del sitio web (emergenciaindigena.apib.info).
La lista de miembros de la clase artística y personalidades de las más diversas áreas de la Emergência Indígena incluye cientos de nombres, como Maria Bethânia, Cacique Raoni, Ai WeiWei, Sonia Guajajara, Caetano Veloso, Joenia Wapichana, Dráuzio Varela, Tuyra Kayapó, Anitta, Kretã Kaingang, Criolo, Dinaman Tuxá, Jane Fonda, Nara Baré, Philip Glass, Cacique Babau, Wagner Moura, Kerexu Guarani, Camila Pitanga, Benki Ashaninka, Milton Nascimento, Djuena Tikuna, Thomas Lovejoy, Gean Pankararaku, Margareth Menezesria, Cália Lenine, Shirley Krenak, Eliane Brum, Joziléia Kaingang, Chico Buarque, Eloy Terena, Alec Baldwin, Puyr Tembé, Madre Nivia, Paulo Tupiniquim, Sebastião Salgado, Fidelis Baniwa, Zé Celso, Marivelton Baré, Nando Reis, Marcos Xucuru, Elucuru, Emicida Guarani, Djamila Ribeiro, Lindomar Terena, Teresa Cristina, Giovani Krenak, Gaby Amarantos y muchos otros.
“Hacemos resonar nuestras maracas para que se recuerden las vidas indígenas impactadas por la pandemia y para llamar la atención de la sociedad sobre lo que nos está pasando”, advierte Sônia Guajajara, coordinadora de Apib. La maraca es un símbolo llamativo de los pueblos indígenas y está presente en los rituales de lucha y celebración.
Para el formato de la serie, los ocho episodios fueron divididos por temas y integrados por textos desarollados a partir de los discursos de los liderazgos indígenas brasileños (Jefe Raoni, Sonia Guajajara, Kretã Kaingang, Marcos Xukuru, Shirley Krenak, entre otros). Dichos discursos son leídos e interpretados por las personalidades invitadas, mientras que imágenes documentales de la población indígena ilustran la escena.
Emergencia indígena
Hoy (24), 27.034 indígenas ya han sido infectados por el nuevo coronavirus en Brasil y 717 murieron por la enfermedad, según datos del Comité Nacional para la Vida y Memoria Indígena de Apib. Ya son 155 los pueblos directamente afectados, una situación alarmante que se agrava cada día, porque además de la amenaza del virus, el racismo, la deforestación ilegal, la agroindustria y la acción criminal de los madereros sigue avanzando hacia los territorios indígenas.
“Estamos preparados política y espiritualmente para seguir avanzando en la lucha, buscando órganos de control que garanticen la integridad física, cultural, territorial de los pueblos indígenas”, dice Dinamam Tuxá, coordinadora de Apib.
Ante la negligencia del gobierno brasileño en garantizar la protección de los pueblos indígenas durante la pandemia, Apib, junto con sus organizaciones de base, médicos e investigadores, desarrolló este plan de enfrentamiento y lo denominó Emergencia Indígena.
El conjunto de acciones se lanzó a finales de junio, con orientaciones sobre atención médica integral y diferenciada, acciones judiciales de incidencia política y estrategias de comunicación e información sobre medidas preventivas.
15/May/2020
La Madre Tierra enfrenta días oscuros. El mundo atraviesa su mayor crisis social, económica y política como consecuencia de la pandemia COVID-19 que afecta solo a los seres humanos, colocando a la humanidad en una profunda reflexión y resistencia para la preservación de la vida. Los pueblos indígenas, así como los blancos, también sufrimos y somos víctimas de este virus que ya se ha cobrado miles de vidas en el planeta.
Es hora de reflexionar sobre la forma de vida que ejercimos hasta hoy, porque las diversas crisis ambientales como el calentamiento global y la fuerte deforestación fueron el presagio de lo que estamos experimentando hoy, fueron las advertencias de la madre tierra de que nuestra forma de vida debe ser repensada y por ahora, debemos ejercer solidaridad en consecuencia.
Para Brasil y el mundo, esta guerra viral puede incluso ser nueva, pero no para los pueblos indígenas. Ya lo sabemos porque fuimos víctimas de estas enfermedades, utilizadas como estrategias en medio de la invasión de Brasil para exterminar a nuestros pueblos, nuestra identidad y nuestra forma de vida.
