12/Jul/2024
La Propuesta de Enmienda Constitucional 48 (PEC 48), también conocida como la “PEC de la Muerte”, pretende introducir el concepto del “Marco Temporal” en la Constitución Federal
La lucha contra el concepto del Marco Temporal está ganando impulso una vez más en Brasil. El miércoles 10 de julio, el Senado Federal discutió la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 48 en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ). En respuesta, el movimiento indígena, a través de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), está convocando movilizaciones en Brasilia, en los territorios y en las aldeas.
Conocida popularmente como la “PEC de la Muerte” por los pueblos indígenas, la propuesta pretende modificar el artículo 231 de la Constitución Federal estableciendo un marco temporal para la ocupación de las tierras indígenas a partir del 5 de octubre de 1988. La PEC de la Muerte fue presentada por el senador Hiran Gonçalves (Partido Progressistas) el 21 de septiembre de 2023, el mismo día en que el Supremo Tribunal Federal (STF) declaró inconstitucional el concepto del Marco Temporal. La APIB y más de 60 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su condena contra la PEC 48.
Para la APIB, el concepto de Marco Temporal es una tesis ruralista y antiindígena, pues viola el derecho originario de los pueblos al territorio ancestral, ya reconocido en la Constitución de 1988, que la PEC 48 pretende alterar. La tesis también ignora la violencia y las persecuciones que los pueblos indígenas enfrentan desde hace más de 500 años, especialmente durante la dictadura militar, que impidió a muchos pueblos estar en sus territorios en 1988.
El miércoles (10), las discusiones en el Senado sobre la PEC 48 terminaron con un pedido colectivo de revisión por parte del parlamento, y el debate deberá ser retomado hasta el 30 de octubre de 2024. Hasta entonces, la APIB continuará su movilización contra la PEC 48 y pide el apoyo de la comunidad internacional comprometida con la defensa de los derechos indígenas.
Violencia y salud
Si se aprueba la PEC de la Muerte, la vida de los pueblos indígenas correrá un riesgo aún mayor. Esto se debe a que el concepto de Marco Temporal afecta a todas las Tierras Indígenas de Brasil, independientemente de su estado de reconocimiento actual, y fomenta las invasiones y la violencia en estas tierras, como ya se está viendo en los territorios del pueblo Tapeba en el estado de Ceará y del pueblo Pataxó en Bahía.
Los líderes indígenas de la APIB afirman que el aumento de la violencia en los territorios ancestrales perjudica directamente las formas de vida, la educación y la salud física y mental de las familias indígenas. En la Tierra Indígena Yanomami, en Roraima, más de 200 indígenas tenían mercurio en el cuerpo en 2022, como muestra un estudio realizado por la Fundación Oswaldo Cruz (FioCruz) publicado en el sitio web (o) eco. FioCruz también analizó 47 muestras de pescado, todas las cuales contenían el metal tóxico, procedente de la minería ilegal dentro o cerca del territorio Yanomami.
Según la ONU, la contaminación por mercurio puede causar graves daños neurológicos, provocando síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, dolores de cabeza, debilidad muscular e incluso la muerte.
Cambio climático
Además, la APIB señala que garantizar la demarcación y protección de los territorios indígenas es una solución para combatir el cambio climático a nivel global. Las Tierras Indígenas son las áreas con mayor biodiversidad y vegetación más preservada, ya que son protegidas y gestionadas por los pueblos indígenas. Aprobar la PEC 48 significa impedir que los verdaderos defensores de los biomas, los pueblos indígenas, cuiden y preserven el medio ambiente.
Un ejemplo de ello es el resultado del análisis de datos realizado por la APIB en 2022, en colaboración con el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), utilizando datos de MapBiomas. Muestra que en Brasil, el 29% del territorio que rodea las Tierras Indígenas está deforestado, mientras que dentro de las Tierras Indígenas, la deforestación fue sólo del 2% en los últimos 30 años.
“Seguimos siendo víctimas de políticas discriminatorias y racistas, gravemente profundizadas en los últimos seis años por la negligencia del gobierno y el fomento de invasiones dirigidas por diversas organizaciones criminales cuyas prácticas sólo profundizan el cambio climático. […] Para que esto termine y sigamos velando por el bienestar de nuestros pueblos y de toda la humanidad, contribuyendo al equilibrio climático, declaramos a viva voz la Emergencia Climática”, dice un pasaje de la Carta Abierta del Campamento Tierra Libre 2023 – Pueblos Indígenas declaran emergencia climática. Lea el texto completo [aquí] (https://apiboficial.org/files/2024/07/Nota-T%C3%A9cnica-PEC-48_2023-.pdf).
Inconstitucionalidad
Maurício Terena, abogado indígena y coordinador del departamento jurídico de APIB, explica que el Congreso Nacional legalizó el concepto del Marco Temporal a través de la Ley 14.701/2023 (popularmente conocida como Ley de Genocidio Indígena). Sin embargo, la legislación puede tener sus efectos suspendidos por el STF, ya que viola la Constitución Federal.
Terena enfatiza que es posible modificar la Constitución a través de una propuesta de enmienda constitucional, pero que las cláusulas inalterables – como los derechos fundamentales de los pueblos indígenas – no pueden ser revocadas o retrocedidas por el Congreso Nacional.
Por lo tanto, la APIB, a través de su departamento jurídico, solicita que la PEC 48 sea retirada del orden del día del Congreso Nacional y sea archivada.
Vea la nota técnica sobre la PEC de la Muerte: https://apiboficial.org/files/2024/07/Nota-T%C3%A9cnica-PEC-48_2023-.pdf.
Conozca más sobre la situación del concepto de Marco Temporal en el STF: https://apiboficial.org/2024/07/09/gilmar-mendes-ignora-movimento-indigena-e-agenda-reuniao-de-conciliacao-sobre-marco-temporal/.
Más información sobre el concepto de Marco Temporal: https://apiboficial.org/marco-temporal/.
15/Dic/2023
Fotografía: Tukumã Pataxó/Apib
La Apib va a interponer una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema
El Congreso Nacional derrocó este jueves (14/12) los vetos del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva al Proyecto de Ley 2903, ahora ley 14.701/2023. Con esto, la propuesta ruralista del Marco Temporal se transformó efectivamente en ley, que incluye otras violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) enfatiza que los ‘derechos no se negocian’ y como respuesta al resultado de la votación, presentará una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) en la Corte Suprema o Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar la anulación de esta ley, bautizada por la Articulación como ‘Ley del genocidio indígena’. El protocolo solo puede presentarse después de que la promulgación de la ley se haga efectiva, que entrará en vigor 48 horas después del cierre de la votación, y la acción se propondrá en conjunto con los partidos políticos PT, REDE, PSOL y PSB.
