02/May/2024
La titulación de tierras indígenas en Brasil se ha quedado atrás, ya que el presidente Lula había prometido completar 14 procesos en sus primeros 100 días de gobierno, pero solo había titulado 10 en más de un año en el poder.
Abril, 2024.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con una delegación de 40 líderes indígenas de todo Brasil el pasado jueves (25) por la tarde en el Palacio do Planalto. El encuentro, que tuvo lugar durante la 20ª edición del Campamento Tierra Libre (Acampamento Terra Livre ATL), la movilización indígena más grande del país, concluyó con la creación de un Grupo de Trabajo para avanzar en la titulación de tierras.
La reunión siguió a una marcha masiva en la que ocho mil personas de Pueblos Indígenas y Movimientos de la Sociedad Civil llenaron el área central de la ciudad con cantos resonantes y llamados enérgicos para que el gobierno avance en la titulación de tierras y detenga grandes proyectos que representan amenazas a sus territorios. La manifestación terminó en la Praça dos Três Poderes, donde grupos de organizaciones indígenas continuaron con su protesta mientras se desarrollaba la reunión.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) venía denunciando la promesa fallida del gobierno de titular 14 tierras indígenas en los primeros 100 días del gobierno de Lula. En más de un año habían titulado 10 de esas tierras, mientras muchas otras esperaban. Además, hicieron sonar las alarmas mientras el Congreso debatía la aprobación de una ley que podría limitar severamente sus derechos a la tierra, la Ley del Marco Temporal.
“A nuestro entender, no hay ningún impedimento legal para la titulación de tierras. Lo que hay es un impedimento político, que esperamos se resuelva con este grupo de trabajo, que es una demanda del movimiento indígena, para que realmente podamos desbloquear las demarcaciones de tierras. “No sólo de las cuatro tierras, no sólo de las 25 tierras con ordenanzas declarativas [ya firmadas], sino para que, de una vez por todas, superemos los problemas administrativos y políticos para la demarcación de tierras indígenas en el país”, dijo Dinamam Tuxá. , Coordinador Ejecutivo de APIB.
En respuesta a las principales demandas de APIB, el gobierno anunció el establecimiento de un grupo de trabajo gubernamental destinado a desbloquear los procesos de titulación de tierras pendientes de aprobación presidencial. Se dará prioridad a cuatro áreas clave, incluidas Xukuru y Morro dos Cavalos, cada una de las cuales está sumida en disputas en espera de resolución.
El grupo de trabajo, presidido por el Ministro Guajajara, colaborará con organismos gubernamentales clave, entre ellos la Oficina de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, la Fiscalía General de la República (AGU) y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).
El movimiento indígena se movilizó contra un proyecto de ley que obstaculiza gravemente sus derechos y proyectos que amenazan sus territorios
Durante la 20ª edición del Campamento Tierra Libre (Acampamento Terra Livre), los Pueblos Indígenas tomaron las calles de Brasilia con más de 8.000 mil personas provenientes de más de 200 grupos étnicos indígenas distintos. En sus cantos, argumentaron contra la Tesis del Marco Temporal y grandes proyectos como el Ferrogrão que amenazan sus derechos y territorios.
La “tesis del Marco Temporal” es un concepto legal que afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a reclamar sólo las tierras que habitaban exactamente el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución de Brasil. La propuesta no reconoce la historia centenaria de los pueblos indígenas del país y no da cuenta del desplazamiento forzado que sufrieron durante la dictadura de Brasil en el siglo XX. Como respuesta, el movimiento indígena se unió bajo el argumento “Nuestro tiempo es ancestral”.
Líderes indígenas caminaron por Brasilia junto a un gran camión que estaba envuelto para simular un “tren de la muerte”, señalando su oposición al proyecto ferrocarril denominado Ferrogão. La nueva ruta del tren atravesaría tierras indígenas sagradas en el Amazonas para facilitar las exportaciones de soja. El monocultivo de soja es una de las principales causas de la deforestación y el acaparamiento de tierras, y el tren no haría más que agravar las circunstancias.
20/Dic/2023
Fotografía: Kamikia Kisedje
La delegación indígena presente en Dubai fue la más grande de todas las Conferencias del Clima, exigió que la demarcación de los territorios indígenas sea considerada como política climática y denunció la entrada de Brasil en la OPEP+ y los riesgos de proyectos de explotación de petróleo.
La COP28 tuvo lugar en Dubái con la participación de casi 200 países y concluyó el 13 de diciembre, con un día de retraso debido a las negociaciones relacionadas con los compromisos de reducción de combustibles fósiles en una Conferencia del Clima que, irónicamente, se celebró en la principal región petrolera del mundo.
Una de las demandas más urgentes de la APIB en el contexto de la COP28 es que el gobierno brasileño vincule la ya existente política de demarcación de los territorios indígenas a sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas, las cuales serán revisadas en la COP30 en 2025, que se llevará a cabo en la ciudad brasileña de Belém.
“Salimos de aquí [de Dubái] con el compromiso de exigir cada vez más al gobierno brasileño que implemente los mecanismos y medidas de protección y demarcación de los territorios indígenas”, afirmó Dinamam Tuxá, Coordinador Ejecutivo de la APIB, en su evaluación sobre la COP28. “No hay solución para la crisis climática sin los Pueblos Indígenas y sin los territorios indígenas, necesitamos tener nuestros territorios demarcados y creemos que nuestro mensaje llegó a quienes debía llegar”, agregó Tuxá en referencia a la carta que la APIB entregó el 5 de diciembre al Presidente Lula en una reunión con la sociedad civil en la COP28, la cual reitera la necesidad de garantizar el respeto a los derechos indígenas y no permitir el avance de políticas anti indígenas como el Marco Temporal, aprobado el 14 de diciembre por el Congreso Nacional, en la Ley 14,701/2023.
Además del encuentro con el Presidente Lula, la APIB también se reunió con los negociadores brasileños para presentar sus demandas transversales y específicas en relación con las negociaciones climáticas. Entre ellas, se destacan la participación efectiva de los Pueblos Indígenas en el proceso de negociaciones y toma de decisiones, y la vinculación de la política de demarcación y protección de los territorios indígenas a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por su sigla en inglés) de Brasil. Con una sensación de relativa satisfacción por haber logrado movilizar la mayor delegación de representantes indígenas de Brasil en una COP, con alrededor de 60 representantes indígenas de la sociedad civil, el movimiento indígena centró el debate sobre la importancia de las Tierras Indígenas para las políticas de mitigación climática a nivel nacional e internacional.
Los pueblos indígenas son protagonistas en la lucha contra las mudanzas climáticas: a través de la íntima relación con los territorios ancestrales, los pueblos indígenas protegen el 80% de la biodiversidad del planeta, según estudios de las Naciones Unidas. En los últimos 30 años, Brasil perdió 69 millones de hectáreas de vegetación nativa, según MapBiomas. Sin embargo, solo el 1,6% de esta deforestación se registró en tierras indígenas. No se puede considerar la preservación de todos los biomas y políticas consistentes contra las mudanzas climáticas sin garantizar el pleno usufructo de los territorios indígenas por parte de sus pueblos.
Uno de los principales resultados de la COP28 fue el Balance Global, un mecanismo de evaluación sobre el estado de implementación de los compromisos de las Partes en el marco del Acuerdo de París. El texto final del Balance Global menciona siete veces a los Pueblos Indígenas, haciendo referencia a la responsabilidad de las Partes de respetar sus obligaciones con los derechos de los Pueblos Indígenas; la participación de los Pueblos Indígenas en soluciones sostenibles y justas para la crisis climática y en el proceso de negociaciones; la implementación de soluciones integradas y multisectoriales basadas en el conocimiento de los Pueblos Indígenas; el respeto al conocimiento indígena como forma de protección del patrimonio cultural en relación con los impactos de las mudanzas climáticas; y el fortalecimiento de los mecanismos de capacitación para promover la participación de los Pueblos Indígenas tanto en las negociaciones como en la creación de políticas y el desarrollo de acciones climáticas.
Para que todo esto se cumpla, Brasil debe comenzar garantizando el acceso de las poblaciones a sus territorios como primer derecho innegociable, así como respetar la Convención 169 de la OIT sobre la consulta libre, previa e informada en relación con proyectos que afecten a los territorios indígenas. De igual manera, los acuerdos relacionados con el Artículo 6 del Acuerdo de París deben establecer mecanismos de denuncia que sean efectivamente accesibles para los pueblos indígenas. “El texto [del Balance Global] refleja el compromiso político, que ahora debe evidenciarse en la práctica. No estamos satisfechos solo con que se mencione a los pueblos indígenas, necesitamos la inserción de los pueblos indígenas en la ocupación de los espacios de decisión, en el beneficio del financiamiento directo, en políticas gubernamentales”, enfatiza Kleber Karipuna, Coordinador Ejecutivo de la APIB.
Nuevos proyectos de petróleo en Tierras Indígenas: a contramano de la lucha contra el cambio climático
Después de varias complicaciones para alcanzar un consenso en las negociaciones, el texto final de la COP28 propuso la reducción del consumo global de combustibles fósiles. Sin embargo, gran parte de los negociadores y la sociedad civil sienten cierto fracaso debido a la falta de una mención más contundente y específica sobre la eliminación gradual del uso de petróleo, gas y carbón en lugar de la reducción. La COP28 alcanzó un récord de acreditación de representantes del lobby petrolero, con 2.456 inscritos.
Una de las mayores contradicciones en cuanto a la postura climática de Brasil fue su adhesión al grupo de la OPEP+ (extensión del grupo central de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo), lo que preocupa a los Pueblos Indígenas sobre la explotación de combustibles fósiles que afecten a sus territorios, además de los impactos climáticos de tales actividades. “Salimos de aquí [de la COP28 en Dubái] un poco consternados al entender que en esta COP, aunque Brasil haya sido uno de los protagonistas en las negociaciones climáticas, el país ha ingresado al grupo de la OPEP+. Esto va en contra de lo que se está debatiendo: transición energética justa”, explicó Tuxá.
