21/ago/2026
A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados concluiu a apreciação do Projeto de Lei nº 3.514/2019, que regulamenta as profissões de Agente Indígena de Saúde (AIS) e Agente Indígena de Saneamento (AISAN) no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS).
A conclusão dessa etapa representa mais um importante avanço para o reconhecimento e a valorização de profissionais que estão diariamente nos territórios e exercem papel fundamental na garantia do direito à saúde dos povos indígenas.
O Projeto de Lei nº 3.514/2019 é de autoria de Joenia Wapichana, a primeira mulher indígena eleita Deputada Federal no Brasil e presidenta da Funai. Ele passou por várias comissões da Câmara e contou com o apoio de outra deputada indígenas, Juliana Cardoso (PT-SP), para ser aprovado na Comissão de Saúde.
A trajetória deste PL expressa a importância na nossa representatividade em espaços de decisão. Um projeto que surgiu de uma demanda dos territórios e agora caminha para aprovação. Estes agentes exercem funções fundamentais para a saúde nos territórios.
Esperamos que em breve o projeto passe para o Senado e seja aprovado, como mais uma vitória para a construção do bem viver nos territórios indígenas.
Confira a nota do departamento jurídico da Apib aqui.
20/ago/2026
Brasilia, 18 de agosto de 2026.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), organización nacional que reúne a organizaciones indígenas de todas las regiones del país, alerta a la comunidad internacional sobre el agravamiento de las amenazas contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Brasil.
El pasado 12 de agosto, el Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia del Poder Judicial brasileño, concluyó el análisis sobre la constitucionalidad de la Moratoria de la Soja, un acuerdo voluntario entre empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas que prohíbe la compra de soja producida en áreas de la Amazonía deforestadas después de julio de 2008.
El acuerdo establece salvaguardias ambientales que van más allá de los requisitos previstos en el Código Forestal brasileño. Mientras que la legislación nacional todavía permite que los propietarios privados ubicados en el bioma amazónico eliminen hasta el 20 % de la vegetación nativa, bajo determinadas condiciones legales, la Moratoria de la Soja adopta un enfoque de deforestación cero. En la práctica, las empresas participantes asumen voluntariamente compromisos que superan los estándares mínimos establecidos por la legislación brasileña.
La iniciativa también está alineada con los esfuerzos internacionales destinados a eliminar la deforestación de las cadenas mundiales de suministro, como el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés), que restringe la comercialización de productos como la soja, la carne bovina y la madera procedentes de áreas deforestadas después de diciembre de 2020. Sin embargo, la Moratoria de la Soja establece un criterio más ambicioso, al impedir la comercialización de soja vinculada a procesos de deforestación ocurridos después de 2008.
La Moratoria de la Soja se ha convertido en una de las iniciativas más importantes del sector privado para complementar las políticas públicas de lucha contra la deforestación, al tiempo que permite mantener el crecimiento de la producción agrícola. Según datos de MapBiomas, la superficie destinada al cultivo de soja en la Amazonía aumentó de 1,6 millones de hectáreas en 2008 a 5,8 millones de hectáreas en 2023.
Desde su implementación en 2006, el mecanismo ha contribuido a un aumento del 344 % en la producción de soja en la Amazonía, mientras que la deforestación en el bioma disminuyó un 69 % entre 2009 y 2022, según datos de Greenpeace Brasil. Estas cifras demuestran que es posible aumentar la productividad agrícola sin expandir las actividades productivas hacia nuevas áreas forestales.
El acuerdo también permitió la creación de un sistema de monitoreo en 124 municipios de los estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Maranhão, responsables de una parte significativa de la producción brasileña de soja. Al incentivar el uso de áreas previamente convertidas, como los pastizales degradados, el acuerdo ha reducido la presión para abrir nuevas áreas de bosque nativo.
A pesar de estos resultados positivos, la Moratoria de la Soja ha sido objeto de una creciente presión política y económica por parte de determinados sectores del agronegocio.
El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) inició procedimientos administrativos contra empresas y asociaciones signatarias del acuerdo, argumentando que este podría constituir una práctica contraria a la libre competencia y perjudicar la comercialización de la soja brasileña. Posteriormente, dichos procedimientos fueron suspendidos mientras el STF analizaba la validez del acuerdo.
Al mismo tiempo, los estados de Rondônia y Mato Grosso aprobaron leyes que eliminan los beneficios fiscales para las empresas que adoptan compromisos ambientales voluntarios más estrictos que los exigidos por la legislación brasileña. Estas medidas afectan directamente a la Moratoria de la Soja y a otros acuerdos voluntarios destinados a la protección de los bosques y la biodiversidad.
En el Congreso Nacional, los representantes del sector agropecuario también han promovido diversas iniciativas dirigidas a debilitar o eliminar el acuerdo. En la práctica, la Moratoria de la Soja ha funcionado como una de las principales barreras frente al avance de la deforestación en la Amazonía. Su debilitamiento crea nuevos incentivos para la expansión de la frontera agrícola y la especulación sobre la tierra.
En una decisión importante, el STF confirmó la constitucionalidad de la Moratoria de la Soja y rechazó las acusaciones de prácticas anticompetitivas planteadas por el CADE. Por una mayoría de seis votos contra tres, el tribunal concluyó que los compromisos voluntarios asumidos por entidades privadas no contradicen el Código Forestal brasileño.
La APIB considera que esta decisión fue fundamental para garantizar la continuidad de la Moratoria de la Soja y de otras iniciativas voluntarias similares orientadas a la mitigación del cambio climático y a la conservación de la biodiversidad.
Sin embargo, la decisión judicial estuvo acompañada de un resultado preocupante. El STF también declaró constitucionales las leyes estatales que perjudican a las empresas que, de manera voluntaria, adoptan estándares ambientales más ambiciosos que los exigidos por la legislación nacional.
Este precedente es especialmente peligroso, ya que crea ventajas fiscales para las empresas que se limitan a cumplir con las obligaciones legales mínimas, mientras desincentiva a aquellas que están dispuestas a asumir compromisos más sólidos con la protección ambiental.
Estas leyes estatales son incompatibles con principios fundamentales del derecho ambiental brasileño, entre ellos el deber constitucional de proteger el medio ambiente, el principio de precaución y el principio de prevención, establecidos en el artículo 225 de la Constitución Federal de Brasil. Asimismo, contradicen la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los principios internacionalmente reconocidos de justicia climática.
En lugar de incentivar la adopción de prácticas empresariales más sostenibles y fortalecer los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), las autoridades públicas están creando mecanismos que desalientan a quienes desean ir más allá de los estándares mínimos exigidos por la ley.
Desde una perspectiva política y económica, esta decisión debilita considerablemente la Moratoria de la Soja y reduce los incentivos para que otras empresas y asociaciones adopten iniciativas voluntarias destinadas a proteger los bosques, la biodiversidad y el clima.
Un ejemplo evidente de esta tendencia puede observarse en los cambios recientes adoptados por empresas multinacionales que operan en Brasil. Cargill, por ejemplo, modificó sus compromisos de sostenibilidad y dejó de aplicar el criterio establecido por la Moratoria de la Soja, adoptando en su lugar el límite temporal de 2020 previsto por el EUDR.
En la práctica, este cambio debilita una de las principales salvaguardias del acuerdo, al permitir la comercialización de soja producida en tierras deforestadas entre 2008 y 2020.
Además, diversas investigaciones ya habían identificado importantes deficiencias en la implementación del acuerdo. Informes periodísticos documentaron casos en los que grandes empresas, incluidas algunas signatarias de la Moratoria, adquirieron soja procedente de áreas embargadas mediante mecanismos destinados a ocultar el verdadero origen del producto, una práctica conocida como «lavado de soja».
El actual contexto político y jurídico crea condiciones que podrían debilitar aún más los mecanismos de control y aumentar el riesgo de incumplimiento.
La APIB observa con profunda preocupación el progresivo desmantelamiento de la Moratoria de la Soja como instrumento de compromiso ambiental del sector empresarial.
Independientemente de que la adhesión al acuerdo sea voluntaria, las políticas públicas no deberían desalentar medidas que promuevan niveles más elevados de protección ambiental. Las leyes que debilitan iniciativas orientadas a una mayor conservación son incompatibles con los principios que sustentan el derecho ambiental brasileño.
