19/Jul/2021
Durante los últimos 521 años esta tierra se ha caracterizado por violaciones, racismo y genocidio. Siglos de intentos de subyugación de pueblos, culturas y territorios. Hoy no solo hay armas que desgarran cuerpos, sino también bolígrafos que firman leyes de exterminio. Cuando no solo los delincuentes atacan directamente, los gobiernos se omiten de su deber de proteger a nuestros pueblos. Y por más que las peleas se superpongan, ¡no lo permitiremos!
Somos los primeros en esta tierra, antes incluso de que Brasil se convirtiera en Brasil.
Contra proyectos de ley que violan la propia Constitución, seguiremos movilizándonos en la capital federal, sonando nuestras maracas y cantando nuestras canciones, entre el 22 y el 28 de agosto.
Hacemos este llamado, incluso durante la pandemia, porque no podemos quedarnos callados frente al genocidio y ecocidio, porque la Tierra grita incluso cuando estamos silentes. Que el país escuche a sus pueblos originarios. Nuestras vidas están ligadas a la tierra, ya que vivimos en comunión con ella. Somos los guardianes de los bosques y todas las formas de vida que allí habitan. Frente a un Congreso que avanza en una agenda anti-indígena y contra el Marco Temporal, programado para ser votado por la Corte Suprema el 25 de agosto, ¡resistiremos!
Llegaremos vacunados a Brasilia, con todas las precauciones de higiene contra el Covid-19, para tocar nuestras maracas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Vengan juntos, parentes, al Campamento LUCHA POR LA VIDA.
Apoye
16/Jul/2021
La denúncia se hizo en la misma semana en que se mencionó a Brasil por riesgo de atrocidades contra los pueblos indígenas; El gobierno brasileño intentó presentar un contraargumento, negado por el organismo de la ONU
Por Adi Spezia y Tiago Miotto, Departamento de Comunicación de Cimi
En un comunicado conjunto durante la XIV Sesión del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP), la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) y el Consejo Indígena Misionero (CIMI) denunciaron este miércoles (14) medidas adoptadas por el Gobierno brasileño y por el Congreso Nacional que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas en Brasil, como el proyecto de ley 490, que en la práctica hace inviable nuevas demarcaciones de tierras indígenas, y la tesis del marco temporal.
El encuentro, que tiene como objetivo escuchar a los pueblos indígenas y sus organizaciones, se realizó virtualmente en esta edición, debido a la pandemia. Tiene como tema central la libre determinación de los pueblos y los derechos de los niños indígenas. El MEDPI es un mecanismo único cuyos miembros son exclusivamente pueblos indígenas. “Es un mecanismo muy importante para la comunidad indígena del mundo, liderada por pueblos indígenas”, explica Paulo Lugon Arantes, asesor internacional de Cimi.
Arantes, en representación de ambas organizaciones, destacó la gravedad del marco temporal y los más de 30 proyectos de ley pendientes en el Congreso brasileño que violan el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios. El Proyecto de Ley 490, aprobado recientemente por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados, se destacó como una de las principales amenazas a los derechos indígenas en la actualidad.
“El marco temporal es desastroso porque dejará una huella incalculable de exclusión y marginación sobre personas que aún no han demarcado sus territorios o que han sido expulsadas de sus territorios tradicionales”, dijo Paulo.
Las organizaciones también denunciaron la agenda anti-indígena del gobierno brasileño, que empujó la Consejera Especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Wairimu Nderitu, a expresar una preocupación sin precedentes por la situación de los pueblos indígenas en Brasil.
“El presidente Bolsonaro tiene una agenda claramente anti-indígena, facto que que llevó la Consejera de la ONU para la prevención del genocidio a incluir a Brasil en el Mapa Mundial de Atrocidades”, dijo el asesor, en representación de Apib y Cimi.
Respuesta denegada
Luego de la declaración conjunta, el representante del gobierno brasileño solicitó “el derecho a contestar”, por el hecho de que el país fue mencionado. La respuesta fue negada por la secretaría del EMRIP, quien afirmó que los gobiernos no tienen derecho a responder ante el mecanismo. “Los miembros del EMRIP son los únicos miembros del mecanismo y todos los demás son observadores”, explicó el secretario.
13/Jul/2021
La Campaña para que Anglo American, una de las más grandes empresas mineras del mundo, ponga fin a sus planes de explotar territorios indígenas comenzó con el informe Complicidad en la Destrucción III, en octubre de 2020. La empresa tiene todavía 86 intereses mineros que impactan territorios indígenas activos en la base de datos de ANM.
foto: Aaron Ekraim
Pará, Brasil, 13 de julio de 2021 – La minera inglesa Anglo American se comprometió formalmente a retirar de la Agencia Nacional de Minería (ANM) 27 solicitudes aprobadas para la explotación de cobre en territorios indígenas ubicados en los estados de Mato Grosso y Pará, en Brasil. El compromiso fue firmado el 24 de mayo, luego de la presión orquestrada por el pueblo Munduruku, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab) y Amazon Watch.
Del total de pedidos realizados por Anglo American, que es una de las más grandes empresas mineras del mundo, y ya aprobados por la ANM, 13 estaban ubicados en la Tierra Indígena Sawré Muybu, perteneciente al pueblo Munduruku, en el suroeste de Pará.
Según la empresa minera, la ANM fue informada sobre el retiro y la empresa estaba a la espera de que se actualizara la base de datos de la Agencia. En su correo electrónico de respuesta a Apib, Anglo American dice que en respuesta a las preocupaciones planteadas por las organizaciones y la oposición de los grupos indígenas a la minería en sus territorios, reevaluó estas licencias y tomó la decisión de retirar todas las 27. “Recientemente, informamos la ANM sobre el retiro y nos quedamos a la espera de que la base de datos de la ANM se actualice a su debido tiempo ”, dijo en el mensaje.
“Es una victoria, pero queremos saber si Anglo American realmente cumplirá su palabra o si regresará a nuestro territorio por otros medios, como lo hace el gobierno al crear nuevas leyes para ingresar en territorios indígenas. Resistimos y seguiremos resistiendo. Son muchos los ataques que hemos sufrido, con un proyecto de ley en el Congreso, con madereros, mineros, “palmiteiros” y usurpadores de tierras dentro de nuestro territorio. Entonces, no confiamos, solo confiaremos si dentro de dos, tres años, pudiéremos vivir en paz. Que Anglo American cumpla su palabra, porque todo lo que sale en el papel no lo creemos, la Constitución se debe respetar, pero está siendo violada”, dice Alessandra Munduruku, coordinadora adjunta de la Federación de Pueblos Indígenas de Pará. (Fepipa).
