CAMPAMENTO TIERRA LIBRE 2020 – DOCUMENTO FINAL

04/May/2020

Nosotros, los pueblos indígenas, organizaciones y líderes indígenas de todas las regiones del Brasil, al no poder reunirnos personalmente en la Gran Asamblea Nacional – el Campamento Tierra Libre – que celebramos desde hace 16 años en la capital federal – debido a la necesidad de aislamiento social impuesta por el nuevo coronavirus, la pandemia Covid-19, hemos celebrado la ATL de manera virtual, con una gran cantidad de discusiones, debates, seminarios, testimonios y “lives” a lo largo de esta semana. Resistiendo durante 520 años frente a todo tipo de invasiones, que además de la violencia física, del trabajo forzado, el despilfarro y la usurpación de nuestros territorios, utilizaron las enfermedades como principal arma biológica para exterminarnos, actualmente atacados por el peor virus de nuestra historia – el Gobierno de Bolsonaro, venimos hacer una manifestación pública.
Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional que nosotros, los pueblos indígenas de Brasil, más de 305 pueblos, que hablamos 274 lenguas diferentes, estamos en el punto de mira y somos víctimas de un proyecto genocida del actual gobierno de Jair Messias Bolsonaro, que nos ha elegido como uno de sus objetivos prioritarios desde el inicio de su mandato, diciendo que no demarcará más centímetros de tierra indígena, y que las demarcaciones realizadas hasta entonces se habrán forjado, y por lo tanto serán revisadas.

Bolsonaro, tan pronto como asumió el cargo, dictó la medida provisional 870/19, en la que determinó el desmembramiento de la Fundación Nacional del Indio – FUNAI y sus atribuciones, pasando la parte de la concesión de licencias ambientales y la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, comandado por la bancada ruralista, enemiga de nuestros pueblos, en la persona de la ministra granjera Teresa Cristina, la “musa del veneno”. Se necesitó una gran movilización de nuestra parte y de nuestros aliados para que el Congreso Nacional rechazara este dispositivo administrativo.

Bolsonaro desmanteló, por un lado, las políticas públicas y los organismos que hasta entonces, aunque de forma precaria, servían a nuestros pueblos, dotándolos con el nombramiento de personas supuestamente anti indígenas, como el presidente de la Fundación Nacional del Indio, el delegado Marcelo Augusto Xavier da Silva. Él, ex asesor de los campesinos de la CPI de FUNAI /INCRA, que incriminó a servidores públicos, líderes indígenas, indigenistas y fiscales, publicó en el Diario Oficial de la Unión, el 22 de abril, la Instrucción Normativa Nº 09, que “dispone la aplicación, disciplina y análisis para la emisión de la declaración de reconocimiento de límites en relación con las propiedades privadas en tierras indígenas”. La medida va en contra del deber institucional del organismo indígena de proteger los derechos y territorios de los pueblos indígenas, ya que quiere legitimar y permitir la emisión de títulos de propiedad a los invasores de las tierras indígenas. Además de esta determinación del presidente de la FUNAI, la decisión de revisar o anular los procedimientos administrativos para la demarcación de las tierras indígenas, como el Tekoha Guasu Guavirá, en los municipios de Guaíra y Terra Roxa (PR), del pueblo Avá-Guaraní, la sustitución o invalidación de los Grupos de Trabajo para la identificación y delimitación, la desarticulación o desconfiguración de las Direcciones del cuerpo indígena, la persecución moral de los servidores, el mantenimiento de políticas públicas sólo para las tierras aprobadas y, en la situación actual, la irresponsabilidad de no dotar, incluso financieramente, las coordinaciones regionales y los equipos de base para proteger a nuestros pueblos y territorios de los avances de la pandemia del Coronavirus, además de dirigir la entrada de pastores fundamentalistas en los territorios indígenas.

Así, este gobierno, sometido a los intereses económicos nacionales y al capital internacional, quiere restringir nuestros derechos, principalmente territoriales, fomentando el avance de prácticas ilegales en nuestras tierras, tales como: garimpo (minería ilegal), la deforestación, la explotación forestal, la ganadería, el monocultivo y la ocupación ilegal de tierras, que se legalizará a través de la MP 910/19, en trámite en el Congreso Nacional, así como la gran minería y diversas empresas de infraestructura como hidroeléctricas, líneas de transmisión y carreteras. Todo esto en un claro intento de transformar las tierras públicas en mercancía.

