04/May/2020
Nosotros, los pueblos indígenas, organizaciones y líderes indígenas de todas las regiones del Brasil, al no poder reunirnos personalmente en la Gran Asamblea Nacional – el Campamento Tierra Libre – que celebramos desde hace 16 años en la capital federal – debido a la necesidad de aislamiento social impuesta por el nuevo coronavirus, la pandemia Covid-19, hemos celebrado la ATL de manera virtual, con una gran cantidad de discusiones, debates, seminarios, testimonios y “lives” a lo largo de esta semana. Resistiendo durante 520 años frente a todo tipo de invasiones, que además de la violencia física, del trabajo forzado, el despilfarro y la usurpación de nuestros territorios, utilizaron las enfermedades como principal arma biológica para exterminarnos, actualmente atacados por el peor virus de nuestra historia – el Gobierno de Bolsonaro, venimos hacer una manifestación pública.
Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional que nosotros, los pueblos indígenas de Brasil, más de 305 pueblos, que hablamos 274 lenguas diferentes, estamos en el punto de mira y somos víctimas de un proyecto genocida del actual gobierno de Jair Messias Bolsonaro, que nos ha elegido como uno de sus objetivos prioritarios desde el inicio de su mandato, diciendo que no demarcará más centímetros de tierra indígena, y que las demarcaciones realizadas hasta entonces se habrán forjado, y por lo tanto serán revisadas.
Bolsonaro, tan pronto como asumió el cargo, dictó la medida provisional 870/19, en la que determinó el desmembramiento de la Fundación Nacional del Indio – FUNAI y sus atribuciones, pasando la parte de la concesión de licencias ambientales y la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, comandado por la bancada ruralista, enemiga de nuestros pueblos, en la persona de la ministra granjera Teresa Cristina, la “musa del veneno”. Se necesitó una gran movilización de nuestra parte y de nuestros aliados para que el Congreso Nacional rechazara este dispositivo administrativo.
Bolsonaro desmanteló, por un lado, las políticas públicas y los organismos que hasta entonces, aunque de forma precaria, servían a nuestros pueblos, dotándolos con el nombramiento de personas supuestamente anti indígenas, como el presidente de la Fundación Nacional del Indio, el delegado Marcelo Augusto Xavier da Silva. Él, ex asesor de los campesinos de la CPI de FUNAI /INCRA, que incriminó a servidores públicos, líderes indígenas, indigenistas y fiscales, publicó en el Diario Oficial de la Unión, el 22 de abril, la Instrucción Normativa Nº 09, que “dispone la aplicación, disciplina y análisis para la emisión de la declaración de reconocimiento de límites en relación con las propiedades privadas en tierras indígenas”. La medida va en contra del deber institucional del organismo indígena de proteger los derechos y territorios de los pueblos indígenas, ya que quiere legitimar y permitir la emisión de títulos de propiedad a los invasores de las tierras indígenas. Además de esta determinación del presidente de la FUNAI, la decisión de revisar o anular los procedimientos administrativos para la demarcación de las tierras indígenas, como el Tekoha Guasu Guavirá, en los municipios de Guaíra y Terra Roxa (PR), del pueblo Avá-Guaraní, la sustitución o invalidación de los Grupos de Trabajo para la identificación y delimitación, la desarticulación o desconfiguración de las Direcciones del cuerpo indígena, la persecución moral de los servidores, el mantenimiento de políticas públicas sólo para las tierras aprobadas y, en la situación actual, la irresponsabilidad de no dotar, incluso financieramente, las coordinaciones regionales y los equipos de base para proteger a nuestros pueblos y territorios de los avances de la pandemia del Coronavirus, además de dirigir la entrada de pastores fundamentalistas en los territorios indígenas.
Así, este gobierno, sometido a los intereses económicos nacionales y al capital internacional, quiere restringir nuestros derechos, principalmente territoriales, fomentando el avance de prácticas ilegales en nuestras tierras, tales como: garimpo (minería ilegal), la deforestación, la explotación forestal, la ganadería, el monocultivo y la ocupación ilegal de tierras, que se legalizará a través de la MP 910/19, en trámite en el Congreso Nacional, así como la gran minería y diversas empresas de infraestructura como hidroeléctricas, líneas de transmisión y carreteras. Todo esto en un claro intento de transformar las tierras públicas en mercancía.
Todos estos actos ilícitos e inconstitucionales constituyen un proyecto de muerte para nuestros pueblos. Implican la destrucción de nuestros bosques, nuestros ríos, la biodiversidad, nuestras fuentes de vida, en definitiva, la Naturaleza, la Madre Tierra; un patrimonio que ha sido preservado durante miles de años por nuestros pueblos y que aún hoy contribuye estratégicamente a la preservación del equilibrio ecológico y climático y al bienestar de la humanidad, prestando importantes servicios ambientales al planeta.