En Brasil estamos atravesando días difíciles, de gran tristeza y diversas crisis. Ya hay más de 10 mil vidas, incluidas 64 víctimas fatales indígenas, cuyas historias fueron cortadas debido al profundo descuido y la ausencia de políticas públicas capaces de garantizar el mantenimiento de las mismas.
No son solo números, son personas, son recuerdos e historias de los pueblos Apurinã, Atikum, Baniwa, Baré, Borari, Fulni-ô, Galiby Kalinã, Guarani, Hixkaryana, Huni Kuin, Jenipapo Kanidé, Kariri Xocó, Kaingang, Karipuna, Kokama, Macuxi, Mura, Munduruku, Pandareo Zoro, Pankararu, Palikur, Pipipã, Sateré Maué, Tariano, Tembé, Tikuna, Tukano, Tupinambá, Tupiniquim, Warao y Yanomami, ¡todos afectados por la pandemia!
La crisis política en curso en Brasil, además de acentuar las sombras en nuestro sistema democrático, muestra la cara cruel del fascismo en marcha, dividiendo al país en dos polos; los que defienden vidas; y el lado desafortunado de aquellos que defienden solo el sistema económico, el latifundio, el acaparamiento de tierras que son las bases históricas del racismo y que proporcionan desigualdades sociales y económicas.
Este ala responsable de la propagación del fascismo y el autoritarismo en curso en Brasil, que defiende solo a las élites genocidas, revela su racismo institucional. Para hacerlo, utilizan la estrategia de subregistro para minimizar los impactos de esta crisis de salud que afecta fuertemente a las poblaciones indígenas y al pueblo brasileño.
Existen diversas burocracias establecidas para cuestionar la autodeclaración de los pueblos en casos como el de los kokama de la región amazónica, a quienes se les preguntó si en realidad eran indígenas, exigiendo la presentación de su RANI, es decir, la identidad de los pueblos indígenas. Además de otras personas a las que se les ha negado el acceso a canastas de alimentos básicos, como los Kaingang, que al solicitar esos beneficios, recibieron como respuesta que tenían que demostrar no solo su necesidad real sino también su identidad como pueblo, comprometiendo su seguridad alimentaria y su aislamiento social.
Está claro que el Estado brasileño crea barreras para evitar que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas y que promueve deliberadamente una política de higiene social a través de su táctica de subregistro.
La inanición de la Sesai, promovida deliberadamente por el gobierno de Bolsonaro con su desmantelamiento gradual, sólo refuerza su rostro higienista y genocida. Desde su inicio, ha habido un claro intento de eliminar la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) y el modelo para contratar profesionales de salud indígena, así como de debilitar el control social con la clausura del Foro de Presidentes de los Consejos Distritales de Salud Indígena ( Condisi) y los recortes presupuestarios. En otras palabras, medidas que expresan la determinación de desmantelar la política de salud indígena diferenciada.
Hay más de 30 grupos étnicos afectados por víctimas fatales de los covid-19 en todo el territorio nacional, entre los cuales, la mayoría son ancianos que son nuestros tesoros vivos, nuestra fuente de mantenimiento ancestral y cultural.
La actitud de suspender la demarcación de las tierras indígenas, el debilitamiento de las atribuciones constitucionales de FUNAI por medio del IN 09/2020, la militarización bajo el mando de los organismos de control ambiental a través del Decreto 10.341 / 2020, los ataques a la Mata Atlántica promovidos por el Ministro de Medio Ambiente, el avance de la minería ilegal y las acciones de las milicias rurales que causan incendios e invasiones ilegales en la Amazonía, estimulados por este gobierno, son factores que contribuyen directamente a la fragilidad en los territorios indígenas y son responsables de la intensificación de los conflictos por la tierra en el país. Estas medidas aumentaron la deforestación en la Amazonía y dejaron vulnerable nuestra biodiversidad en todo el país.
Hay varias dificultades que deben considerarse en la lucha contra el COVID-19: escasez de agua potable en los territorios indígenas para garantizar las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud; transporte para los casos más graves debido al contagio por COVID-19; desplazamiento a zonas urbanas para recibir ayuda de emergencia; respeto a las recomendaciones de salud de las agencias al tratar con los pueblos indígenas; recepción adecuada y otros …
Hay muchos desafíos ante la enorme crisis humanitaria y de la civilización. Con este fin, nos mantenemos firmes, así como nuestros antepasados, que desde hace más de 520 años resisten luchando ya sea por el derecho al territorio, a superar las imposiciones de la dictadura, o bien como en otras epidemias, ante las balas del latifundio y el intento diuturno de hacer que nuestras culturas y modo de vida sean invisibles.