La propuesta de eliminar el uso de combustibles fósiles llegó a formar parte del borrador del texto del acuerdo de la COP28, pero fue retirada después de la presión de la OPEP con los países asociados al grupo de la OPEP+, que votaron para eliminar dicho compromiso. La propuesta en el texto final es contradictoria con la meta de mantener el calentamiento global en 1,5º, ya que, según advierten los científicos, el único camino para lograrlo es la neutralidad de carbono para 2050, eliminando completamente el uso de combustibles fósiles.
Brasil contribuyó con las contradicciones que caracterizaron esta edición de la Conferencia del Clima, ya que, además de unirse al grupo OPEP+, el mismo día del cierre de la COP28 (13 de diciembre), se llevó a cabo una subasta de proyectos de combustibles fósiles en Río de Janeiro. El 4º ciclo de Oferta Permanente de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) ofreció un total de 602 bloques de exploración y una zona con acumulación marginal, abarcando un área total de 183,569 km2. Según datos del Instituto Arayara, 15 de estos bloques de exploración afectan 156 millones de hectáreas (47,000 km2) de tierras indígenas.
En la Área de Influencia Directa (AID) de estos proyectos se encuentran un total de 23 Tierras Indígenas de 9 etnias: Sateré Mawé, Mundukuru, Mura, aislados de Pitinga/Nhamunda-Mapuera, aislados de Río Kaxpakuru/Igarapé Água Fria, Kahyana, Katxuyana, Tunayana y Xokleng, con una población afectada estimada en 21,910 indígenas. Las tierras indígenas están predominantemente ubicadas en la Amazonía Legal (63.64% de los bloques) en la Cuenca del Amazonas (estados de AM y PA), y también en Santa Catarina.
“De estos 23 bloques que afectan a Tierras Indígenas, dos son de pueblos aislados. Imaginen las estructuras que se montarán al lado de los territorios indígenas, en las Unidades de Conservación, en los territorios quilombolas y en los territorios de todas las comunidades tradicionales de Brasil. Es importante que nos unamos y hagamos un compromiso entre nosotros y afirmemos: yo no participo en la subasta, petróleo y gas, en mi territorio no”, declaró Kretã Kaingang, Coordinador Ejecutivo de la APIB, quien acompañó la subasta de la ANP en Río de Janeiro.
La exploración, perforación, extracción, transporte e incluso refinación y consumo causan devastación ambiental, violencia y empobrecimiento local. En todas las fases hay deforestación y degradación de ecosistemas, contaminación de cuerpos de agua, lluvias ácidas resultantes de la quema de gas asociado al petróleo, ruido y contaminación insoportables; hechos que se extienden a las redes naturales de circulación de agua y viento, según explica el Instituto Arayara.
“En el primer gobierno de Lula en 2000, ratificó el convenio 169 de la OIT, que nos otorga el derecho a la consulta libre, previa e informada. Para esta subasta de hoy, no fuimos consultados, ninguna población tradicional afectada fue consultada. Durante la COP28, Lula hizo un discurso emotivo, lloró, habló de la reducción de la deforestación, ¿y qué va hacer ahora frente a los posibles impactos de estos proyectos de petróleo que se están discutiendo con las mayores empresas petroleras mundiales y que pretenden instalarse en territorios indígenas sin permitirno la entrada a los pueblos indígenas? Estamos en la puerta del hotel donde se celebra la reunión”, cuestiona Kaingang, en la calle frente al Hotel Windsor Barra en la capital carioca.
El Brasil de Lula, que alguna vez fue una referencia mundial en políticas climáticas, deberá trabajar arduamente para aclarar sus contradicciones, cuestionar si continúa manchando su imagen internacional con la adhesión al llamado cartel petrolero de la OPEP+ y cumplir con sus compromisos y metas, entre ellos el respeto a las Tierras Indígenas, que son guardianas de los biomas y gran parte de la biodiversidad. El país tiene dos años para definir una posición de liderazgo antes de la COP30 de 2025, que será organizada por Brasil en la ciudad de Belém, donde los países tendrán la gran responsabilidad de revisar sus metas climáticas, las NDC. Sin embargo, la APIB cuestiona la efectividad de los compromisos climáticos de Brasil mientras las políticas de demarcación y protección de los territorios no estén en el centro de este debate.
Para más informaciones y para agendar entrevistas contacte con el servicio de prensa de la Apib:
[email protected]
Coordenación de comunicação – Samela Sateré Mawé – +55 (92) 98285 5077
Comunicación internacional – +55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
29/Nov/2023
Fotografía: Kamikia Kisedje/ Apib
El gobierno de Brasil ha cambiado, pero los Pueblos Indígenas, principales guardianes de todos los biomas brasileños, continúan enfrentando amenazas
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) está participando en la Conferencia de las Partes sobre el Clima (COP28) en Dubái con carácter de urgencia para relanzar la campaña ‘Emergencia Indígena’. “Necesitamos denunciar que nuestras vidas están en peligro, la demarcación de Tierras Indígenas está siendo cuestionada y el futuro climático global está en riesgo. Vemos avanzar en el Congreso los proyectos de ley y enmiendas constitucionales que pretenden legalizar el saqueo de nuestras tierras y de la naturaleza en general. Se trata de un proyecto de genocidio indígena legislado”, advierte Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de la Apib. La primera campaña se llevó a cabo durante la crisis de la Covid-19, bajo el gobierno de Bolsonaro, que amenazó profundamente la vida y los derechos fundamentales de los indígenas. El virus puede haber pasado, pero la extrema derecha continúa actuando en contra de los derechos de los Pueblos Indígenas.
¿Cumplirá Lula sus promesas en relación a las políticas climáticas y de respeto a los Pueblos Indígenas?
El actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de asumir la presidencia, fue recibido en la COP27 como un “salvador”, no solo de Brasil, sino del futuro climático global, ya que internacionalmente también se temía por las políticas ambientales destructivas del expresidente Jair Bolsonaro. Brasil es el segundo país del mundo, después de Rusia, en extensión de áreas forestales aún en pie y líder mundial en recursos hídricos, con el 12% de las reservas de agua dulce globales, la mayoría de ellas preservadas principalmente dentro de las Tierras Indígenas demarcadas, como demuestran estudios.
En reconocimiento al papel fundamental que Brasil tiene en el escenario climático global y en apoyo a los derechos ancestrales de los Pueblos Indígenas de Brasil, Lula prometió durante el Campamento Tierra Libre de abril de 2023 en Brasilia demarcar todas las Tierras Indígenas que aún están en proceso hasta el final de su gobierno. “Nosotros, Pueblos Indígenas de la Apib, apoyamos la elección del actual Presidente, pero con motivo del inicio de otra COP, necesitamos alertar de que la demarcación de nuestras tierras está en riesgo y no existe solución para la actual crisis climática sin los Pueblos Indígenas”, defiende Tuxá.
Aunque la extrema derecha bolsonarista y antiindígena ha salido del poder Ejecutivo brasileño, sigue instalada en las esferas de poder, principalmente en el Legislativo y con una amplia mayoría. Las amenazas a los Pueblos Indígenas continúan siendo promovidas y ejecutadas por sectores vinculados a la extrema derecha. Grupos que financian campañas de parlamentarios que quieren pasar por encima de los derechos indígenas para favorecer a empresas nacionales e internacionales del agronegocio.
¿Quién tiene interés en acabar con los derechos indígenas?
Quien aspira a ocupar y lucrar en las Tierras Indígenas.El agronegocio se compone de empresas nacionales e internacionales, con un mercado de venta principalmente internacional. Se sostiene en una estructura sólida y antigua, con bases colonialistas, formada por políticos y latifundiarios. Según el estudio “Los invasores” del grupo de periodismo investigativo “De olho nos ruralistas”, representantes del Congreso Nacional y del Ejecutivo poseen alrededor de 96 mil hectáreas de tierras superpuestas a las Tierras Indígenas. Además, muchos de estos políticos fueron financiados por empresarios de la agropecuaria que también invaden Tierras Indígenas y que donaron R$ 3,6 millones para campañas electorales de políticos con posiciones a favor de los ruralistas. Este grupo de latifundiarios e invasores respaldó 29 campañas políticas en 2022, totalizando R$ 5.313.843,44. De este total, R$ 1.163.385,00 se destinó al candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL). |
Lula, quien creó el primer Ministerio de los Povos Indígenas de Brasil, no logró bloquear el avance de ciertos proyectos que ya se están convirtiendo oficialmente en ley. El antiguo y polémico PL 2.903/2023, ya en vigor como la Ley 14.701/2023 desde el 20 de octubre, cuestiona el usufructo exclusivo de los Pueblos Indígenas en sus tierras en caso de conflicto de intereses con la política de defensa de la soberanía nacional o la cooperación con personas no indígenas para la explotación de recursos en Tierras Indígenas.
La tesis ruralista del Marco Temporal y otros puntos del PL 2903, que violan los derechos de los Pueblos Indígenas, fueron vetados por Lula. Sin embargo, los parlamentarios movilizados por el Frente Parlamentar de Agropecuária (FPA) se preparan para anular los vetos del Presidente. La votación, que estaba prevista para el 23 de noviembre, fue aplazada y aún no tiene fecha definida hasta el momento.
“Sin mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, el Gobierno Lula necesita negociar para aprobar propuestas estructurales de su gobierno, como la recientemente aprobada reforma tributaria, pero ¿a qué precio? La moneda de cambio para aprobar dicha reforma han sido los derechos indígenas”, destaca Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Apib. “Reiteramos que nuestros derechos no se negocian: la tesis del Marco Temporal viola la Constitución, como determinó recientemente el Supremo Tribunal Federal. Estos proyectos de ley avanzan junto con propuestas de modificación de la Constitución para legalizar actividades que violan los derechos indígenas con medidas como la legalización de la minería en nuestras tierras”, añade Karipuna.