“Esta ley es inconstitucional y debe ser revisada por el STF. Sin embargo, mientras la ADI no sea juzgada por los ministros del Supremo, los Pueblos Indígenas están enfrentando invasiones en los territorios, asesinatos y la devastación del medio ambiente. Es por eso que solicitamos que se permita la tutela de urgencia anticipada de protección. No podemos quedarnos esperando mientras las personas de nuestras comunidades están muriendo”, afirma Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de Apib.
Este jueves, la Apib presentó en el STF el protocolo de solicitud de audiencia en el Tribunal para abordar las amenazas a los derechos indígenas y a la Constitución Federal que existen en esta nueva ley (14.701/2023). Apib y sus siete organizaciones regionales de base (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Conselho Terena, Coaib y Comissão Guarani Yvyrupa) refuerzan que la lucha continúa y que el movimiento indígena sigue movilizado a nivel nacional e internacional.
“El futuro de la humanidad depende de los pueblos indígenas y la demarcación de las Tierras Indígenas. La principal conferencia sobre cambio climático, la COP28, se cerró esta semana y el Congreso Nacional una vez más refuerza su interés con la muerte de los pueblos indígenas. El Marco Temporal es una propuesta creada por el agronegocio y ya fue anulada por el STF”, destaca Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Apib.
Los únicos puntos de los vetos que se mantuvieron y, por lo tanto, fueron RETIRADOS de la Ley del Genocidio son los siguientes:
- Las amenazas a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
- La propuesta que autorizaba el uso de transgénicos en Tierras Indígenas.
- La propuesta racista sobre la alteración de rasgos culturales de personas indígenas como argumento para la retirada de derechos.
En la sesión conjunta entre diputados y senadores de este jueves, que derrocó los vetos de Lula, el resultado fue de 321 diputados en contra de los vetos y 137 a favor. En el Senado, la votación fue de 53 a 19 a favor de la retirada de los vetos.
Inconstitucionalidades
Además del Marco Temporal, la ley incluye otros puntos que son inconstitucionales y ya están en vigor, a pesar de que violan artículos de la Constitución Federal, así como Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por el Estado Brasileño. La participación efectiva de Estados y municipios en todas las fases del proceso de demarcación de Tierras Indígenas y la regulación de la cooperación entre indígenas y no indígenas para la explotación de actividades económicas son dos de los puntos de esta ley que la Apib denuncia como inconstitucionales. Según la Articulación, estos puntos de la ley pueden obstaculizar las demarcaciones y aumentar los acosos de no indígenas en los territorios indígenas.
La nueva ley también establece que el derecho de usufructo exclusivo no puede prevalecer sobre el interés de la política de defensa y soberanía nacional. Líderes indígenas de la Apib señalan que este fragmento de la ley podría abrir una brecha para que se viole el derecho de los Pueblos Indígenas al usufructo exclusivo de sus territorios bajo el pretexto del “interés de política de defensa”.
En la ADI, el departamento jurídico de la Apib solicita que el Ministro Edson Fachin sea el relator de la acción. El Ministro fue el relator del Recurso Extraordinario (RE) n.º 1.017.365, en el cual el STF rechazó la tesis del Marco Temporal, es decir, la posibilidad de adoptar la fecha de promulgación de la Constitución Federal como referencia para definir la ocupación tradicional de los territorios por las comunidades indígenas.
“La protección constitucional de los derechos originarios sobre las tierras que ocupan tradicionalmente no depende de la existencia de un marco temporal el 5 de octubre de 1988 o de la configuración de la opresión, como conflicto físico o controversia judicial persistente en la fecha de la promulgación de la Constitución”, recoge un fragmento de la decisión del Supremo. El juicio del Marco Temporal en el STF concluyó el 27 de septiembre con 9 votos en contra y 2 a favor.
La deforestación y la destrucción de la biodiversidad en las Tierras Indígenas representan una amenaza internacional para el equilibrio climático global. En los últimos 30 años, Brasil perdió 69 millones de hectáreas de vegetación nativa. Sin embargo, solo el 1,6% de esta deforestación se registró en Tierras Indígenas. Además, los territorios indígenas concentran el 80% de la biodiversidad del planeta, pero están amenazados por el avance del agronegocio y las industrias extractivas, de desarrollo y turismo, como advierte el informe de la ONU sobre el Estado de los Pueblos Indígenas en el Mundo, publicado en 2021.
Maurício Terena, coordinador del departamento jurídico de la Apib, afirma que la Ley n.º 14.701/2023 abre brechas para puntos que violan la Constitución, además del revanchismo parlamentario, por medio del cual el Senado programó de forma urgente la votación del proyecto de ley el mismo día que el STF juzgó el Marco Temporal como inconstitucional. Terena también destaca que uno de los roles del Supremo es garantizar los derechos fundamentales de los grupos sociales minoritarios y tiene expectativas de que esto se cumpla a través de la ADI.
“Vivimos en un sistema de tira y afloja entre los tres poderes, y el límite impuesto por el Poder Legislativo es no aprobar leyes que atenten contra cláusulas pétreas establecidas en la Constitución Federal. Los derechos de los Pueblos Indígenas son originarios y fueron reconocidos en 1988, y eso debe ser respetado”, dice Terena.
Proyecto de Ley 2903 y vetos parciales de Lula
A lo largo del 2023, el Proyecto de Ley 2903 representó una de las mayores amenazas para los derechos de los Pueblos Indígenas de Brasil. El proyecto defiende los intereses latifundiarios en detrimento de los derechos indígenas y fue aprobado de urgencia en el Senado Federal el 27 de septiembre, justo el mismo día en que la Corte Suprema concluyó el juicio del Marco Temporal y sentenció que la propuesta iba contra la Constitución.
Contrariamente a la demanda del movimiento indígena de vetar completamente el proyecto de ley, el presidente Lula anunció un veto parcial el 20 de octubre. Lula eliminó el Marco Temporal de la propuesta, así como el cultivo de especies transgénicas en Tierras Indígenas y la construcción de grandes obras de infraestructura, como represas y carreteras, sin consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas. El veto del presidente también eliminó la flexibilización de las políticas de protección a los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario del proyecto de ley.