Es este patrimonio el que los ruralistas, la agroindustria y las corporaciones internacionales quieren robarnos, mediante la restricción o supresión de nuestros derechos constitucionales, alegando que nuestros derechos originales, y nuestra propia existencia, son un obstáculo para sus emprendimientos y planes de supuesto desarrollo. De esta manera tratan de revertir la base jurídica, nacional e internacional, de nuestros derechos, a través de medidas como la Ley (Sentencia/Parecer) 01/17, con la tesis del marco temporal, que quiere limitar nuestro derecho a las tierras que tradicionalmente ocupábamos el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Carta Magna, que de hecho apenas vino a reconocer un derecho que ya era nuestro de origen, antes, por lo tanto, de la invasión colonial y del surgimiento del Estado nacional brasileño.
Nuestro exterminio parece ser una cuestión de honor para el gobierno bolsonaro, que, aprovechándose de la crisis de la pandemia, ha agravado el abandono de nuestros pueblos. Así, también ha puesto fin a las políticas públicas diferenciadas logradas por nosotros en los últimos 30 años en el ámbito de la educación, las alternativas económicas, el medio ambiente y especialmente la salud. Después de la intención de municipalizar o privatizar el subsistema de salud indígena, con el fin de la SESAI, con la propagación del coronavirus en nuestros territorios quedó claro que el gobierno realmente quiere nuestra extinción: no nos protege de los invasores, permitiéndoles contaminar nuestras comunidades, lo que puede llevar a una extinción masiva, empezando por nuestros ancianos, fuentes de tradición y sabiduría para nuestros pueblos, especialmente para las nuevas generaciones. Y como si eso no fuera suficiente, el gobierno estimula el acoso y la violencia de los intereses privados sobre nuestros bienes naturales y territorios sagrados. La reciente dimisión del director de inspección del IBAMA después de las acciones de represión contra el garimpo en Tis, en el sur de Pará, es muy reveladora de las intenciones del actual gobierno.
Frente a esta institucionalización del genocidio por el gobierno de Bolsonaro, alertamos a la sociedad nacional e internacional, exigiendo:
1. La demarcación, regularización, inspección y protección inmediatas de todas las tierras indígenas;
2. La revocación del Parecer (la ley) 001/17 del Abogado General de la Unión;
3. La retirada de todos los invasores de las tierras indígenas – garimpeiros (mineros ilegales), ladrones de tierra, taladores, agricultores – dado que son agentes que destruyen nuestros recursos naturales y nuestras culturas y especialmente, en este momento, propagan enfermedades y COVID-19; constituyendo un grave riesgo para todos los pueblos, especialmente para los pueblos indígenas voluntariamente aislados;
4. La adopción de medidas que restrinjan el acceso de extraños en las comunidades indígenas, entre ellos mineros, comerciantes, taladores, así como el proselitismo de grupos religiosos fundamentalistas que propagan en las tierras indígenas la demonización de los modos de vida, las espiritualidades, los conocimientos y las formas tradicionales de tratar las enfermedades;
5. La aplicación de medidas encaminadas a garantizar el saneamiento básico, el agua potable, la vivienda adecuada y otros equipos que aseguren una buena infraestructura sanitaria en las comunidades;
6. La adopción de medidas que aseguren el buen estado nutricional de todas las comunidades indígenas y la garantía de un plan permanente de seguridad y soberanía alimentaria para nuestros pueblos y comunidades;
7. La viabilidad del ingreso y permanencia de los equipos de salud en las zonas, asegurando así que las acciones para prevenir y proteger la pandemia sean efectivas y continuas;
8. La infraestructura y logística adecuadas para los equipos de salud, asignándoles todo el equipo necesario para el desarrollo de las acciones de protección y prevención contra las enfermedades, como medicamentos, sueros, guantes, máscaras, transporte, combustible;
9. La garantía de que existen, además de en las comunidades – en los municipios y las capitales- hospitales de referencia para el servicio de mediana y alta complejidad, donde se pueden realizar exámenes clínicos y promover una hospitalización adecuada para el tratamiento de los pacientes de COVID-19 y otras enfermedades;
10. La asignación de recursos financieros para la adquisición de materiales de protección para todas las personas de las comunidades indígenas, como agua limpia, jabón, agua sanitaria, gel de alcohol, guantes y máscaras, y que también haya una orientación adecuada para las personas sobre el uso de estos materiales en este período de pandemia;
11. La capacitación de agentes indígenas de salud, de agentes sanitarios y ambientales, de matronas y de todos los que trabajan en el área de la salud, dentro de las comunidades, con miras a la protección y prevención del COVID-19;
