23/Ago/2019
La Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), expresa su preocupación extrema por la rápida destrucción de la selva amazónica, hogar de nuestras familias y fuente de todos los recursos que necesitamos para vivir. Las tasas récord de deforestación y brotes de incendios relacionados son consecuencia de los discursos genocidas anti-indígenas y anti-ambientales de este gobierno. Los madereros, los acaparadores de tierras y los propietarios irresponsables están aprovechando el debilitamiento de la vigilancia ambiental para avanzar sobre nuestro hogar la Amazonía.
El debilitamiento de la aplicación de la ley es el resultado del discurso de Bolsonaro y los ataques violentos contra la selva amazónica y nuestros parientes indígenas que viven allí. La deforestación, la ola récord de incendios está destruyendo áreas de protección ambiental y nuestros territorios, generando graves consecuencias de las actitudes de este gobierno para nuestra supervivencia actual y futura. Como ejemplo, llamamos la atención sobre los incendios que se producen actualmente en la isla de Bananal, Tocantins; y en la Tierra Indígena Apyterewa, en el sur de Pará, donde viven los pueblos indígenas, incluidos los grupos en aislamiento voluntario. Los incendios están destruyendo los bosques restantes en estas regiones, espacios vitales para la supervivencia de nuestros parientes. El estado de Mato Grosso lidera el número actual de brotes de incendios. Además de un fuerte agronegocio, Mato Grosso es el hogar de muchos de nuestros parientes. También hay pueblos aislados en el estado de Mato Grosso, muchos de ellos aún no tienen su presencia reconocida por el estado brasileño, que también puede estar en proceso de huida y sufriendo de violencia estructural debido a las altas tasas de deforestación y fuego. Los estados de Pará, Mato Grosso y Amazonas lideran el ranking de deforestación este año, es allí precisamente donde vive una población significativa de nuestro pueblo. También es en esta región donde viven la mayoría de los últimos pueblos aislados de Brasil.
No admitiremos tal destrucción de nuestros hogares … ¡Amazonas! Quieren acabar contigo, pero resistiremos. Por ti y por nosotros, lucharemos.
NI UNA GOTA DE SANGRE MÁS
10/Ago/2019
El aumento creciente de invasiones de las tierras indígenas, la violencia contra los líderes y comunidades indígenas, que dejan en situación de vulnerabilidad principalmente a mujeres y niños son la causa de una gran preocupación. El anuncio hecho por el presidente de la República.
De que no demarcaría ninguna tierra indígena más y sus comparaciones de los indios con animales y de sus territorios con zoológicos, rompen con la Constitución Federal y la obligación de la Unión de proteger la vida y los bienes indígenas. La tierra indígena Wajãpi, en la región de Amapá, demarcada y protegida desde 1996, fué el blanco de una reciente invasión siendo asesinado uno de sus lideres.
De hecho en los seis meses de Gobierno que ya pasaron el Ministerio de Justicia no tomó ninguna medida de demarcación de nuevas tierras como las de los Pataxós y los Tupinambás, en Bahia y las de los Guarani Kaiowá en Mato Grosso do Sul. No hubo acciones efectivas contra las violencias practicadas contra los pueblos indígenas. Los Yanomami y los Ye ́wana, de Roraima están siendo masacrados por la invasión masiva de mineros y explotadores de oro en la Tierra Indígena Yanomami.
La reciente noticia de que el gobierno va a poner las tierras indígenas a disposición de la explotación minera puede tener consecuencias dramáticas, principalmente en la Amazonía, donde se concentra la mayor extensión de tierras indígenas (98%), la mayor cantidad de indios aislados, el 60% de la población indígena brasileña y la mayor cantidad de peticiones para investigación y explotación de minerales.
La solución propuesta por el Presidente Bolsonaro respecto de las actividades criminales practicadas en tierras indígenas es aterradora: legalizar el crimen!
El Estado tiene un poder de fiscalización pobre, como vimos en los casos de Mariana y Brumadinho, en Minas Gerais y está facilitando el proceso de licenciamiento ambiental.