Al mismo tiempo que avanzan las propuestas contra los pueblos originarios, el Congreso Nacional pretende vender internacionalmente una imagen de un Brasil lo más “verde” posible mediante la aprobación en la Cámara de la llamada “agenda verde”. En ella se incluyen medidas pendientes de votación, como el proyecto “combustible del futuro” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que incluye una propuesta de regulación de créditos para el almacenamiento de carbono, el Programa Nacional de Diesel Verde y el Programa Nacional de Combustible Sustentable de Aviación, entre otras medidas.
¿Quién defenderá los derechos de los pueblos indígenas de Brasil en la COP28?
“Mientras el presidente Lula equilibra su gobernabilidad nacional en el tira y afloja de fuerzas políticas y perfila su discurso internacional para la COP28, que probablemente será ovacionado junto con varios otros brillantes discursos de gobernantes y negociadores, nosotros, los Pueblos Indígenas, luchamos y resistimos cada día. Los discursos no nos salvan de los proyectos colonialistas y del voraz avance del agronegocio. Nosotros, los Pueblos Indígenas, luchamos para no morir y para seguir viviendo con nuestros ríos vivos y los bosques de todos nuestros biomas en pie”, enfatiza Karipuna.
Por todos estos motivos, una comisión de líderes de la Apib está actualmente en Dubái y junto con las siete organizaciones regionales de base, lanzan la 2ª edición de la campaña Emergencia Indígena con el tema “Derechos no se negocian. ¡Demarcación ya!”. El viernes 1 de diciembre, segundo día de la Cumbre del Clima 2023, la Apib participa en la rueda de prensa “Liderazgo Indígena y Lanzamiento de la Campaña Emergencia Indígena”. El martes (5) estaremos presentes en la mesa de debate “Brasil rumbo a la COP30: protagonismo de pueblos originarios y comunidades locales en la confrontación con la crisis climática”.
Es esencial que las voces de los Pueblos Indígenas sean escuchadas en este contexto de negociaciones de políticas climáticas, por este motivo, Dinanam Tuxá, Coordinador Ejecutivo de la Apib, participará el viernes (8) en el Evento Ministerial – Lanzamiento de la Plataforma de Diálogo de la FCLP – Pueblos indígenas y comunidades locales como líderes de acción para detener y revertir la pérdida de bosques, donde estarán presentes los jefes de Estado parte, ministros y negociadores decisivos de la COP28. Ese mismo día, se lanzará el Fondo Apib durante el evento “Ecosistema de Financiamiento Climático para Pueblos Indígenas en Brasil: La red única de Fondos administrados por Indígenas”.
Consulte la agenda completa de Apib en la COP28 en Dubái
La Apib denuncia la situación de emergencia indígena en Brasil y reafirma esta urgencia en un nuevo manifiesto en defensa de la vida y garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas, profundamente amenazados por el avance actual de los ruralistas y políticos con intereses del agronegocio. Entregaremos el manifiesto a Lula durante la COP 28 y se lo enviaremos a agentes de los poderes públicos y actores de la sociedad civil con el objetivo de visibilizar la violación de derechos y las amenazas que viven los pueblos originarios en territorio brasileño actualmente.
Además, la Apib ha creado el Comité Emergencia Indígena, donde líderes indígenas y otros representantes, indicados por las organizaciones regionales de base de la Apib, informarán y discutirán semanalmente las amenazas ocurridas en los territorios, en las calles, redes y en el Estado.
¡DECIDIMOS NO MORIR!
Consulta el manifiesto:
[portugués]
https://apiboficial.org/2023/11/14/emergencia-indigena-direitos-nao-se-negociam/
[español]
https://apiboficial.org/2023/11/14/emergencia-indigena-los-derechos-no-se-negocian/?lang=es
[inglés]
https://apiboficial.org/2023/11/14/indigenous-emergency-rights-are-non-negotiable/?lang=en
Siga la página de la campaña Emergencia Indígena disponible en los tres idiomas:
[portugués] https://emergenciaindigena.apiboficial.org
[español] https://emergenciaindigena.apiboficial.org/es/
[inglés] https://emergenciaindigena.apiboficial.org/en/
Para más informaciones y para agendar entrevistas contacte con el servicio de prensa de la Apib:
[email protected]
Coordenación de comunicação – Samela Sateré Mawé – +55 (92) 98285 5077
Comunicación internacional – +55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
14/Nov/2023
Nosotros, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), creamos la campaña Emergencia Indígena en 2020 con el objetivo de hacer frente a la devastadora crisis humanitaria, sanitaria y política que estábamos sufriendo durante el periodo de la pandemia provocada por la Covid-19.
¡Decidimos no morir!
La pandemia y el gobierno anti-indígena de Jair Bolsonaro nos obligaron a llevar a cabo una intensa movilización contra el genocidio de nuestros pueblos.
A pesar de los diversos avances que hemos logrado con nuestras luchas, continuamos sufriendo las amenazas de nuestros derechos, dignidad y protección de nuestras culturas y territorios.
En 2023 nos hemos visto obligado a retomar la campaña “Emergencia Indígena”, puesto que ¡no fue solo cosa de aquel virus!
En nuestro cotidiano, estamos obligados a hacer frente a la violencia del racismo que está enraizado en la sociedad y en las estructuras del Estado.
¡Paren de matarnos!
Invasiones, asesinatos, amenazas, criminalización de líderes y lideresas, violaciones de nuestros derechos…
Estas situaciones derivadas de la colonización, de la monarquía y del autoritarismo instaurado por la dictadura militar nunca pararon de existir para los pueblos indígenas.
Nos urge levantar la voz también frente a las violencias y asesinatos de mujeres indígenas y personas LGBTQIAP+ también indígenas.
El proyecto genocida contra los pueblos indígenas, el robo de nuestros territorios ancestrales y nuestras riquezas naturales siguen amenazando con vehemencia nuestras vidas, culturas y toda la supervivencia del planeta.
¡Derechos no se negocian!
El frente parlamentar de la agropecuaria, o a bancada ruralista como es conocida en Brasil, inventó la tesis del Marco Temporal y levantó una serie de amenazas en todas las instancias de poder.
Propuestas legislativas como el Proyecto de Ley (PL) 2903 o la Propuesta de modificación de la Constitución (PEC) 48 que incluyen la tesis del Marco Temporal, el PL 191 de la minería, la PEC 59 y los intentos de conformar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la demarcación de Tierras Indígenas son ejemplos concretos de un genocidio legislado.
La agenda política anti-indígena en el Congreso Nacional está dominada por los parlamentarios que actúan en defensa de los intereses de los latifundiarios e invasores de nuestras Tierras.
Enfatizamos que el frente parlamentar de la agropecuaria y el de la minería son espacios creados para legalizar nuestro genocidio.
El Marco-Tráfico, -es decir, la estructura de ilegalidad creada a partir de la propuesta de la tesis del Marco Temporal tras la aprobación agilizada en el Senado a pesar de que la Corte Suprema había juzgado la medida como inconstitucional- es el claro reflejo del juego de favores que está permeando la estructura de los tres poderes de la República de Brasil. En este contexto, los derechos indígenas se han convertido en una moneda de cambio.
Desde 2016, el Estado Democrático de Derecho está siendo desmontado.
Primero el golpe político, jurídico, mediático sobre la presidenta Dilma Rousseff, después el gobierno de Michel Temer, seguido de la ascensión y derrota electoral del bolsonarismo.
Ahora, la derecha tradicional y el bolsonarismo consolidan dentro del Congreso una fortaleza para desafiar a los poderes Ejecutivo y Judicial, defendiendo leyes inconstitucionales para favorecer sus propios intereses económicos.
El movimiento indígena conquistó avances históricos y es necesario que hagamos incapié en eso. La Apib consiguió que aumentase la presencia indígena en la política brasileña. La Campaña Indígena promovió el fortalecimento de candidaturas indígenas.
El grupo político indígena elegido, denominado bancada del Cocar con Célia Xakriabá a la cabeza, fortalece nuestras trincheras políticas para resistir en el Congreso Nacional.
Algunos de los avances importantes son: la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) y la indicación de líderes indígenas para posiciones estratégicas en el Poder Ejecutivo.
Sonia Guajajara como Ministra do MPI; Joênia Wapichana presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI); Weibe Tapeba Secretário de Salud Indígena.
La elección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue una conquista colectiva. No obstante, el contexto electoral le obligó a establecer una amplia alianza que incluye sectores económicos y políticos conservadores y anti-indígenas.
El Congreso Nacional sigue dominado por parlamentarios patrocinados por corporaciones nacionales e internacionales y accionistas del agronegocio que quieren acabar con los derechos indígenas.
Las bancadas o agrupaciones de parlamentarios de la triple B -buey, bala y Biblia- representan ¡una amenaza directa para nuestras vidas!
La mayoría de los Gobiernos Estatales y municipales continúan en manos de conservadores y anti-indígenas.
Políticos brasileños, representantes en el Congreso Nacional y en el poder Ejecutivo, poseen 96 mil hectáreas de tierras que están sobrepuestas a Tierras Indígenas.
Estos están recibiendo financiación de latifundiarios que invaden Tierras Indígenas y que donaron 3,6 millones de reales para campañas electorales de ruralistas.
Estos invasores arcaron con el coste de 29 campañas políticas en 2022 que suman un total de 5.313.843,44 de reales.
Es mucha tierra para unos pocos latifundiarios.
La degradación ambiental, la invasión de tierras y el atropello de los derechos de los pueblos pueden empeorar con la propuesta de retomada de grandes inversiones en proyectos de infraestructura, incluidos en el denominado PAC III.
El compromiso de la sociedad con las cuestiones climáticas y el respeto de los derechos indígenas ha aumentado.
No obstante, los ataques y amenazas contra los Pueblos Indígenas avanzan dentro de los tres poderes que componen el Estado brasileño.
El gobierno de Lula está frente a una encrucijada para contener al movimiento fascista que, a pesar de haber perdido en las elecciones, se mantiene activo.