En un contexto marcado por el agravamiento de la crisis climática, el aumento de la presión sobre los ecosistemas tropicales y los retrocesos en materia de protección ambiental, penalizar indirectamente a quienes adoptan medidas voluntarias más ambiciosas constituye un grave retroceso socioambiental.
El aumento de la presión para expandir la deforestación afecta directamente a los pueblos indígenas, que continúan enfrentando situaciones de violencia, desplazamientos forzados, apropiación ilegal de tierras y violaciones sistemáticas de sus derechos territoriales.
Debilitar los derechos territoriales indígenas significa facilitar el avance del acaparamiento de tierras, la extracción ilegal de recursos naturales, la deforestación y la degradación ambiental.
No existe una solución eficaz para la crisis climática sin los pueblos indígenas.
No existe protección de la biodiversidad sin la garantía de nuestros territorios.
Y no puede existir una democracia plena mientras los derechos constitucionales de los pueblos indígenas continúen siendo vulnerables a retrocesos políticos y jurídicos.
La comunidad internacional no puede considerar estos acontecimientos como un asunto exclusivamente interno.
Brasil tiene obligaciones constitucionales e internacionales de proteger a los pueblos indígenas y sus territorios. Las políticas públicas que contribuyen a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad no pueden ser normalizadas.
La respuesta del movimiento indígena seguirá siendo la movilización, la incidencia política y la resistencia en defensa de los biomas brasileños, la promoción de la deforestación cero y el fortalecimiento de la Moratoria de la Soja y de otros acuerdos comerciales que contribuyan a enfrentar la crisis climática.
Nada sobre nosotros sin nosotros.
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)
20/ago/2026
Brasília, August 18, 2026.
The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB), the national organization representing Indigenous organizations from all regions of the country, calls on the international community to pay close attention to the escalating threats facing the territorial rights of Indigenous Peoples in Brazil.
On August 12, the Federal Supreme Court (STF), Brazil’s highest judicial authority, concluded its review of the constitutionality of the Soy Moratorium, a voluntary multi-stakeholder agreement involving private companies, civil society organizations, and public institutions that prohibits the purchase of soy produced on areas of the Amazon deforested after July 2008.
The agreement establishes environmental safeguards that go beyond the requirements of Brazil’s Forest Code. While Brazilian legislation still allows private landowners in the Amazon biome to clear up to 20% of native vegetation under specific legal conditions, the Soy Moratorium adopts a zero-deforestation approach. In practice, participating companies voluntarily commit to standards that exceed the minimum legal requirements established under domestic legislation.
The agreement is also aligned with broader international efforts to eliminate deforestation from global supply chains, including the European Union Deforestation Regulation (EUDR), which restricts the commercialization of commodities such as soy, cattle products, and timber originating from areas deforested after December 2020. However, the Soy Moratorium adopts a more ambitious cut-off date by prohibiting the commercialization of soy associated with deforestation occurring after 2008.
The Soy Moratorium has become one of the most significant private-sector initiatives complementing public policies aimed at combating deforestation while maintaining agricultural productivity. According to MapBiomas, the area dedicated to soy cultivation in the Amazon increased from 1.6 million hectares in 2008 to 5.8 million hectares in 2023.
Since its implementation in 2006, the mechanism has contributed to a 344% increase in soy production in the Amazon while deforestation in the biome declined by 69% between 2009 and 2022, according to Greenpeace Brazil. These figures demonstrate that increased productivity can occur without expanding agricultural activities into new forest areas.
The agreement also established a monitoring system covering 124 municipalities in the states of Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, and Maranhão, which account for a significant share of Brazil’s soy production. By encouraging producers to expand cultivation into previously converted areas, including degraded pasturelands, the agreement has reduced pressure to clear additional areas of native forest.
Despite these positive outcomes, the Soy Moratorium has been the target of increasing political and economic pressure from sectors of the agribusiness industry.
Brazil’s Administrative Council for Economic Defense (CADE) initiated administrative proceedings against companies and associations participating in the agreement, arguing that it could constitute an anti-competitive arrangement that negatively affected the commercialization of Brazilian soy. Those proceedings were subsequently suspended while the STF examined the validity of the agreement.
At the same time, the states of Rondônia and Mato Grosso approved legislation removing tax incentives from companies that voluntarily adopt environmental commitments that exceed Brazilian legal requirements. These measures directly affect the Soy Moratorium and other voluntary environmental agreements designed to preserve forests and biodiversity.
The National Congress has also witnessed repeated attempts by agribusiness representatives to weaken or dismantle the agreement. In practical terms, the Soy Moratorium has functioned as one of the main barriers against the expansion of deforestation in the Amazon. Weakening the agreement creates new incentives for forest conversion and land speculation.
In an important decision, the STF confirmed the constitutionality of the Soy Moratorium and rejected allegations that the agreement violated Brazilian competition law. By a six-to-three majority, the Court recognized that voluntary commitments established by private entities do not conflict with the Brazilian Forest Code.
APIB considers this decision essential for preserving not only the Soy Moratorium but also other voluntary environmental initiatives that contribute to climate mitigation and biodiversity conservation.
However, the decision also included a troubling development. The Court upheld the constitutionality of state laws that effectively penalize companies choosing to adopt environmental standards that are more ambitious than those required by law.
This ruling establishes a dangerous precedent by creating fiscal advantages for companies that merely comply with minimum legal obligations while indirectly discouraging those willing to adopt stronger environmental commitments.
These state laws are incompatible with fundamental principles of Brazilian environmental law, including the constitutional duty to protect the environment, the precautionary principle, and the principle of prevention established under Article 225 of the Brazilian Constitution. They are also inconsistent with the protection of Indigenous Peoples’ rights and with internationally recognized principles of climate justice.
Instead of encouraging companies to adopt more sustainable practices and stronger environmental, social, and governance (ESG) commitments, public authorities are creating disincentives for those seeking to go beyond legal minimum standards.
From both political and economic perspectives, this decision substantially weakens the Soy Moratorium and reduces incentives for other companies and industry associations to adopt similar voluntary initiatives aimed at protecting forests, biodiversity, and the climate.
One of the clearest examples of this trend can be observed in recent changes adopted by multinational corporations operating in Brazil. Cargill, for example, modified its sustainability commitments and no longer applies the 2008 cut-off established by the Soy Moratorium, instead adopting a zero-deforestation policy aligned with the 2020 threshold established under the EUDR.
In practice, this change undermines one of the agreement’s central safeguards by allowing the commercialization of soy produced on lands deforested between 2008 and 2020.
Furthermore, investigations have already documented repeated failures in the implementation of the agreement. Reports have identified cases in which major companies, including signatories to the Soy Moratorium, purchased soy originating from embargoed areas through practices designed to conceal the product’s true origin, a process commonly referred to as “soy laundering.”
The current political and legal environment creates conditions that could further weaken monitoring mechanisms and increase the risk of non-compliance.
APIB is deeply concerned about the gradual dismantling of the Soy Moratorium as a corporate environmental commitment.
Regardless of whether participation in the agreement remains voluntary, public policies should never discourage stronger environmental protection measures. Laws that undermine initiatives promoting higher conservation standards are incompatible with the principles that govern Brazilian environmental law.
At a time marked by accelerating climate change, increasing pressure on tropical ecosystems, and significant setbacks in environmental protection, indirectly penalizing actors that voluntarily adopt more ambitious conservation measures represents a serious social and environmental setback.
The expansion of deforestation directly threatens Indigenous Peoples, who continue to experience violence, forced displacement, land grabbing, and violations of their territorial rights driven by agricultural expansion.
Weakening Indigenous territorial rights facilitates the advancement of land grabbing, illegal resource extraction, and environmental degradation.
There can be no effective response to the climate crisis without Indigenous Peoples.
There can be no protection of biodiversity without securing Indigenous territories.
And there can be no meaningful democracy while the constitutional rights of Indigenous Peoples remain vulnerable to political and legal setbacks.
The international community cannot treat these developments as a purely domestic matter.
Brazil has both constitutional and international obligations to protect Indigenous Peoples and their territories. Public policies that contribute to deforestation and biodiversity loss cannot be normalized.
The Indigenous movement in Brazil will continue to respond through advocacy, mobilization, and resistance in defense of Brazilian biomes, the promotion of zero deforestation, and the strengthening of the Soy Moratorium and other trade agreements that contribute to addressing the climate crisis.
Nothing about us without us.
Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB)
20/ago/2026
Brasília, 18 de agosto de 2026.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organização nacional composta por organizações indígenas de todas as regiões do país, alerta a comunidade internacional para o agravamento das ameaças aos direitos territoriais dos povos indígenas no Brasil.