En tiempos de pandemia, la lucha colectiva y la solidaridad que se ha reavivado en el mundo solo se completará con los pueblos indígenas, ya que la cura no solo estará en el principio activo, sino en la activación de nuestros principios humanos.
Articulación de pueblos indígenas de Brasil, (APIB).
Brasil, 9 de mayo de 2020.
04/May/2020
Nosotros, los pueblos indígenas, organizaciones y líderes indígenas de todas las regiones del Brasil, al no poder reunirnos personalmente en la Gran Asamblea Nacional – el Campamento Tierra Libre – que celebramos desde hace 16 años en la capital federal – debido a la necesidad de aislamiento social impuesta por el nuevo coronavirus, la pandemia Covid-19, hemos celebrado la ATL de manera virtual, con una gran cantidad de discusiones, debates, seminarios, testimonios y “lives” a lo largo de esta semana. Resistiendo durante 520 años frente a todo tipo de invasiones, que además de la violencia física, del trabajo forzado, el despilfarro y la usurpación de nuestros territorios, utilizaron las enfermedades como principal arma biológica para exterminarnos, actualmente atacados por el peor virus de nuestra historia – el Gobierno de Bolsonaro, venimos hacer una manifestación pública.
Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional que nosotros, los pueblos indígenas de Brasil, más de 305 pueblos, que hablamos 274 lenguas diferentes, estamos en el punto de mira y somos víctimas de un proyecto genocida del actual gobierno de Jair Messias Bolsonaro, que nos ha elegido como uno de sus objetivos prioritarios desde el inicio de su mandato, diciendo que no demarcará más centímetros de tierra indígena, y que las demarcaciones realizadas hasta entonces se habrán forjado, y por lo tanto serán revisadas.
Bolsonaro, tan pronto como asumió el cargo, dictó la medida provisional 870/19, en la que determinó el desmembramiento de la Fundación Nacional del Indio – FUNAI y sus atribuciones, pasando la parte de la concesión de licencias ambientales y la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, comandado por la bancada ruralista, enemiga de nuestros pueblos, en la persona de la ministra granjera Teresa Cristina, la “musa del veneno”. Se necesitó una gran movilización de nuestra parte y de nuestros aliados para que el Congreso Nacional rechazara este dispositivo administrativo.
Bolsonaro desmanteló, por un lado, las políticas públicas y los organismos que hasta entonces, aunque de forma precaria, servían a nuestros pueblos, dotándolos con el nombramiento de personas supuestamente anti indígenas, como el presidente de la Fundación Nacional del Indio, el delegado Marcelo Augusto Xavier da Silva. Él, ex asesor de los campesinos de la CPI de FUNAI /INCRA, que incriminó a servidores públicos, líderes indígenas, indigenistas y fiscales, publicó en el Diario Oficial de la Unión, el 22 de abril, la Instrucción Normativa Nº 09, que “dispone la aplicación, disciplina y análisis para la emisión de la declaración de reconocimiento de límites en relación con las propiedades privadas en tierras indígenas”. La medida va en contra del deber institucional del organismo indígena de proteger los derechos y territorios de los pueblos indígenas, ya que quiere legitimar y permitir la emisión de títulos de propiedad a los invasores de las tierras indígenas. Además de esta determinación del presidente de la FUNAI, la decisión de revisar o anular los procedimientos administrativos para la demarcación de las tierras indígenas, como el Tekoha Guasu Guavirá, en los municipios de Guaíra y Terra Roxa (PR), del pueblo Avá-Guaraní, la sustitución o invalidación de los Grupos de Trabajo para la identificación y delimitación, la desarticulación o desconfiguración de las Direcciones del cuerpo indígena, la persecución moral de los servidores, el mantenimiento de políticas públicas sólo para las tierras aprobadas y, en la situación actual, la irresponsabilidad de no dotar, incluso financieramente, las coordinaciones regionales y los equipos de base para proteger a nuestros pueblos y territorios de los avances de la pandemia del Coronavirus, además de dirigir la entrada de pastores fundamentalistas en los territorios indígenas.