La campaña para que Anglo American retire solicitudes aprobadas por la ANM se inició luego de la publicación del informe Complicidad en Destrucción III, publicado por APIB y Amazon Watch, en octubre de 2020, que indicaba que la minera tenía casi 300 solicitudes de investigación registradas, incidiendo en 18 Tierras Indígenas (TI) de la Amazonía, algunas con presencia de pueblos en aislamiento voluntario. El objetivo más reciente de la empresa minera británica había sido la TI Sawré Muybu, en el Medio Tapajós, donde vive el pueblo Munduruku. Se realizaron cinco pedidos de 2017 a 2019.
Ante este dato, en varias ocasiones desde la publicación del informe y la campaña, Anglo American se ha posicionado en repetidas ocasiones afirmando que ha renunciado a todas las solicitudes de explotación minera en áreas ubicadas en tierras indígenas de Brasil. Sin embargo, una encuesta de julio de 2021 realizada por el proyecto Amazônia Minada de InfoAmazonia muestra que Anglo American tiene todavía 88 intereses mineros activos en la base de datos de ANM que impactan territorios indígenas.
“La decisión de Anglo American es importante y un resultado directo de la resistencia de los pueblos indígenas a la minería en nuestros territorios. Pero esta decisión no es suficiente, porque no podemos olvidar que la minera aún tiene cientos de solicitudes de explotación minera que afectan a otros territorios indígenas. Por lo tanto, nos mantendremos firmes con nuestro llamado inicial a Anglo American: comprometerse públicamente a no minar ningún territorio indígena en Brasil. La mayoría de los pueblos y comunidades indígenas de Brasil no comparten las ganas de una minoría de indígenas que se engañan y se doblegan a las malas intenciones camufladas de este gobierno ”, dijo Eloy Terena, coordinador legal de Apib.
En los últimos dos años, bajo la administración del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, Brasil ha establecido récords de solicitudes de minería dentro de tierras indígenas. Según una encuesta de Amazônia Minada, en 2020, un total de 143 solicitudes de minería que afectan tierras indígenas fueron presentadas, y no rechazadas, en la ANM. Esta es la cifra más alta en 24 años, casi tres veces el resultado de 2018, último año antes que Bolsonaro asumiera la presidencia. Una ola de solicitudes se ha producido después que Bolsonaro presentó el Proyecto de Ley 191 en febrero de 2020, que autoriza la regularización de la explotación minera en tierras indígenas, cumpliendo así una de sus promesas de campaña más controvertidas. Aún más preocupante, 71 de las 143 solicitudes realizadas en 2020 fueron en tierras donde Funai tiene registros de existencia de pueblos indígenas aislados.
Solo en la TI Yanomami, la tierra indígena brasileña con la más grande área solicitada formalmente para la minería, se requieren alrededor de 3,3 millones de hectáreas (34,3% del área total de la TI) para la extracción de minerales en 500 solicitudes registradas en la ANM, una extensión territorial mayor que Bélgica (3 millones de ha) o el estado de Alagoas (2,7 millones de ha) en disputa con los mineros. Casi un tercio de todos estos pedidos registrados buscan oro. Ha habido varios ataques a las comunidades yanomami por mineros ilegales en los últimos dos meses.
“Las empresas que siguen haciendo estos pedidos, a pesar de conocer los conflictos que la minería ha traído a los territorios indígenas, están colaborando con el proyecto de destrucción que lleva adelante el gobierno de Bolsonaro. Con la amenaza del proyecto de ley 191/2020 cada vez más cerca, seguiremos haciendo campañas para que los gigantes de la minería, como Anglo American, asuman una postura compatible con los derechos indígenas y se opongan a esta propuesta ”, dice Rosana Miranda, consultora de campaña de Amazon Watch.
17/May/2021
ALERTA YANOMAMI
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) hace pública su extrema indignación y preocupación por la escalada de violencia cometida por los mineros contra las comunidades indígenas del Territorio Indígena Yanomami en Roraima, y la negligencia con la que se está tratando la situación por parte de las autoridades públicas. Nos enfrentamos al riesgo de otra masacre.
Para hacernos una idea de la gravedad de los hechos, desde el 10 de mayo, la Asociación Hutukara Yanomami denuncia una rutina de terror con intimidaciones y disparos contra la comunidad de Palimiu. El más reciente ocurrió alrededor de las 11 de la noche del miércoles (12), cuando los mineros divididos en 40 botes dispararon fuertemente contra el pueblo. Los mineros recorren a diario los ríos de la región cuyo control han tomado, exhibiendo y portando armamento ostensible como método de amenaza.
Desgraciadamente, la situación en la Tierra Indígena Yanomami no es nueva. El informe “Masacres en el campo”, de la Comisión Pastoral de la Tierra, recoge los ataques de los mineros contra los yanomami desde los años 80. En 1987, siete indígenas fueron asesinados y 47 resultaron heridos tras una invasión de 150 mineros en las montañas de Couto Magalhães. En abril del año siguiente, 1988, 8 yanomamis fueron asesinados tras un enfrentamiento en la región de Paapiú. En 1993, la aldea Haximu, en la frontera con Venezuela, fue sorprendida por el ataque de mineros fuertemente armados, lo que provocó una sangrienta masacre en la que murieron 5 niños y 5 adultos, entre ellos mujeres y ancianos. La novedad de esta ola de atentados es la evidencia de la participación de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en la actividad minera, especialmente en las regiones de mayor extracción de oro.
Otra forma de violencia cometida son los conflictos provocados por los mineros entre las propias comunidades yanomami. En 2013, un enfrentamiento armado entre yanomamis se saldó con cinco muertos y siete indígenas heridos en la región de Alto Alegre. En el momento del incidente se informó de que los mineros estaban armando a los yanomami a cambio de permiso para extraer oro ilegalmente en el territorio. La Asociación Hutukara Yanomami también denunció otros ataques y amenazas en febrero y abril de este año.