No último dia 12 de agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF), órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, concluiu o julgamento sobre a constitucionalidade da Moratória da Soja – acordo entre empresas, sociedade civil e governo que impede a compra de soja produzida em áreas desmatadas na Amazônia após julho de 2008.
O acordo traz previsões adicionais às restrições legais do Código Florestal brasileiro, que permite o desmatamento de até 20% de áreas privadas localizadas na região da floresta amazônica. Nesse sentido, as empresas que se comprometem com a Moratória da Soja ampliam voluntariamente a preservação no bioma para além do que a lei exige. Enquanto a lei brasileira ainda permite uma parcela de desmatamento mediante a obtenção de autorização dos órgãos ambientais competentes, a Moratória exige desmatamento zero.
O pacto está alinhado aos movimentos ambientalistas ao redor do globo, a exemplo da EUDR (European Union Deforestation Regulation), regulação da União Europeia que proíbe a entrada no mercado europeu de produtos como soja, carne bovina e madeira provenientes de áreas desmatadas – legal ou ilegalmente – após dezembro de 2020. A Moratória, no entanto, adota uma data de corte mais contundente para preservar as florestas, impedindo novos desmatamentos desde 2008 – e não 2020, como o faz a norma europeia em vias de implementação.
A Moratória da Soja é uma importante iniciativa coletiva do setor privado que complementa as políticas públicas de combate ao desmatamento ao mesmo tempo em que não impede o desenvolvimento do setor. Pelo contrário: segundo dados do Mapbiomas, a Amazônia tinha 1,6 milhão de hectares destinados ao plantio do grão em 2008. Já em 2023, a área passou a ser de 5,8 milhões de hectares.
Assim, desde a sua implementação em 2006, o mecanismo garantiu o aumento de 344% na produção de soja na Amazônia e queda de 69% no desmatamento do bioma entre 2009 e 2022, possibilitando o aumento de produtividade sem expansão territorial (Greenpeace Brasil). Com previsão de vigência por 20 anos, o acordo tem adesão do atual governo federal e é fundamental para a preservação da floresta amazônica.
Entre as ações criadas com o pacto está o monitoramento dos 124 municípios dos estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Maranhão que se destacam na produção de soja. Com base no acordo, produtores de soja passam a utilizar áreas já abertas, como pastagens, em vez de desmatar regiões de mata nativa para viabilizar o cultivo de grãos.
Todavia, por pressão do agronegócio, a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurou um processo administrativo contra as empresas e associações signatárias indicando que o acordo poderia estar infringindo as leis concorrenciais brasileiras. Segundo o órgão, tratava-se de um acordo anticompetitivo entre concorrentes que prejudica a exportação de soja brasileira. Todavia, os processos foram suspensos pelo STF, que passou a analisar a validade do acordo.
Paralelamente, os estados de Rondônia e Mato Grosso aprovaram leis que removem benefícios fiscais de empresas com compromissos ambientais voluntários mais rigorosos do que o exigido pela legislação brasileira, o que inclui a Moratória da Soja e outros acordos similares que ajudam a manter a floresta em pé. Cabia também ao STF decidir se tais leis estaduais são constitucionais.
No Congresso Nacional, a bancada do agronegócio já vem se articulando para derrubar a moratória da soja há muito tempo. Na prática, esse acordo funciona como uma barreira ao avanço do desmatamento na floresta. A derrubada da Moratória da Soja permite que novas áreas de floresta sejam derrubadas, impulsionando a especulação imobiliária na região.
Em decisão importante, o STF declarou a Moratória da Soja constitucional, afastando as acusações de cartel levantadas pelo Cade. Por seis votos a três, a Corte decidiu que o acordo firmado por entidades privadas não fere os preceitos do Código Florestal e está conforme a legislação, encerrando os processos judiciais e administrativos sobre o tema. A APIB entende que esse posicionamento do tribunal foi fundamental para garantir a validade do acordo e de outras iniciativas voluntárias similares.
No entanto, uma decisão que era para ser positiva, veio acompanhada de uma surpresa desagradável: o STF também declarou a constitucionalidade das leis estaduais que prejudicam as empresas que optaram voluntariamente por adotar medidas de maior preservação ambiental. Posicionamento esse que traça um precedente perigoso que beneficia com incentivos fiscais quem faz o mínimo e pune quem busca fazer mais pelo meio ambiente. O tribunal entendeu que é constitucional a opção do poder público pela concessão de benefícios fiscais para quem apenas segue as determinações legais.
As leis estaduais em questão estão em desacordo com o princípio da maior preservação do meio ambiente, da precaução e da prevenção (art. 225 da CRFB/88), bem como da tutela dos direitos dos povos indígenas do Brasil e da promoção da justiça climática. Em vez de se ter políticas públicas voltadas para incentivar as empresas a adotarem práticas mais sustentáveis (ESG), adota-se uma postura de punição indireta daqueles que buscam fazer mais pelo meio ambiente do que o mínimo legal.
Do ponto de vista político e econômico, a Moratória perde muita força, desestimulando que outras empresas e associações adotem outras práticas voluntárias similares voltadas para a preservação do clima e da biodiversidade. Por que uma empresa permaneceria no acordo se, não apenas não será beneficiada economicamente com isso, como suas concorrentes que fazem muito menos pelo meio ambiente recebem benefícios fiscais por isso? É totalmente ilógica e descabida essa postura por parte do poder público, estimulando as empresas a deixarem o acordo.
Nesse sentido, a perda de força da Moratória da Soja abre caminho para o afrouxamento das políticas de empresas com a multinacional norte-americana, Cargill, que mudou de postura em seu último relatório de sustentabilidade, deixando de seguir as regras previstas no mecanismo, adotando uma política de desmatamento zero somente a partir de 2020 como previsto na EUDR e não de 2008 como o acordado.
Na prática, essa mudança esvazia a principal regra da Moratória, viabilizando a compra de grãos cultivados em terras desmatadas após 2008, o que beneficia grandes empresários do setor que pressionam para o fim do acordo, conforme já também levantado pela WWF Brasil.
E, se o acordo já era descumprido em inúmeras ocasiões antes da decisão do STF, com a validação da possibilidade de restringir benefícios fiscais para quem a segue, isso tende a aumentar. Segundo investigações feitas pelo Repórter Brasil, tanto a Cargill como outras empresas signatárias compraram soja de produtores com área embargada (de uso proibido) por órgãos ambientais, mascarando a verdadeira origem do grão (“lavagem de soja” ou “soja pirata”). Isso já era possível devido a falhas nos sistemas de controle das empresas e tende a ser ampliado diante do cenário atual.
Assim, a APIB vê com preocupação o desmantelamento da Moratória da Soja como prática empresarial. Independentemente de se ter uma obrigação legal de vinculação de empresas, não é compatível com os princípios que regem o direito ambiental brasileiro que se promulgue uma lei contrária à maior preservação ambiental.
Em um momento de crise climática, El Niño e graves retrocessos na proteção ambiental do país, é um enorme desserviço socioambiental a punição fiscal indireta daqueles que buscam fazer mais pela proteção dos nossos biomas. O aumento da pressão por desmatamento em novas áreas afeta gravemente os direitos dos povos indígenas, que já sofrem com violência e remoções forçadas de seus territórios em prol dos interesses do setor agropecuário.
Enfraquecer os direitos territoriais indígenas significa favorecer o avanço da grilagem, da exploração ilegal de recursos naturais, do desmatamento, da mineração, do agronegócio predatório e da especulação imobiliária. Também significa colocar em risco povos indígenas em isolamento e contato inicial, cujos territórios continuam vulneráveis a invasões, incêndios, desmatamento e contatos forçados.
Não existe solução para a crise climática sem os povos indígenas. Não existe proteção da biodiversidade sem a garantia de nossos territórios. E não existe democracia enquanto os direitos constitucionais dos povos originários permanecerem sujeitos a retrocessos.
A comunidade internacional não pode tratar os acontecimentos no Brasil como uma questão exclusivamente interna. O país possui obrigações constitucionais e internacionais de proteger os povos indígenas e seus territórios e não se pode naturalizar políticas públicas feitas para em prol do desmatamento das florestas e perda de biodiversidade.