Así, este gobierno, sometido a los intereses económicos nacionales y al capital internacional, quiere restringir nuestros derechos, principalmente territoriales, fomentando el avance de prácticas ilegales en nuestras tierras, tales como: garimpo (minería ilegal), la deforestación, la explotación forestal, la ganadería, el monocultivo y la ocupación ilegal de tierras, que se legalizará a través de la MP 910/19, en trámite en el Congreso Nacional, así como la gran minería y diversas empresas de infraestructura como hidroeléctricas, líneas de transmisión y carreteras. Todo esto en un claro intento de transformar las tierras públicas en mercancía.
Todos estos actos ilícitos e inconstitucionales constituyen un proyecto de muerte para nuestros pueblos. Implican la destrucción de nuestros bosques, nuestros ríos, la biodiversidad, nuestras fuentes de vida, en definitiva, la Naturaleza, la Madre Tierra; un patrimonio que ha sido preservado durante miles de años por nuestros pueblos y que aún hoy contribuye estratégicamente a la preservación del equilibrio ecológico y climático y al bienestar de la humanidad, prestando importantes servicios ambientales al planeta.
Es este patrimonio el que los ruralistas, la agroindustria y las corporaciones internacionales quieren robarnos, mediante la restricción o supresión de nuestros derechos constitucionales, alegando que nuestros derechos originales, y nuestra propia existencia, son un obstáculo para sus emprendimientos y planes de supuesto desarrollo. De esta manera tratan de revertir la base jurídica, nacional e internacional, de nuestros derechos, a través de medidas como la Ley (Sentencia/Parecer) 01/17, con la tesis del marco temporal, que quiere limitar nuestro derecho a las tierras que tradicionalmente ocupábamos el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Carta Magna, que de hecho apenas vino a reconocer un derecho que ya era nuestro de origen, antes, por lo tanto, de la invasión colonial y del surgimiento del Estado nacional brasileño.
Nuestro exterminio parece ser una cuestión de honor para el gobierno bolsonaro, que, aprovechándose de la crisis de la pandemia, ha agravado el abandono de nuestros pueblos. Así, también ha puesto fin a las políticas públicas diferenciadas logradas por nosotros en los últimos 30 años en el ámbito de la educación, las alternativas económicas, el medio ambiente y especialmente la salud. Después de la intención de municipalizar o privatizar el subsistema de salud indígena, con el fin de la SESAI, con la propagación del coronavirus en nuestros territorios quedó claro que el gobierno realmente quiere nuestra extinción: no nos protege de los invasores, permitiéndoles contaminar nuestras comunidades, lo que puede llevar a una extinción masiva, empezando por nuestros ancianos, fuentes de tradición y sabiduría para nuestros pueblos, especialmente para las nuevas generaciones. Y como si eso no fuera suficiente, el gobierno estimula el acoso y la violencia de los intereses privados sobre nuestros bienes naturales y territorios sagrados. La reciente dimisión del director de inspección del IBAMA después de las acciones de represión contra el garimpo en Tis, en el sur de Pará, es muy reveladora de las intenciones del actual gobierno.