Cabe destacar que la actividad minera agrava los impactos de la pandemia de Covid-19 en el territorio, ya que los mineros son vectores de la enfermedad, y su presencia implica tensiones y conflictos y daños psicológicos. Además, los brotes de malaria, la falta de asistencia médica y la inseguridad alimentaria pesan mucho en la vida de las comunidades del territorio indígena yanomami. Los mineros han tomado por asalto un punto estratégico en los ríos Uraricoera y Parima, cobrando peajes y obstaculizando el acceso y la circulación de los indígenas dentro de su propio territorio.
La explotación depredadora de los recursos naturales siempre ha sido un problema en nuestras tierras. En nombre del beneficio, destruyen, contaminan, violan y matan el medio ambiente y a los pueblos autóctonos. Los poderes públicos deberían haber tomado medidas para proteger la vida de los indígenas. Sin embargo, hoy nos vemos obligados a advertir de nuevo de la posibilidad inminente de una nueva masacre.
El 11 de mayo, Apib presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo Federal, a través de la ADPF 709, para exigir la retirada de los invasores del Territorio Indígena Yanomami. El Estado brasileño es consciente del agravamiento de las tensiones y las decisiones que se tomen dictarán las prioridades de las instituciones: desatender la situación y, por tanto, no combatir la minería ilegal o proteger el derecho a la vida de los pueblos indígenas del Territorio Indígena Yanomami.
Por ello, expresamos nuestra solidaridad y apoyamos las denuncias realizadas por las organizaciones Hutukara Associação Yanomami y Wanassedume Associação Ye’kwana. Reiteramos que no descansaremos mientras nuestros pueblos sean atacados.
13 de mayo de 2021,
APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
COIAB – Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira
Organizaciones regionales de base:
APOINME – Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo
ARPIN SUDESTE – Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste
ARPINSUL – Articulação dos Povos Indígenas do Sul
ATY GUASU – Grande Assembléia do povo Guarani
Comissão Guarani Yvyrupa
Conselho do Povo Terena
30/Abr/2021
El Gobierno Federal intenta una vez más criminalizar al movimiento indígena, al intimidar a la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), a nuestra red de organizaciones de base y a una de las coordinadoras ejecutivas, la dirigente Sonia Guajajara, en un acto de persecución política y racista.
Durante el mes de Abril, la mayor movilización indígena en Brasil y en la semana siguiente a la reunión de la ‘Cumbre del Clima’, la Policía Federal citó a Sonia el 26 de abril a declarar en una investigación solicitada por la Fundación Nacional Indígena (Funai). El organismo cuya misión institucional es proteger y promover los derechos de los pueblos de Brasil, acusa a APIB de difamar al Gobierno Federal con la serie web “Maracá” (http://bit.ly/SerieMaraca), que denuncia violaciones de derechos cometidas contra los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia Covid-19. Estas denuncias ya han sido reconocidas por el Tribunal Supremo Federal (STF) a través del caso ADPF 709.
Los discursos racistas y de odio del Gobierno Federal promueven las violencias contra nuestras comunidades y paralizan las acciones del Estado que debe promover la asistencia, protección y garantía de derechos. Y ahora, el Gobierno busca intimidar a los pueblos indígenas en un claro intento de restringir nuestra libertad de expresión, que es la herramienta más importante para denunciar las violaciones de derechos humanos. Actualmente, más de la mitad de los pueblos indígenas han sido afectados directamente por Covid-19, con más de 53 mil casos confirmados y 1059 muertos.
No encarcelarán nuestros cuerpos y nunca silenciarán nuestras voces. ¡Seguiremos luchando por la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y por la vida!
Sigue hoy, 30 de abril, a las 3:00 pm (hora de Brasilia), el cierre del Campamento Terra Livre con el posicionamiento de Apib y sus organizaciones indígenas regionales sobre el caso, que será transmitido en apiboficial.org/atl2021.
Sangre indígena, ¡ni una gota más!
05/Abr/2021
Declaración del Indígena Abril – Camp Terra Livre 2021
Hace 520 años, la invasión europea de nuestros territorios tradicionales diezmó a millones de habitantes originales y provocó la desaparición de miles de pueblos, culturas y lenguas. Un genocidio que es una de las calamidades más trágicas conocidas en la historia de la humanidad.
Para los colonizadores y sus descendientes, se entendió que el proyecto de muerte había tenido éxito, en el cual los asesinos fueron recompensados por la ocupación de nuestras tierras y territorios. Desde entonces, hemos sido víctimas de despejo, explotación, destrucción, violencia, prejuicio, discriminación, racismo, en definitiva, políticas y prácticas etnocidas y genocidas.
En todas las fases de la historia brasileña, la política indígena, siguiendo el continuo proceso de metamorfosis del capitalismo, sirvió para extinguirnos física o culturalmente, a través del asimilacionismo y el integracionismo, de las expediciones de “caza de indios”, guerras forjadas, remociones, del régimen militar, de la expulsión de nuestros territorios, persecuciones, asesinatos y masacres.
La Constitución Federal de 1988 puso fin a esta historia escrita con la sangre de nuestros antepasados. Luego de intensas movilizaciones y luchas de nuestros pueblos y líderes, la principal ley de Brasil ha llegado a reconocer que el país es diverso, multiétnico y multicultural, estableciendo nuestro derecho a existir como partes del Estado, con autonomía y manteniendo nuestra identidad y nuestras diferencias. Así, la Constitución reconoció a los pueblos, nuestras costumbres, lenguas, creencias, tradiciones y el derecho a las tierras que tradicionalmente ocupan, que es un derecho originario, natural, congénito, es decir, de origen anterior a la constitución del Estado nacional. Como resultado de estos reconocimientos, nuestros pueblos conquistaron el derecho a políticas públicas diferenciadas, como la demarcación y protección de sus tierras, la educación escolar indígena y la atención de la salud, a través del subsistema que actualmente es administrado por la Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e los Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).
El Estado brasileño, sus élites y gobernantes sucesivos, sin embargo, siempre nos han tratado como obstáculos para sus proyectos de desarrollo, ocupación y muerte. A partir de ahí, es posible entender por qué el Estado nunca se ha estructurado para cumplir y hacer realidad los preceptos constitucionales.
