La denúncia se hizo en la misma semana en que se mencionó a Brasil por riesgo de atrocidades contra los pueblos indígenas; El gobierno brasileño intentó presentar un contraargumento, negado por el organismo de la ONU
Por Adi Spezia y Tiago Miotto, Departamento de Comunicación de Cimi
En un comunicado conjunto durante la XIV Sesión del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP), la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) y el Consejo Indígena Misionero (CIMI) denunciaron este miércoles (14) medidas adoptadas por el Gobierno brasileño y por el Congreso Nacional que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas en Brasil, como el proyecto de ley 490, que en la práctica hace inviable nuevas demarcaciones de tierras indígenas, y la tesis del marco temporal.
El encuentro, que tiene como objetivo escuchar a los pueblos indígenas y sus organizaciones, se realizó virtualmente en esta edición, debido a la pandemia. Tiene como tema central la libre determinación de los pueblos y los derechos de los niños indígenas. El MEDPI es un mecanismo único cuyos miembros son exclusivamente pueblos indígenas. “Es un mecanismo muy importante para la comunidad indígena del mundo, liderada por pueblos indígenas”, explica Paulo Lugon Arantes, asesor internacional de Cimi.
Arantes, en representación de ambas organizaciones, destacó la gravedad del marco temporal y los más de 30 proyectos de ley pendientes en el Congreso brasileño que violan el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios. El Proyecto de Ley 490, aprobado recientemente por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados, se destacó como una de las principales amenazas a los derechos indígenas en la actualidad.
“El marco temporal es desastroso porque dejará una huella incalculable de exclusión y marginación sobre personas que aún no han demarcado sus territorios o que han sido expulsadas de sus territorios tradicionales”, dijo Paulo.
Las organizaciones también denunciaron la agenda anti-indígena del gobierno brasileño, que empujó la Consejera Especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Wairimu Nderitu, a expresar una preocupación sin precedentes por la situación de los pueblos indígenas en Brasil.
“El presidente Bolsonaro tiene una agenda claramente anti-indígena, facto que que llevó la Consejera de la ONU para la prevención del genocidio a incluir a Brasil en el Mapa Mundial de Atrocidades”, dijo el asesor, en representación de Apib y Cimi.
Respuesta denegada
Luego de la declaración conjunta, el representante del gobierno brasileño solicitó “el derecho a contestar”, por el hecho de que el país fue mencionado. La respuesta fue negada por la secretaría del EMRIP, quien afirmó que los gobiernos no tienen derecho a responder ante el mecanismo. “Los miembros del EMRIP son los únicos miembros del mecanismo y todos los demás son observadores”, explicó el secretario.