Lula necesita garantizar los compromisos con el medio ambiente y con los movimientos sociales que lo eligieron y generar empleos a través del crecimiento económico.
Para ello, el gobierno apuesta en grandes emprendimientos, obras e inversiones, pero se equivoca al considerar las Tierras Indígenas como fuentes de expansión del capital dentro de las políticas para el desarrollo.
Ese no puede ser el camino para salir de las crisis que nos aprisionan.
La presión de los intereses financieros provoca un cruel aumento de los conflictos territoriales, violencias y violaciones, así como racismo, criminalización y asesinatos.
El problema está en la configuración del Estado brasileño, que es el comité gestor de los negocios del retroceso agropecuarista.
Por tanto, una vez más, reiteramos que nuestra emergencia de supervivencia no se trataba solo de enfrentar el virus de la Covid-19.
El proyecto genocida contra los Pueblos Indígenas y el robo de nuestros territorios ancestrales sigue amenazando con fuerza nuestras vidas, culturas y toda la supervivencia del planeta.
Retomamos la campaña “Emergencia Indígena” para estructurar el enfrentamiento de ataques a la vida de los Pueblos Indígenas.
No podemos cesar de denunciar las dinámicas de poder que violan nuestros derechos diariamente.
Seguimos dedicando todas nuestras fuerzas para informar, fortalecer y articular las bases del movimiento indígena para que de forma permanente y sin descanso protejamos nuestras vidas, culturas, territorios y derechos.
Respondemos haciendo uso de la democracia, de mucho estudio, de la organización y de la lucha de los pueblos, unidos en defensa de la vida de todos, todas y todes para que continúe la vida en la Tierra.
¡Nuestro futuro depende de la demarcación, homologación, protección y garantía de la plena y permanente posesión de nuestras tierras!
Exigimos que se lleven a cabo políticas públicas diferenciadas, en los campos de salud y educación, por ejemplo. Es necesario que se respete la Ley 11.645 que obliga a que se enseñe la historia indígena y afro brasileña en las escuela públicas.
Necesitamos derrotar al poder político económico de los latifundiarios y ocupar nuestros lugares en los espacios que deciden sobre los rumbos futuros de este país. No habrá ningún Brasil sin los pueblos indígenas.
¡Dile al pueblo que avance!
26/Oct/2023
-
A pesar de que la tesis del Marco Temporal fue uno de los puntos vetados por el Presidente Lula, el Congreso Nacional aún puede revertir los vetos.
-
Además, el Presidente aprobó algunas medidas del Proyecto de Ley 2903 que amenazan la soberanía de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y el futuro climático global.
En detrimento de la demanda del movimiento indígena que solicitaba un veto completo al Proyecto de Ley 2.903/2023, el Presidente Lula anunció su veto parcial el 20 de octubre. Así, la decisión presidencial elimina el Marco Temporal de la propuesta, así como el cultivo de especies transgénicas en Tierras Indígenas; la construcción de grandes obras de infraestructura, como represas y carreteras, sin consulta previa, libre e informada; y la flexibilización de las políticas de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Por otro lado, dos de las medidas del Proyecto de Ley aprobadas por el Presidente flexibilizan el usufructo exclusivo de los pueblos indígenas sobre sus territorios, y la Apib las considera una amenaza.
En 2023, el Proyecto de Ley 2.903/2023 representó una de las mayores amenazas a los derechos de los Pueblos Indígenas de Brasil, habiendo sido concebido en base a principios anti-indígenas y aprobado por el Congreso Nacional bajo la influencia del grupo de presión agropecuario. Por esta razón, la Apib reclamó el veto total al proyecto que defiende los intereses latifundistas en detrimento de los derechos indígenas.
El viernes pasado (20), el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que vetaría algunos puntos del PL, incluyendo la propuesta de establecimiento del Marco Temporal, pero aprobó otros puntos amenazantes para los Pueblos Indígenas, como la pérdida del usufructo exclusivo de sus tierras debido a intereses de defensa o soberanía nacional en una tierra, así como por actividades económicas de cooperación entre indígenas y no indígenas.
Estas medidas entraron en vigor el 20 de octubre, a partir de la Ley 14.701/2023. Los demás puntos vetados serán analizados por una comisión mixta de senadores y diputados que decidirán si acatan o anulan las medidas vetadas por Lula en una sesión prevista para el 9 de noviembre.
¿Qué puntos del PL 2.903/2023 fueron vetados por Lula?
- Marco Temporal: la tesis que defiende que los Pueblos Indígenas deben demostrar su presencia en sus territorios ancestrales en la fecha de promulgación de la Constitución Federal, el 5 de octubre de 1988, para tener derecho al reconocimiento y la demarcación como Tierra Indígena, fue eliminada. La tesis del Marco Temporal ya había sido declarada inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal (STF) el 27 de septiembre de 2023.
- Indemnizaciones a los invasores y ocupantes ilegales de territorios indígenas reconocidos.
- Anulación de la demarcación de una Tierra Indígena y expropiación debido a la “alteración de los rasgos culturales” de la comunidad indígena.
- Instalación de equipos y redes de comunicación, así como la construcción de infraestructuras en Tierras Indígenas, como carreteras y vías de transporte.
- Cultivo de organismos genéticamente modificados en Tierras Indígenas.
- Contacto forzado con pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
- Permiso para la instalación de bases, unidades, puestos militares o intervenciones militares en Tierras Indígenas.
- Explotación de recursos para la generación de energía, proyectos de energía en general y extracción de riquezas naturales sin consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas o del órgano indigenista federal competente.
¿Cuáles son los próximos pasos para el análisis de los vetos?
La Apib subraya que la demanda del movimiento indígena era que Lula vetase totalmente el PL 2.903/2023. Tras el veto parcial, nuestra lucha se centra en advertir sobre la necesidad de que, por lo menos, los vetos parciales sean respaldados por los legisladores. Senadores y diputados formarán una comisión mixta que analizará los puntos vetados por Lula. Aún no se ha definido la fecha de dicha revisión, pero el grupo de presión con intereses agropecuarios (Frente Parlamentar da Agropecuária) ya ha emitido un comunicado oficial afirmando que tiene suficientes votos para revertir todos los vetos en el Congreso Nacional.
La lucha, por lo tanto, no ha terminado. La Apib advierte sobre la necesidad de continuar movilizándose, ya que si estos vetos son anulados por el Congreso, se convertirán oficialmente en parte de la Ley 14.701/2023. Esto amenaza la supervivencia de los Pueblos Indígenas, viola las directrices del Comité de Derechos Humanos de la ONU, del cual Brasil es signatario, y pone en peligro el futuro climático global. En ese caso, solo el STF podría revisar la constitucionalidad de la ley a través de un nuevo proceso de judicialización.
¿Qué medidas no fueron vetadas y amenazan a los Pueblos Indígenas y la lucha contra la crisis climática?
El PL 2903 ya entró en vigor como Ley 14.701/2023, con los puntos que no fueron vetados por el Presidente Lula. Entre ellos, todavía existen varias amenazas para los Pueblos Indígenas, la biodiversidad y el equilibrio climático proporcionado por las Tierras Indígenas. Entre los puntos no vetados, dos son críticos porque abren la puerta a violaciones de los derechos indígenas:
-
El Artículo 20 establece que el usufructo exclusivo no puede estar por encima del interés de la política de defensa y soberanía nacional.
-
El Artículo 26 trata sobre la cooperación entre indígenas y no indígenas para la explotación de actividades económicas, lo que podría aumentar la presión de terceros para flexibilizar el derecho de los Pueblos Indígenas al usufructo exclusivo de sus tierras.
Afirmamos que el Artículo 20 es peligroso, ya que podría abrir la puerta para reducir el usufructo exclusivo, en base al concepto genérico de “interés de política de defensa”, justificando intervenciones militares en los territorios. Además, es importante destacar que ilegalmente ya existen 96.000 hectáreas de áreas superpuestas a Tierras Indígenas y que esta supuesta cooperación entre indígenas y no indígenas no será pacífica ni estará libre de altos costos para la autonomía y preservación de los modos de vida de los Pueblos Indígenas. Además, subrayamos que los Pueblos Indígenas están protegidos por el Artículo 231, §6o, de la Constitución, que establece que el interés relevante de la Unión debe ser regulado por una Ley Complementaria y no por una Ley Ordinaria, como es el caso de la Ley 14.701/2023.
La cuestión de la soberanía de los Pueblos Indígenas en sus territorios es uno de los factores que contribuye al aumento de los conflictos de tierras en Brasil. El Informe sobre Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil en 2022 mostró que, entre 2019 y 2022, se registraron 795 asesinatos de indígenas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, lo que representa un aumento del 54% en comparación con los gobiernos de Dilma Rousseff y Michel Temer, y la mayoría de estos crímenes están directamente relacionados con conflictos territoriales. La Apib considera que este significativo aumento de la violencia está directamente relacionado con los discursos promovidos por el entonces Presidente Bolsonaro en contra de los derechos territoriales indígenas, además del total desmantelamiento de la política indigenista en ese período.
Del mismo modo, la deforestación y la destrucción de la biodiversidad en las Tierras Indígenas representan una amenaza internacional para el equilibrio climático global. En los últimos 30 años, Brasil ha perdido 69 millones de hectáreas de vegetación nativa. Sin embargo, solo el 1.6% de esta deforestación se ha registrado en Tierras Indígenas.
Además, los territorios indígenas albergan el 80% de la biodiversidad del planeta, pero están amenazados por el avance de la agroindustria y las industrias extractivas, de desarrollo y turismo, como alerta el informe de la ONU Estado de los Pueblos Indígenas en el Mundo, publicado en 2021.