Durante la vida democrática de Brasil, hasta la ruptura institucional como golpe de Estado en 2016, logramos algunos avances, siempre con mucha lucha, como: la demarcación de tierras indígenas, participación en instancias de deliberación y control social de las políticas que nos impactan, teniendo como máxima expresión la Comisión Nacional de Política Indígena (CNPI); la creación de la SESAI; la construcción y promulgación de la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas (PNGATI) y el bloqueo de iniciativas legislativas anti-indígenas como la PEC 215 y la PL minera en tierras indígenas.
Con la elección del actual presidente, Jair Bolsonaro, nuestros pueblos volvieron a ser blanco de un proyecto de muerte, que, como en los días de la invasión colonial europea, pretende usurparnos, drenarnos y ahuyentarnos de nuestros territorios, a favor del imperio del capital: agroindustria, minería, ganadería, tala y tantas otras formas de destruir a la Madre Naturaleza, con lo cual correremos el riesgo de morir juntos, física y / o culturalmente ya que hacemos parte de ella.
Esta política, que en repetidas ocasiones hemos denunciado como genocida y ecocida, encontró en la Pandemia Covid-19 un suelo fértil para “pasar el ganado”[1], lo que ha provocado un aumento de la violencia y los conflictos, incluso entre sus pares, conflictos alimentados por el propio gobierno con el objetivo de dividir, debilitar y desmovilizar a nuestros pueblos, organizaciones y líderes en la continua batalla por defender y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
¡Los virus que nos matan!
Denunciamos la campaña de difamación, intimidación y criminalización impulsada por miembros del actual gobierno contra nuestro movimiento y nuestros líderes. La negligencia y el descuido de esta política de odio y racismo practicada contra nuestros pueblos quedó al descubierto en este contexto de pandemia.
El Gobierno Federal es el principal agente transmisor de Covid-19 entre los pueblos indígenas. Sin políticas efectivas para enfrentar la pandemia, afirmamos que el gobierno de Bolsonaro abandonó su obligación de proteger a los trabajadores y usuarios del Subsistema de Salud Indígena y, así, favoreció la entrada del virus en varios territorios. Destacamos que es deber del organismo gestor, la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), brindar los insumos, capacitaciones y protocolos adecuados para la seguridad de los trabajadores y usuarios.
Con discursos cargados de racismo y odio, Bolsonaro alienta la violencia contra nuestras comunidades y paraliza las acciones del Estado que deben promover la asistencia, protección y garantía de derechos. Intenta aprovechar la “oportunidad” de esta crisis para proceder con una serie de decretos, ordenanzas, instrucciones normativas, medidas provisionales y proyectos de ley que buscan legalizar los delitos y menoscabar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.
La política genocida de Bolsonaro durante la pandemia de Covid-19 se refuerza con reiteradas acciones de negación de la vacuna, que es la principal arma para combatir el virus, y descuido en el manejo de la campaña de inmunización. La determinación del gobierno de vacunar solo a los indígenas que viven en aldeas de tierra homologada es otra acción de violencia, ya que excluye a los familiares que viven en áreas urbanas, retomadas y tierras indígenas en proceso de demarcación.
Con esta decisión, el oscurantismo, la ignorancia y el autoritarismo, que marcan la espantosa dictadura del gobierno de Jair Bolsonaro, se traducen en un plan de muerte contra los pueblos indígenas de Brasil, ya que el plan de inmunización excluye al 42,3% de una población estimada en 896.900 por el censo demográfico realizado por el IBGE en 2010. Por si fuera poco, sectores aliados, miembros del gobierno y el propio Bolsonaro difunden innumerables informaciones mentirosas a las comunidades indígenas que inducen a muchos familiares a rechazar la vacuna contra el Covid -19.
¡Decidimos no morir!
Ante todo este escenario violento que nos rodea y las muchas vidas perdidas durante la pandemia, nosotros de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), junto con todas nuestras organizaciones de base, reforzamos nuestro compromiso de luchar por la vida de nuestros pueblos.
A lo largo de la pandemia, reinventamos nuestras movilizaciones en línea y renovamos nuestras estrategias de lucha. Creamos el plan de Emergencia Indígena para apoyar las barreras sanitarias en cientos de territorios. Garantizamos la seguridad alimentaria de más de 10,000 familias. Distribuimos más de 300.000 equipos de seguridad y salud, apoyando a los equipos de salud indígenas en todo el país. Logramos de manera inédita el reconocimiento de la Suprema Corte Federal, que admitió a Apib como una entidad que puede ejercitar acciones directas en el principal tribunal de justicia del país y logramos una victoria con ADPF 709, que obliga al Gobierno Federal a adoptar medidas para proteger a los pueblos indígenas.
La pandemia no ha terminado y la violencia sigue siendo intensa. Necesitamos estar unidos y movilizados, en este sentido, desde Apib, con nuestras organizaciones de base, hemos convocado al XVII Campamento Terra Livre 2021, para fortalecer las jornadas de lucha de Abril Indígena.
¡Después del peor marzo de nuestras vidas, traeremos el abril de la mayor movilización de nuestras luchas! Vimos a más de 1000 de nuestra gente caer en la pandemia del covid-19 y sentimos el dolor de la pérdida de nuestros ancianos. Pero nosotros, los pueblos indígenas, también tenemos la fuerza de nuestros antepasados de nuestro lado.
Parientes, este es un llamado para nuestra unión. Necesitamos organizarnos y movilizarnos por la vacunación de todos los pueblos indígenas, por la garantía de nuestros derechos fundamentales, especialmente nuestro derecho territorial brutalmente masacrado por este gobierno neofascista, y por el bien vivir de nuestra Madre Tierra.
¡NUNCA MÁS OTRO BRASIL SIN NOSOTROS! Esta es una declaración que fortalecemos año tras año. Estamos en redes, pueblos, universidades, ciudades, ayuntamientos, cámaras legislativas federales, estatales y municipales y seguiremos luchando contra el racismo y la violencia que oprime y mata.
En un mundo enfermo y ante un proyecto de muerte, nuestra lucha sigue siendo por la vida, ¡contra todos los virus que nos matan!
Por la vida y continuidad histórica de nuestros pueblos, “Dile al pueblo que siga adelante”.
¡Nuestra lucha sigue siendo por la vida, no solo por el virus!