12. La contratación inmediata de profesionales de la salud -médicos, enfermeros, técnicos de enfermería, epidemiólogos- para trabajar en las zonas indígenas, componiendo y ampliando los actuales equipos de salud;
13. La contratación inmediata de testes para la realización de exámenes de COVID-19 en todas las comunidades, en el mayor número de personas posible, a fin de obtener un diagnóstico eficaz de la situación actual de la pandemia en las tierras indígenas y mejorar las medidas relativas a su prevención, control y tratamiento;
14. Se debe poner fin a la falta de notificación de los pueblos indígenas, ya que se deben notificar todas las denuncias de los pueblos indígenas, en su conjunto, independientemente de que se encuentren en tierras indígenas regularizadas o no, incluso si viven en zonas urbanas. Que el Ministerio de Salud y el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública se aseguren de que el Boletín Epidemiológico Covid-19 incluya todos los casos de contaminación y muertes de todos los indígenas, incluso para apoyar la inclusión de datos para orientar la política pública;
15. La conformación de un Comité Interinstitucional de Crisis, con plazas garantizadas para los pueblos indígenas, nombrado por la APIB, para la definición de estrategias de protección de los pueblos indígenas, con el fin de realizar un seguimiento conjunto de las acciones de protección territorial, seguridad alimentaria, ayudas y beneficios, recursos y protocolos contra la contaminación, para todos los pueblos indígenas. Este Comité no se debe confundir con el Comité Nacional de Crisis, en el que sólo participa la Secretaría Especial de Salud Indígena, y excluye la atención a los indígenas fuera de las tierras indígenas;
16. Que se incorporen la FUNAI y la SESAI, así como las Coordinaciones Regionales de la FUNAI (CDR) y los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEIs) a los Centros Operativos de Emergencia de Salud Pública a nivel nacional, estatal y municipal;
17. Que el Congreso Nacional archive todas las iniciativas legislativas presentadas por la bancada ruralista y otros segmentos del capital para restringir o suprimir los derechos fundamentales de nuestros pueblos, especialmente el derecho original a las tierras que tradicionalmente ocupamos;
18 Que el Poder Judicial suspenda todas las propuestas de recuperación presentadas por los invasores, supuestos propietarios o empresarios, contra los pueblos indígenas que hayan tomado la determinación de recuperar sus tierras tradicionales;
19. Que el Supremo Tribunal Federal juzgue cuanto antes el Recurso Extraordinario – RE nº 1017365, con carácter de Repercusión General, para consagrar, de forma definitiva y plena, el Indigenato, el derecho original, congénito de ocupación tradicional de nuestras tierras y territorios, para corregir la trayectoria de agresión contra los pueblos indígenas de Brasil.
20. Que el gobierno de Bolsonaro suspenda la ejecución de cualquier obra de infraestructura (centrales hidroeléctricas, carreteras, etc.) o de obras agroindustriales que puedan impactar en nuestros territorios, ya que éstas proporcionan la presencia de no indígenas, potenciales agentes de propagación del Coronavirus y otras enfermedades perniciosas para nuestros pueblos y comunidades.
21. Por último, exigimos la derogación de la Instrucción Normativa 09, de 16 de abril de 2020, publicada por el presidente de la FUNAI, en la edición del 22 de abril del Boletín Oficial de la Unión (DOU), que permite, de manera ilegal e inconstitucional, la transferencia de títulos de propiedad de tierras a personas dentro de las áreas indígenas protegidas por la legislación brasileña. Y que el Congreso Nacional archive la Medida Provisional 910/19, que intenta legalizar el acto criminal de la ocupación ilegal en nuestros territorios, Unidades de Conservación y otros territorios de comunidades tradicionales.
A nuestros pueblos y organizaciones les decimos: resistan siempre, con la sabiduría que recibimos de nuestros antepasados, por las generaciones presentes y futuras de nuestros pueblos. Y que se intensifique la solidaridad nacional e internacional, en este momento de muerte, fortalecido por la indiferencia del gobierno bolsonaro, y al mismo tiempo de gestación de un nuevo tiempo para nuestros pueblos, la sociedad brasileña y la humanidad entera.
Por el derecho a Vivir. Sangre Indígena, ninguna gota más.
Brasil, 30 de abril de 2020.
XVI Campamento Tierra Libre 2020
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Comisión de los Pueblos Indígenas de Brasil)
Mobilização Nacional Indígena (Movilización Nacional Indígena)
01/Abr/2020
Maranhão, 31 de marzo de 2020 – ¡Nuestra sangre indígena sigue derramándose! ¡Zezico Guajajara fue asesinado y desde la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), exigimos justicia! Su cuerpo fue encontrado hoy en un tramo de carretera cerca de la aldea de Zutiwa, desde la Tierra Indígena Araribóia, ubicada en el municipio de Arame, en Maranhão.