“La aprobación de proyectos que interesan al Ejecutivo, como la Reforma Tributaria el pasado 8 de noviembre, forman parte de este juego de intereses y favores negociados. No obstante, reafirmamos que ¡LOS DERECHOS NO SE NEGOCIAN! Estas acciones solo perpetúan el imperio de los intereses del capital representado principalmente por los grupos parlamentarios de presión con intereses latifundiarios y evangélicos, entre otros, que impulsan la supervivencia de la extrema derecha que en los últimos años han complicado la vida del pueblo brasileño. El hecho de que nuestros derechos fuesen la moneda de cambio en las negociaciones para aprobar la Reforma Tributaria implicó que el Gobierno Federal diera luz verde a los parlamentares para derribar los vetos del presidente Lula al Proyecto de Ley 2903, que pretende convertir el Marco Temporal y otros crímenes contra los Pueblos Indígenas en ley”, dice el comunicado de la Apib.
En ese momento, la votación de los vetos al Proyecto de Ley 2903 estaba programada para el 9 de noviembre, pero se pospuso varias veces hasta la votación el 14 de diciembre. Puedes leer aquí el comunicado completo publicado por la Apib el 10 de noviembre.
La Apib destaca que las acciones del Congreso Nacional son el resultado de la conexión directa de políticos brasileños con la invasión de Tierras Indígenas, como muestra el informe “Los invasores” del grupo periodístico “De olho nos ruralistas”. Según el estudio, representantes del Congreso y del Ejecutivo poseen alrededor de 96 mil hectáreas de propiedades de tierra superpuestas a Tierras Indígenas.
Además, muchos de ellos fueron financiados por agricultores invasores de Tierras Indígenas, que donaron R$ 3,6 millones para la campaña electoral de los ruralistas. Este grupo de invasores respaldó 29 campañas políticas en 2022, totalizando R$ 5.313.843,44. De esa cantidad, R$ 1.163.385,00 se destinó al candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL).
En la última semana, una comitiva de organizaciones y líderes indígenas, que forman parte de la Apib, estuvo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28. La participación indígena fue la más grande de todas las conferencias y la Apib denunció violaciones de derechos e incidentes políticos internacionales.
En la COP28, la comitiva reforzó las Emergencias Indígenas y exigió la garantía de derechos y la demarcación de Tierras Indígenas. Para la Apib y sus organizaciones regionales de base, no es posible combatir la crisis climática sin la demarcación de las Tierras Indígenas y es necesario parar las violencias contra las vidas indígenas financiadas por el agronegocio.
Obtenga más información sobre el marco temporal:
https://Apiboficial.org/marco-temporal/
Para más informaciones y para agendar entrevistas contacte con el servicio de prensa de la Apib:
E-mail: [email protected]
Coordenação de comunicação:
Samela Sateré Mawé – (92) 98285 5077
Caio Mota: 55 (65) 99686 6289
Ariel Bentes: (92) 99430-3762
29/Nov/2023
Fotografía: Kamikia Kisedje/ Apib
El gobierno de Brasil ha cambiado, pero los Pueblos Indígenas, principales guardianes de todos los biomas brasileños, continúan enfrentando amenazas
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) está participando en la Conferencia de las Partes sobre el Clima (COP28) en Dubái con carácter de urgencia para relanzar la campaña ‘Emergencia Indígena’. “Necesitamos denunciar que nuestras vidas están en peligro, la demarcación de Tierras Indígenas está siendo cuestionada y el futuro climático global está en riesgo. Vemos avanzar en el Congreso los proyectos de ley y enmiendas constitucionales que pretenden legalizar el saqueo de nuestras tierras y de la naturaleza en general. Se trata de un proyecto de genocidio indígena legislado”, advierte Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de la Apib. La primera campaña se llevó a cabo durante la crisis de la Covid-19, bajo el gobierno de Bolsonaro, que amenazó profundamente la vida y los derechos fundamentales de los indígenas. El virus puede haber pasado, pero la extrema derecha continúa actuando en contra de los derechos de los Pueblos Indígenas.
¿Cumplirá Lula sus promesas en relación a las políticas climáticas y de respeto a los Pueblos Indígenas?
El actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de asumir la presidencia, fue recibido en la COP27 como un “salvador”, no solo de Brasil, sino del futuro climático global, ya que internacionalmente también se temía por las políticas ambientales destructivas del expresidente Jair Bolsonaro. Brasil es el segundo país del mundo, después de Rusia, en extensión de áreas forestales aún en pie y líder mundial en recursos hídricos, con el 12% de las reservas de agua dulce globales, la mayoría de ellas preservadas principalmente dentro de las Tierras Indígenas demarcadas, como demuestran estudios.
En reconocimiento al papel fundamental que Brasil tiene en el escenario climático global y en apoyo a los derechos ancestrales de los Pueblos Indígenas de Brasil, Lula prometió durante el Campamento Tierra Libre de abril de 2023 en Brasilia demarcar todas las Tierras Indígenas que aún están en proceso hasta el final de su gobierno. “Nosotros, Pueblos Indígenas de la Apib, apoyamos la elección del actual Presidente, pero con motivo del inicio de otra COP, necesitamos alertar de que la demarcación de nuestras tierras está en riesgo y no existe solución para la actual crisis climática sin los Pueblos Indígenas”, defiende Tuxá.
Aunque la extrema derecha bolsonarista y antiindígena ha salido del poder Ejecutivo brasileño, sigue instalada en las esferas de poder, principalmente en el Legislativo y con una amplia mayoría. Las amenazas a los Pueblos Indígenas continúan siendo promovidas y ejecutadas por sectores vinculados a la extrema derecha. Grupos que financian campañas de parlamentarios que quieren pasar por encima de los derechos indígenas para favorecer a empresas nacionales e internacionales del agronegocio.
¿Quién tiene interés en acabar con los derechos indígenas?
Quien aspira a ocupar y lucrar en las Tierras Indígenas.El agronegocio se compone de empresas nacionales e internacionales, con un mercado de venta principalmente internacional. Se sostiene en una estructura sólida y antigua, con bases colonialistas, formada por políticos y latifundiarios. Según el estudio “Los invasores” del grupo de periodismo investigativo “De olho nos ruralistas”, representantes del Congreso Nacional y del Ejecutivo poseen alrededor de 96 mil hectáreas de tierras superpuestas a las Tierras Indígenas. Además, muchos de estos políticos fueron financiados por empresarios de la agropecuaria que también invaden Tierras Indígenas y que donaron R$ 3,6 millones para campañas electorales de políticos con posiciones a favor de los ruralistas. Este grupo de latifundiarios e invasores respaldó 29 campañas políticas en 2022, totalizando R$ 5.313.843,44. De este total, R$ 1.163.385,00 se destinó al candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL). |
Lula, quien creó el primer Ministerio de los Povos Indígenas de Brasil, no logró bloquear el avance de ciertos proyectos que ya se están convirtiendo oficialmente en ley. El antiguo y polémico PL 2.903/2023, ya en vigor como la Ley 14.701/2023 desde el 20 de octubre, cuestiona el usufructo exclusivo de los Pueblos Indígenas en sus tierras en caso de conflicto de intereses con la política de defensa de la soberanía nacional o la cooperación con personas no indígenas para la explotación de recursos en Tierras Indígenas.