Articulación de los Pueblos Indígenas en Brasil – APIB
Brasil, 5 de abril de 2021
Organizaciones regionales de APIB base:
APOINME – Articulación de Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espírito Santo
SURESTE ARPIN – Articulación de los pueblos indígenas del sureste
ARPINSUL – Articulación de los Pueblos Indígenas del Sur
ATY GUASU – Gran Asamblea del Pueblo Guaraní
Comisión Guaraní Yvyrupa
Consejo Popular de Terena
COIAB – Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña
[1] Término utilizado por el Ministro del Medio Ambiente brasileño, Ricardo Sales, para referirse a la posibilidad de aprovecharse de la pandemia para avanzar con temas de explotación de la tierra.
04/May/2020
Nosotros, los pueblos indígenas, organizaciones y líderes indígenas de todas las regiones del Brasil, al no poder reunirnos personalmente en la Gran Asamblea Nacional – el Campamento Tierra Libre – que celebramos desde hace 16 años en la capital federal – debido a la necesidad de aislamiento social impuesta por el nuevo coronavirus, la pandemia Covid-19, hemos celebrado la ATL de manera virtual, con una gran cantidad de discusiones, debates, seminarios, testimonios y “lives” a lo largo de esta semana. Resistiendo durante 520 años frente a todo tipo de invasiones, que además de la violencia física, del trabajo forzado, el despilfarro y la usurpación de nuestros territorios, utilizaron las enfermedades como principal arma biológica para exterminarnos, actualmente atacados por el peor virus de nuestra historia – el Gobierno de Bolsonaro, venimos hacer una manifestación pública.
Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional que nosotros, los pueblos indígenas de Brasil, más de 305 pueblos, que hablamos 274 lenguas diferentes, estamos en el punto de mira y somos víctimas de un proyecto genocida del actual gobierno de Jair Messias Bolsonaro, que nos ha elegido como uno de sus objetivos prioritarios desde el inicio de su mandato, diciendo que no demarcará más centímetros de tierra indígena, y que las demarcaciones realizadas hasta entonces se habrán forjado, y por lo tanto serán revisadas.
Bolsonaro, tan pronto como asumió el cargo, dictó la medida provisional 870/19, en la que determinó el desmembramiento de la Fundación Nacional del Indio – FUNAI y sus atribuciones, pasando la parte de la concesión de licencias ambientales y la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, comandado por la bancada ruralista, enemiga de nuestros pueblos, en la persona de la ministra granjera Teresa Cristina, la “musa del veneno”. Se necesitó una gran movilización de nuestra parte y de nuestros aliados para que el Congreso Nacional rechazara este dispositivo administrativo.
Bolsonaro desmanteló, por un lado, las políticas públicas y los organismos que hasta entonces, aunque de forma precaria, servían a nuestros pueblos, dotándolos con el nombramiento de personas supuestamente anti indígenas, como el presidente de la Fundación Nacional del Indio, el delegado Marcelo Augusto Xavier da Silva. Él, ex asesor de los campesinos de la CPI de FUNAI /INCRA, que incriminó a servidores públicos, líderes indígenas, indigenistas y fiscales, publicó en el Diario Oficial de la Unión, el 22 de abril, la Instrucción Normativa Nº 09, que “dispone la aplicación, disciplina y análisis para la emisión de la declaración de reconocimiento de límites en relación con las propiedades privadas en tierras indígenas”. La medida va en contra del deber institucional del organismo indígena de proteger los derechos y territorios de los pueblos indígenas, ya que quiere legitimar y permitir la emisión de títulos de propiedad a los invasores de las tierras indígenas. Además de esta determinación del presidente de la FUNAI, la decisión de revisar o anular los procedimientos administrativos para la demarcación de las tierras indígenas, como el Tekoha Guasu Guavirá, en los municipios de Guaíra y Terra Roxa (PR), del pueblo Avá-Guaraní, la sustitución o invalidación de los Grupos de Trabajo para la identificación y delimitación, la desarticulación o desconfiguración de las Direcciones del cuerpo indígena, la persecución moral de los servidores, el mantenimiento de políticas públicas sólo para las tierras aprobadas y, en la situación actual, la irresponsabilidad de no dotar, incluso financieramente, las coordinaciones regionales y los equipos de base para proteger a nuestros pueblos y territorios de los avances de la pandemia del Coronavirus, además de dirigir la entrada de pastores fundamentalistas en los territorios indígenas.
Así, este gobierno, sometido a los intereses económicos nacionales y al capital internacional, quiere restringir nuestros derechos, principalmente territoriales, fomentando el avance de prácticas ilegales en nuestras tierras, tales como: garimpo (minería ilegal), la deforestación, la explotación forestal, la ganadería, el monocultivo y la ocupación ilegal de tierras, que se legalizará a través de la MP 910/19, en trámite en el Congreso Nacional, así como la gran minería y diversas empresas de infraestructura como hidroeléctricas, líneas de transmisión y carreteras. Todo esto en un claro intento de transformar las tierras públicas en mercancía.
Todos estos actos ilícitos e inconstitucionales constituyen un proyecto de muerte para nuestros pueblos. Implican la destrucción de nuestros bosques, nuestros ríos, la biodiversidad, nuestras fuentes de vida, en definitiva, la Naturaleza, la Madre Tierra; un patrimonio que ha sido preservado durante miles de años por nuestros pueblos y que aún hoy contribuye estratégicamente a la preservación del equilibrio ecológico y climático y al bienestar de la humanidad, prestando importantes servicios ambientales al planeta.
Es este patrimonio el que los ruralistas, la agroindustria y las corporaciones internacionales quieren robarnos, mediante la restricción o supresión de nuestros derechos constitucionales, alegando que nuestros derechos originales, y nuestra propia existencia, son un obstáculo para sus emprendimientos y planes de supuesto desarrollo. De esta manera tratan de revertir la base jurídica, nacional e internacional, de nuestros derechos, a través de medidas como la Ley (Sentencia/Parecer) 01/17, con la tesis del marco temporal, que quiere limitar nuestro derecho a las tierras que tradicionalmente ocupábamos el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Carta Magna, que de hecho apenas vino a reconocer un derecho que ya era nuestro de origen, antes, por lo tanto, de la invasión colonial y del surgimiento del Estado nacional brasileño.