Por lo tanto, la Apib advierte que los impactos de la Ley 14.701/2023 y la potencial revocación de los vetos presidenciales al PL 2903 traerán consecuencias no solo para los Pueblos Indígenas, sino también repercusiones globales para el equilibrio climático: no se pueden construir políticas nacionales y acuerdos internacionales sólidos contra el cambio climático sin garantizar el pleno usufructo de los Pueblos Indígenas en sus tierras. Es por eso que nuestra lucha continúa.
19/Oct/2023
El Comité de la ONU recomienda que el Estado brasileño rechace la tesis del Marco Temporal
La promulgación del Proyecto de Ley 2.903/2023, que cuestiona la demarcación de Tierras Indígenas (TIs) con la tesis del marco temporal y pretende autorizar la construcción de infraestructuras en TIs sin consulta previa, entre otras propuestas, hace que sea imposible cumplir con las recientes recomendaciones del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) recomienda que el Estado brasileño acelere la demarcación, regularización y titulación de los territorios de los Pueblos Indígenas y rechace la aplicación e institucionalización de la tesis del marco temporal, entre otras recomendaciones. Por lo tanto, si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulga este Proyecto de Ley, estará violando los derechos de los Pueblos Indígenas en Brasil y también incumpliendo los compromisos vinculantes del Pacto.
El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), supervisado por el CDESC y al cual Brasil se adhirió en 1992, presentó sus conclusiones el 13 de octubre en relación con el tercer informe periódico del país, presentado por el gobierno federal y complementado por las organizaciones y movimientos de la sociedad civil consultados. En este contexto, la Apib presentó un documento con varias denuncias sobre la violación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
En cuanto a la actual situación de violación de los derechos indígenas en Brasil, el Comité recomendó en su informe: la celeridad en la demarcación de Tierras Indígenas; el rechazo de la tesis del marco temporal; el establecimiento de protocolos legalmente vinculantes para el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada en cualquier decisión que afecte a las poblaciones originarias, la adopción de medidas contra la deforestación, la protección de los recursos hídricos contaminados por actividades como la minería y la no discriminación racial o cultural de los Pueblos Indígenas, entre otras recomendaciones.
Las recomendaciones del informe del Comité (CDESC) buscan garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de los Estados Partes y orientan la implementación del Pacto (PIDESC). Brasil es uno de los Estados partes signatarios del pacto y, por consiguiente, el cumplimiento del mismo es vinculante para el país. El Artículo 1 del Pacto garantiza el derecho a la autodeterminación, al desarrollo económico, social y cultural, y al libre acceso a las riquezas, recursos naturales y medios de subsistencia por parte de todos los pueblos. Estas condiciones son claramente vulneradas por muchas de las propuestas del Proyecto de Ley 2903.
|
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte I
Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
Fuente: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
|
Estas recomendaciones emitidas por el CDESC en relación con los derechos de los Pueblos Indígenas en Brasil están en línea con las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR) en septiembre de 2023. Brasil también fue sometido a una revisión por parte del CCPR este año, y después de un informe presentado por la Apib y otras organizaciones, este Comité también expresó su preocupación con respecto a las violaciones de derechos resultantes de la posible legalización de la tesis del marco temporal. Por lo tanto, la promulgación del PL2903 sería una violación de los compromisos de Brasil ante ambos comités, además de otros tratados internacionales de los cuales el país es signatario.
Para más información:
Cuáles son las recomendaciones del informe del PIDESC que Lula violará si no veta completamente el PL 2903:
- Medio ambiente y cambio climático: el Comité expresa preocupación por el aumento de la deforestación causada por la expansión agrícola y la explotación de recursos naturales, lo que afecta los medios de subsistencia de las comunidades locales y tradicionales, y aumenta su vulnerabilidad al cambio climático. Por lo tanto, recomienda que el Estado adopte medidas para detener la deforestación.- El PL 2903, a través de la tesis del marco temporal, cuestiona los procesos de demarcación de los territorios, incluidos los de las Tierras Indígenas ya demarcadas, lo que supone una amenaza no solo para el futuro de los Pueblos Indígenas, sino para toda la humanidad. En los últimos 30 años, Brasil perdió 69 millones de hectáreas de vegetación nativa. Sin embargo, solo el 1,6% de esta deforestación se registró en tierras indígenas. Además, será imposible cumplir con la promesa del presidente Lula de poner fin a la deforestación y cumplir con las metas climáticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (conocidas como NDC, por sus siglas en inglés) si el PL 2903 permite la explotación de algunas de las tierras del país con los índices de deforestación más bajos y la mayor biodiversidad. No se puede considerar la preservación de nuestros biomas y políticas comprometidas contra el cambio climático sin garantizar el pleno disfrute de los territorios por parte de los pueblos indígenas.2. Derecho de acceso a la tierra: el Comité advierte sobre las disputas de tierras y la consiguiente violencia causada por los conflictos territoriales, y recomienda que el Estado brasileño “proteja el derecho de los Pueblos Indígenas a la propiedad, uso, desarrollo y control de sus tierras, territorios y recursos con total seguridad y evite la intrusión de ocupantes de terceros”. También recomienda que el Estado compense a los Pueblos Indígenas por daños o pérdidas en sus territorios. Además, el Comité recomienda que Brasil acelere la demarcación, regularización y titulación de las tierras de los Pueblos Indígenas y también rechace la aplicación e institucionalización de la doctrina del marco temporal.- Esta sería la principal violación del PIDESC si el PL 2903 es promulgado por el presidente Lula, ya que el propósito del proyecto, aprobado de urgencia en el Senado por la bancada ruralista, es legalizar la invasión de territorios indígenas en Brasil, sin tener en cuenta la teoría del indigenato que reconoce el derecho ancestral e inalienable de los pueblos originarios a sus territorios. El PL busca legalizar la condición del marco temporal para la demarcación de nuevas tierras y revisar demarcaciones ya realizadas, cuestionando la tradicionalidad de la ocupación, el derecho originario y el disfrute exclusivo de los pueblos indígenas de sus territorios.3. Derechos culturales y de supervivencia: según el Comité, la falta de protección y demarcación de las Tierras Indígenas perjudica el ejercicio de sus derechos culturales. Por lo tanto, recomienda que el Estado garantice que las poblaciones tradicionales tengan las condiciones para “preservar, desarrollar, expresar y compartir su identidad, historia, cultura, idiomas, tradiciones y costumbres, así como mantener su relación espiritual con sus tierras, territorios y recursos”.
– Como se mencionó anteriormente, el PL 2903 cuestiona de diversas formas el derecho de los Pueblos Indígenas a sus tierras, lo que implica negar condiciones dignas de vida para los Pueblos Indígenas en Brasil y poner en peligro sus culturas y supervivencia. Además, el PL flexibiliza la política de no contacto con Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario, lo que podría significar el genocidio de estos pueblos. Por estas razones, el movimiento indígena ha bautizado al PL 2903 como el PL del Genocidio Indígena.
4. Explotación de recursos, inversiones y el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos Indígenas: el Comité solicita que Brasil desarrolle y ponga en práctica protocolos legalmente vinculantes y tome las medidas administrativas necesarias para garantizar que las consultas previas, libres e informadas se realicen de manera sistemática y transparente con los Pueblos Indígenas, Quilombolas y otras comunidades tradicionales sobre proyectos que puedan afectarlos. Además, se insta a garantizar la realización de estudios independientes sobre el potencial impacto social, ambiental y de derechos humanos.
– El Comité expresa su preocupación por la falta de cumplimiento de estas medidas en el país, subraya el hecho de que Brasil continúa otorgando licencias para la explotación de recursos naturales e inversiones a gran escala sin consultar a las comunidades afectadas y solicita que el gobierno brasileño “tenga en cuenta y cumpla con las obligaciones y compromisos internacionales derivados de su ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT 169) y su respaldo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normas internacionales relevantes”.
– El PL propone la legalización de la explotación de recursos naturales en Tierras Indígenas, asociaciones para la explotación agropecuaria, así como la autorización de la construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas y otros proyectos en Tierras Indígenas, sin consulta previa, libre e informada.
5. Discriminación contra los Pueblos Indígenas en Brasil: el Comité señala la “continua falta de una legislación integral de lucha contra la discriminación” en Brasil, así como la prevalencia de desigualdades socioeconómicas, raciales y de género, estigmatización social y discriminación contra grupos desfavorecidos y marginados. Recomienda que el Estado brasileño “adopte todas las medidas necesarias para prevenir y combatir la persistente discriminación contra los Pueblos Indígenas y otras comunidades tradicionales”.
– El PL establece criterios racistas sobre quiénes son o no indígenas, plantea amenazas a la llamada “aculturación” de los Pueblos Indígenas y viola el derecho de autoidentificación racial garantizado en la Constitución.
6. Derecho al agua y saneamiento básico: el Comité expresa su preocupación por el acceso al agua potable y su creciente contaminación debido a la expansión agrícola y las actividades mineras. Por lo tanto, recomienda que el Estado “adopte medidas para proteger sus recursos hídricos, abordar los impactos negativos de las actividades económicas y la explotación de recursos naturales, así como los efectos del cambio climático, y establecer un marco legal que garantice la responsabilidad legal de las empresas estatales y privadas que, a través de sus actividades, contaminan los recursos hídricos”.
– El PL contempla la legalización de monocultivos, la siembra de soja, la cría de ganado, la promoción de la minería y la extracción de minerales en Tierras Indígenas, actividades que resultan en la contaminación de los recursos hídricos.
Sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU:
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) fue adoptado por la Resolución n.2.200-A (XXI) de la Asamblea de las Naciones Unidas en 1966 y ratificado por Brasil el 24 de enero de 1992, con el propósito de hacer obligatorios los compromisos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. De esta manera, la situación de estos derechos debe ser monitoreada a través de la presentación de informes periódicos por parte de los Estados Parte, evaluando el grado de su implementación y las dificultades para llevarlos a cabo, mientras que la supervisión del Pacto recae en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, al evaluar estos informes. Brasil ha sido sometido a evaluaciones periódicas por parte del Comité del PIDESC en otras ocasiones, la última de ellas en 2009. Sin embargo, es importante destacar que Brasil aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de peticiones, lo que proporcionaría acceso a la justicia internacional a las víctimas de violaciones de DESCs.