A resposta do movimento indígena seguirá sendo mobilização, incidência e resistência para preservação dos biomas brasileiros, promoção de desmatamento zero e fortalecimento da Moratória da Soja e demais acordos comerciais que contribuam para a solução da crise climática.
Nada sobre nós sem nós.
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
19/ago/2026
Foto: Lideranças indígenas no acampamento Luta pela Vida, em 2021 (Crédito: Diego Baravelli/ Greenpeace)
Campanha Indígena apresenta 56 candidaturas indicadas pelas organizações regionais indígenas da APIB articuladas em torno do projeto Nosso Território, Nossa Vida.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), junto com suas organizações regionais de base, apresenta nesta quarta-feira, 19 de agosto, a Bancada Indígena 2026. São 56 candidaturas reunidas pela Campanha Indígena para fortalecer a presença dos povos nos espaços de decisão e levar para as eleições uma proposta política construída a partir dos territórios.
A Bancada reúne candidaturas de 39 povos indígenas, distribuídas por 19 estados e conectadas às diferentes regiões e biomas de abrangência das organizações regionais da APIB. Essa diversidade territorial expressa a presença dos povos na disputa eleitoral de 2026. Do total de 56 candidaturas, 27 são de mulheres. São 33 candidaturas a deputado estadual, 19 a deputado federal, duas ao Senado, uma ao governo estadual e uma à segunda suplência do Senado.
A apresentação das 56 candidaturas acontece em um cenário histórico de crescimento da participação indígena na política institucional. Levantamento da Campanha Indígena atualizado em 17 de agosto identificou 191 candidaturas de pessoas que se declararam indígenas nas eleições de 2026. É o maior número registrado em eleições gerais desde que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a reunir informações de cor e raça das candidaturas, em 2014. Naquele ano foram registradas 85 candidaturas indígenas. O número chegou a 133 em 2018 e a 186 em 2022. Em 2026, são 191 registros.
|
Cargos que a Bancada Indígena concorre em 2026:
33 candidaturas a deputado estadual
19 candidaturas a deputado federal
2 candidaturas ao Senado
1 candidatura ao governo estadual
1 candidatura à segunda suplência do Senado
|
A escolha começa nos territórios
“A Bancada Indígena é um recorte político construído a partir das indicações das organizações regionais de base da APIB, fortalecendo uma articulação que parte dos territórios”, afirma Alana Manchineri, coordenadora da Campanha Indígena.
A composição da Bancada parte do conhecimento que cada organização regional possui sobre as candidaturas e sobre a realidade política onde atua. Desde a preparação da Campanha Indígena 2026, as organizações de base assumiram um papel central na indicação dos nomes que integram essa construção.
Durante a organização da campanha, o grupo de trabalho da APIB adotou como referências o compromisso com os direitos dos povos indígenas e com os direitos humanos. A relação das candidaturas com as lutas sociais também orientou esse processo.
Essa metodologia dá sentido político à Bancada ao conectar as candidaturas às organizações de base e às pautas construídas pelo movimento indígena. É a partir dessa relação entre territórios e disputa eleitoral que Nosso Território, Nossa Vida chega às eleições de 2026.
Nosso Território, Nossa Vida
A Campanha Indígena leva para o processo eleitoral uma proposta de país construída a partir das experiências e das lutas dos povos indígenas. Nosso Território, Nossa Vida coloca os territórios no centro das decisões sobre o futuro do Brasil e orienta o diálogo político das candidaturas que integram a Bancada.
As candidaturas são chamadas a incorporar essas propostas em suas campanhas e levá-las ao debate com a sociedade. Dessa forma, a presença indígena nas eleições se conecta a uma construção política que nasce dos povos e busca incidir sobre as decisões tomadas nos espaços institucionais.
Nosso Território, Nossa Vida afirma a demarcação e a proteção das Terras Indígenas como parte da soberania do país. A proposta também defende a participação dos povos nas decisões públicas e reconhece a proteção dos territórios como parte central das respostas à crise climática.
“A Bancada Indígena que estamos apresentando nasce das organizações de base e leva para as eleições um projeto construído pelo movimento indígena. A Bancada marca um novo momento da caminhada para aldear a política, fortalecendo candidaturas construídas a partir dos territórios e colocando as propostas do movimento indígena no debate sobre o futuro do Brasil. Nosso Território, Nossa Vida coloca os territórios no centro do futuro do Brasil e chama as candidaturas a incorporarem essas propostas em suas campanhas. Aldear a política significa levar as propostas dos nossos povos para os espaços onde as decisões sobre o país são tomadas”, afirma Dinamam Tuxá, coordenador executivo da APIB.
Uma caminhada construída antes das urnas
A presença dos povos indígenas na política institucional brasileira atravessa décadas. Em 1969, Manoel dos Santos, conhecido como Seu Coco, do povo Karipuna, foi eleito vereador em Oiapoque, no Amapá. Em 1976, Cacique Ângelo Kretã, do povo Kaingang, conquistou uma vaga de vereador em Mangueirinha, no Paraná, durante a ditadura militar. Seis anos depois, Mário Juruna, do povo Xavante, tornou-se o primeiro deputado federal indígena da história do Brasil.
A presença indígena também avançou nos governos municipais. Em 1990, Iracy Cassiano, do povo Potiguara, foi eleita prefeita de Baía da Traição, na Paraíba. Em 1996, João Neves, do povo Galibi-Marworno, chegou à prefeitura de Oiapoque, no Amapá.
A partir de 2014, essa trajetória passou a ser acompanhada com mais precisão nas estatísticas eleitorais, quando o TSE incluiu os dados de cor e raça no registro das candidaturas. Um levantamento do pesquisador Luís Roberto de Paula estima que pelo menos 448 indígenas foram eleitos no Brasil entre 1976 e 2012.
Em 2017, a APIB publicou o manifesto “Por um Parlamento cada vez mais indígena”, colocando de forma pública a necessidade de ampliar a presença dos povos indígenas nos espaços de decisão. A eleição seguinte marcou outro momento dessa caminhada. Em 2018, Joenia Wapichana tornou-se a primeira mulher indígena eleita deputada federal, enquanto Sonia Guajajara integrou uma chapa presidencial e levou a presença indígena para o centro do debate político nacional.
Essa trajetória ganhou uma articulação nacional própria em 2020, com a criação da Campanha Indígena pela APIB e suas organizações regionais de base. Naquele ano, 2.212 indígenas registraram candidaturas nas eleições municipais, crescimento de 27% em relação a 2016. Foram eleitos 236 indígenas, representando 71 povos em diferentes regiões do país.
Em 2022, a Campanha Indígena organizou a Bancada Indígena com 30 candidaturas indicadas pelas organizações regionais da APIB. As candidaturas mobilizaram cerca de 500 mil votos. Sonia Guajajara, por São Paulo, e Célia Xakriabá, por Minas Gerais, foram eleitas deputadas federais. Naquele ano, 186 pessoas indígenas registraram candidaturas nas eleições gerais, mais que o dobro das 85 registradas em 2014.
A resposta para transformar a política somos nós!