Nuestro exterminio parece ser una cuestión de honor para el gobierno bolsonaro, que, aprovechándose de la crisis de la pandemia, ha agravado el abandono de nuestros pueblos. Así, también ha puesto fin a las políticas públicas diferenciadas logradas por nosotros en los últimos 30 años en el ámbito de la educación, las alternativas económicas, el medio ambiente y especialmente la salud. Después de la intención de municipalizar o privatizar el subsistema de salud indígena, con el fin de la SESAI, con la propagación del coronavirus en nuestros territorios quedó claro que el gobierno realmente quiere nuestra extinción: no nos protege de los invasores, permitiéndoles contaminar nuestras comunidades, lo que puede llevar a una extinción masiva, empezando por nuestros ancianos, fuentes de tradición y sabiduría para nuestros pueblos, especialmente para las nuevas generaciones. Y como si eso no fuera suficiente, el gobierno estimula el acoso y la violencia de los intereses privados sobre nuestros bienes naturales y territorios sagrados. La reciente dimisión del director de inspección del IBAMA después de las acciones de represión contra el garimpo en Tis, en el sur de Pará, es muy reveladora de las intenciones del actual gobierno.
Frente a esta institucionalización del genocidio por el gobierno de Bolsonaro, alertamos a la sociedad nacional e internacional, exigiendo:
1. La demarcación, regularización, inspección y protección inmediatas de todas las tierras indígenas;
2. La revocación del Parecer (la ley) 001/17 del Abogado General de la Unión;
3. La retirada de todos los invasores de las tierras indígenas – garimpeiros (mineros ilegales), ladrones de tierra, taladores, agricultores – dado que son agentes que destruyen nuestros recursos naturales y nuestras culturas y especialmente, en este momento, propagan enfermedades y COVID-19; constituyendo un grave riesgo para todos los pueblos, especialmente para los pueblos indígenas voluntariamente aislados;
4. La adopción de medidas que restrinjan el acceso de extraños en las comunidades indígenas, entre ellos mineros, comerciantes, taladores, así como el proselitismo de grupos religiosos fundamentalistas que propagan en las tierras indígenas la demonización de los modos de vida, las espiritualidades, los conocimientos y las formas tradicionales de tratar las enfermedades;
5. La aplicación de medidas encaminadas a garantizar el saneamiento básico, el agua potable, la vivienda adecuada y otros equipos que aseguren una buena infraestructura sanitaria en las comunidades;
6. La adopción de medidas que aseguren el buen estado nutricional de todas las comunidades indígenas y la garantía de un plan permanente de seguridad y soberanía alimentaria para nuestros pueblos y comunidades;
7. La viabilidad del ingreso y permanencia de los equipos de salud en las zonas, asegurando así que las acciones para prevenir y proteger la pandemia sean efectivas y continuas;
8. La infraestructura y logística adecuadas para los equipos de salud, asignándoles todo el equipo necesario para el desarrollo de las acciones de protección y prevención contra las enfermedades, como medicamentos, sueros, guantes, máscaras, transporte, combustible;
9. La garantía de que existen, además de en las comunidades – en los municipios y las capitales- hospitales de referencia para el servicio de mediana y alta complejidad, donde se pueden realizar exámenes clínicos y promover una hospitalización adecuada para el tratamiento de los pacientes de COVID-19 y otras enfermedades;
10. La asignación de recursos financieros para la adquisición de materiales de protección para todas las personas de las comunidades indígenas, como agua limpia, jabón, agua sanitaria, gel de alcohol, guantes y máscaras, y que también haya una orientación adecuada para las personas sobre el uso de estos materiales en este período de pandemia;
11. La capacitación de agentes indígenas de salud, de agentes sanitarios y ambientales, de matronas y de todos los que trabajan en el área de la salud, dentro de las comunidades, con miras a la protección y prevención del COVID-19;
12. La contratación inmediata de profesionales de la salud -médicos, enfermeros, técnicos de enfermería, epidemiólogos- para trabajar en las zonas indígenas, componiendo y ampliando los actuales equipos de salud;
13. La contratación inmediata de testes para la realización de exámenes de COVID-19 en todas las comunidades, en el mayor número de personas posible, a fin de obtener un diagnóstico eficaz de la situación actual de la pandemia en las tierras indígenas y mejorar las medidas relativas a su prevención, control y tratamiento;
14. Se debe poner fin a la falta de notificación de los pueblos indígenas, ya que se deben notificar todas las denuncias de los pueblos indígenas, en su conjunto, independientemente de que se encuentren en tierras indígenas regularizadas o no, incluso si viven en zonas urbanas. Que el Ministerio de Salud y el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública se aseguren de que el Boletín Epidemiológico Covid-19 incluya todos los casos de contaminación y muertes de todos los indígenas, incluso para apoyar la inclusión de datos para orientar la política pública;
15. La conformación de un Comité Interinstitucional de Crisis, con plazas garantizadas para los pueblos indígenas, nombrado por la APIB, para la definición de estrategias de protección de los pueblos indígenas, con el fin de realizar un seguimiento conjunto de las acciones de protección territorial, seguridad alimentaria, ayudas y beneficios, recursos y protocolos contra la contaminación, para todos los pueblos indígenas. Este Comité no se debe confundir con el Comité Nacional de Crisis, en el que sólo participa la Secretaría Especial de Salud Indígena, y excluye la atención a los indígenas fuera de las tierras indígenas;
16. Que se incorporen la FUNAI y la SESAI, así como las Coordinaciones Regionales de la FUNAI (CDR) y los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEIs) a los Centros Operativos de Emergencia de Salud Pública a nivel nacional, estatal y municipal;
17. Que el Congreso Nacional archive todas las iniciativas legislativas presentadas por la bancada ruralista y otros segmentos del capital para restringir o suprimir los derechos fundamentales de nuestros pueblos, especialmente el derecho original a las tierras que tradicionalmente ocupamos;
18 Que el Poder Judicial suspenda todas las propuestas de recuperación presentadas por los invasores, supuestos propietarios o empresarios, contra los pueblos indígenas que hayan tomado la determinación de recuperar sus tierras tradicionales;
19. Que el Supremo Tribunal Federal juzgue cuanto antes el Recurso Extraordinario – RE nº 1017365, con carácter de Repercusión General, para consagrar, de forma definitiva y plena, el Indigenato, el derecho original, congénito de ocupación tradicional de nuestras tierras y territorios, para corregir la trayectoria de agresión contra los pueblos indígenas de Brasil.