Acerca de la Apib
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) es un organismo de referencia a nivel nacional del movimiento indígena en Brasil, creado desde la base. Agrupa a siete organizaciones regionales indígenas (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Consejo Terena, Coaib y Comisión Guarani Yvyrupa) y nació con el propósito de fortalecer la unidad de nuestros pueblos, fomentar la coordinación entre las diferentes regiones y organizaciones indígenas del país, además de movilizar a los pueblos y organizaciones indígenas contra las amenazas y agresiones a los derechos indígenas.
Obtenga más información sobre el marco temporal:
https://Apiboficial.org/marco-temporal/
Para más informaciones y para agendar entrevistas contacte con el servicio de prensa de la Apib:
[email protected]
Coordenación de comunicação – Samela Sateré Mawé – +55 (92) 98285 5077
Comunicación internacional: +55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
04/Oct/2023
Foto: @scarlettrphoto
El Senado aprobó el 27 de septiembre el proyecto de ley que busca legalizar la tesis del Marco Temporal para la demarcación de territorios indígenas, junto con otros crímenes que amenazan a los pueblos originarios de Brasil. El proyecto de ley PL 2.903/2023 está siendo revisado por la Presidencia de la República: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene hasta el 18 de octubre para sancionar o vetar (total o parcialmente) el proyecto. La Apib exige el veto completo del proyecto y solicita a Lula un compromiso para respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, así como garantizar la protección de las Tierras Indígenas puesto que representan una salvaguarda contra el cambio climático a nivel mundial.
El PL 2903, bautizado por el movimiento indígena como el PL del Genocidio Indígena, busca legalizar crímenes sociales y ambientales, y representa una amenaza para las vidas de los Pueblos Indígenas en Brasil. Además del Marco Temporal, el PL incluye la flexibilización de la política de no contacto con Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y abre la posibilidad para la producción de commodities y la construcción de infraestructuras en Tierras Indígenas, entre otras violaciones a los derechos indígenas. Según la decisión del 27 de septiembre de la Corte Suprema de Brasil que determinó que el Marco Temporal es inconstitucional, y en línea con la posición del Gobierno actual de Brasil que se comprometió a respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, la Apib solicita que Lula vete completamente todos los puntos del PL del Genocidio Indígena.
La Articulación, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, han enviado un llamado urgente a las Naciones Unidas (ONU) denunciando las violencias sufridas por los Pueblos Indígenas en Brasil, alertando sobre la aprobación del PL 2903 y solicitando apoyo para pedir a Lula que vete el proyecto.
Aunque la tesis del Marco Temporal fue anulada y considerada inconstitucional por la Corte Suprema, la bancada ruralista del Senado aceleró la votación y aprobó el PL del Genocidio Indígena. Bolsonaro dejó la presidencia pero el bolsonarismo y los genocidas indígenas persisten, y tienen mayoría en el Congreso.
Es imposible combatir el cambio climático sin la demarcación de Tierras Indígenas
Elegido como alternativa al conservadurismo anti-indígena del ex-presidente Jair Bolsonaro y bajo la promesa de erradicar completamente la deforestación en la Amazonía de aquí a 2030, el presidente Lula tiene ahora la oportunidad de ratificar su compromiso con la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y la lucha contra la crisis climática. El PL 2903 representa una amenaza para el futuro climático mundial y la biodiversidad del planeta, ambos garantizados en parte gracias a la protección ambiental dentro de las Tierras Indígenas.
La Apib advierte que además del Marco Temporal, el PL 2903 busca legalizar crímenes cometidos contra los Pueblos Indígenas en favor de los intereses políticos y económicos del agronegocio respaldados por la bancada ruralista del Senado. La Articulación señala otras siete propuestas del PL del Genocidio Indígena que deben ser vetadas por Lula, ya que representan crímenes contra los Pueblos Indígenas y una amenaza para toda la humanidad:
1. Establece criterios racistas sobre quién es o no indígena;
2. Autoriza la construcción de carreteras, hidroeléctricas y otras obras en Tierras Indígenas sin consulta previa, libre e informada;
3. Permite monocultivos, cultivo de soja, cría de ganado, promoción de minería y extracción de recursos minerales en Tierras Indígenas;
4. Abre la posibilidad de cuestionar los procesos de demarcación de territorios, incluyendo los de las Tierras Indígenas ya demarcadas;
5. Reconoce la legitimidad de posesión de tierra de los invasores de Tierras Indígenas;
6. Flexibiliza la política de no contacto con Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario;
7. Modifica conceptos constitucionales de la política indigenista, como la tradicionalidad de la ocupación, el derecho originario y el usufructo exclusivo de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios.
Erradicar la deforestación y cumplir con los objetivos climáticos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (conocidos como NDC, por sus siglas en inglés) se convertirán en compromisos inalcanzables si se aprueba el PL 2903 y se permite la destrucción de algunas de las tierras del país con los índices de deforestación más bajos y la mayor biodiversidad. En los últimos 30 años, Brasil perdió 69 millones de hectáreas de vegetación nativa. Sin embargo, solo el 1,6% de esta deforestación se registró dentro de Tierras Indígenas. La única forma de preservar todos los biomas de Brasil y construir políticas coherentes contra el cambio climático es garantizando el pleno acceso de los Pueblos Indígenas a sus territorios.
En diciembre, Brasil asumirá la presidencia del G20 bajo el lema de la justicia y la sostenibilidad, pero el futuro económico mundial estará manchado de sangre si no se detienen las violencias que sufren los Pueblos Indígenas como resultado del crecimiento de actividades criminales devastadoras. En la conferencia de apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lula reafirmó su compromiso de implementar los 17 objetivos de desarrollo sostenible de manera integral e indivisible, y afirmó que “en Brasil, ya hemos demostrado una vez y lo haremos de nuevo, que es posible un modelo socialmente justo y ambientalmente sostenible”. Sin embargo, no hay justicia social posible sin garantizar la vida de las poblaciones tradicionales y no hay un modelo ambientalmente sostenible si los bosques y selvas no permanecen en pie. Por tanto, la lucha contra el cambio climático solo es posible con el respeto y la demarcación de las Tierras Indígenas.
Movilizaciones contra el Marco Temporal
El movimiento indígena llevó a cabo aproximadamente 300 movilizaciones en contra de la tesis del Marco Temporal durante lo que va de año 2023. Estas movilizaciones tuvieron lugar entre mayo y septiembre, convocadas y coordinadas por la Apib y sus siete organizaciones regionales de base.
Lula, ¡veta todo! Apoya al movimiento indígena y di no al Proyecto de Ley del Genocidio Indígena. Únete a la campaña #VetaTudoLulaPL2903. Etiqueta al presidente Lula en las redes sociales, organiza acciones en las comunidades, ciudades y redes. Apoya al movimiento indígena y presiona al presidente Lula para que mantenga su compromiso de respetar los derechos de los Pueblos Indígenas y luchar contra el cambio climático.
El Marco Temporal es una tesis política respaldada por el agronegocio y que ignora la decisión de la Corte Suprema
Después de dos años de proceso, el 27 de septiembre, la Corte Suprema de Brasil anuló la propuesta del Marco Temporal por una mayoría de votos de 9 a 2 y agregó la condición de indemnización para aquellos que posean propiedades en una zona reconocida como Tierra Indígena para su demarcación. Sin embargo, bajo un proceso de urgencia, ese mismo día, el Senado sometió a votación el PL 2903, que finalmente fue aprobado con 43 votos a favor y 21 en contra.
La Apib destaca que las acciones del Senado desafían la Corte Suprema para atender los intereses del agronegocio y de los políticos brasileños que tienen vínculos directos con la invasión de tierras indígenas, como lo demuestra el dossier “Los invasores” del grupo periodístico De olho nos ruralistas. Según el estudio, representantes del Congreso Nacional y del Ejecutivo poseen alrededor de 96,000 hectáreas de tierras superpuestas a las tierras indígenas. Además, muchos de ellos recibieron financiamiento de los agricultores invasores de las Tierras Indígenas, quienes donaron 3,6 millones de reales para la campaña electoral de los ruralistas. Estos invasores apoyaron 29 campañas políticas en 2022 con un total de 5.313.843,44 reales. De ese total, 1.163.38,00 reales fueron destinados al candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL).
Además, tras la anulación del Marco Temporal en el STF, el senador Dr. Hiran (PP-RR) presentó el 21 de septiembre una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que busca establecer el Marco Temporal. Bautizada como PEC 048/2023, la enmienda pretende modificar la Constitución Federal de 1988, que reconoce el derecho originario de los pueblos indígenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas.
Acerca de la Apib
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) es un organismo de referencia a nivel nacional del movimiento indígena en Brasil, creado desde la base. Agrupa a siete organizaciones regionales indígenas (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Consejo Terena, Coaib y Comisión Guarani Yvyrupa) y nació con el propósito de fortalecer la unidad de nuestros pueblos, fomentar la coordinación entre las diferentes regiones y organizaciones indígenas del país, además de movilizar a los pueblos y organizaciones indígenas contra las amenazas y agresiones a los derechos indígenas.
Obtenga más información sobre el marco temporal:
Marco Temporal
Para más informaciones y para agendar entrevistas contacte con el servicio de prensa de la Apib:
[email protected]
Coordenación de comunicação – Samela Sateré Mawé – +55 (92) 98285 5077
Comunicación internacional – +55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
28/Sep/2023
Foto: Tukumã Pataxó/Apib
Después de dos años de juicio, el Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil concluyó ayer (27) su decisión sobre la inconstitucionalidad de la tesis del Marco Temporal y reafirmó el derecho originario de los Pueblos Indígenas al uso exclusivo de sus territorios ancestrales. Sin embargo, ese mismo día, el Senado Federal aprobó con carácter de urgencia el Proyecto de Ley 2.903/2023, que busca convertir la tesis del Marco Temporal en ley, además de legalizar varias otras violaciones de los derechos indígenas.