La tesis ruralista del Marco Temporal y otros puntos del PL 2903, que violan los derechos de los Pueblos Indígenas, fueron vetados por Lula. Sin embargo, los parlamentarios movilizados por el Frente Parlamentar de Agropecuária (FPA) se preparan para anular los vetos del Presidente. La votación, que estaba prevista para el 23 de noviembre, fue aplazada y aún no tiene fecha definida hasta el momento.
“Sin mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, el Gobierno Lula necesita negociar para aprobar propuestas estructurales de su gobierno, como la recientemente aprobada reforma tributaria, pero ¿a qué precio? La moneda de cambio para aprobar dicha reforma han sido los derechos indígenas”, destaca Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Apib. “Reiteramos que nuestros derechos no se negocian: la tesis del Marco Temporal viola la Constitución, como determinó recientemente el Supremo Tribunal Federal. Estos proyectos de ley avanzan junto con propuestas de modificación de la Constitución para legalizar actividades que violan los derechos indígenas con medidas como la legalización de la minería en nuestras tierras”, añade Karipuna.
Al mismo tiempo que avanzan las propuestas contra los pueblos originarios, el Congreso Nacional pretende vender internacionalmente una imagen de un Brasil lo más “verde” posible mediante la aprobación en la Cámara de la llamada “agenda verde”. En ella se incluyen medidas pendientes de votación, como el proyecto “combustible del futuro” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que incluye una propuesta de regulación de créditos para el almacenamiento de carbono, el Programa Nacional de Diesel Verde y el Programa Nacional de Combustible Sustentable de Aviación, entre otras medidas.
¿Quién defenderá los derechos de los pueblos indígenas de Brasil en la COP28?
“Mientras el presidente Lula equilibra su gobernabilidad nacional en el tira y afloja de fuerzas políticas y perfila su discurso internacional para la COP28, que probablemente será ovacionado junto con varios otros brillantes discursos de gobernantes y negociadores, nosotros, los Pueblos Indígenas, luchamos y resistimos cada día. Los discursos no nos salvan de los proyectos colonialistas y del voraz avance del agronegocio. Nosotros, los Pueblos Indígenas, luchamos para no morir y para seguir viviendo con nuestros ríos vivos y los bosques de todos nuestros biomas en pie”, enfatiza Karipuna.
Por todos estos motivos, una comisión de líderes de la Apib está actualmente en Dubái y junto con las siete organizaciones regionales de base, lanzan la 2ª edición de la campaña Emergencia Indígena con el tema “Derechos no se negocian. ¡Demarcación ya!”. El viernes 1 de diciembre, segundo día de la Cumbre del Clima 2023, la Apib participa en la rueda de prensa “Liderazgo Indígena y Lanzamiento de la Campaña Emergencia Indígena”. El martes (5) estaremos presentes en la mesa de debate “Brasil rumbo a la COP30: protagonismo de pueblos originarios y comunidades locales en la confrontación con la crisis climática”.
Es esencial que las voces de los Pueblos Indígenas sean escuchadas en este contexto de negociaciones de políticas climáticas, por este motivo, Dinanam Tuxá, Coordinador Ejecutivo de la Apib, participará el viernes (8) en el Evento Ministerial – Lanzamiento de la Plataforma de Diálogo de la FCLP – Pueblos indígenas y comunidades locales como líderes de acción para detener y revertir la pérdida de bosques, donde estarán presentes los jefes de Estado parte, ministros y negociadores decisivos de la COP28. Ese mismo día, se lanzará el Fondo Apib durante el evento “Ecosistema de Financiamiento Climático para Pueblos Indígenas en Brasil: La red única de Fondos administrados por Indígenas”.
Consulte la agenda completa de Apib en la COP28 en Dubái
La Apib denuncia la situación de emergencia indígena en Brasil y reafirma esta urgencia en un nuevo manifiesto en defensa de la vida y garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas, profundamente amenazados por el avance actual de los ruralistas y políticos con intereses del agronegocio. Entregaremos el manifiesto a Lula durante la COP 28 y se lo enviaremos a agentes de los poderes públicos y actores de la sociedad civil con el objetivo de visibilizar la violación de derechos y las amenazas que viven los pueblos originarios en territorio brasileño actualmente.
Además, la Apib ha creado el Comité Emergencia Indígena, donde líderes indígenas y otros representantes, indicados por las organizaciones regionales de base de la Apib, informarán y discutirán semanalmente las amenazas ocurridas en los territorios, en las calles, redes y en el Estado.
¡DECIDIMOS NO MORIR!
Consulta el manifiesto:
[portugués]
https://apiboficial.org/2023/11/14/emergencia-indigena-direitos-nao-se-negociam/
[español]
https://apiboficial.org/2023/11/14/emergencia-indigena-los-derechos-no-se-negocian/?lang=es
[inglés]
https://apiboficial.org/2023/11/14/indigenous-emergency-rights-are-non-negotiable/?lang=en
Siga la página de la campaña Emergencia Indígena disponible en los tres idiomas:
[portugués] https://emergenciaindigena.apiboficial.org
[español] https://emergenciaindigena.apiboficial.org/es/
[inglés] https://emergenciaindigena.apiboficial.org/en/
Para más informaciones y para agendar entrevistas contacte con el servicio de prensa de la Apib:
[email protected]
Coordenación de comunicação – Samela Sateré Mawé – +55 (92) 98285 5077
Comunicación internacional – +55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
26/Oct/2023
-
A pesar de que la tesis del Marco Temporal fue uno de los puntos vetados por el Presidente Lula, el Congreso Nacional aún puede revertir los vetos.
-
Además, el Presidente aprobó algunas medidas del Proyecto de Ley 2903 que amenazan la soberanía de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y el futuro climático global.