Conheça as lideranças que fazem parte da Bancada Indígena
acesse: https://campanhaindigena.apiboficial.org/bancada-indigena/
Lista corrida das candidaturas da Bancada Indígena
Acre
Isaac Piyãko | Ashaninka | deputado estadual | PT | 13111
Cacique Ninawa Huni Kui | Huni Kuĩ | deputado federal | PT | 1311
Amapá
Kleber Karipuna | Karipuna | deputado federal | PDT | 1200
Simone Karipuna | Karipuna | deputada estadual | Rede | 18888
Amazonas
Isael Munduruku | Munduruku | governador | Rede | 18
Ismael Munduruku | Munduruku | senador | Rede | 181
Marcos Apurinã | Apurinã | deputado federal | Rede | 1818
Vanda Witoto | Witoto | deputada federal | MDB | 1513
Danielle Baré | Baré | deputada estadual | Rede | 12123
Raimunda Kambeba | Kambeba | deputada estadual | Rede | 1811
Yura Marubo | Marubo | deputada estadual | Rede | 18321
Claudia Tikuna | Tikuna | deputada estadual | MDB | 15444
Naldo Mura | Mura | deputado estadual | Rede | 18765
Neuriane Munduruku | Munduruku | deputada estadual | MDB | 15050
Edson Kambeba | Kambeba | deputado estadual | PSB | 40000
Humberto Koripaco | Koripaco | deputado estadual | Rede | 18018
Pará
Ubirajara Sompré | Kayapó | deputado federal | PSB | 4020
O e Paiakan | Kayapó | deputada estadual | PSD | 55111
Alessandra Munduruku | Munduruku | deputada federal | PT | 1388
Puyr Tembé | Tembé | deputada estadual | Avante | 70678
Auricelia Arapiun | Arapiun | deputada estadual | PSOL | 50321
Rondônia
Isac Wajuru | Wajuru | deputado federal | MDB | 1501
Tamura Amondawa | Amondáwa | deputado estadual | Solidariedade | 77321
Jose Amaral Kujubin | Kampé | deputado estadual | PSB | 40429
Roraima
Aldenicia Cadete | Wapichana | deputada estadual | PT | 13555
Enock Taurepang | Taurepang | deputado estadual | Agir | 36232
Joenia Wapichana | Wapichana | deputada federal | PT | 1333
Bartô Macuxi | Macuxi | senador | PSOL | 500
Daniel Sampaio | Wapichana | deputado estadual | PT | 13321
Prof Telmo | Macuxi | deputado estadual | PT | 13444
Zelandes Patamona | deputado estadual | PT | 13123
Leonardo Pereira | Macuxi | deputado estadual | PT | 13130
Tocantins
Avanilson Karajá | Karajá | deputado federal | PV | 4333
Bahia
Tukumã Pataxó | Pataxó | deputado federal | PSOL | 5088
Kâhu Pataxó, mandato coletivo | Pataxó | deputado estadual | PCdoB | 65111
Monika Marapara | Kaixana | deputada federal | MDB | 1577
Ceará
Weibe Tapeba | Tapeba | deputado federal | PT | 1314
Espírito Santo
Jocelino Tupinikim | Tupinikim | deputado estadual | PSB | 40788
Maranhão
Rosilene Guajajara | Guajajara | deputada estadual | PT | 13222
Magno Guajajara | Guajajara | deputado federal | PSOL | 5000
Mato Grosso
Eliane Xunakalo | Kurâ Bakairi | deputada estadual | PT | 13456
Marta Tipuici | Manoki | deputada estadual | PT | 13066
Mato Grosso do Sul
Josiel Machado | Guarani Kaiowá | deputado estadual | PCO | 29029
Eliel Benites | Guarani Kaiowá | deputado federal | PT | 1333
Minas Gerais
Shirley Krenak | Krenak | deputada estadual | PSOL | 50333
Célia Xakriabá | Xakriabá | deputada federal | PSOL | 5088
Rio de Janeiro
Neuza Guaraní | Guarani Nhandeva | deputada estadual | PT | 13008
São Paulo
Chirley Pankará | Pankará | deputada estadual | PSOL | 50888
Juliana Cardoso | Terena | deputada federal | PT | 1333
Sonia Guajajara | Guajajara | deputada federal | PSOL | 5088
Paraná
Eloy Nhandewa | Guarani Nhandeva | deputado estadual | PSOL | 50123
Pernambuco
Marcelo Pankararu | Pankararu | segundo suplente ao Senado | Avante | 555
Santa Catarina
Ingrid Sateré Mawé | Sateré Mawé | deputada estadual | PSOL | 50180
Nandja Xokleng | Xokleng | deputada federal | PSOL | 5040
Kerexu Yxapyry | Guarani | deputada federal | PT | 1388
Cacica Eliara | Guarani | deputada estadual | PT | 13524
17/ago/2026
Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) participará da 17ª Sessão da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (COP17), que será realizada de 17 a 28 de agosto de 2026, em Ulan Bator, Mongólia. A organização levará ao debate internacional as perspectivas, demandas e propostas dos povos indígenas brasileiros para o enfrentamento da desertificação, da degradação da terra e da seca.
A participação da APIB parte do reconhecimento de que os povos indígenas estão entre os mais diretamente afetados pelos processos de degradação ambiental e pelos efeitos das secas prolongadas. Em diferentes biomas brasileiros, os territórios indígenas sofrem com o desmatamento, a grilagem, a mineração, a expansão das cadeias de produção de commodities e a pressão sobre as águas e os modos de vida tradicionais.
Esses processos ameaçam não apenas os ecossistemas, mas também as fontes de água, a soberania alimentar, a biodiversidade, os conhecimentos tradicionais, as práticas culturais e a própria continuidade dos modos de vida dos povos indígenas.
Para a APIB, o enfrentamento à desertificação não pode ser tratado apenas como uma agenda técnica ou ambiental. Trata-se também de uma agenda de direitos indígenas, justiça climática, proteção territorial e reparação histórica.
Nesse sentido, a demarcação e proteção das terras indígenas, o fortalecimento da gestão territorial e ambiental indígena, o financiamento direto aos povos indígenas, a garantia da consulta e do consentimento livre, prévio e informado (CLPI), a rastreabilidade de toda a cadeia de produção de commodities e a responsabilização das atividades econômicas que degradam os biomas são medidas centrais para enfrentar a degradação da terra, a seca e os impactos da crise climática.
Evento paralelo no Pavilhão Brasil
Durante a COP17, a APIB, em parceria com a sua organização regional de base, a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), realizará um evento paralelo no Pavilhão Brasil, localizado na C2 da Blue Zone.
A atividade será realizada no dia 19 de agosto, das 17h às 18h (Horário local), com o título:
Olhares indígenas sobre a desertificação: Caminhos para enfrentar a degradação da terra e a seca prolongada nos biomas brasileiros.
O painel reunirá lideranças indígenas brasileiras para debater o avanço da desertificação e os efeitos das secas nos biomas brasileiros a partir das perspectivas dos povos indígenas, com atenção aos impactos sobre os territórios indígenas e sobre os modos de vida tradicionais.
A atividade buscará afirmar que o combate à desertificação exige respostas que ultrapassem as abordagens exclusivamente técnicas ou ambientais. A proteção dos territórios, a garantia dos direitos indígenas e o fortalecimento das formas próprias de gestão territorial e ambiental são elementos fundamentais para enfrentar a degradação dos biomas e construir respostas efetivas à crise climática.
O painel também abordará medidas como o financiamento direto aos povos indígenas, a garantia da consulta e do consentimento livre, prévio e informado (CLPI), a rastreabilidade das cadeias de produção de commodities e a responsabilização das atividades econômicas que promovem a degradação ambiental.
A atividade será dirigida a representantes de governos, negociadores, organizações da sociedade civil, academia, financiadores, organismos internacionais e demais atores envolvidos na construção de respostas à desertificação, à seca e à degradação da terra.
A participação da APIB na COP17 reafirma que não há enfrentamento à desertificação sem direitos indígenas, nem justiça climática sem proteção dos territórios indígenas.
16/ago/2026
Número inédito é 125% maior que o registrado em 2014. A disputa para deputado federal também alcança uma marca histórica, com 75 candidaturas indígenas. No dia 19 de agosto, a APIB e suas organizações regionais apresentam a Bancada Indígena 2026.
>>> dados atualizados dia 17.08.2026 às 10h (horário de Brasília) | fonte: sig.tse.jus.br
>>> os dados registrados nesta publicação podem ser modificados sempre que o TSE atualizar os dados oficiais de candidaturas.
>>> em relação à versão anterior, que tinha 191 registros, houve uma redução de uma candidatura. A candidatura de Gil do Povo, do PT de São Paulo, para deputado estadual, deixou de aparecer na nova base. Com isso, o PT passa de 38 para 37 candidaturas e o total de candidaturas a deputado estadual passa de 100 para 99.
As Eleições 2026 começam com um novo marco para a presença indígena na política institucional. Levantamento realizado pela Campanha Indígena, iniciativa da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a partir dos registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSaE), reúne 191 candidaturas de pessoas que se declararam indígenas em todo o país. É o maior número registrado em eleições gerais desde que o TSE passou a incluir dados de cor e raça das candidaturas, em 2014.
A série mostra uma ampliação contínua dessa presença. Em 2014, foram registradas 85 candidaturas indígenas. O número passou para 133 em 2018 e chegou a 186 em 2022. Agora, em 2026, são 191. Em doze anos, o número cresceu 125%.
A disputa para a Câmara dos Deputados alcança uma marca própria. São 75 candidaturas indígenas a deputado federal em 2026. Em 2014 eram 25, número que passou para 39 em 2018 e 59 em 2022. Em doze anos, a quantidade triplicou. As assembleias legislativas reúnem a maior quantidade de candidaturas indígenas neste ano, com 99 nomes. Outras três pessoas concorrem a deputado distrital no Distrito Federal.