En el caso específico de la cadena de producción de oro y según un reportaje reciente, el Minsiterio Público Federal y la Policía Federal recopilaron durante tres años una serie de pruebas que muestran la fragilidad respecto a la regulación existente y a la ejecución del papel fiscalizador del Estado.
Ante estos graves hechos nos manifestamos en defensa de los pueblos indígenas y de sus territorios, a favor de su autonomía en las decisiones sobre su propio desarrollo y contra la actividad minera en tierras indígenas.
Solicitamos la demarcación de las tierras indígenas pendientes, que sea hecho un inventario por parte del Ministerio de Justicia de todos los actos graves de violación de los derechos indígenas perpetrados en los últimos tres años y de las medidas tomadas para reprimirlos, siendo estos presentados a la sociedad brasileña.
Brasilia, 09 de Agosto de 2019.
Joenia Wapichana
Coordinadora del Frente Parlamentar
Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas
Nilto Tatto
Coordinador del Frente Parlamentar Ambientalista
Erika Kokay
Coordinadora del Frente Parlamentar em
Defesa dos Direitos Humanos
Rodrigo Agostinho
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Helder Salomão
Presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Minoria
08/Jun/2017
GINEBRA / WASHINGTON DC (8 de junio de 2017) – Tres expertos de las Naciones Unidas y un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han unido fuerzas para denunciar ataques contra los derechos de los pueblos indígenas y del ambiente en Brasil.
“Los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales están bajo ataque en Brasil”, dijeron los Relatores Especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, sobre los defensores de derechos humanos, Michel Forst, y sobre el ambiente, John Knox, y el Relator de la CIDH sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Francisco José Eguiguren Praeli.
En los últimos 15 años, Brasil ha visto el mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente y de la tierra de cualquier país del mundo, señalaron los expertos, con un promedio de uno cada semana. Los pueblos indígenas están especialmente en riesgo.
Los expertos afirmaron que “sobre este trasfondo, Brasil debería estar fortaleciendo la protección institucional y jurídica para los pueblos indígenas, así como también la de personas de herencia africana y de otras comunidades que dependen de su territorio ancestral por su existencia material y cultural. En cambio, es preocupante que Brasil está considerando debilitar estas protecciones”.
Los expertos resaltaron las reformas propuestas a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el organismo que apoya a los pueblos indígenas en la protección de sus derechos, y que ya ha tenido su financiación severamente reducida. Un informe recientemente aprobado por la Comisión Investigadora del Congreso pide que la fundación sea despojada de la responsabilidad legal de titulación y demarcación de tierras indígenas.
De igual forma, mostraron su preocupación por las denuncias de criminalización ilegítima de numerosos antropólogos, líderes indígenas y defensores de derechos humanos vinculados a su trabajo con las cuestiones indígenas.
“Este informe toma varios pasos atrás en la protección de las tierras indígenas”, advirtieron los expertos. “Estamos particularmente preocupados acerca de los procedimientos de demarcación futura, así como sobre las tierras indígenas que ya han sido demarcadas”.
El informe de la Comisión Investigadora del Congreso también cuestiona los motivos de las Naciones Unidas, acusándola de ser una Confederación de organizaciones no gubernamentales que busca influir en las políticas Brasileñas a través de sus organismos, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“El informe también señala que la Declaración de las Naciones Unidas presenta una grave amenaza a la soberanía de Brasil, y alienta al gobierno brasileño a denunciar el Convenio 169 OIT, alegando que este manipula el reconocimiento de pueblos indígenas inexistentes con el fin de ampliar las tierras indígenas en Brasil”, destacaron los expertos.
Estos también establecieron que “es realmente lamentable que, en vez de ejemplificar los principios consagrados en la Declaración, la Comisión Investigadora del Congreso cuestione los motivos detrás de esta y los de la propia ONU, y minimice cualquier progreso realizado hasta ahora”.
La Sra. Tauli Corpuz expresó especial alarma en las acusaciones que indicaron que su visita a Brasil en 2016 intencionalmente provocó un aumento en el número de pueblos indígenas reclamando sus tierras, exponiéndolos a más violencia. Corpuz destacó el hecho de que algunas de estas comunidades sufrieron ataques inmediatamente después de su misión.