En detrimento de la demanda del movimiento indígena que solicitaba un veto completo al Proyecto de Ley 2.903/2023, el Presidente Lula anunció su veto parcial el 20 de octubre. Así, la decisión presidencial elimina el Marco Temporal de la propuesta, así como el cultivo de especies transgénicas en Tierras Indígenas; la construcción de grandes obras de infraestructura, como represas y carreteras, sin consulta previa, libre e informada; y la flexibilización de las políticas de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Por otro lado, dos de las medidas del Proyecto de Ley aprobadas por el Presidente flexibilizan el usufructo exclusivo de los pueblos indígenas sobre sus territorios, y la Apib las considera una amenaza.
En 2023, el Proyecto de Ley 2.903/2023 representó una de las mayores amenazas a los derechos de los Pueblos Indígenas de Brasil, habiendo sido concebido en base a principios anti-indígenas y aprobado por el Congreso Nacional bajo la influencia del grupo de presión agropecuario. Por esta razón, la Apib reclamó el veto total al proyecto que defiende los intereses latifundistas en detrimento de los derechos indígenas.
El viernes pasado (20), el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que vetaría algunos puntos del PL, incluyendo la propuesta de establecimiento del Marco Temporal, pero aprobó otros puntos amenazantes para los Pueblos Indígenas, como la pérdida del usufructo exclusivo de sus tierras debido a intereses de defensa o soberanía nacional en una tierra, así como por actividades económicas de cooperación entre indígenas y no indígenas.
Estas medidas entraron en vigor el 20 de octubre, a partir de la Ley 14.701/2023. Los demás puntos vetados serán analizados por una comisión mixta de senadores y diputados que decidirán si acatan o anulan las medidas vetadas por Lula en una sesión prevista para el 9 de noviembre.
¿Qué puntos del PL 2.903/2023 fueron vetados por Lula?
- Marco Temporal: la tesis que defiende que los Pueblos Indígenas deben demostrar su presencia en sus territorios ancestrales en la fecha de promulgación de la Constitución Federal, el 5 de octubre de 1988, para tener derecho al reconocimiento y la demarcación como Tierra Indígena, fue eliminada. La tesis del Marco Temporal ya había sido declarada inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal (STF) el 27 de septiembre de 2023.
- Indemnizaciones a los invasores y ocupantes ilegales de territorios indígenas reconocidos.
- Anulación de la demarcación de una Tierra Indígena y expropiación debido a la “alteración de los rasgos culturales” de la comunidad indígena.
- Instalación de equipos y redes de comunicación, así como la construcción de infraestructuras en Tierras Indígenas, como carreteras y vías de transporte.
- Cultivo de organismos genéticamente modificados en Tierras Indígenas.
- Contacto forzado con pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
- Permiso para la instalación de bases, unidades, puestos militares o intervenciones militares en Tierras Indígenas.
- Explotación de recursos para la generación de energía, proyectos de energía en general y extracción de riquezas naturales sin consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas o del órgano indigenista federal competente.
¿Cuáles son los próximos pasos para el análisis de los vetos?
La Apib subraya que la demanda del movimiento indígena era que Lula vetase totalmente el PL 2.903/2023. Tras el veto parcial, nuestra lucha se centra en advertir sobre la necesidad de que, por lo menos, los vetos parciales sean respaldados por los legisladores. Senadores y diputados formarán una comisión mixta que analizará los puntos vetados por Lula. Aún no se ha definido la fecha de dicha revisión, pero el grupo de presión con intereses agropecuarios (Frente Parlamentar da Agropecuária) ya ha emitido un comunicado oficial afirmando que tiene suficientes votos para revertir todos los vetos en el Congreso Nacional.
La lucha, por lo tanto, no ha terminado. La Apib advierte sobre la necesidad de continuar movilizándose, ya que si estos vetos son anulados por el Congreso, se convertirán oficialmente en parte de la Ley 14.701/2023. Esto amenaza la supervivencia de los Pueblos Indígenas, viola las directrices del Comité de Derechos Humanos de la ONU, del cual Brasil es signatario, y pone en peligro el futuro climático global. En ese caso, solo el STF podría revisar la constitucionalidad de la ley a través de un nuevo proceso de judicialización.
¿Qué medidas no fueron vetadas y amenazan a los Pueblos Indígenas y la lucha contra la crisis climática?
El PL 2903 ya entró en vigor como Ley 14.701/2023, con los puntos que no fueron vetados por el Presidente Lula. Entre ellos, todavía existen varias amenazas para los Pueblos Indígenas, la biodiversidad y el equilibrio climático proporcionado por las Tierras Indígenas. Entre los puntos no vetados, dos son críticos porque abren la puerta a violaciones de los derechos indígenas:
-
El Artículo 20 establece que el usufructo exclusivo no puede estar por encima del interés de la política de defensa y soberanía nacional.
-
El Artículo 26 trata sobre la cooperación entre indígenas y no indígenas para la explotación de actividades económicas, lo que podría aumentar la presión de terceros para flexibilizar el derecho de los Pueblos Indígenas al usufructo exclusivo de sus tierras.
Afirmamos que el Artículo 20 es peligroso, ya que podría abrir la puerta para reducir el usufructo exclusivo, en base al concepto genérico de “interés de política de defensa”, justificando intervenciones militares en los territorios. Además, es importante destacar que ilegalmente ya existen 96.000 hectáreas de áreas superpuestas a Tierras Indígenas y que esta supuesta cooperación entre indígenas y no indígenas no será pacífica ni estará libre de altos costos para la autonomía y preservación de los modos de vida de los Pueblos Indígenas. Además, subrayamos que los Pueblos Indígenas están protegidos por el Artículo 231, §6o, de la Constitución, que establece que el interés relevante de la Unión debe ser regulado por una Ley Complementaria y no por una Ley Ordinaria, como es el caso de la Ley 14.701/2023.
La cuestión de la soberanía de los Pueblos Indígenas en sus territorios es uno de los factores que contribuye al aumento de los conflictos de tierras en Brasil. El Informe sobre Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil en 2022 mostró que, entre 2019 y 2022, se registraron 795 asesinatos de indígenas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, lo que representa un aumento del 54% en comparación con los gobiernos de Dilma Rousseff y Michel Temer, y la mayoría de estos crímenes están directamente relacionados con conflictos territoriales. La Apib considera que este significativo aumento de la violencia está directamente relacionado con los discursos promovidos por el entonces Presidente Bolsonaro en contra de los derechos territoriales indígenas, además del total desmantelamiento de la política indigenista en ese período.
Del mismo modo, la deforestación y la destrucción de la biodiversidad en las Tierras Indígenas representan una amenaza internacional para el equilibrio climático global. En los últimos 30 años, Brasil ha perdido 69 millones de hectáreas de vegetación nativa. Sin embargo, solo el 1.6% de esta deforestación se ha registrado en Tierras Indígenas.