Zezico es el quinto indígena del pueblo guajajara asesinado en los últimos cuatro meses. Gran líder, era conocido por ser combativo y valiente en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y su pueblo guajajara. Zezico era maestro y director del Centro de Educación Escolar Indígena Azuru, en la aldea de Zutiwa, y fue recientemente elegido Coordinador Regional de la Comisión de Jefes y Líderes de TI Arariboia (Cocalitia).
El crimen ocurre durante los esfuerzos para proteger a los pueblos indígenas de las amenazas de la pandemia de Covid-19 en Brasil. El hecho pone en evidencia el empeoramiento de la violencia y la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, especialmente los líderes que luchan por defender sus territorios contra los invasores y denuncian constantemente las violaciones cometidas contra su pueblo y el bosque.
Es lamentable que Funai, de manera irresponsable, publique información que busca relacionar el asesinato de Zezico con los conflictos internos del pueblo guajajara. Rechazamos firmemente esta publicación, que ignora el historial de amenazas y viola la memoria de Zezico.
Exigimos a la Policía Federal una investigación seria y que este brutal asesinato en TI Araribóia sea aclarado. En APIB mostramos solidaridad con toda la familia y amigos de Zezico y con todo el pueblo Guajajara en este momento de duelo. ¡Continuamos luchando para que no se derrame sangre indígena!
#JusticiaparaZezico
22/Mar/2020
El momento es serio.
La humanidad enfrentará sus peores momentos desde la Segunda Guerra Mundial. Las epidemias son terribles para la sociedad, pero sabemos que para los pueblos indígenas el impacto es aún mayor. La gripe, la viruela y el sarampión fueron algunas de las enfermedades introducidas en nuestros territorios por personas no indígenas y que exterminaron a muchos de nuestros antepasados.
El coronavirus es otra de esas amenazas. Es necesario tener una mirada dirigida a nuestros pueblos con el aumento de esta pandemia mundial. ¡Los efectos para nosotros pueden ser devastadores! Nuestra forma de vida comunitaria puede facilitar la rápida propagación del virus en nuestros territorios si somos infectados.
Done ahora a APIB – Articulación de pueblos indígenas de Brasil, con la cantidad recaudada compraremos alimentos, medicinas y material de higiene para nuestros pueblos.
No pudo realizar la donación? Intente con PayPal!
09/Dic/2019
Madrid, 9 de Dezembro de 2019 – A principios de este año, llamamos una campaña nacional, el Enero Rojo. Con el lema Sangre indígena: Ni una gota más, denunciamos el comienzo de la ofensiva del presidente Jair Bolsonaro, que intentaba someter las políticas indígenas históricas del Estado brasileño al interés más perjudicial del lobby económico de los agronegocios, así como difundir permanentemente el discurso de odio y prejuicio contra los pueblos indígenas de Brasil.
El sábado pasado, 7 de diciembre, otros dos líderes indígenas fueron asesinados: Firmino Silvino Prexede Guajajara, jefe de las aldeas Silvino (Tierra Indígena Cana Brava), y Raimundo Guajajara, jefe de la aldea Descendência Severino (TI Lagoa Comprida), ambos de Maranhão, un estado que hace 35 días también sufrió el asesinato de Paulo Paulino Guajajara, quien actuó como guardián del bosque.
Estos crímenes reflejan la escalada del odio y la barbarie incitada por el malvado gobierno de Jair Bolsonaro, que continúa atacándonos diariamente, negando nuestro derecho a existir e incitando la enfermedad histórica del racismo que el pueblo brasileño aún sufre.
Estamos a la deriva sin la protección del Estado brasileño, cuyo papel constitucional está siendo descuidado por las autoridades actuales. El gobierno federal es un gobierno al margen de la ley, criminal en su práctica política, y opera de manera genocida para expulsarnos de nuestros territorios, destrozando nuestra cultura, desangrando nuestras raíces.
El clima de tensión, inseguridad y persecución contra los pueblos indígenas de Brasil solo aumenta. Estamos siendo atacados, diezmados y criminalizados. Un ataque a la vida indígena es un ataque a la humanidad ya que somos, los pueblos indígenas de todo el mundo, los defensores del 82% de toda la biodiversidad global. En Brasil somos casi un millón de indígenas. Preservamos el 13% de los ecosistemas brasileños. Estamos en todo el país. Somos la cultura más rica del planeta, representada por 305 personas y 274 idiomas, así como más de 180 personas de referencia en aislamiento voluntario. **
Se habla mucho sobre la lucha contra el cambio climático, pero debemos entender que nuestra supervivencia es una garantía de preservación de lo que más importa para el futuro de la humanidad. La Madre Tierra no puede soportar este modelo económico depredador por otros 50 años. Sabemos que estamos en peligro y no queda tiempo.