Los expertos en derechos humanos también señalaron que una serie de proyectos de ley fueron distribuidos en el Congreso el viernes 2 de junio, con el propósito de establecer licencia ambiental general que como resultado debilitaría la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la legislación propuesta eliminaría la necesidad de licencias ambientales para proyectos de agroindustria y ganadería, independientemente de su tamaño, ubicación, necesidad o impacto en tierras indígenas o el medio ambiente.
“Debilitar esas protecciones sería contrario a la obligación general de los Estados de no retroceder en el nivel de su protección de los derechos humanos, incluyendo a los dependientes de un medio ambiente sano”, indicaron.
Los expertos advirtieron que las leyes propuestas estaban reñidas con la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que garantiza los derechos de los pueblos indígenas a la conservación y protección del medio ambiente, y protege la capacidad productiva de sus tierras y recursos.
El informe y el proyecto de ley fueron enviados por los miembros del lobby ‘ruralista’, una coalición que representa a los agricultores y asociaciones de ganaderos, los expertos señalaron.
“Las tensiones sobre derechos a la tierra deberían ser dirigidas a través de esfuerzos por reconocer los derechos y mediar los conflictos, en lugar de reducir sustancialmente las protecciones para los pueblos indígenas, afrodescendientes y el medio ambiente en Brasil”, recalcaron.
Los expertos de la ONU están en contacto con las autoridades brasileñas, a la vez que siguen de cerca la situación.
La Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el Sr. John H. Knox, Relator Especial ante el problema de las obligaciones de los derechos humanos relacionadas con el disfrute de un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible como parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el órgano de expertos independientes más grande en el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general del Consejo de investigación independiente y control de mecanismos que tratan situaciones específicas del país o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan con capacidad individual.
Sr. Francisco José Eguiguren Praeli, Relator sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue elegido el 16 de junio de 2015, por la Asamblea General de la OEA, para un mandato de 4 años que termina el 31 de diciembre de 2019. Un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH deriva su mandato de la carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover el respeto a los derechos humanos en la región y actúa como un órgano consultivo de la OEA en esta área. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por capacidad individual por la Asamblea General de la OEA y que no representan sus países de origen o de residencia.
Los derechos humanos de la ONU, página del país: Brasil
Para más información y solicitudes de prensa, por favor contactar a la Sra. Kyong Hee Yoo (41 22 917 97 23 / [email protected]), la Sra. Christine Evans (41 22 917 9197 / [email protected]) o escribir a [email protected]
Para inquietudes de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU:
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12/Abr/2017
En los últimos años los Pueblos Indígenas de Brasil ha enfrentado fuertes presiones que se están intensificando en todos los espacios de poder del Estado. En el parlamento, están prevaleciendo en todos sus niveles, los intereses de grupos mayoritariamente contrarios a los derechos de los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta que es en el parlamento el lugar donde se construyen reglamentos legales que vinculan a toda la sociedad, se hace necesario vernos en ese espacio como estrategia para el empoderamiento de nuestros pueblos y conseguir que se dé forma efectiva a nuestras luchas, y pautas sean evidenciadas y transformadas en instrumentos de resistencia y de poder en ese contexto acentuado de correlación de fuerzas y de ataques permanentes a los derechos indígenas.
Son evidentes los prejuicios causandos en las cámaras de concejales en los municipios que poseen poblaciones indígenas, y en las asambleas legislativas, pero que no tienen representación indígena. Tales prejuicios son mayores en el ámbito del Congreso Nacional que en su composición no posee ni siquiera un representante indígena. Esa característica da margen para la fuerte agenda reaccionaria, fundamentalista y de intereses de los grupos económicos, con atención para la bancada ruralista, que históricamente actúan como enemigos de los Pueblos Indígenas.
En las últimas elecciones municipales, actuamos fuertemente en el impulso al lanzamiento de candidaturas indígenas en todo el territorio brasileño. Esa táctica generó resultados importantes. Centenas de candidatos indígenas compitieron por los cargos de veedores y alcaldes en diversas ciudades del país. Alcanzamos la marca histórica de 167 indígenas electos para los cargos de veedor y 05 indígenas electos alcaldes en sus ciudades de origen, por lo que creemos que esas elecciones definieron una agenda progresista y positiva que tiene como foco la lucha y exigencias de los pueblos originarios y las comunidades tradicionales, la pauta de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente y de la democracia, en fin, un conjunto de políticas sociales conquistadas por toda la sociedad brasileña.