Además, los territorios indígenas albergan el 80% de la biodiversidad del planeta, pero están amenazados por el avance de la agroindustria y las industrias extractivas, de desarrollo y turismo, como alerta el informe de la ONU Estado de los Pueblos Indígenas en el Mundo, publicado en 2021.
Por lo tanto, la Apib advierte que los impactos de la Ley 14.701/2023 y la potencial revocación de los vetos presidenciales al PL 2903 traerán consecuencias no solo para los Pueblos Indígenas, sino también repercusiones globales para el equilibrio climático: no se pueden construir políticas nacionales y acuerdos internacionales sólidos contra el cambio climático sin garantizar el pleno usufructo de los Pueblos Indígenas en sus tierras. Es por eso que nuestra lucha continúa.
28/Sep/2023
Foto: Tukumã Pataxó/Apib
Después de dos años de juicio, el Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil concluyó ayer (27) su decisión sobre la inconstitucionalidad de la tesis del Marco Temporal y reafirmó el derecho originario de los Pueblos Indígenas al uso exclusivo de sus territorios ancestrales. Sin embargo, ese mismo día, el Senado Federal aprobó con carácter de urgencia el Proyecto de Ley 2.903/2023, que busca convertir la tesis del Marco Temporal en ley, además de legalizar varias otras violaciones de los derechos indígenas.
“El Senado busca perpetuar el genocidio indígena. Este proyecto de ley legaliza crímenes que amenazan la vida de los indígenas e intensifican la crisis climática. El PL es inconstitucional y el STF ya anuló el Marco Temporal, pero el proyecto contiene muchas otras retrocesos en los derechos indígenas más allá del Marco. Continuamos en la lucha y pedimos al presidente Lula que vete este proyecto y cumpla su compromiso con los pueblos indígenas”, enfatiza Kleber Karipuna, Coordinador Ejecutivo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib). La rapidez con la cual el proceso del proyecto de ley fue tramitado en el Senado se debe a la presión de la bancada ruralista y de grandes grupos empresariales que serían los únicos beneficiarios de la aprobación del Marco Temporal.
El resultado de la votación de los senadores fue de 43 votos a favor y 21 en contra del PL 2903. Entre los que apoyaron la legalización del genocidio se encuentran los senadores Marcos Rogério (DEM-RO), que invadió 98 hectáreas de tierra indígena en el Valle del Jamari, en Rondônia; Jaime Bagattoli, que usurpó más de 2 mil hectáreas de la Tierra Indígena Rio Omerê; y la senadora Tereza Cristina, ex Ministra de Agricultura del gobierno antiindígena de Bolsonaro.
Después de que el Senado aprobase el PL 2903, toca a la Presidencia del Gobierno Federal analizarlo y emitir un parecer. El presidente Lula tiene 15 días hábiles a partir de la publicación del proyecto para manifestarse sobre la sanción o veto del mismo. La Apib exige que el presidente Lula vete el PL, claramente inconstitucional, y que mantenga su compromiso de respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, tal como expresó públicamente en su participación en el Acampamento Terra Livre (ATL) de 2022 y 2023.
El Tribunal Supremo concluye que el Marco Temporal es inconstitucional, pero aprueba nuevas condiciones de indemnización para la demarcación de Tierras Indígenas
El pasado jueves (21/09), con un resultado de 9 votos a favor y 2 en contra de la tesis del Marco Temporal, el STF logró una importante victoria en la lucha por los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, algunas propuestas presentadas por algunos ministros abrieron un debate sobre la negociación de los derechos indígenas. La propuesta de flexibilizar la explotación de recursos en Tierras Indígenas, permitiendo la explotación natural y mineral, acabó fuera del juicio mientras que la tesis de la indemnización previa quedó para la segunda negociación de ayer, cuando los 11 ministros se reunieron nuevamente para definir los detalles de la decisión final contra el Marco Temporal.
A pesar de que la mayoría se pronunció a favor de la inconstitucionalidad de la tesis, el STF reconoció criterios de indemnización previa a los ocupantes de Tierras Indígenas. Con esta decisión, los invasores pueden recibir del Estado una indemnización previa por el valor de la tierra invadida y los posibles bienes que hayan trabajado y construido en ella. Dado el historial de usurpación de tierras en Brasil, esta propuesta de indemnización abre la puerta a un aumento de la corrupción en la tenencia de tierras y premia a los invasores de territorios indígenas.
¿Quién se beneficia del Marco Temporal? La bancada ruralista del Senado logra la mayoría para aprobar la propuesta de ley del Marco Temporal
El mismo día, al mismo tiempo que se anunciaba la conclusión del voto final de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del Marco Temporal, el Senado hacía oídos sordos y avanzaba con la violación de los derechos indígenas al aprobar el PL 2903, que la Apib ha llamado “PL del Genocidio” debido a las diversas inconstitucionalidades y violaciones de derechos contenidas en el proyecto.
El PL del Genocidio propone:
- Condicionar el derecho a sus territorios ancestrales solo para los pueblos que estuviesen en ellos el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución (tesis del Marco Temporal).
- Autorizar la construcción de carreteras, represas y otras obras en Tierras Indígenas sin consulta previa, libre e informada.
- Permitir la siembra de soja, la cría de ganado, la promoción de la minería y la explotación minera en Tierras Indígenas.
- Permitir que cualquier persona cuestione los procesos de demarcación de territorios, incluso los que ya han sido demarcados.
- Reconocer la legitimidad de la posesión de tierras por parte de invasores de Tierras Indígenas.
Establecer criterios racistas para determinar quién es o no indígena.
- Flexibilizar la política de no contacto con pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
- Reformular conceptos constitucionales de la política indígena, como la tradicionalidad de la ocupación, el derecho originario y el uso exclusivo de los territorios por parte de los pueblos indígenas.
Entre las amenazas, la Apib destaca la ocupación ilegal en algunas Tierras Indígenas. A partir del cruce de datos catastrales del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), los informes “Los Invasores” realizados por De Olho nos Ruralistas muestran 1,692 superposiciones de fincas en tierras indígenas, lo que representa 1.18 millones de hectáreas y, de ese total, el 95.5% se encuentra en territorios pendientes de demarcación. Políticos brasileños, representantes en el Congreso Nacional y en el ejecutivo, poseen 96,000 hectáreas de propiedades superpuestas ilegalmente en Tierras Indígenas. Además, muchos de ellos fueron financiados por agricultores invasores de Tierras Indígenas, quienes donaron 3.6 millones de reales para la campaña electoral de los ruralistas. Este grupo de invasores financió 29 campañas políticas en 2022, sumando un total de 5,313,843.44 reales. De este total, 1,163,385.00 reales fueron destinados al candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL). Es mucha tierra para pocos agricultores.