¡Exigimos que se tomen medidas de inmediato y que se haga cumplir la justicia! Exigimos que las autoridades competentes aclaren los hechos castigando rigurosamente a estos delincuentes para que la sensación de impunidad ya no motive acciones criminales contra nuestro pueblo, dañando brutalmente las vidas indígenas.
Aquí, en la COP 25, donde tenemos una delegación histórica de más de 20 indígenas de todo Brasil presente, exigimos que se respeten los derechos de los pueblos indígenas en la plena implementación del Acuerdo de París.
A los amigos y aliados de la sociedad civil de todo el mundo, también les pedimos ayuda. ¡Será el Diciembre Rojo! Hacemos un llamado a la movilización global en todas partes del mundo. Nuestra gente ya está ocupando la carretera BR 216 en el estado de Maranhão, en Brasil, en busca de justicia por todos estos asesinatos y necesitamos que todos se unan a esta lucha, que es una lucha colectiva.
Este será el Diciembre Rojo de la lucha de los pueblos indígenas y las personas del planeta por nuestro derecho a existir. Sangre indígena: Ni una gotas más.
12/Ago/2019
Por Luma Lessa para Cobertura Colaborativa de la Marcha de las Mujeres Indígenas. Traducción Daiara Tukano.
El domingo (08/11) amaneció con las presentaciones culturales de las delegaciones de mujeres de más de 100 pueblos indígenas de todo Brasil. Luego, unas 1.500 mujeres indígenas se reunieron para las actividades del Foro Nacional de Mujeres Indígenas. Sonia Guajajara inició el espacio invitando a mujeres de 21 estados a hablar sobre el tema: “Territorio: nuestro cuerpo, nuestro espíritu”. Las discusiones abordaron la construcción de demandas y estrategias concretas de las mujeres indígenas para su empoderamiento, la violación de los derechos de salud, educación y seguridad, el derecho a la tierra y los procesos de retomada de los territórios, y la ocupación de las mujeres indígenas en la política.
Por la tarde, las mesas llevaron a las invitadas a discutir la creación de redes entre movimientos. Joenia Wapichana, Diputada Federal (Rede-RR), mujeres indígenas de América Latina, representantes indígenas de Perú y Ecuador, y una representante de ONU Mujeres Brasil asistieron a la reunión. También ocurrió la Oficina de Alianzas Nacionales, a la que asistieron representantes de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil – APIB, la Marcha de las Margaritas, las Mujeres Negras, la Articulación de las Mujeres Brasileñas (AMB) y la Coordinación Nacional de las Comunidades Negras Quilombolas (CONAQ).
El tema central del lunes (12/08) es la Ley SASI-SUS “Mujeres indígenas en defensa de la salud indígena”. La marcha salió de la sede del campamento en Funarte hacia la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai). La primera caminata de la 1ª Marcha de Mujeres Indígenas salió a las calles de Brasilia para protestar por el fin de la municipalización de Sesai y la partida inmediata de Silvia Nobre, actual coordinadora. Llegando a la secretaría se enfrentaron al intento de la Policía Militar de bloquear la entrada de las indígenas al edificio. Sin embargo, las mujeres lograron ingresar y ocupar el espacio. El día termina con la participación de una delegación de mujeres en la audiencia, programada para comenzar a las 17h, en la Corte Suprema (STF).
La caminata continúa mañana, 13 de agosto, con la salida a las 7:00 am de la Marcha de las Mujeres Indígenas desde el campamento principal en FUNARTE hacia la Explanada de Ministerios. La marcha se une a la Acción Nacional contra el Desmantelamiento de la Educación Pública, programada para las 9 a.m. Al mismo tiempo tendrá lugar la Cámara de Diputados Solemne con las Margaritas. Por la tarde, hay talleres y actividades con las margaritas en el parque de la ciudad, seguidas de la apertura de la Margarita a las 19h en el mismo lugar.
La Marcha de las Mujeres Indígenas termina el miércoles (14/08), uniendo fuerzas con la Marcha de las Margaritas en una caminata conjunta. Las margaritas y la reunión indígena se llevarán a cabo en Funarte. La expectativa es de unas 100 mil personas para el 13 de marzo y el 14 de agosto. La última actividad del día, programada para las 2 de la tarde, será la Plenaria para la aprobación del Documento Final con el tema “Riego de semillas: el futuro del foro y la marcha de las mujeres indígenas”. Al final, las delegaciones regresan a sus lugares de origen renovadas con las fuerzas y estrategias compartidas entre mujeres indígenas de pueblos diversos y con mujeres campesinas en estos intensos días de movilización de la mayor acción femenina de América Latina.