A lista também reúne quatro candidaturas ao Senado, três aos governos estaduais e duas a vice-governador. Há ainda cinco candidaturas às suplências do Senado.
As candidaturas indígenas estão presentes em 26 unidades da federação. A Amazônia Legal concentra 80 das 191 candidaturas registradas em 2026, o equivalente a 41,9% do total. Na região Sudeste, são 37 candidaturas, seguida pelo Nordeste, com 34, pelo Centro-Oeste, com 27, e pelo Sul, com 14.
Essa presença alcança estados inseridos nos seis biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. A distribuição mostra que a participação indígena nas eleições reúne experiências políticas construídas em diferentes territórios e realidades do país.
“Chegar a 191 candidaturas indígenas representa um dado eleitoral e a prova concreta de uma caminhada histórica de resistência e de cobrança dos nossos povos por espaço e respeito no poder. Essa realidade evidencia a ausência que ainda persiste nas estruturas de decisão do país. Estamos presentes em 26 unidades da federação, com 64 povos registrados na disputa e uma marca histórica de 75 candidaturas à Câmara dos Deputados. Essa presença nasce dos territórios e amplia, com força política, nossa exigência de participação efetiva nos rumos do Brasil”, avalia Marcos Sabaru um dos coordenadores políticos da Campanha Indígena.
Mulheres indígenas
As mulheres também ocupam uma parcela cada vez maior dessa presença indígena nas eleições. Das 191 candidaturas registradas em 2026, 84 são de mulheres, o equivalente a 43,8% do total. Em 2014, primeiro ano da série do TSE, eram 29 mulheres entre 85 candidaturas indígenas. O número passou para 49 em 2018 e chegou a 85 em 2022. Em 2026, com 84 candidaturas, a presença das mulheres permanece próxima ao maior patamar já registrado nas eleições gerais.
“As mulheres indígenas chegam a esta eleição com 84 candidaturas, representando quase 44% de toda a presença indígena na disputa. Em doze anos, o número de mulheres candidatas cresceu cerca de 190%. Esse avanço carrega a força das mulheres que organizam as lutas nos territórios e agora ampliam sua presença nos espaços de decisão”, reforça Alana Manchineri uma das coordenadoras da Campanha Indígena.
Essa trajetória mostra que a ampliação da presença indígena nas urnas também tem sido acompanhada por uma participação maior das mulheres na disputa pelos espaços de decisão.
Povos presentes na disputa
Os dados registrados pelo TSE apontam que 64 povos estão presentes na disputa eleitoral de 2026. O povo Macuxi, em Roraima, concentra 13 candidaturas, o maior número entre os povos identificados na base. Em seguida aparece o povo Guarani Kaiowá, com 12 candidaturas em Mato Grosso do Sul. A base também registra oito candidaturas Guaraní, sete Mundurukú, seis Múra e seis Terena.
Os dados mostram que o crescimento da participação indígena nas eleições também se expressa na presença de diferentes povos e territórios na disputa política do país.
| Povos registrados no TSE |
nº de Candidaturas |
| Macuxi |
13 |
| Guarani Kaiowá |
12 |
| Guaraní |
8 |
| Munduruku |
7 |
| Mura |
6 |
| Terena |
6 |
| Tupinambá |
5 |
| Wapichana |
5 |
8 povos com maiores números de candidaturas registradas (fonte: sig.tse.jus.br )
Território de luta
Para a Campanha Indígena, as eleições também são um território de luta e de disputa sobre o Brasil que queremos construir. A presença indígena nos espaços políticos faz parte de uma caminhada que floresce nos territórios e carrega o acúmulo histórico das lutas dos povos indígenas.
Em 2026, a APIB e suas organizações regionais de base levam para o processo eleitoral Nosso Território, Nossa Vida, uma proposta construída a partir das experiências do movimento indígena. O documento apresenta um projeto de país que afirma que o futuro do Brasil começa nos territórios e precisa ser construído com os povos participando das decisões sobre seus rumos.
A Campanha Indígena chama as candidaturas indígenas e as candidaturas aliadas às lutas por terra e território a conhecerem Nosso Território, Nossa Vida, fazerem sua adesão e incorporarem suas propostas às campanhas. A ideia é levar esse projeto de país para o diálogo com os territórios e para a disputa eleitoral.
O recorde de 191 candidaturas indígenas em 2026 amplia esse momento da participação política dos povos indígenas. No dia 19 de agosto, a APIB e suas organizações regionais de base apresentam a Bancada Indígena 2026, formada por candidaturas indicadas pelas organizações de base.
“A Bancada Indígena que apresentaremos no dia 19 nasce das organizações de base e leva para as eleições um projeto construído pelo movimento indígena. A Bancada marca um novo momento da caminhada para aldear a política, fortalecendo candidaturas construídas a partir dos territórios e colocando as propostas do movimento indígena no debate sobre o futuro do Brasil. Nosso Território, Nossa Vida coloca os territórios no centro do futuro do Brasil e chama as candidaturas a incorporarem essas propostas em suas campanhas. Aldear a política significa levar as propostas dos nossos povos para os espaços onde as decisões sobre o país são tomadas”, reforçou Dinamam Tuxá coordenador executivo da APIB.
Uma caminhada construída antes das urnas
A presença dos povos indígenas na política institucional brasileira atravessa décadas. Em 1969, Manoel dos Santos, conhecido como Seu Coco, do povo Karipuna, foi eleito vereador em Oiapoque, no Amapá. Em 1976, Cacique Ângelo Kretã, do povo Kaingang, conquistou uma vaga de vereador em Mangueirinha, no Paraná, durante a ditadura militar. Seis anos depois, Mário Juruna, do povo Xavante, tornou-se o primeiro deputado federal indígena da história do Brasil.
A presença indígena também avançou nos governos municipais. Em 1990, Iracy Cassiano, do povo Potiguara, foi eleita prefeita de Baía da Traição, na Paraíba. Em 1996, João Neves, do povo Galibi-Marworno, chegou à prefeitura de Oiapoque, no Amapá.
A partir de 2014, essa trajetória passou a ser acompanhada com mais precisão nas estatísticas eleitorais, quando o TSE incluiu os dados de cor e raça no registro das candidaturas. Um levantamento do pesquisador Luís Roberto de Paula estima que pelo menos 448 indígenas foram eleitos no Brasil entre 1976 e 2012.
Em 2017, a APIB publicou o manifesto “Por um Parlamento cada vez mais indígena”, colocando de forma pública a necessidade de ampliar a presença dos povos indígenas nos espaços de decisão. A eleição seguinte marcou outro momento dessa caminhada. Em 2018, Joenia Wapichana tornou-se a primeira mulher indígena eleita deputada federal, enquanto Sonia Guajajara integrou uma chapa presidencial e levou a presença indígena para o centro do debate político nacional.
Essa trajetória ganhou uma articulação nacional própria em 2020, com a criação da Campanha Indígena pela APIB e suas organizações regionais de base. Naquele ano, 2.212 indígenas registraram candidaturas nas eleições municipais, crescimento de 27% em relação a 2016. Foram eleitos 236 indígenas, representando 71 povos em diferentes regiões do país.
Em 2022, a Campanha Indígena organizou a Bancada Indígena com 30 candidaturas indicadas pelas organizações regionais da APIB. As candidaturas mobilizaram cerca de 500 mil votos. Sonia Guajajara, por São Paulo, e Célia Xakriabá, por Minas Gerais, foram eleitas deputadas federais. Naquele ano, 186 pessoas indígenas registraram candidaturas nas eleições gerais, mais que o dobro das 85 registradas em 2014.