El sistema político no obstante es arcaico, fundado en el poder económico e instrumentalizado por las élites de este país. Por esas razones se hace necesario continuar luchando por la reforma política, que no se reduzca a la reforma electoral, para asegurar a los distintos segmentos de la sociedad tradicionalmente marginalizada de los espacios de poder y de democracia real y participativa, que permitan por ejemplo a los pueblos indígenas participación en las disputas electorales, sea por medio de la vía clásica partidaria, de colegios electorales diferenciados o de mecanismos autónomos de organización social propia, espacios colectivos de decisión.
Considerando que en 2018 todo el país estará votando para las elecciones a cargos de diputados, gobernadores y presidente de la República, el foco es que nuestros pueblos no actúen más como meros coadyudantes en ese proceso de elección. Por eso, convocamos a todos los pueblos indígenas de Brasil para que a partir de ahora, inicien sus discusiones en el ámbito local y regional sobre las necesidad de lanzar cada vez más candidatos indígenas para la disputa en estas próximas elecciones, guerreras y guerreros alentados, dispuestos a ocupar el parlamento en los estados y en el Congreso Nacional. Llevar la agenda de lucha de los pueblos indígenas para el debate político debe ser encarnado como una misión de todo el movimiento indígena brasileño.
Por un parlamento cada vez más indígena!
Brasília-DF 31 de enero del 2017
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil – APIB
12/Abr/2017
Los líderes indígenas Guaraní Kaiowá y Ñandeva de Aty Guasu y del Consejo Terena, pueblos de Mato Grosso del Sur, además de dirigentes de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), estuvieron en el Ministerio de Justicia, el inicio de ésta tarde de viernes 28, para reforzar la denuncia frente a dos ataques racistas de los diputados Luiz Carlos Heize (PP/RS) y Alcue Moreira (PMDB/RS) (vea aquí) y demostrar su preocupación frente a la Comisión Especial de la PEC 215.
“Los ataques racistas de los diputados ruralistas ocurrieron en una audiencia pública de la Cámara Federal. Para la PEC 2015, los ruralistas ya solicitaron cerca de 20 audiencias. Tememos que estas audiencias sirvan para una vez más ser atacados de forma racista, con odio”, destaca Lindomar Terena. El grupo fue oído por representantes de la Secretaría Nacional de Seguridad y Asesoria Especial de Asuntos Indígenas, organismos del ministerio. Demandas teritoriales, además de protestas contra el Decreto 303. también fueron tratadas en el encuentro.
“Vivimos un vergonzoso pacto entre los poderes del Estado y los propietarios o representantes del capital, en detrimento a los derechos constitucionales de nuestros pueblos. una virulenta campaña de criminalización, deslegitimación, discriminación, racismo y exterminio de los pueblos originarios”. dice un apartado de la carta-denuncia presentada junto al ministerio.
Léala íntegra:
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO MINISTRO DE ESTADO DE JUSTÍCIA
Estimado Señor Ministro, Nosotros, líderes indígenas abajo firmantes, en nombre de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil – APIB, del Consejo de la GRan Asamblea Guaraní Kaiowá (Aty Guassu) y del Consejo del Pueblo Terena, movilizados en Brasilia-DF, venimos por este medio a denunciar a vuestra excelencia la intensificación de los ataques fomentados contra los derechos de los pueblos, con gran preocupación en este año electoral, por distintas fuerzas económicas y políticas de la sociedad y del Estado brasileño, que intentan perpetuar, a cualquier costo el modelo de desarrollo, prioritariamente agroexportador, que visibiliza sus intereses de poder, acumulación y lucro, y de apropiación y despojo de nuestros territorios.
Vivimos un vergonzoso pacto entre los poderes del Estado y los dueños o representantes del capital, en detrimento de las derechos constitucionales de nuestros pueblos. Una virulenta campaña de criminalización, deslegitimación, racismo y exterminio de los pueblos originarios, que busca legalizar el asalto y la usurpación de los territorios indígenas y sus diversas riquezas. de ahí el empeño de esos enemigos en impedir de cualquier forma la demarcación de las pocas tierras que nos sobran con la invasión colonial.