12/Ago/2019
Por Andressa Santa Cruz para la Cobertura Colaborativa de la Marcha de las Mujeres Indígenas, traducción Daiara Tukano.
Cientos de mujeres indígenas ocuparon hoy el edificio de la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) en Brasilia, pidiendo el fin del desmantelamiento de la salud indígena y la partida inmediata de la coordinadora Silvia Nobre Wajãpi, quien se negó a reunirse con los líderes y abandonó el edificio. bajo abucheos. “Silvia no representa a la mayoría de las mujeres indígenas. Vinimos aquí para hablar y no nos recibieron. Esto muestra una fuerte contradicción ”, dice Celia Xakriaba.
Desde que Silvia Nobre fue nombrada por el gobierno actual en abril, las políticas de salud indígenas se han debilitado. La demora en la transferencia de fondos, el desmantelamiento del Programa Más Médicos y el equipo de gestión final impactó a las aldeas tan durante el primer mes, cuando la gente en todo el país comenzó a movilizarse contra el desguace.
En julio, 115 indígenas acamparon en el edificio del SESAI durante dos semanas, luego de una reunión celebrada por la Fiscalía Federal y Funai, en Brasilia, donde el Ministerio de Salud y el SESAI firmaron un Acuerdo de Ajuste de Conducta (TAC) comprometiéndose a satisfacer las demandas.
Verifique el video de la hora de entrada al edificio:
Para Nyg Kaigang, del sur del país, uno de los objetivos es la revitalización del órgano, “nos esforzaremos por garantizar una atención médica específica basada en la alineación del conocimiento de la medicina tradicional, la forma en que pensamos sobre la curación de nuestros cuerpos. ”
Vea algunas fotos de la ocupación:
Las mujeres indígenas ocupan pasillos y habitaciones de Sesai – Secretaría Especial de Salud Indígena en Brasilia. Foto: Douglas Freitas / Cobertura colaborativa.
Las mujeres indígenas ocupan pasillos y habitaciones de Sesai – Secretaría Especial de Salud Indígena en Brasilia. Foto: Kamikia Kisedje / Cobertura colaborativa.
Las mujeres indígenas ocupan pasillos y habitaciones de Sesai – Secretaría Especial de Salud Indígena en Brasilia. Foto: Lia Biachini / Cobertura colaborativa.
Las mujeres indígenas ocupan el edificio Sesai exigiendo la partida inmediata de la coordinadora Silvia Nobre. Foto: Kamikia Kisedje / Cobertura colaborativa
Las mujeres indígenas ocupan el edificio Sesai exigiendo la partida inmediata de la coordinadora Silvia Nobre. Foto: Kamikia Kisedje / Cobertura colaborativa
Las mujeres indígenas ocupan el edificio Sesai exigiendo la partida inmediata de la coordinadora Silvia Nobre. Foto: Daniela Huberty / Cobertura Colaborativa
08/Jun/2017
GINEBRA / WASHINGTON DC (8 de junio de 2017) – Tres expertos de las Naciones Unidas y un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han unido fuerzas para denunciar ataques contra los derechos de los pueblos indígenas y del ambiente en Brasil.
“Los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales están bajo ataque en Brasil”, dijeron los Relatores Especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, sobre los defensores de derechos humanos, Michel Forst, y sobre el ambiente, John Knox, y el Relator de la CIDH sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Francisco José Eguiguren Praeli.
En los últimos 15 años, Brasil ha visto el mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente y de la tierra de cualquier país del mundo, señalaron los expertos, con un promedio de uno cada semana. Los pueblos indígenas están especialmente en riesgo.
Los expertos afirmaron que “sobre este trasfondo, Brasil debería estar fortaleciendo la protección institucional y jurídica para los pueblos indígenas, así como también la de personas de herencia africana y de otras comunidades que dependen de su territorio ancestral por su existencia material y cultural. En cambio, es preocupante que Brasil está considerando debilitar estas protecciones”.
Los expertos resaltaron las reformas propuestas a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el organismo que apoya a los pueblos indígenas en la protección de sus derechos, y que ya ha tenido su financiación severamente reducida. Un informe recientemente aprobado por la Comisión Investigadora del Congreso pide que la fundación sea despojada de la responsabilidad legal de titulación y demarcación de tierras indígenas.
De igual forma, mostraron su preocupación por las denuncias de criminalización ilegítima de numerosos antropólogos, líderes indígenas y defensores de derechos humanos vinculados a su trabajo con las cuestiones indígenas.