Todos estos actos ilícitos e inconstitucionales constituyen un proyecto de muerte para nuestros pueblos. Implican la destrucción de nuestros bosques, nuestros ríos, la biodiversidad, nuestras fuentes de vida, en definitiva, la Naturaleza, la Madre Tierra; un patrimonio que ha sido preservado durante miles de años por nuestros pueblos y que aún hoy contribuye estratégicamente a la preservación del equilibrio ecológico y climático y al bienestar de la humanidad, prestando importantes servicios ambientales al planeta.

Es este patrimonio el que los ruralistas, la agroindustria y las corporaciones internacionales quieren robarnos, mediante la restricción o supresión de nuestros derechos constitucionales, alegando que nuestros derechos originales, y nuestra propia existencia, son un obstáculo para sus emprendimientos y planes de supuesto desarrollo. De esta manera tratan de revertir la base jurídica, nacional e internacional, de nuestros derechos, a través de medidas como la Ley (Sentencia/Parecer) 01/17, con la tesis del marco temporal, que quiere limitar nuestro derecho a las tierras que tradicionalmente ocupábamos el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Carta Magna, que de hecho apenas vino a reconocer un derecho que ya era nuestro de origen, antes, por lo tanto, de la invasión colonial y del surgimiento del Estado nacional brasileño.

Nuestro exterminio parece ser una cuestión de honor para el gobierno bolsonaro, que, aprovechándose de la crisis de la pandemia, ha agravado el abandono de nuestros pueblos. Así, también ha puesto fin a las políticas públicas diferenciadas logradas por nosotros en los últimos 30 años en el ámbito de la educación, las alternativas económicas, el medio ambiente y especialmente la salud. Después de la intención de municipalizar o privatizar el subsistema de salud indígena, con el fin de la SESAI, con la propagación del coronavirus en nuestros territorios quedó claro que el gobierno realmente quiere nuestra extinción: no nos protege de los invasores, permitiéndoles contaminar nuestras comunidades, lo que puede llevar a una extinción masiva, empezando por nuestros ancianos, fuentes de tradición y sabiduría para nuestros pueblos, especialmente para las nuevas generaciones. Y como si eso no fuera suficiente, el gobierno estimula el acoso y la violencia de los intereses privados sobre nuestros bienes naturales y territorios sagrados. La reciente dimisión del director de inspección del IBAMA después de las acciones de represión contra el garimpo en Tis, en el sur de Pará, es muy reveladora de las intenciones del actual gobierno.

Frente a esta institucionalización del genocidio por el gobierno de Bolsonaro, alertamos a la sociedad nacional e internacional, exigiendo:

1. La demarcación, regularización, inspección y protección inmediatas de todas las tierras indígenas;

2. La revocación del Parecer (la ley) 001/17 del Abogado General de la Unión;

3. La retirada de todos los invasores de las tierras indígenas – garimpeiros (mineros ilegales), ladrones de tierra, taladores, agricultores – dado que son agentes que destruyen nuestros recursos naturales y nuestras culturas y especialmente, en este momento, propagan enfermedades y COVID-19; constituyendo un grave riesgo para todos los pueblos, especialmente para los pueblos indígenas voluntariamente aislados;

4. La adopción de medidas que restrinjan el acceso de extraños en las comunidades indígenas, entre ellos mineros, comerciantes, taladores, así como el proselitismo de grupos religiosos fundamentalistas que propagan en las tierras indígenas la demonización de los modos de vida, las espiritualidades, los conocimientos y las formas tradicionales de tratar las enfermedades;

5. La aplicación de medidas encaminadas a garantizar el saneamiento básico, el agua potable, la vivienda adecuada y otros equipos que aseguren una buena infraestructura sanitaria en las comunidades;

6. La adopción de medidas que aseguren el buen estado nutricional de todas las comunidades indígenas y la garantía de un plan permanente de seguridad y soberanía alimentaria para nuestros pueblos y comunidades;

7. La viabilidad del ingreso y permanencia de los equipos de salud en las zonas, asegurando así que las acciones para prevenir y proteger la pandemia sean efectivas y continuas;

8. La infraestructura y logística adecuadas para los equipos de salud, asignándoles todo el equipo necesario para el desarrollo de las acciones de protección y prevención contra las enfermedades, como medicamentos, sueros, guantes, máscaras, transporte, combustible;

9. La garantía de que existen, además de en las comunidades – en los municipios y las capitales- hospitales de referencia para el servicio de mediana y alta complejidad, donde se pueden realizar exámenes clínicos y promover una hospitalización adecuada para el tratamiento de los pacientes de COVID-19 y otras enfermedades;

10. La asignación de recursos financieros para la adquisición de materiales de protección para todas las personas de las comunidades indígenas, como agua limpia, jabón, agua sanitaria, gel de alcohol, guantes y máscaras, y que también haya una orientación adecuada para las personas sobre el uso de estos materiales en este período de pandemia;