Dados gerais participação indígena nas eleições 2026 | fonte: sig.tse.jus.br
| Indicador |
2026 |
| Total de candidaturas indígenas |
191 |
| Deputado estadual |
99 |
| Deputado federal |
75 |
| Senador |
4 |
| Governador |
3 |
| Deputado distrital |
3 |
| 1º suplente |
3 |
| Vice-governador |
2 |
| 2º suplente |
2 |
| Candidaturas proporcionais |
178 |
| Povos envolvidos |
64 |
Mulheres indígenas
| Ano |
Mulheres indígenas |
Total de candidaturas indígenas |
Participação das mulheres |
| 2014 |
29 |
85 |
34,1% |
| 2018 |
49 |
133 |
36,8% |
| 2022 |
85 |
186 |
45,7% |
| 2026 |
84 |
191 |
44% |
Aldear a Política
| Eleição |
Total |
Deputado federal |
Deputado estadual |
Deputado distrital |
| 2014 |
85 |
25 |
52 |
2 |
| 2018 |
133 |
39 |
79 |
1 |
| 2022 |
186 |
59 |
111 |
2 |
| 2026 |
191 |
75 |
99 |
3 |
|
Sobre a APIB | é a instância nacional do movimento indígena organizado e é formada por sete organizações regionais de base. São elas a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME); a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sudeste (ARPINSUDESTE); a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (ARPINSUL); a Comissão Guarani Yvyrupa (CGY); o Conselho do Povo Terena; a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB); e a Grande Assembleia do Povo Guarani e Kaiowá (ATY GUASU). | https://apiboficial.org/sobre/
Sobre a Campanha Indígena | é uma iniciativa da APIB e de suas organizações regionais que fortalece a organização dos povos indígenas para disputar os rumos do país, dentro e fora das instituições.
Sobre Nosso Território, Nossa Vida | é um projeto de país construído pelo movimento indígena a partir das experiências e propostas dos povos e de seus territórios. A iniciativa surge dentro da Campanha Indígena para colocar os territórios no centro das decisões sobre o futuro do Brasil e apresenta propostas para orientar o diálogo com candidaturas, movimentos sociais e a sociedade durante as eleições de 2026. | nossoterritorionossavida.org
Contato para imprensa: [email protected] | (65) 996866289 Caio Mota |
11/ago/2026
Foto: Caio Mota/AProteja
Cerca de 150 lideranças de todas as regiões do país abriram bandeira de mais de 30 metros diante do Congresso para denunciar o agravamento das violências e seguiram em mobilização pela capital
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e suas organizações regionais de base, em conjunto com a Mobilização Nacional Indígena (MNI), realizaram na terça-feira (11), em Brasília, mais uma ação da mobilização permanente ‘Nosso Território, Nossa Vida’, diante do avanço das violências e dos ataques aos direitos territoriais. Com a mensagem “Soberania é território demarcado e direitos garantidos”, o ato reuniu cerca de 150 lideranças de todas as regiões do país, representando povos presentes em todos os biomas.
A mobilização começou em frente ao Congresso Nacional, na Alameda dos Estados. No local, as lideranças abriram uma bandeira com mais de 30 metros com a mensagem “Congresso inimigo dos povos”. A ação denunciou propostas impulsionadas por parlamentares ligados a setores do agronegócio que buscam travar demarcações e ampliar a exploração das Terras Indígenas.
“Os povos indígenas defendem o reconhecimento e proteção das terras indígenas e o fim imediato da exploração predatória e da violência contra nossos corpos e territórios. Nossos modos de vida resistem há séculos contra a dominação e contra a destruição em uma relação equilibrada com a natureza. No entanto, em vez de reconhecerem nossa contribuição, nossos direitos tem sido sistematicamente violados pelo Congresso, que se posiciona como Inimigo dos Povos”, disse Luana Kaingang coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (Arpinsul) que integra a APIB.
Na avaliação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a pressão desses setores também se reflete em decisões do Executivo e do Judiciário que afetam os povos indígenas. “Em vez de votar propostas que beneficiam a população, como as demarcações, o fim da escala 6×1 e a proteção da vida das mulheres, os parlamentares só defendem seus próprios interesses. Nossa resposta será nas ruas e nas urnas”, ressalta Dinamam Tuxá, coordenador executivo da APIB.
A mobilização seguiu com manifestações diante do Ministério da Justiça e do Palácio do Planalto, onde foram realizadas reuniões com comitivas do movimento. No fim da tarde, as lideranças realizaram uma vigília no Supremo Tribunal Federal (STF), marcada pela espiritualidade e pelo chamado para “segurar o céu” diante das ameaças aos povos e aos territórios. Com cantos e rezos os povos presentes manifestaram seu desejo de justiça exigindo respeito.
O ato desta terça integra as mobilizações permanentes Nosso Território, Nossa Vida. Em 5 de agosto, a APIB apresentou em Brasília o Nosso Território, Nossa Vida como um projeto de país, colocando a demarcação das Terras Indígenas no centro do debate sobre soberania e futuro. Ao longo da semana passada, povos e organizações de todo o Brasil também se manifestaram nas redes e em seus territórios. A proposta está disponível em nossoterritorionossavida.org, onde é possível acessar o documento completo e manifestar apoio ao projeto.
As mobilizações são construídas pela APIB e por suas organizações regionais: Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME); Articulação dos Povos Indígenas da Região Sudeste (ARPINSUDESTE); Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (ARPINSUL); Comissão Guarani Yvyrupa (CGY); Conselho do Povo Terena; Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB); e Grande Assembleia do Povo Guarani e Kaiowá (ATY GUASU).
Ameaças
A mobilização ocorre em uma semana decisiva para os direitos territoriais indígenas. Desde 7 de agosto, o STF analisa pedidos relacionados à decisão sobre o marco temporal e às regras criadas pela Lei nº 14.701/2023. O julgamento acontece de forma virtual e está previsto para seguir até 18 de agosto. A APIB alerta que o resultado pode criar novas barreiras às demarcações e atingir centenas de territórios indígenas em diferentes etapas de reconhecimento.
Entre os pontos que preocupam o movimento indígena estão regras que podem aumentar o tempo de espera para que os povos tenham seus territórios demarcados e medidas que atingem as retomadas, quando comunidades retornam a áreas tradicionais após anos de expulsão ou de espera pela ação do Estado. Para a APIB, o direito dos povos aos territórios é originário e a demarcação é o caminho para reconhecer e proteger esse direito já previsto na Constituição.
A pressão também aumenta no Congresso Nacional. A Câmara realiza nesta semana, de 10 a 14 de agosto, um período concentrado de votações, com a pauta definida pelos líderes partidários. Entre os projetos que podem avançar está a proposta que quer mudar o texto da Constituição para incluir o Marco Temporal na principal lei do Brasil. Para o movimento indígena, o cenário reforça o alerta sobre a influência de setores ligados ao agronegócio na aprovação de medidas que ampliam a pressão sobre os territórios.
10/ago/2026
Foto: Guilherme Cavalli/ Conselho Indigenista Missionário (Cimi)
Organização indígena alerta para risco de retrocesso em demarcações em julgamento marcado para agosto
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) enviou um alerta urgente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Organização das Nações Unidas (ONU) diante da retomada de julgamentos decisivos no Supremo Tribunal Federal (STF), agendados para agosto de 2026. A organização denuncia o risco de uma desconstitucionalização dos direitos territoriais indígenas no país, mesmo após a rejeição da tese do marco temporal.
No centro da denúncia está o julgamento conjunto do Tema 1.031 (repercussão geral sobre territórios indígenas) e de recursos contra a Lei nº 14.701/2023, pautados para o plenário virtual entre os dias 7 e 18 de agosto. A Apib solicita que a CIDH e a ONU intercedam para que o julgamento seja transferido para o plenário físico, garantindo a transparência, a participação direta dos povos indígenas e o acompanhamento público.
A Apib alerta que, embora o STF tenha afastado o marco temporal, a decisão de dezembro de 2025 instituiu regras que inviabilizam a demarcação de terras indígenas. Entre os pontos destacados no relatório enviado à Comissão estão:
- Indenização ampliada e direito de retenção: Ocupantes não indígenas podem permanecer nas terras até o pagamento de indenizações pela “terra nua”, o que pode paralisar as demarcações por insuficiência orçamentária do Estado.
- Terras alternativas: A demarcação do território tradicional deixa de ser prioritária, sendo tratada como uma “obrigação sequencial” que admite a substituição da terra original por áreas alternativas.
- Criminalização das retomadas: O acórdão do STF equipara as retomadas indígenas (retornos coletivos a territórios tradicionais) a invasões possessórias comuns, admitindo remoções policiais e punindo comunidades com a perda de prioridade na fila da demarcação.
Precedentes Internacionais
O relatório jurídico da Apib aponta que o STF está utilizando precedentes da própria Corte Interamericana de forma regressiva. Medidas que seriam excepcionais e reparatórias para casos específicos estão sendo convertidas em etapas gerais do procedimento demarcatório brasileiro, reduzindo o padrão de proteção assegurado pelo Artigo 231 da Constituição Federal e pelo Decreto nº 1.775/1996.