Acerca de la Apib
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) es un organismo de referencia a nivel nacional del movimiento indígena en Brasil, creado desde la base. Agrupa a siete organizaciones regionales indígenas (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Consejo Terena, Coaib y Comisión Guarani Yvyrupa) y nació con el propósito de fortalecer la unidad de nuestros pueblos, fomentar la coordinación entre las diferentes regiones y organizaciones indígenas del país, además de movilizar a los pueblos y organizaciones indígenas contra las amenazas y agresiones a los derechos indígenas.
Obtenga más información sobre el marco temporal:
https://Apiboficial.org/marco-temporal/
Para más informaciones y para agendar entrevistas contacte con el servicio de prensa de la Apib:
[email protected]
Coordenación de comunicação – Samela Sateré Mawé – +55 (92) 98285 5077
Comunicación internacional – +55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
22/Sep/2023
Foto: @richard_wera_mirim
Con un resultado de 9×2, la tesis antiindígena del Marco Temporal queda anulada por la Corte Suprema de Brasil. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) celebra el resultado, pero advierte sobre las propuestas de indemnización por ocupación y minería en Tierras Indígenas presentadas en el juicio que todavía van a ser debatidas.
En una sesión histórica que tuvo lugar este jueves (21/09), los ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes y Rosa Weber del Tribunal Supremo Federal (STF) votaron en contra del Marco Temporal y se constituyó, así, una mayoría de votos para derrocar la tesis del Marco Temporal en el poder judicial brasileño. Con un marcador de 9×2, la votación de los ministros concluyó con la anulación de la tesis del Marco Temporal. Sin embargo, la audiencia debe reanudarse el 27 de septiembre para discutir las propuestas planteadas por Moraes y Toffoli en relación a la compensación previa a los invasores de TIs y la explotación de recursos en TIs, lo que preocupa al movimiento indígena. La votación del Marco Temporal en el Senado, que fue impulsada por el grupo de senadores con intereses agropecuarios (conocida en Brasil como bancada ruralista), estaba programada para comenzar el 20 de septiembre pero se pospuso al 27 de septiembre.
“Salimos victoriosos de la tesis del Marco Temporal, pero todavía hay mucha lucha por hacer para alejar todas las amenazas que también se están tramitando en el Senado Federal a través del PL 2903. Seguimos movilizados, seguimos luchando, porque la lucha continuará para garantizar y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas”, afirma Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de la Apib, después de la finalización de la sesión de votación en el STF el 21 de septiembre en Brasilia.
¡Continuamos en la lucha para que nuestros derechos no sean negociados!
La Apib celebra la victoria en la votación contra la tesis del Marco Temporal, lo que representa el respeto por los derechos indígenas, pero advierte que la lucha continúa porque diversas tierras indígenas están siendo ilegalmente invadidas. “Es una victoria para los pueblos indígenas, ya que durante años hemos estado luchando para rechazar esta tesis que, de alguna manera, estaba paralizando los procesos de demarcación de tierras indígenas en Brasil. Sin embargo, hay algunos puntos importantes que deben ser observados, porque los votos de Toffoli y Moraes colocan sobre la mesa elementos bastante peligrosos para los Pueblos Indígenas”, defiende Tuxá. Incluso frente a la creciente violencia causada por la ocupación ilegal de tierras indígenas, el Ministro Moraes planteó la posibilidad de una compensación para los invasores que supuestamente poseen títulos de propiedad rural de “buena fe”, y Toffoli defendió la posibilidad de extraer recursos naturales (hídricos, orgánicos y minerales) ubicados dentro de Tierras Indígenas.
Votaron en contra de la tesis del Marco Temporal: Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes y Rosa Weber. André Mendonça y Nunes Marques votaron a favor.
El Marco Temporal es una tesis política que afirma que los pueblos indígenas solo tendrían derechos sobre sus territorios si estuvieran en ellos el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución Federal. La Apib argumenta que esta tesis es inconstitucional y antiindígena, ya que viola el derecho originario de los pueblos a sus territorios ancestrales, como lo establece la propia Constitución, y pasa por alto la violencia y persecución, especialmente durante la dictadura militar, que impidió que muchos pueblos estuvieran en sus tierras en la fecha de 1988.
En el STF, el Marco Temporal trata, en sustancia, sobre una acción de posesión de tierras (Recurso Extraordinario n.º 1.017.365) referente a la Tierra Indígena Xokleng Ibirama Laklaño de los pueblos Xokleng, Kaingang y Guaraní, en el estado de Santa Catarina. Calificado con estatuto de repercusión general, la decisión judicial sobre este caso servirá como guía para todos los procesos de demarcación de tierras indígenas en el país. Como afirmó el Ministro Luís Roberto Barroso, “la Constitución es muy clara, no existe propiedad sobre tierras tradicionalmente pertenecientes a comunidades indígenas. Esta es la solución para este caso”.
A pesar de que el resultado de la votación es una victoria para los Pueblos Indígenas de Brasil, otras propuestas planteadas por los ministros en sus votos amenazan el escenario actual de lucha por el respeto de nuestros derechos.
El Ministro Alexandre de Moraes votó en contra del Marco Temporal en la sesión de la Corte Suprema que tuvo lugar el 7 de junio de 2023. A pesar de su oposición a la tesis, planteó una propuesta altamente amenazadora para los Pueblos Indígenas. Moraes supuso la existencia de propietarios rurales de “buena fe” que podrían recibir una compensación del Estado si fueran expropiados de las tierras que ocupan ilegalmente a favor de la demarcación de tierras indígenas.
La Apib considera que, a pesar de la existencia de una pequeña porción de pequeños propietarios que adquirieron títulos de propiedad sobre tierras indígenas de buena fe debido a acciones ilegales cometidas por el Estado, la propuesta de compensación supone una recompensa para los invasores ilegales que poseen las propiedades con superposiciones en tierras indígenas. Esto incentivaría la ocupación ilegal de tierras con fondos públicos. Tras cruzar datos de tierras del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), los informes “Los Invasores” realizados por la organización De Olho nos Ruralistas, muestran que hay 1,692 superposiciones de fincas sobre tierras indígenas. Esto totaliza 1.18 millones de hectáreas de superposición, y de este total, el 95.5% se encuentra en territorios pendientes de demarcación. Con su propuesta, Moraes pasa por alto la extensa historia de apropiación ilegal de tierras en Brasil y las acciones criminales derivadas de la disputa de tierras que han provocado un aumento de la violencia contra los pueblos indígenas, así como un crecimiento de la deforestación. Entre 2008 y 2021, se deforestaron 46,900 hectáreas en áreas de superposición de fincas en tierras indígenas, según los datos del informe mencionado anteriormente.