20. Que el gobierno de Bolsonaro suspenda la ejecución de cualquier obra de infraestructura (centrales hidroeléctricas, carreteras, etc.) o de obras agroindustriales que puedan impactar en nuestros territorios, ya que éstas proporcionan la presencia de no indígenas, potenciales agentes de propagación del Coronavirus y otras enfermedades perniciosas para nuestros pueblos y comunidades.
21. Por último, exigimos la derogación de la Instrucción Normativa 09, de 16 de abril de 2020, publicada por el presidente de la FUNAI, en la edición del 22 de abril del Boletín Oficial de la Unión (DOU), que permite, de manera ilegal e inconstitucional, la transferencia de títulos de propiedad de tierras a personas dentro de las áreas indígenas protegidas por la legislación brasileña. Y que el Congreso Nacional archive la Medida Provisional 910/19, que intenta legalizar el acto criminal de la ocupación ilegal en nuestros territorios, Unidades de Conservación y otros territorios de comunidades tradicionales.
A nuestros pueblos y organizaciones les decimos: resistan siempre, con la sabiduría que recibimos de nuestros antepasados, por las generaciones presentes y futuras de nuestros pueblos. Y que se intensifique la solidaridad nacional e internacional, en este momento de muerte, fortalecido por la indiferencia del gobierno bolsonaro, y al mismo tiempo de gestación de un nuevo tiempo para nuestros pueblos, la sociedad brasileña y la humanidad entera.
Por el derecho a Vivir. Sangre Indígena, ninguna gota más.
Brasil, 30 de abril de 2020.
XVI Campamento Tierra Libre 2020
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Comisión de los Pueblos Indígenas de Brasil)
Mobilização Nacional Indígena (Movilización Nacional Indígena)
20/Mar/2020
Sin lugar a dudas, los pueblos indígenas somos uno de los segmentos más expuestos a una situación de vulnerabilidad frente a la actual pandemia de coronavirus COVID-19. A lo largo de la historia, hemos sido víctimas de sucesivos invasores, no sólo por el uso de violencia física, armas de fuego o trabajo forzado, sino también por las enfermedades que nos han transmitido y transmiten, como la gripe, la viruela y el sarampión, incluso en el siglo XX especialmente durante el régimen de dictadura militar.
Actualmente sufrimos enfermedades externas: enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades gastrointestinales, renales, de transmisión sexual y respiratorias. El coronavirus es otra de estas amenazas, otra plaga producida por la acumulación capitalista, que por lo tanto es de origen político y económico y que ahora se convierte en una crisis de salud pública.
No podemos pagar por problemas no relacionados con nuestra forma de vida. Por el contrario, corresponde al Estado proporcionar medidas para aliviar su deuda acumulada hasta la fecha con nuestros pueblos y comunidades.
De esta manera, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), hacemos de público conocimiento nuestra exigencia al Gobierno actual para que implemente un plan de acción de emergencia, que incluya, entre otras, las siguientes medidas:
• Garantizar la protección de nuestros territorios, independientemente de la fase de regularización en la que se encuentren.Principalmente los territorios de los pueblos indígenas aislados y recientemente contactados.
• Restringir la presencia de invasores en territorios indígenas, como ocupantes ilegales, mineros, madereros y otros que practican actividades no reglamentadas en estos territorios.
• Suspender cualquier intento de desalojo en las retomadas: territorios tradicionales de nuestros pueblos ocupados con el objetivo de garantizar su derecho original, posesión y usufructo exclusivos.
• Fortalecer, con una asignación presupuestaria adicional, el subsistema de salud indígena, es decir, la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), los Distritos Especiales de Salud Indígena (DSEI) y las Casas de Salud Indígena (CASAI), en el actual contexto de la pandemia de coronavirus debido al aumento de demanda y sobreocupación.
• Evitar el acceso a los territorios indígenas de personas que no están autorizadas o vinculadas a servicios básicos de asistencia, como turistas y otras personas con diferentes propósitos no autorizados por nuestros líderes.
• Mejorar el subsistema con medidas de prevención y atención para evitar riesgos de contaminación por coronavirus en las aldeas, especialmente en aquellas cercanas a centros urbanos o en momentos de asistencia hospitalaria necesaria. Cualquier plan de contingencia debe ser ampliamente discutido con los órganos representativos de nuestros pueblos.
• Revocar inmediatamente la Ordenanza Funai No. 419 / PRES., Del 17 de marzo de 2020, según lo recomendado por el Consejo Nacional de Salud (CNS) y el 6to. Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público Federal / PGR. La Ordenanza FUNAI, principalmente en su artículo 4, elimina de la Coordinación General de Indios Aislados la responsabilidad de proteger a estos pueblos, transfiriéndola a las coordinaciones regionales del órgano indígena. Las coordinaciones regionales no tienen personal calificado y condiciones estructurales para tal misión específica. Para APIB, esta decisión que elude toda la legislación nacional específica (Constitución Federal, Estatuto del Indio, Reglamento Interno de Funai, determinaciones del Ministerio de Salud y SESAI) e internacional (Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y OMS), constituye un acto de irresponsabilidad, ya que representa un mayor riesgo para la integridad de los pueblos aislados y de contacto reciente. La decisión sólo puede justificarse debido a intereses inexplicables, que nuestra organización ya ha informado en otras ocasiones.
Finalmente, en ausencia de la voluntad política del gobierno actual de desarrollar un plan de contingencia para brotes y epidemias considerando las especificidades de nuestros pueblos, su forma de vida comunitaria, que puede facilitar la rápida propagación del Coronavirus, requerimos que las organizaciones internacionales, principalmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPAS), pongan a disposición las unidades de salud para indígenas de forma urgente. Es por el bienestar de nuestros ancianos, custodios de sabiduría y tradición, como por el bien de nuestros hijos y futuras generaciones, que exigimos respeto por la atención médica específica y diferenciada, conquistada por los pueblos indígenas en la Constitución de 1988.