Frente a esta institucionalización del genocidio por el gobierno de Bolsonaro, alertamos a la sociedad nacional e internacional, exigiendo:
1. La demarcación, regularización, inspección y protección inmediatas de todas las tierras indígenas;
2. La revocación del Parecer (la ley) 001/17 del Abogado General de la Unión;
3. La retirada de todos los invasores de las tierras indígenas – garimpeiros (mineros ilegales), ladrones de tierra, taladores, agricultores – dado que son agentes que destruyen nuestros recursos naturales y nuestras culturas y especialmente, en este momento, propagan enfermedades y COVID-19; constituyendo un grave riesgo para todos los pueblos, especialmente para los pueblos indígenas voluntariamente aislados;
4. La adopción de medidas que restrinjan el acceso de extraños en las comunidades indígenas, entre ellos mineros, comerciantes, taladores, así como el proselitismo de grupos religiosos fundamentalistas que propagan en las tierras indígenas la demonización de los modos de vida, las espiritualidades, los conocimientos y las formas tradicionales de tratar las enfermedades;
5. La aplicación de medidas encaminadas a garantizar el saneamiento básico, el agua potable, la vivienda adecuada y otros equipos que aseguren una buena infraestructura sanitaria en las comunidades;
6. La adopción de medidas que aseguren el buen estado nutricional de todas las comunidades indígenas y la garantía de un plan permanente de seguridad y soberanía alimentaria para nuestros pueblos y comunidades;
7. La viabilidad del ingreso y permanencia de los equipos de salud en las zonas, asegurando así que las acciones para prevenir y proteger la pandemia sean efectivas y continuas;
8. La infraestructura y logística adecuadas para los equipos de salud, asignándoles todo el equipo necesario para el desarrollo de las acciones de protección y prevención contra las enfermedades, como medicamentos, sueros, guantes, máscaras, transporte, combustible;
9. La garantía de que existen, además de en las comunidades – en los municipios y las capitales- hospitales de referencia para el servicio de mediana y alta complejidad, donde se pueden realizar exámenes clínicos y promover una hospitalización adecuada para el tratamiento de los pacientes de COVID-19 y otras enfermedades;
10. La asignación de recursos financieros para la adquisición de materiales de protección para todas las personas de las comunidades indígenas, como agua limpia, jabón, agua sanitaria, gel de alcohol, guantes y máscaras, y que también haya una orientación adecuada para las personas sobre el uso de estos materiales en este período de pandemia;
11. La capacitación de agentes indígenas de salud, de agentes sanitarios y ambientales, de matronas y de todos los que trabajan en el área de la salud, dentro de las comunidades, con miras a la protección y prevención del COVID-19;
12. La contratación inmediata de profesionales de la salud -médicos, enfermeros, técnicos de enfermería, epidemiólogos- para trabajar en las zonas indígenas, componiendo y ampliando los actuales equipos de salud;
13. La contratación inmediata de testes para la realización de exámenes de COVID-19 en todas las comunidades, en el mayor número de personas posible, a fin de obtener un diagnóstico eficaz de la situación actual de la pandemia en las tierras indígenas y mejorar las medidas relativas a su prevención, control y tratamiento;
14. Se debe poner fin a la falta de notificación de los pueblos indígenas, ya que se deben notificar todas las denuncias de los pueblos indígenas, en su conjunto, independientemente de que se encuentren en tierras indígenas regularizadas o no, incluso si viven en zonas urbanas. Que el Ministerio de Salud y el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública se aseguren de que el Boletín Epidemiológico Covid-19 incluya todos los casos de contaminación y muertes de todos los indígenas, incluso para apoyar la inclusión de datos para orientar la política pública;
15. La conformación de un Comité Interinstitucional de Crisis, con plazas garantizadas para los pueblos indígenas, nombrado por la APIB, para la definición de estrategias de protección de los pueblos indígenas, con el fin de realizar un seguimiento conjunto de las acciones de protección territorial, seguridad alimentaria, ayudas y beneficios, recursos y protocolos contra la contaminación, para todos los pueblos indígenas. Este Comité no se debe confundir con el Comité Nacional de Crisis, en el que sólo participa la Secretaría Especial de Salud Indígena, y excluye la atención a los indígenas fuera de las tierras indígenas;
16. Que se incorporen la FUNAI y la SESAI, así como las Coordinaciones Regionales de la FUNAI (CDR) y los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEIs) a los Centros Operativos de Emergencia de Salud Pública a nivel nacional, estatal y municipal;
17. Que el Congreso Nacional archive todas las iniciativas legislativas presentadas por la bancada ruralista y otros segmentos del capital para restringir o suprimir los derechos fundamentales de nuestros pueblos, especialmente el derecho original a las tierras que tradicionalmente ocupamos;
18 Que el Poder Judicial suspenda todas las propuestas de recuperación presentadas por los invasores, supuestos propietarios o empresarios, contra los pueblos indígenas que hayan tomado la determinación de recuperar sus tierras tradicionales;
19. Que el Supremo Tribunal Federal juzgue cuanto antes el Recurso Extraordinario – RE nº 1017365, con carácter de Repercusión General, para consagrar, de forma definitiva y plena, el Indigenato, el derecho original, congénito de ocupación tradicional de nuestras tierras y territorios, para corregir la trayectoria de agresión contra los pueblos indígenas de Brasil.
20. Que el gobierno de Bolsonaro suspenda la ejecución de cualquier obra de infraestructura (centrales hidroeléctricas, carreteras, etc.) o de obras agroindustriales que puedan impactar en nuestros territorios, ya que éstas proporcionan la presencia de no indígenas, potenciales agentes de propagación del Coronavirus y otras enfermedades perniciosas para nuestros pueblos y comunidades.