11. La capacitación de agentes indígenas de salud, de agentes sanitarios y ambientales, de matronas y de todos los que trabajan en el área de la salud, dentro de las comunidades, con miras a la protección y prevención del COVID-19;

12. La contratación inmediata de profesionales de la salud -médicos, enfermeros, técnicos de enfermería, epidemiólogos- para trabajar en las zonas indígenas, componiendo y ampliando los actuales equipos de salud;

13. La contratación inmediata de testes para la realización de exámenes de COVID-19 en todas las comunidades, en el mayor número de personas posible, a fin de obtener un diagnóstico eficaz de la situación actual de la pandemia en las tierras indígenas y mejorar las medidas relativas a su prevención, control y tratamiento;

14. Se debe poner fin a la falta de notificación de los pueblos indígenas, ya que se deben notificar todas las denuncias de los pueblos indígenas, en su conjunto, independientemente de que se encuentren en tierras indígenas regularizadas o no, incluso si viven en zonas urbanas. Que el Ministerio de Salud y el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública se aseguren de que el Boletín Epidemiológico Covid-19 incluya todos los casos de contaminación y muertes de todos los indígenas, incluso para apoyar la inclusión de datos para orientar la política pública;

15. La conformación de un Comité Interinstitucional de Crisis, con plazas garantizadas para los pueblos indígenas, nombrado por la APIB, para la definición de estrategias de protección de los pueblos indígenas, con el fin de realizar un seguimiento conjunto de las acciones de protección territorial, seguridad alimentaria, ayudas y beneficios, recursos y protocolos contra la contaminación, para todos los pueblos indígenas. Este Comité no se debe confundir con el Comité Nacional de Crisis, en el que sólo participa la Secretaría Especial de Salud Indígena, y excluye la atención a los indígenas fuera de las tierras indígenas;

16. Que se incorporen la FUNAI y la SESAI, así como las Coordinaciones Regionales de la FUNAI (CDR) y los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEIs) a los Centros Operativos de Emergencia de Salud Pública a nivel nacional, estatal y municipal;

17. Que el Congreso Nacional archive todas las iniciativas legislativas presentadas por la bancada ruralista y otros segmentos del capital para restringir o suprimir los derechos fundamentales de nuestros pueblos, especialmente el derecho original a las tierras que tradicionalmente ocupamos;

18 Que el Poder Judicial suspenda todas las propuestas de recuperación presentadas por los invasores, supuestos propietarios o empresarios, contra los pueblos indígenas que hayan tomado la determinación de recuperar sus tierras tradicionales;

19. Que el Supremo Tribunal Federal juzgue cuanto antes el Recurso Extraordinario – RE nº 1017365, con carácter de Repercusión General, para consagrar, de forma definitiva y plena, el Indigenato, el derecho original, congénito de ocupación tradicional de nuestras tierras y territorios, para corregir la trayectoria de agresión contra los pueblos indígenas de Brasil.

20. Que el gobierno de Bolsonaro suspenda la ejecución de cualquier obra de infraestructura (centrales hidroeléctricas, carreteras, etc.) o de obras agroindustriales que puedan impactar en nuestros territorios, ya que éstas proporcionan la presencia de no indígenas, potenciales agentes de propagación del Coronavirus y otras enfermedades perniciosas para nuestros pueblos y comunidades.

21. Por último, exigimos la derogación de la Instrucción Normativa 09, de 16 de abril de 2020, publicada por el presidente de la FUNAI, en la edición del 22 de abril del Boletín Oficial de la Unión (DOU), que permite, de manera ilegal e inconstitucional, la transferencia de títulos de propiedad de tierras a personas dentro de las áreas indígenas protegidas por la legislación brasileña. Y que el Congreso Nacional archive la Medida Provisional 910/19, que intenta legalizar el acto criminal de la ocupación ilegal en nuestros territorios, Unidades de Conservación y otros territorios de comunidades tradicionales.

A nuestros pueblos y organizaciones les decimos: resistan siempre, con la sabiduría que recibimos de nuestros antepasados, por las generaciones presentes y futuras de nuestros pueblos. Y que se intensifique la solidaridad nacional e internacional, en este momento de muerte, fortalecido por la indiferencia del gobierno bolsonaro, y al mismo tiempo de gestación de un nuevo tiempo para nuestros pueblos, la sociedad brasileña y la humanidad entera.

Por el derecho a Vivir. Sangre Indígena, ninguna gota más.

Brasil, 30 de abril de 2020.

XVI Campamento Tierra Libre 2020
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Comisión de los Pueblos Indígenas de Brasil)
Mobilização Nacional Indígena (Movilización Nacional Indígena)