12/Feb/2020
Las organizaciones abajo firmantes –, indígenas, defensores de indígenas, socioambientalistas y defensores de derechos humanos– que conforman la Movilización Nacional Indígena (MNI) vienen a expresar un rechazo vehemente al Proyecto de Ley No. 191/20, enviado por el Presidente de la República, Sr. Jair Bolsonaro. , el 6 de febrero de este año, cuyo objetivo es regular la búsqueda y explotación de recursos minerales, minería artesanal, extracción de hidrocarburos, así como el uso de recursos hídricos para generar electricidad en tierras indígenas. El PL materializa el “sueño” del presidente, quien desde su toma de posesión defiende la explotación económica de los territorios indígenas y la pesadilla para los pueblos indígenas.
Una vez más, Bolsonaro reitera su política irrespetuosa con el Estado de derecho democrático, los derechos humanos, la Constitución federal y los tratados internacionales que reconocen los derechos indígenas. El proyecto de ley 191/20, enviado a la Cámara Federal, propone la liberación de territorios indígenas para la explotación de minerales, recursos hídricos e incluso agricultura, cuando la Constitución brasileña establece como principio que el gobierno federal tiene el deber de proteger los territorios indígenas.
Es flagrante la intención del Presidente de la República y sus partidarios de abrir las tierras indígenas a grupos económicos nacionales e internacionales. Es un proyecto de muerte para los pueblos indígenas, que vendrá en forma de desfiguración de sus territorios, violación de sus derechos y pérdida de su autonomía, logrados en la Constitución brasileña y en los tratados internacionales. El proyecto de ley es un camino sin retorno al derecho de usufructo exclusivo de los pueblos indígenas sobre su territorio.
El proyecto también propone el retorno a la tutela, cuando elimina falazmente el poder de veto de los pueblos indígenas en relación con la explotación de sus territorios, sometiéndose a la aprobación del propio Presidente de la República, después de una consulta meramente protocolar para confirmar el emprendimiento. También propone que la administración de los recursos financieros será responsabilidad de un consejo curatorial que estará compuesto unicamente por tres indígenas y que podrá definir las asociaciones que representen legítimamente a las comunidades indígenas afectadas.
P.L.191 / 20 es totalmente usurpador, autoritario, neocolonialista, violento, racista y genocida, especialmente con respecto a los pueblos indígenas aislados voluntariamente y recientemente contactados. El PL retoma una perspectiva etnocida y genocida contra los pueblos indígenas, contrariamente a lo que defiende la Constitución Federal en sus artículos 231 y 232, y tratados internacionales, ya que, además de proponer la destrucción de las políticas de protección, desvirtua los territorios ya regularizados y señala la no demarcación de nuevos territorios.
Expresamos nuestro repudio y desacuerdo con el proyecto de ley referido y sus impactos impredecibles. Nos unimos a la lucha de los pueblos indígenas de Brasil, en el apoyo irrestricto a sus derechos originales.
Brasilia, 10 de febrero de 2020
Firman:
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB
Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espirito Santo – APOINME
Articulação dos Povos Indígenas do Sul – ARPINSUL
Associação Floresta Protegida
Associação Indígena Moratu do Xingu – AIMIX
Aty Guasú
Centro de Trabalho Indigenista – CTI
Comissão Guarani Yvyrupa
Comitê Nacional de Defesa dos Territórios Frente a Mineração – CNDTFM
Conselho das Aldeias Wajãpi – Apina
Conselho Indigenista Missionário – CIMI
Conselho Terena
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB
Indigenistas Associados – INA
Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC
Instituto Internacional de Educação no Brasil – IIEB
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena – IEPÉ
Instituto Socioambiental – ISA
Operação Amazônia Nativa – OPAN
Rede de Cooperação Amazônica – RCA
Greenpeace Brasil
Instituto, Sociedade, População e Natureza – ISPN,
Movimento dos Atingidos pela Mineração – MAM
06/Feb/2020
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) se dirige al público para expresar su vehemente rechazo de las manifestaciones de odio y racismo visceral que el gobierno Bolsonaro, desde su primer día de gobierno, ha expresado rutinariamente y públicamente contra los pueblos, organizaciones y líderes indígenas de Brasil, en los últimos días materializadas en el anuncio de un proyecto de ley que tiene como objetivo definir
“condiciones específicas para la investigación y extracción de recursos minerales, incluido la minería artesanal, el petróleo y el gas, y la generación de energía hidroeléctrica en tierras indígenas”, anuncio maquillado de falsas buenas intenciones y retóricas que inducen la cooptación y división de los pueblos, tergiversando el real sentido de autonomía, para en realidad autorizar también la invasión de territorios indígenas por medio de otros emprendimientos como la agricultura extensiva, la ganadería y otras industrias depredadoras.
La vil declaración de que “el indio es un ser humano como nosotros. Tiene corazón, tiene sentimiento, tiene alma, tiene deseo, tiene necesidades … ”, repite el etnocentrismo de los invasores europeos, que hace más de 500 años masacraron a millones de nuestros hermanos, una práctica que hoy en día constituye un crimen racial capital.
El “sueño” del gobierno Bolsonaro es en realidad la voluntad de servir a los intereses económicos que impulsaron su candidatura y que sustentan su gobierno, a pesar de que esto implique un total incumplimiento de la legislación nacional e internacional que garantiza nuestros derechos fundamentales, nuestro derecho original, congénito, de ocupación tradicional de nuestras tierras y territorios, nuestro derecho de posesión y usufructo, y nuestro derecho a consulta, consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier medida administrativa y legislativa que nos afecte.
Hay que decir que, la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas en Brasil no comparten los deseos de una minoría de personas indígenas que se engañan y se doblegan ante las malas intenciones camufladas de este gobierno.
La APIB, por lo tanto, denuncia la manipulación que el Gobierno Bolsonaro hace de nuestro derecho a la autonomía y repudia este proyecto de muerte que, a todo costo, quiere implementar en territorios indígenas, con impactos irreversibles, especialmente en pueblos indígenas aislados y recientemente contactados, y llama a toda su base y movimientos, organizaciones y segmentos solidarios de la sociedad nacional e internacional a unirse a nosotros en esta batalla por la vida y el buen-vivir no solo de los pueblos indígenas sino de toda la humanidad y del planeta.
Brasilia – DF, 6 de febrero de 2020.
Articulación de pueblos indígenas en Brasil – APIB