“Este informe toma varios pasos atrás en la protección de las tierras indígenas”, advirtieron los expertos. “Estamos particularmente preocupados acerca de los procedimientos de demarcación futura, así como sobre las tierras indígenas que ya han sido demarcadas”.
El informe de la Comisión Investigadora del Congreso también cuestiona los motivos de las Naciones Unidas, acusándola de ser una Confederación de organizaciones no gubernamentales que busca influir en las políticas Brasileñas a través de sus organismos, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“El informe también señala que la Declaración de las Naciones Unidas presenta una grave amenaza a la soberanía de Brasil, y alienta al gobierno brasileño a denunciar el Convenio 169 OIT, alegando que este manipula el reconocimiento de pueblos indígenas inexistentes con el fin de ampliar las tierras indígenas en Brasil”, destacaron los expertos.
Estos también establecieron que “es realmente lamentable que, en vez de ejemplificar los principios consagrados en la Declaración, la Comisión Investigadora del Congreso cuestione los motivos detrás de esta y los de la propia ONU, y minimice cualquier progreso realizado hasta ahora”.
La Sra. Tauli Corpuz expresó especial alarma en las acusaciones que indicaron que su visita a Brasil en 2016 intencionalmente provocó un aumento en el número de pueblos indígenas reclamando sus tierras, exponiéndolos a más violencia. Corpuz destacó el hecho de que algunas de estas comunidades sufrieron ataques inmediatamente después de su misión.
Los expertos en derechos humanos también señalaron que una serie de proyectos de ley fueron distribuidos en el Congreso el viernes 2 de junio, con el propósito de establecer licencia ambiental general que como resultado debilitaría la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la legislación propuesta eliminaría la necesidad de licencias ambientales para proyectos de agroindustria y ganadería, independientemente de su tamaño, ubicación, necesidad o impacto en tierras indígenas o el medio ambiente.
“Debilitar esas protecciones sería contrario a la obligación general de los Estados de no retroceder en el nivel de su protección de los derechos humanos, incluyendo a los dependientes de un medio ambiente sano”, indicaron.
Los expertos advirtieron que las leyes propuestas estaban reñidas con la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que garantiza los derechos de los pueblos indígenas a la conservación y protección del medio ambiente, y protege la capacidad productiva de sus tierras y recursos.
El informe y el proyecto de ley fueron enviados por los miembros del lobby ‘ruralista’, una coalición que representa a los agricultores y asociaciones de ganaderos, los expertos señalaron.
“Las tensiones sobre derechos a la tierra deberían ser dirigidas a través de esfuerzos por reconocer los derechos y mediar los conflictos, en lugar de reducir sustancialmente las protecciones para los pueblos indígenas, afrodescendientes y el medio ambiente en Brasil”, recalcaron.
Los expertos de la ONU están en contacto con las autoridades brasileñas, a la vez que siguen de cerca la situación.
La Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el Sr. John H. Knox, Relator Especial ante el problema de las obligaciones de los derechos humanos relacionadas con el disfrute de un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible como parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el órgano de expertos independientes más grande en el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general del Consejo de investigación independiente y control de mecanismos que tratan situaciones específicas del país o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan con capacidad individual.
Sr. Francisco José Eguiguren Praeli, Relator sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue elegido el 16 de junio de 2015, por la Asamblea General de la OEA, para un mandato de 4 años que termina el 31 de diciembre de 2019. Un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH deriva su mandato de la carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover el respeto a los derechos humanos en la región y actúa como un órgano consultivo de la OEA en esta área. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por capacidad individual por la Asamblea General de la OEA y que no representan sus países de origen o de residencia.
Los derechos humanos de la ONU, página del país: Brasil
Para más información y solicitudes de prensa, por favor contactar a la Sra. Kyong Hee Yoo (41 22 917 97 23 / [email protected]), la Sra. Christine Evans (41 22 917 9197 / [email protected]) o escribir a [email protected]
Para inquietudes de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU:
Xabier Celaya, Unidad de Medios de la Oficina del Alto Comisionado (41 22 917 9383 / [email protected])
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25/Abr/2017
¡Movilización indígena acontece en medio de la mayor ofensiva contra los derechos de los pueblos originarios en lo últimos 30 años.
El Campamento Tierra Libre (ATL) va a reunir casi dos mil indígenas de todo el país en Brasilia, el la semana que viene, del 24 al 28 de abril. La programación prevé protestas, marchas, actos públicos, audiencias con autoridades, debates y actividades culturales.
La movilización acontece en menor y mayor ofensiva contra sus derechos en las últimas tres décadas, articulada en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. en este año, el lema del campamento es “Unificar las luchas en defensa de Brasil indígena. Por la garantía de los derechos originarios de nuestros pueblos” y su objetivo es reunir líderes de los pueblos y organizaciones indígenas de todas las regiones de Brasil para discutir de las políticas anti-indígenas del Estado brasileño.