“El Senado busca perpetuar el genocidio indígena. Este proyecto de ley legaliza crímenes que amenazan la vida de los indígenas e intensifican la crisis climática. El PL es inconstitucional y el STF ya anuló el Marco Temporal, pero el proyecto contiene muchas otras retrocesos en los derechos indígenas más allá del Marco. Continuamos en la lucha y pedimos al presidente Lula que vete este proyecto y cumpla su compromiso con los pueblos indígenas”, enfatiza Kleber Karipuna, Coordinador Ejecutivo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib). La rapidez con la cual el proceso del proyecto de ley fue tramitado en el Senado se debe a la presión de la bancada ruralista y de grandes grupos empresariales que serían los únicos beneficiarios de la aprobación del Marco Temporal.
El resultado de la votación de los senadores fue de 43 votos a favor y 21 en contra del PL 2903. Entre los que apoyaron la legalización del genocidio se encuentran los senadores Marcos Rogério (DEM-RO), que invadió 98 hectáreas de tierra indígena en el Valle del Jamari, en Rondônia; Jaime Bagattoli, que usurpó más de 2 mil hectáreas de la Tierra Indígena Rio Omerê; y la senadora Tereza Cristina, ex Ministra de Agricultura del gobierno antiindígena de Bolsonaro.
Después de que el Senado aprobase el PL 2903, toca a la Presidencia del Gobierno Federal analizarlo y emitir un parecer. El presidente Lula tiene 15 días hábiles a partir de la publicación del proyecto para manifestarse sobre la sanción o veto del mismo. La Apib exige que el presidente Lula vete el PL, claramente inconstitucional, y que mantenga su compromiso de respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, tal como expresó públicamente en su participación en el Acampamento Terra Livre (ATL) de 2022 y 2023.
El Tribunal Supremo concluye que el Marco Temporal es inconstitucional, pero aprueba nuevas condiciones de indemnización para la demarcación de Tierras Indígenas
El pasado jueves (21/09), con un resultado de 9 votos a favor y 2 en contra de la tesis del Marco Temporal, el STF logró una importante victoria en la lucha por los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, algunas propuestas presentadas por algunos ministros abrieron un debate sobre la negociación de los derechos indígenas. La propuesta de flexibilizar la explotación de recursos en Tierras Indígenas, permitiendo la explotación natural y mineral, acabó fuera del juicio mientras que la tesis de la indemnización previa quedó para la segunda negociación de ayer, cuando los 11 ministros se reunieron nuevamente para definir los detalles de la decisión final contra el Marco Temporal.
A pesar de que la mayoría se pronunció a favor de la inconstitucionalidad de la tesis, el STF reconoció criterios de indemnización previa a los ocupantes de Tierras Indígenas. Con esta decisión, los invasores pueden recibir del Estado una indemnización previa por el valor de la tierra invadida y los posibles bienes que hayan trabajado y construido en ella. Dado el historial de usurpación de tierras en Brasil, esta propuesta de indemnización abre la puerta a un aumento de la corrupción en la tenencia de tierras y premia a los invasores de territorios indígenas.
¿Quién se beneficia del Marco Temporal? La bancada ruralista del Senado logra la mayoría para aprobar la propuesta de ley del Marco Temporal
El mismo día, al mismo tiempo que se anunciaba la conclusión del voto final de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del Marco Temporal, el Senado hacía oídos sordos y avanzaba con la violación de los derechos indígenas al aprobar el PL 2903, que la Apib ha llamado “PL del Genocidio” debido a las diversas inconstitucionalidades y violaciones de derechos contenidas en el proyecto.
El PL del Genocidio propone:
- Condicionar el derecho a sus territorios ancestrales solo para los pueblos que estuviesen en ellos el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución (tesis del Marco Temporal).
- Autorizar la construcción de carreteras, represas y otras obras en Tierras Indígenas sin consulta previa, libre e informada.
- Permitir la siembra de soja, la cría de ganado, la promoción de la minería y la explotación minera en Tierras Indígenas.
- Permitir que cualquier persona cuestione los procesos de demarcación de territorios, incluso los que ya han sido demarcados.
- Reconocer la legitimidad de la posesión de tierras por parte de invasores de Tierras Indígenas.
Establecer criterios racistas para determinar quién es o no indígena.
- Flexibilizar la política de no contacto con pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
- Reformular conceptos constitucionales de la política indígena, como la tradicionalidad de la ocupación, el derecho originario y el uso exclusivo de los territorios por parte de los pueblos indígenas.
Entre las amenazas, la Apib destaca la ocupación ilegal en algunas Tierras Indígenas. A partir del cruce de datos catastrales del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), los informes “Los Invasores” realizados por De Olho nos Ruralistas muestran 1,692 superposiciones de fincas en tierras indígenas, lo que representa 1.18 millones de hectáreas y, de ese total, el 95.5% se encuentra en territorios pendientes de demarcación. Políticos brasileños, representantes en el Congreso Nacional y en el ejecutivo, poseen 96,000 hectáreas de propiedades superpuestas ilegalmente en Tierras Indígenas. Además, muchos de ellos fueron financiados por agricultores invasores de Tierras Indígenas, quienes donaron 3.6 millones de reales para la campaña electoral de los ruralistas. Este grupo de invasores financió 29 campañas políticas en 2022, sumando un total de 5,313,843.44 reales. De este total, 1,163,385.00 reales fueron destinados al candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL). Es mucha tierra para pocos agricultores.
Acerca de la Apib
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) es un organismo de referencia a nivel nacional del movimiento indígena en Brasil, creado desde la base. Agrupa a siete organizaciones regionales indígenas (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Consejo Terena, Coaib y Comisión Guarani Yvyrupa) y nació con el propósito de fortalecer la unidad de nuestros pueblos, fomentar la coordinación entre las diferentes regiones y organizaciones indígenas del país, además de movilizar a los pueblos y organizaciones indígenas contra las amenazas y agresiones a los derechos indígenas.
Obtenga más información sobre el marco temporal:
https://Apiboficial.org/marco-temporal/
Para más informaciones y para agendar entrevistas contacte con el servicio de prensa de la Apib:
[email protected]
Coordenación de comunicação – Samela Sateré Mawé – +55 (92) 98285 5077
Comunicación internacional – +55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
22/Sep/2023
Foto: @richard_wera_mirim
Con un resultado de 9×2, la tesis antiindígena del Marco Temporal queda anulada por la Corte Suprema de Brasil. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) celebra el resultado, pero advierte sobre las propuestas de indemnización por ocupación y minería en Tierras Indígenas presentadas en el juicio que todavía van a ser debatidas.
En una sesión histórica que tuvo lugar este jueves (21/09), los ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes y Rosa Weber del Tribunal Supremo Federal (STF) votaron en contra del Marco Temporal y se constituyó, así, una mayoría de votos para derrocar la tesis del Marco Temporal en el poder judicial brasileño. Con un marcador de 9×2, la votación de los ministros concluyó con la anulación de la tesis del Marco Temporal. Sin embargo, la audiencia debe reanudarse el 27 de septiembre para discutir las propuestas planteadas por Moraes y Toffoli en relación a la compensación previa a los invasores de TIs y la explotación de recursos en TIs, lo que preocupa al movimiento indígena. La votación del Marco Temporal en el Senado, que fue impulsada por el grupo de senadores con intereses agropecuarios (conocida en Brasil como bancada ruralista), estaba programada para comenzar el 20 de septiembre pero se pospuso al 27 de septiembre.
“Salimos victoriosos de la tesis del Marco Temporal, pero todavía hay mucha lucha por hacer para alejar todas las amenazas que también se están tramitando en el Senado Federal a través del PL 2903. Seguimos movilizados, seguimos luchando, porque la lucha continuará para garantizar y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas”, afirma Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de la Apib, después de la finalización de la sesión de votación en el STF el 21 de septiembre en Brasilia.
¡Continuamos en la lucha para que nuestros derechos no sean negociados!
La Apib celebra la victoria en la votación contra la tesis del Marco Temporal, lo que representa el respeto por los derechos indígenas, pero advierte que la lucha continúa porque diversas tierras indígenas están siendo ilegalmente invadidas. “Es una victoria para los pueblos indígenas, ya que durante años hemos estado luchando para rechazar esta tesis que, de alguna manera, estaba paralizando los procesos de demarcación de tierras indígenas en Brasil. Sin embargo, hay algunos puntos importantes que deben ser observados, porque los votos de Toffoli y Moraes colocan sobre la mesa elementos bastante peligrosos para los Pueblos Indígenas”, defiende Tuxá. Incluso frente a la creciente violencia causada por la ocupación ilegal de tierras indígenas, el Ministro Moraes planteó la posibilidad de una compensación para los invasores que supuestamente poseen títulos de propiedad rural de “buena fe”, y Toffoli defendió la posibilidad de extraer recursos naturales (hídricos, orgánicos y minerales) ubicados dentro de Tierras Indígenas.
Votaron en contra de la tesis del Marco Temporal: Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes y Rosa Weber. André Mendonça y Nunes Marques votaron a favor.
El Marco Temporal es una tesis política que afirma que los pueblos indígenas solo tendrían derechos sobre sus territorios si estuvieran en ellos el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución Federal. La Apib argumenta que esta tesis es inconstitucional y antiindígena, ya que viola el derecho originario de los pueblos a sus territorios ancestrales, como lo establece la propia Constitución, y pasa por alto la violencia y persecución, especialmente durante la dictadura militar, que impidió que muchos pueblos estuvieran en sus tierras en la fecha de 1988.