21. Por último, exigimos la derogación de la Instrucción Normativa 09, de 16 de abril de 2020, publicada por el presidente de la FUNAI, en la edición del 22 de abril del Boletín Oficial de la Unión (DOU), que permite, de manera ilegal e inconstitucional, la transferencia de títulos de propiedad de tierras a personas dentro de las áreas indígenas protegidas por la legislación brasileña. Y que el Congreso Nacional archive la Medida Provisional 910/19, que intenta legalizar el acto criminal de la ocupación ilegal en nuestros territorios, Unidades de Conservación y otros territorios de comunidades tradicionales.
A nuestros pueblos y organizaciones les decimos: resistan siempre, con la sabiduría que recibimos de nuestros antepasados, por las generaciones presentes y futuras de nuestros pueblos. Y que se intensifique la solidaridad nacional e internacional, en este momento de muerte, fortalecido por la indiferencia del gobierno bolsonaro, y al mismo tiempo de gestación de un nuevo tiempo para nuestros pueblos, la sociedad brasileña y la humanidad entera.
Por el derecho a Vivir. Sangre Indígena, ninguna gota más.
Brasil, 30 de abril de 2020.
XVI Campamento Tierra Libre 2020
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Comisión de los Pueblos Indígenas de Brasil)
Mobilização Nacional Indígena (Movilización Nacional Indígena)
22/Mar/2020
El momento es serio.
La humanidad enfrentará sus peores momentos desde la Segunda Guerra Mundial. Las epidemias son terribles para la sociedad, pero sabemos que para los pueblos indígenas el impacto es aún mayor. La gripe, la viruela y el sarampión fueron algunas de las enfermedades introducidas en nuestros territorios por personas no indígenas y que exterminaron a muchos de nuestros antepasados.
El coronavirus es otra de esas amenazas. Es necesario tener una mirada dirigida a nuestros pueblos con el aumento de esta pandemia mundial. ¡Los efectos para nosotros pueden ser devastadores! Nuestra forma de vida comunitaria puede facilitar la rápida propagación del virus en nuestros territorios si somos infectados.
Done ahora a APIB – Articulación de pueblos indígenas de Brasil, con la cantidad recaudada compraremos alimentos, medicinas y material de higiene para nuestros pueblos.
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20/Mar/2020
Sin lugar a dudas, los pueblos indígenas somos uno de los segmentos más expuestos a una situación de vulnerabilidad frente a la actual pandemia de coronavirus COVID-19. A lo largo de la historia, hemos sido víctimas de sucesivos invasores, no sólo por el uso de violencia física, armas de fuego o trabajo forzado, sino también por las enfermedades que nos han transmitido y transmiten, como la gripe, la viruela y el sarampión, incluso en el siglo XX especialmente durante el régimen de dictadura militar.
Actualmente sufrimos enfermedades externas: enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades gastrointestinales, renales, de transmisión sexual y respiratorias. El coronavirus es otra de estas amenazas, otra plaga producida por la acumulación capitalista, que por lo tanto es de origen político y económico y que ahora se convierte en una crisis de salud pública.
No podemos pagar por problemas no relacionados con nuestra forma de vida. Por el contrario, corresponde al Estado proporcionar medidas para aliviar su deuda acumulada hasta la fecha con nuestros pueblos y comunidades.
De esta manera, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), hacemos de público conocimiento nuestra exigencia al Gobierno actual para que implemente un plan de acción de emergencia, que incluya, entre otras, las siguientes medidas:
• Garantizar la protección de nuestros territorios, independientemente de la fase de regularización en la que se encuentren.Principalmente los territorios de los pueblos indígenas aislados y recientemente contactados.
• Restringir la presencia de invasores en territorios indígenas, como ocupantes ilegales, mineros, madereros y otros que practican actividades no reglamentadas en estos territorios.
• Suspender cualquier intento de desalojo en las retomadas: territorios tradicionales de nuestros pueblos ocupados con el objetivo de garantizar su derecho original, posesión y usufructo exclusivos.
• Fortalecer, con una asignación presupuestaria adicional, el subsistema de salud indígena, es decir, la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), los Distritos Especiales de Salud Indígena (DSEI) y las Casas de Salud Indígena (CASAI), en el actual contexto de la pandemia de coronavirus debido al aumento de demanda y sobreocupación.