Além disso, a organização ressalta que o Tribunal tem ignorado o Parecer Consultivo PC-32/25 da Corte IDH sobre Emergência Climática, que reforça a demarcação como medida essencial para a proteção da biodiversidade e a mitigação da crise climática.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil alerta que a ameaça é imediata para povos que já possuem medidas cautelares da CIDH, como os Pataxó e Pataxó Hã-hã-hãe(Bahia) e os Guarani e Kaiowá (Mato Grosso do Sul). Nestas regiões, a nova interpretação jurídica já tem sido usada para embasar ordens de reintegração de posse e agravar o cenário de violência armada e criminalização de lideranças.
Pedidos
A Apib pede que a CIDH e a ONU solicitem informações ao Estado brasileiro sobre o formato do julgamento e reafirme que a restituição territorial é a obrigação principal do Estado. A organização também reivindica o acompanhamento prioritário dos efeitos dessa decisão sobre as comunidades em situação de vulnerabilidade extrema na Bahia e no Mato Grosso do Sul.
“O Estado não pode utilizar as consequências de sua própria demora ou de suas titulações irregulares como fundamento para continuar adiando a demarcação”, afirma a coordenação jurídica da Apib no documento.
05/ago/2026
Foto: Scarlett Rocha/APIB
Nosso Território, Nossa Vida” coloca a demarcação no centro da soberania nacional e aponta caminhos para o futuro do Brasil. Lançado em um mês decisivo, APIB busca fortalecer as mobilizações diante das disputas no STF e no Congresso, e incidir no calendário eleitoral.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e suas organizações regionais de base lançaram nesta quarta-feira (5), em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, o projeto político de vida para o Brasil “Nosso Território, Nossa Vida”. A proposta apresenta uma direção construída pelo movimento indígena para o Brasil e estabelece como compromisso central a demarcação e proteção de todas as Terras Indígenas até 2030.
O documento foi recebido por representantes do governo federal, incluindo membros do Ministério dos Povos Indígenas (MPI). De acordo com o chefe de gabinete da Secretaria Geral da Presidência da República, Tomaz Duarte, o presidente Lula não recebeu as lideranças indígenas hoje (5) para evitar interpretações relacionadas à propaganda eleitoral antecipada ou ao descumprimento das regras do defeso eleitoral, mas afirmou que uma data para realizar uma reunião com Lula será sugerida até a próxima semana.
Foto: Scarlett Rocha/APIB
“O nosso projeto de vida precisa da devida atenção do presidente da república. Entendemos que nossa contribuição para este debate sobre um Brasil soberano e próspero é fundamental e urgente. E mais uma vez, não tivemos a prioridade necessária por parte do governo. Seguimos à disposição para o diálogo e permaneceremos mobilizados em Brasília para apresentar nossa proposta de país e lutar contra o Marco Temporal nos julgamentos previstos para esta semana. Defendemos que essa análise seja realizada de forma presencial pelo STF”, ressaltou Dinamam Tuxá, coordenador executivo da APIB.
O lançamento do projeto político do movimento indígena reuniu cerca de 30 lideranças indígenas de diferentes regiões do país, representantes das organizações que integram a APIB. Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sudeste (ARPINSUDESTE), a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (ARPINSUL), a Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), o Conselho do Povo Terena, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), o Conselho Indígena de Roraima (CIR) e a Grande Assembleia do Povo Guarani e Kaiowá (ATY GUASU).
Durante o ato, nesta quarta-feira, as lideranças abriram uma bandeira do Brasil com a mensagem “Nosso Território, Nossa Vida” em frente ao Palácio do Planalto. A proposta está disponível em nossoterritorionossavida.org, onde é possível acessar o documento completo e manifestar apoio ao projeto.
Foto: Caio Mota/AProteja
A proposta organiza reflexões e debates acumulados pelo movimento indígena e transforma esse percurso em um projeto de país e de vida. Construído a partir das experiências dos povos nos territórios, o documento organiza uma direção política comum para reconstruir o Brasil com soberania e respeito à autodeterminação dos povos.
“Democracias não são garantias permanentes; territórios não são mercadorias. A forma como um país trata seus territórios revela o tipo de soberania e de democracia que pretende sustentar. Em um contexto global marcado por guerras e conflitos, cada vez mais movidos pela ganância em dominar os recursos naturais da Terra, debater a soberania popular e a proteção territorial nunca foi tão importante. Nosso Território, Nossa Vida é nossa contribuição a este debate.”, reforça Tuxá.
O projeto é um dos eixos centrais da Campanha Indígena de 2026, iniciativa da APIB que fortalece a participação política dos povos indígenas nas eleições e nos espaços de poder. Para a coordenação da articulação, o documento funciona como instrumento de incidência para mobilizar candidaturas a assumirem compromissos públicos com a demarcação das Terras Indígenas e com a presença dos povos nas decisões sobre o futuro do país.
Segundo Dinamam Tuxá, a entrega da proposta ao presidente Lula materializa essa estratégia. Com isso, a APIB se torna o primeiro movimento social a entregar ao presidente Lula um documento propositivo após a oficialização de sua candidatura à reeleição. O gesto também dá continuidade ao posicionamento assumido no Acampamento Terra Livre de 2026, quando o movimento indígena declarou apoio à reeleição de Lula como parte da defesa do campo democrático. Esse apoio preserva a autonomia do movimento e sustenta a cobrança por compromissos concretos, com a demarcação das Terras Indígenas no centro das políticas públicas.
Embora lançado durante o processo eleitoral de 2026, “Nosso Território, Nossa Vida” pretende ser um instrumento permanente de articulação, que ultrapassa esse calendário. O projeto se apresenta como ponto de partida para uma construção coletiva, aberta ao diálogo com os povos e de articulação com movimentos populares. “Queremos que este projeto circule pelas aldeias, quilombos, assentamentos, periferias, sindicatos, escolas, universidades, comunidades, partidos, coletivos e espaços de organização popular”, afirma a APIB no documento.
“Quando os povos indígenas defendem a proteção dos territórios, também estão defendendo os rios, a biodiversidade e as riquezas naturais que sustentam a vida de toda a humanidade. Nosso projeto de país parte dos povos indígenas, mas apresenta um caminho que beneficia toda a humanidade e protege as condições necessárias para o futuro comum. Essa proteção passa, necessariamente, pela garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas, por meio da demarcação de terras”, afirma Toya Manchineri, coordenador-geral da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB).
Uma resposta indígena para o Brasil
Foto: Scarllet Rocha/APIB
“Os programas sociais, como o Minha Casa, Minha Vida, são uma das principais marcas da gestão Lula por ampliarem o acesso à moradia própria e digna para famílias de baixa renda. Nosso projeto político dialoga com essa preocupação e cobra a demarcação de todas as Terras Indígenas até 2030, período correspondente ao próximo mandato de Lula”, reforça Dinamam Tuxá, coordenador executivo da APIB.
“Nosso Território, Nossa Vida” apresenta a resposta do movimento indígena ao momento político vivido pelo país. O projeto afirma que um Brasil soberano precisa de Terras Indígenas demarcadas e de povos com poder para decidir sobre seus territórios. A proteção dos biomas e o fortalecimento da democracia fazem parte dessa mesma direção, com participação real dos povos nas escolhas que definem o futuro do país.
Além de apontar caminhos para a construção de um novo projeto de país, “Nosso Território, Nossa Vida” cobra respostas para as urgências do presente. O documento dirige compromissos concretos aos três Poderes, começando pela demarcação de todas as Terras Indígenas até 2030. Também exige que as decisões sobre os territórios respeitem a consulta aos povos e que a política indígena seja assumida como uma política de Estado.
Mês decisivo
O lançamento acontece no início de um mês decisivo para os povos indígenas. Entre 7 e 18 de agosto, o STF retoma o julgamento sobre o marco temporal e seus efeitos nos processos de demarcação. Ao longo do mês, a Corte também deve analisar temas que atingem diretamente os territórios, como o licenciamento ambiental e as regras ligadas à proteção contra o avanço do desmatamento associado à produção de soja.
No Congresso Nacional, a retomada das atividades abre uma nova etapa de disputas, com votações concentradas entre 10 e 14 de agosto. Nesse cenário, a APIB aponta que “Nosso Território, Nossa Vida” fortalece as mobilizações em curso e oferece uma direção política para enfrentar as decisões do presente, ao mesmo tempo que aponta caminhos para o futuro do Brasil, com a demarcação no centro da soberania nacional.