En el STF, el Marco Temporal trata, en sustancia, sobre una acción de posesión de tierras (Recurso Extraordinario n.º 1.017.365) referente a la Tierra Indígena Xokleng Ibirama Laklaño de los pueblos Xokleng, Kaingang y Guaraní, en el estado de Santa Catarina. Calificado con estatuto de repercusión general, la decisión judicial sobre este caso servirá como guía para todos los procesos de demarcación de tierras indígenas en el país. Como afirmó el Ministro Luís Roberto Barroso, “la Constitución es muy clara, no existe propiedad sobre tierras tradicionalmente pertenecientes a comunidades indígenas. Esta es la solución para este caso”.
A pesar de que el resultado de la votación es una victoria para los Pueblos Indígenas de Brasil, otras propuestas planteadas por los ministros en sus votos amenazan el escenario actual de lucha por el respeto de nuestros derechos.
El Ministro Alexandre de Moraes votó en contra del Marco Temporal en la sesión de la Corte Suprema que tuvo lugar el 7 de junio de 2023. A pesar de su oposición a la tesis, planteó una propuesta altamente amenazadora para los Pueblos Indígenas. Moraes supuso la existencia de propietarios rurales de “buena fe” que podrían recibir una compensación del Estado si fueran expropiados de las tierras que ocupan ilegalmente a favor de la demarcación de tierras indígenas.
La Apib considera que, a pesar de la existencia de una pequeña porción de pequeños propietarios que adquirieron títulos de propiedad sobre tierras indígenas de buena fe debido a acciones ilegales cometidas por el Estado, la propuesta de compensación supone una recompensa para los invasores ilegales que poseen las propiedades con superposiciones en tierras indígenas. Esto incentivaría la ocupación ilegal de tierras con fondos públicos. Tras cruzar datos de tierras del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), los informes “Los Invasores” realizados por la organización De Olho nos Ruralistas, muestran que hay 1,692 superposiciones de fincas sobre tierras indígenas. Esto totaliza 1.18 millones de hectáreas de superposición, y de este total, el 95.5% se encuentra en territorios pendientes de demarcación. Con su propuesta, Moraes pasa por alto la extensa historia de apropiación ilegal de tierras en Brasil y las acciones criminales derivadas de la disputa de tierras que han provocado un aumento de la violencia contra los pueblos indígenas, así como un crecimiento de la deforestación. Entre 2008 y 2021, se deforestaron 46,900 hectáreas en áreas de superposición de fincas en tierras indígenas, según los datos del informe mencionado anteriormente.
Por su parte, el Ministro Dias Toffoli votó el 20 de septiembre, representando el quinto voto en contra de la tesis del Marco Temporal. Sin embargo, a diferencia de los otros ministros y con un tema que consideramos que está desconectado con el caso que estaba siendo debatido en la Corte Suprema, Toffoli optó por levantar nuevos asuntos, entre ellos, la posibilidad de explotar los recursos hídricos, orgánicos y minerales de las Tierras Indígenas, argumentando que el tema está bajo el paraguas de una supuesta omisión legal y esto perjudica el desarrollo económico del país. Maurício Terena, coordinador legal de la Apib afirma que: “en el último momento, el ministro planteó un tema que nos preocupa mucho como movimiento indígena. El ministro propone una tesis sobre la explotación económica en tierras indígenas. Creemos que este no es el momento para este debate, y la forma en que lo hizo, en cierta medida, flexibiliza el usufructo exclusivo de la tierra por parte de los pueblos indígenas”.
Lea el comunicado completo emitido por la Asesoría Jurídica de Apib sobre el voto del Ministro Dias Toffoli.
¿Quién se beneficia del Marco Temporal?
Entre las amenazas, destacamos la ocupación ilegal de algunas Tierras Indígenas por parte de ciertos latifundiarios que están directamente vinculados al poder político rural. Existen ciertos políticos brasileños, tanto en el Congreso Nacional como en el oder ejecutivo, que poseen 96,000 hectáreas de tierra superpuestas a Tierras Indígenas. Además, muchos de ellos fueron financiados por agro pecuaristas invasores de Tierras Indígenas, que donaron R$ 3,6 millones a la campaña electoral de los ruralistas. Este grupo de invasores financió 29 campañas políticas en 2022 mediante un desembolso de R$ 5,313,843.44. Del total de la suma, R$ 1,163,385.00 se destinaron al candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL).
Votación en el Senado aplazada
Bajo presión del grupo de senadores con intereses agropecuarios (conocidos en Brasil, como bancada ruralista), la Comisión de Constitución y Justicia del Senado brasileño tenía previsto comenzar a debatir el Proyecto de Ley 2903 el 20 de septiembre. El objetivo es que el Marco Temporal se establezca como ley, lo que permitiría legalizar crímenes cometidos contra los Pueblos Indígenas. Sin embargo, la falta de diálogo marcó la jornada: los líderes indígenas que intentaron presentarse en el Senado fueron impedidos de entrar, y la Comisión rechazó una solicitud de audiencia pública. La votación se pospuso al 27 de septiembre después de una solicitud colectiva de los senadores para un examen más minucioso. “Los derechos de los pueblos indígenas están siendo violados y no estamos siendo escuchados. El parlamento no está atendiendo la opinión pública, lo que beneficia solo a los intereses del agronegocio”, advierte Tuxá. Para la Apib, el enfrentamiento entre el poder legislativo y el judicial es un desafío de un grupo de políticos que quieren imponer sus intereses económicos en las tierras indígenas en detrimento de las vidas de los pueblos originarios.
Acerca de la Apib
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) es un organismo de referencia a nivel nacional del movimiento indígena en Brasil, creado desde la base. Agrupa a siete organizaciones regionales indígenas (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Consejo Terena, Coaib y Comisión Guarani Yvyrupa) y nació con el propósito de fortalecer la unidad de nuestros pueblos, fomentar la coordinación entre las diferentes regiones y organizaciones indígenas del país, además de movilizar a los pueblos y organizaciones indígenas contra las amenazas y agresiones a los derechos indígenas.
Obtenga más información sobre el marco temporal:
https://Apiboficial.org/marco-temporal/
Para más informaciones y para agendar entrevistas contacte con el servicio de prensa de la Apib:
[email protected]
Coordenación de comunicação – Samela Sateré Mawé – +55 (92) 98285 5077
Comunicación internacional – +55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
21/Sep/2023
Foto: Kamikia Kisedje / Apib
Minister Toffoli’s vote is against the Time Frame thesis (Marco Temporal), but it contains dangerous points against indigenous peoples. We have to remain vigilant and continue mobilizing. It’s important to remember that the Supreme Court has not yet concluded its trial and the votes are still in dispute. Let’s hope that the next votes follow the rapporteur’s vote [Edson Fachin], which is what we are defending. A vote against the Time Frame, but also against prior compensation and that guarantees the original rights of indigenous peoples,” said Dinamam Tuxá, executive coordinator of Apib, after the session ended.
Maurício Terena, Apib’s legal coordinator, added: “At the last moment, the minister brought up an issue that really concerns us as an indigenous movement. The minister precepts a thesis on economic exploitation on indigenous lands. We understand that this is not the time to have this debate and the way he did it, to some extent, makes the exclusive usufruct of indigenous peoples more flexible.
The trial on the Time Frame thesis had already been suspended on August 31st. Since then, indigenous leaders from different peoples and territories have been mobilizing in Brasilia, where they are camped at the Indigenous Peoples Memorial.
So far, Ministers Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luís Roberto Barroso and Dias Toffoli have voted against the Time Frame thesis. André Mendonça and Nunes Marques voted in favor of the atin-indigenous thesis. Minister Cármen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux and Gilmar Mendes have yet to vote.
The Time Frame thesis is a political thesis that states that indigenous peoples would only have the land right recognition (demarcation of lands) if they were in possession of them on October 5, 1988, the date of the promulgation of the Federal Constitution. Apib points out that the thesis is unconstitutional and anti-indigenous, as it violates the peoples’ original right to their ancestral territory – provided for in the Constitution itself – and ignores the violence, especially during the military dictatorship, and the state control to which the peoples were subjected until 1988.
At the STF, the Time Frame thesis deals, on the merits, with a possessory action (Extraordinary Appeal No. 1.017.365) involving the Xokleng Ibirama Laklaño Indigenous Land, of the Xokleng, Kaingang and Guarani people, and the state of Santa Catarina. With a status of general repercussion, the decision taken in this case will serve as a guideline for all indigenous land demarcation processes in the country. As Minister Luís Roberto Barroso said, “The constitution is very clear, there is no ownership over lands traditionally belonging to indigenous communities. This is the solution to this case.”
Senate adjourned
A lack of dialog and respect marked the session of the Senate at the Constitution and Justice Committee today (20/09). Indigenous leaders were prevented from entering and the committee rejected a request for a public hearing to debate Bill 2903, which aims to turn the Time Frame thesis into law and legalize crimes committed against indigenous peoples. The vote was postponed until September 27 after the senators collectively asked for a review.
For Apib, the clash between the legislature and the judiciary is a direct confron by politicians who want to impose their economic interests on indigenous lands over indigenous lives and those of the Brazilian people.
About Apib
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) é uma instância de referência nacional do movimento indígena no Brasil, criada de baixo pra cima. Ela aglutina sete organizações regionais indígenas (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Conselho Terena, Coaib e Comissão Guarani Yvyrupa) e nasceu com o propósito de fortalecer a união de nossos povos, a articulação entre as diferentes regiões e organizações indígenas do país, além de mobilizar os povos e organizações indígenas contra as ameaças e agressões aos direitos indígenas
The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (Apib) is a national coalition reference for the indigenous movement in Brazil, created from the bottom up. It brings together all seven regional indigenous organizations (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Terena Council, Coaib and Guarani Yvyrupa Commission) and was born with the aim of strengthening the unity of our peoples, the joint action between the different regions and indigenous organizations in the country, as well as mobilizing indigenous peoples and organizations against threats and attacks on indigenous rights.
Find out more about the time frame: https://apiboficial.org/marco-temporal/?lang=en
For more information and to arrange interviews, please contact the press service:
E-mail: [email protected]
Communications Coordinator – Samela Sateré Mawé – +55 (92) 98285 5077
+55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