• Evitar el acceso a los territorios indígenas de personas que no están autorizadas o vinculadas a servicios básicos de asistencia, como turistas y otras personas con diferentes propósitos no autorizados por nuestros líderes.
• Mejorar el subsistema con medidas de prevención y atención para evitar riesgos de contaminación por coronavirus en las aldeas, especialmente en aquellas cercanas a centros urbanos o en momentos de asistencia hospitalaria necesaria. Cualquier plan de contingencia debe ser ampliamente discutido con los órganos representativos de nuestros pueblos.
• Revocar inmediatamente la Ordenanza Funai No. 419 / PRES., Del 17 de marzo de 2020, según lo recomendado por el Consejo Nacional de Salud (CNS) y el 6to. Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público Federal / PGR. La Ordenanza FUNAI, principalmente en su artículo 4, elimina de la Coordinación General de Indios Aislados la responsabilidad de proteger a estos pueblos, transfiriéndola a las coordinaciones regionales del órgano indígena. Las coordinaciones regionales no tienen personal calificado y condiciones estructurales para tal misión específica. Para APIB, esta decisión que elude toda la legislación nacional específica (Constitución Federal, Estatuto del Indio, Reglamento Interno de Funai, determinaciones del Ministerio de Salud y SESAI) e internacional (Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y OMS), constituye un acto de irresponsabilidad, ya que representa un mayor riesgo para la integridad de los pueblos aislados y de contacto reciente. La decisión sólo puede justificarse debido a intereses inexplicables, que nuestra organización ya ha informado en otras ocasiones.
Finalmente, en ausencia de la voluntad política del gobierno actual de desarrollar un plan de contingencia para brotes y epidemias considerando las especificidades de nuestros pueblos, su forma de vida comunitaria, que puede facilitar la rápida propagación del Coronavirus, requerimos que las organizaciones internacionales, principalmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPAS), pongan a disposición las unidades de salud para indígenas de forma urgente. Es por el bienestar de nuestros ancianos, custodios de sabiduría y tradición, como por el bien de nuestros hijos y futuras generaciones, que exigimos respeto por la atención médica específica y diferenciada, conquistada por los pueblos indígenas en la Constitución de 1988.
12/Feb/2020
Las organizaciones abajo firmantes –, indígenas, defensores de indígenas, socioambientalistas y defensores de derechos humanos– que conforman la Movilización Nacional Indígena (MNI) vienen a expresar un rechazo vehemente al Proyecto de Ley No. 191/20, enviado por el Presidente de la República, Sr. Jair Bolsonaro. , el 6 de febrero de este año, cuyo objetivo es regular la búsqueda y explotación de recursos minerales, minería artesanal, extracción de hidrocarburos, así como el uso de recursos hídricos para generar electricidad en tierras indígenas. El PL materializa el “sueño” del presidente, quien desde su toma de posesión defiende la explotación económica de los territorios indígenas y la pesadilla para los pueblos indígenas.
Una vez más, Bolsonaro reitera su política irrespetuosa con el Estado de derecho democrático, los derechos humanos, la Constitución federal y los tratados internacionales que reconocen los derechos indígenas. El proyecto de ley 191/20, enviado a la Cámara Federal, propone la liberación de territorios indígenas para la explotación de minerales, recursos hídricos e incluso agricultura, cuando la Constitución brasileña establece como principio que el gobierno federal tiene el deber de proteger los territorios indígenas.
Es flagrante la intención del Presidente de la República y sus partidarios de abrir las tierras indígenas a grupos económicos nacionales e internacionales. Es un proyecto de muerte para los pueblos indígenas, que vendrá en forma de desfiguración de sus territorios, violación de sus derechos y pérdida de su autonomía, logrados en la Constitución brasileña y en los tratados internacionales. El proyecto de ley es un camino sin retorno al derecho de usufructo exclusivo de los pueblos indígenas sobre su territorio.
El proyecto también propone el retorno a la tutela, cuando elimina falazmente el poder de veto de los pueblos indígenas en relación con la explotación de sus territorios, sometiéndose a la aprobación del propio Presidente de la República, después de una consulta meramente protocolar para confirmar el emprendimiento. También propone que la administración de los recursos financieros será responsabilidad de un consejo curatorial que estará compuesto unicamente por tres indígenas y que podrá definir las asociaciones que representen legítimamente a las comunidades indígenas afectadas.