Hacen parte de esta campaña:
1.Las audiencias públicas creadas en distintas regiones del país por el Frente Parlamentar Agropecuário, con el propósito de dar legalidad a la inconstitucional PEC 21, que busca inviabilizar la efectivización de los derechos territoriales indígenas, quilombolas y las unidades de conservación. Por otra parte, distintas audiencias, tienen que ser construidas en verdaderos palcos de incitación al crimen, al odio, al racismo y la violencia contra nuestros pueblos y otros segmentos marginalizados de la población, tal como aconteció el 20 de noviembre de 2013, en el Municipio de Vicente Dutra-RS. Denunciamos particularmente los discursos proferidos por los diputados Luiz Carlos Heinze (PR/RS) y Alceu Moreira (PMDB/RS, con insultos absurdos e inaceptables contra homosexuales, prostitutas, quilombolas y, especialmente, contra los pueblos indígenas. Entregamos para su conocimiento, recuento y sanción de estos congresistas video que reúne íntegras esas faltas que en nuestro entendimiento constituyen crimen, atentando contra los derechos humanos y falta de respeto al estado de derecho.
- El decreto Nº 27, del 7 de febrero del 2004, en abogado general de la Unión-AGU, Luís Inácio Lucena Adams, que determina la Consultoría-General de la Unión-CGU y la Secretaría-General de Litigio – SGCT el análisis de la adecuación de contenido del Decreto AGU nº 303, del 16 de julio del 2012, publicada en el Diario Oficial de la Unión, Sección 1 del 17 de febrero del 2012, a los términos de acuerdo proferido por el Supremo Tribunal Federal en juicio de los embargos de declaración opuestos en la Petición Nº 3388.
La artimaña tiene por objetivo evidentemente que el polémico e impugnable Decreto 303, ya en vigor de hecho, se torne ley de derecho, conforme reivindican a partir de 2012 los representantes de agroindustria y la bancada ruralista de los cuales el ministro Adams es un fiel subordinado, considerando que la misma es una afronta a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y responsable del empeoramiento de la inseguridad jurídica y social, de las acciones de violencia, persecuciones, amenazas y asesinatos cometidos contra los pueblos y comunidades indígenas impulsadas por invasores de sus tierras, exigimos al gobierno de Dilma su inmediata y definitiva cancelación.
De misma forma exigimos la revocación de otros instrumentos publicados por el Poder Ejecutivo tales como el Decreto 2498, del 31 de octubre del 2011, que determina la intimidación de los entes federales para que participen de los procedimientos de identificación y delimitación de tierras indígenas, el Decreto Interministerial 419 del 28 de octubre del 2011, que restringe el plazo para que órganos y entidades de la administración pública agilicen las licencias ambientales de emprendimiento de infraestructura que afectan tierras indígenas, y el Decreto nº 7.957, del 13 de marzo del 2013, que establece el instrumento estatal para represión militarizada de toda y cualquier acción de pueblos indígenas, comunidades, organizaciones y movimientos sociales que decidan posicionarse contra emprendimientos que impacten sus territorios.
- A estas acometidas se suma la voraz voluntad de la bancada ruralista de desgarrar la Constitución Federal que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y las tierras que tradicionalmente ocupan. Se utilizan para eso las distintas iniciativas legislativas dentro de las cuales se destacan la PEC 2015, el PLP 227, y el PL 1610 de minería en tierras indígenas.
Delante de este cuadro de amenazas y afrontas a los derechos de nuestros pueblos, agudizadas visiblemente en regiones como Mato Grosso del Sur, Amazonas, Sur de Bahia, entre otros, pedimos al gobierno de Dilma, especialmente al ministerio que su excelencia preside, dé atención a nuestras demandas aquí presentadas, priorizando inmediatamente la demarcación de nuestras tierras, cuya falta contribuye al incremento y gravedad del actual cuadro de violencia contra nuestros pueblos.
Atentamente.
10/Abr/2017