Esto da pauta a la movilización, entre otros temas, la paralización de las demarcaciones indígenas; el debilitamiento de las instituciones y políticas públicas indigenistas; las proposiciones legislativas anti-indígenas que tramitas en el Congreso; la tesis del “Marco Temporal”, por la cual solo deben ser consideradas Tierras Indígenas las áreas que estaban en posesión de las comunidades indígenas en la fecha de promulgación de la Constitución (5/10/1988): y los emprendimientos que impactan negativamente los territorios indígenas.
El Campamento 2017 es promovido por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) con apoyo de organizaciones indígenas, indigenistas, de la sociedad civil y movimientos sociales aliados.
Queda parte de la APIB las siguientes organizaciones indígenas regionales: Articulación de los Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espíritu Santo (APOINME), Consejo de los Pueblos Indígenas del Sudoeste (APRINSUDESTE), Articulación de los Pueblos Indígenas del Sur (APRINSUL), Gran Asamblea de los pueblos Guaraní (ATY GUASU), Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) y Comisión Guaraní Yvyrupa (CGY).
Campamento Tierra Libre 2017
Unificar las luchas en defensa de Brasil Indígena. Por la garantía de los derechos originarios de nuestros pueblos.
Cuándo: 24 de abril de 2017
Dónde: Brasilia, local también a ser informado
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12/Abr/2017
En los últimos años los Pueblos Indígenas de Brasil ha enfrentado fuertes presiones que se están intensificando en todos los espacios de poder del Estado. En el parlamento, están prevaleciendo en todos sus niveles, los intereses de grupos mayoritariamente contrarios a los derechos de los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta que es en el parlamento el lugar donde se construyen reglamentos legales que vinculan a toda la sociedad, se hace necesario vernos en ese espacio como estrategia para el empoderamiento de nuestros pueblos y conseguir que se dé forma efectiva a nuestras luchas, y pautas sean evidenciadas y transformadas en instrumentos de resistencia y de poder en ese contexto acentuado de correlación de fuerzas y de ataques permanentes a los derechos indígenas.
Son evidentes los prejuicios causandos en las cámaras de concejales en los municipios que poseen poblaciones indígenas, y en las asambleas legislativas, pero que no tienen representación indígena. Tales prejuicios son mayores en el ámbito del Congreso Nacional que en su composición no posee ni siquiera un representante indígena. Esa característica da margen para la fuerte agenda reaccionaria, fundamentalista y de intereses de los grupos económicos, con atención para la bancada ruralista, que históricamente actúan como enemigos de los Pueblos Indígenas.
En las últimas elecciones municipales, actuamos fuertemente en el impulso al lanzamiento de candidaturas indígenas en todo el territorio brasileño. Esa táctica generó resultados importantes. Centenas de candidatos indígenas compitieron por los cargos de veedores y alcaldes en diversas ciudades del país. Alcanzamos la marca histórica de 167 indígenas electos para los cargos de veedor y 05 indígenas electos alcaldes en sus ciudades de origen, por lo que creemos que esas elecciones definieron una agenda progresista y positiva que tiene como foco la lucha y exigencias de los pueblos originarios y las comunidades tradicionales, la pauta de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente y de la democracia, en fin, un conjunto de políticas sociales conquistadas por toda la sociedad brasileña.
El sistema político no obstante es arcaico, fundado en el poder económico e instrumentalizado por las élites de este país. Por esas razones se hace necesario continuar luchando por la reforma política, que no se reduzca a la reforma electoral, para asegurar a los distintos segmentos de la sociedad tradicionalmente marginalizada de los espacios de poder y de democracia real y participativa, que permitan por ejemplo a los pueblos indígenas participación en las disputas electorales, sea por medio de la vía clásica partidaria, de colegios electorales diferenciados o de mecanismos autónomos de organización social propia, espacios colectivos de decisión.
Considerando que en 2018 todo el país estará votando para las elecciones a cargos de diputados, gobernadores y presidente de la República, el foco es que nuestros pueblos no actúen más como meros coadyudantes en ese proceso de elección. Por eso, convocamos a todos los pueblos indígenas de Brasil para que a partir de ahora, inicien sus discusiones en el ámbito local y regional sobre las necesidad de lanzar cada vez más candidatos indígenas para la disputa en estas próximas elecciones, guerreras y guerreros alentados, dispuestos a ocupar el parlamento en los estados y en el Congreso Nacional. Llevar la agenda de lucha de los pueblos indígenas para el debate político debe ser encarnado como una misión de todo el movimiento indígena brasileño.
Por un parlamento cada vez más indígena!
Brasília-DF 31 de enero del 2017
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil – APIB