P.L.191 / 20 es totalmente usurpador, autoritario, neocolonialista, violento, racista y genocida, especialmente con respecto a los pueblos indígenas aislados voluntariamente y recientemente contactados. El PL retoma una perspectiva etnocida y genocida contra los pueblos indígenas, contrariamente a lo que defiende la Constitución Federal en sus artículos 231 y 232, y tratados internacionales, ya que, además de proponer la destrucción de las políticas de protección, desvirtua los territorios ya regularizados y señala la no demarcación de nuevos territorios.
Expresamos nuestro repudio y desacuerdo con el proyecto de ley referido y sus impactos impredecibles. Nos unimos a la lucha de los pueblos indígenas de Brasil, en el apoyo irrestricto a sus derechos originales.
Brasilia, 10 de febrero de 2020
Firman:
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB
Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espirito Santo – APOINME
Articulação dos Povos Indígenas do Sul – ARPINSUL
Associação Floresta Protegida
Associação Indígena Moratu do Xingu – AIMIX
Aty Guasú
Centro de Trabalho Indigenista – CTI
Comissão Guarani Yvyrupa
Comitê Nacional de Defesa dos Territórios Frente a Mineração – CNDTFM
Conselho das Aldeias Wajãpi – Apina
Conselho Indigenista Missionário – CIMI
Conselho Terena
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB
Indigenistas Associados – INA
Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC
Instituto Internacional de Educação no Brasil – IIEB
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena – IEPÉ
Instituto Socioambiental – ISA
Operação Amazônia Nativa – OPAN
Rede de Cooperação Amazônica – RCA
Greenpeace Brasil
Instituto, Sociedade, População e Natureza – ISPN,
Movimento dos Atingidos pela Mineração – MAM
06/Feb/2020
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) se dirige al público para expresar su vehemente rechazo de las manifestaciones de odio y racismo visceral que el gobierno Bolsonaro, desde su primer día de gobierno, ha expresado rutinariamente y públicamente contra los pueblos, organizaciones y líderes indígenas de Brasil, en los últimos días materializadas en el anuncio de un proyecto de ley que tiene como objetivo definir
“condiciones específicas para la investigación y extracción de recursos minerales, incluido la minería artesanal, el petróleo y el gas, y la generación de energía hidroeléctrica en tierras indígenas”, anuncio maquillado de falsas buenas intenciones y retóricas que inducen la cooptación y división de los pueblos, tergiversando el real sentido de autonomía, para en realidad autorizar también la invasión de territorios indígenas por medio de otros emprendimientos como la agricultura extensiva, la ganadería y otras industrias depredadoras.
La vil declaración de que “el indio es un ser humano como nosotros. Tiene corazón, tiene sentimiento, tiene alma, tiene deseo, tiene necesidades … ”, repite el etnocentrismo de los invasores europeos, que hace más de 500 años masacraron a millones de nuestros hermanos, una práctica que hoy en día constituye un crimen racial capital.
El “sueño” del gobierno Bolsonaro es en realidad la voluntad de servir a los intereses económicos que impulsaron su candidatura y que sustentan su gobierno, a pesar de que esto implique un total incumplimiento de la legislación nacional e internacional que garantiza nuestros derechos fundamentales, nuestro derecho original, congénito, de ocupación tradicional de nuestras tierras y territorios, nuestro derecho de posesión y usufructo, y nuestro derecho a consulta, consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier medida administrativa y legislativa que nos afecte.
Hay que decir que, la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas en Brasil no comparten los deseos de una minoría de personas indígenas que se engañan y se doblegan ante las malas intenciones camufladas de este gobierno.
La APIB, por lo tanto, denuncia la manipulación que el Gobierno Bolsonaro hace de nuestro derecho a la autonomía y repudia este proyecto de muerte que, a todo costo, quiere implementar en territorios indígenas, con impactos irreversibles, especialmente en pueblos indígenas aislados y recientemente contactados, y llama a toda su base y movimientos, organizaciones y segmentos solidarios de la sociedad nacional e internacional a unirse a nosotros en esta batalla por la vida y el buen-vivir no solo de los pueblos indígenas sino de toda la humanidad y del planeta.
Brasilia – DF, 6 de febrero de 2020.
Articulación de pueblos indígenas en Brasil – APIB