Por su parte, el Ministro Dias Toffoli votó el 20 de septiembre, representando el quinto voto en contra de la tesis del Marco Temporal. Sin embargo, a diferencia de los otros ministros y con un tema que consideramos que está desconectado con el caso que estaba siendo debatido en la Corte Suprema, Toffoli optó por levantar nuevos asuntos, entre ellos, la posibilidad de explotar los recursos hídricos, orgánicos y minerales de las Tierras Indígenas, argumentando que el tema está bajo el paraguas de una supuesta omisión legal y esto perjudica el desarrollo económico del país. Maurício Terena, coordinador legal de la Apib afirma que: “en el último momento, el ministro planteó un tema que nos preocupa mucho como movimiento indígena. El ministro propone una tesis sobre la explotación económica en tierras indígenas. Creemos que este no es el momento para este debate, y la forma en que lo hizo, en cierta medida, flexibiliza el usufructo exclusivo de la tierra por parte de los pueblos indígenas”.
Lea el comunicado completo emitido por la Asesoría Jurídica de Apib sobre el voto del Ministro Dias Toffoli.
¿Quién se beneficia del Marco Temporal?
Entre las amenazas, destacamos la ocupación ilegal de algunas Tierras Indígenas por parte de ciertos latifundiarios que están directamente vinculados al poder político rural. Existen ciertos políticos brasileños, tanto en el Congreso Nacional como en el oder ejecutivo, que poseen 96,000 hectáreas de tierra superpuestas a Tierras Indígenas. Además, muchos de ellos fueron financiados por agro pecuaristas invasores de Tierras Indígenas, que donaron R$ 3,6 millones a la campaña electoral de los ruralistas. Este grupo de invasores financió 29 campañas políticas en 2022 mediante un desembolso de R$ 5,313,843.44. Del total de la suma, R$ 1,163,385.00 se destinaron al candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL).
Votación en el Senado aplazada
Bajo presión del grupo de senadores con intereses agropecuarios (conocidos en Brasil, como bancada ruralista), la Comisión de Constitución y Justicia del Senado brasileño tenía previsto comenzar a debatir el Proyecto de Ley 2903 el 20 de septiembre. El objetivo es que el Marco Temporal se establezca como ley, lo que permitiría legalizar crímenes cometidos contra los Pueblos Indígenas. Sin embargo, la falta de diálogo marcó la jornada: los líderes indígenas que intentaron presentarse en el Senado fueron impedidos de entrar, y la Comisión rechazó una solicitud de audiencia pública. La votación se pospuso al 27 de septiembre después de una solicitud colectiva de los senadores para un examen más minucioso. “Los derechos de los pueblos indígenas están siendo violados y no estamos siendo escuchados. El parlamento no está atendiendo la opinión pública, lo que beneficia solo a los intereses del agronegocio”, advierte Tuxá. Para la Apib, el enfrentamiento entre el poder legislativo y el judicial es un desafío de un grupo de políticos que quieren imponer sus intereses económicos en las tierras indígenas en detrimento de las vidas de los pueblos originarios.
Acerca de la Apib
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) es un organismo de referencia a nivel nacional del movimiento indígena en Brasil, creado desde la base. Agrupa a siete organizaciones regionales indígenas (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Consejo Terena, Coaib y Comisión Guarani Yvyrupa) y nació con el propósito de fortalecer la unidad de nuestros pueblos, fomentar la coordinación entre las diferentes regiones y organizaciones indígenas del país, además de movilizar a los pueblos y organizaciones indígenas contra las amenazas y agresiones a los derechos indígenas.
Obtenga más información sobre el marco temporal:
https://Apiboficial.org/marco-temporal/
Para más informaciones y para agendar entrevistas contacte con el servicio de prensa de la Apib:
[email protected]
Coordenación de comunicação – Samela Sateré Mawé – +55 (92) 98285 5077
Comunicación internacional – +55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
21/Sep/2023
Foto: Kamikia Kisedje / Apib
Minister Toffoli’s vote is against the Time Frame thesis (Marco Temporal), but it contains dangerous points against indigenous peoples. We have to remain vigilant and continue mobilizing. It’s important to remember that the Supreme Court has not yet concluded its trial and the votes are still in dispute. Let’s hope that the next votes follow the rapporteur’s vote [Edson Fachin], which is what we are defending. A vote against the Time Frame, but also against prior compensation and that guarantees the original rights of indigenous peoples,” said Dinamam Tuxá, executive coordinator of Apib, after the session ended.
Maurício Terena, Apib’s legal coordinator, added: “At the last moment, the minister brought up an issue that really concerns us as an indigenous movement. The minister precepts a thesis on economic exploitation on indigenous lands. We understand that this is not the time to have this debate and the way he did it, to some extent, makes the exclusive usufruct of indigenous peoples more flexible.
The trial on the Time Frame thesis had already been suspended on August 31st. Since then, indigenous leaders from different peoples and territories have been mobilizing in Brasilia, where they are camped at the Indigenous Peoples Memorial.
So far, Ministers Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luís Roberto Barroso and Dias Toffoli have voted against the Time Frame thesis. André Mendonça and Nunes Marques voted in favor of the atin-indigenous thesis. Minister Cármen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux and Gilmar Mendes have yet to vote.
The Time Frame thesis is a political thesis that states that indigenous peoples would only have the land right recognition (demarcation of lands) if they were in possession of them on October 5, 1988, the date of the promulgation of the Federal Constitution. Apib points out that the thesis is unconstitutional and anti-indigenous, as it violates the peoples’ original right to their ancestral territory – provided for in the Constitution itself – and ignores the violence, especially during the military dictatorship, and the state control to which the peoples were subjected until 1988.
At the STF, the Time Frame thesis deals, on the merits, with a possessory action (Extraordinary Appeal No. 1.017.365) involving the Xokleng Ibirama Laklaño Indigenous Land, of the Xokleng, Kaingang and Guarani people, and the state of Santa Catarina. With a status of general repercussion, the decision taken in this case will serve as a guideline for all indigenous land demarcation processes in the country. As Minister Luís Roberto Barroso said, “The constitution is very clear, there is no ownership over lands traditionally belonging to indigenous communities. This is the solution to this case.”
Senate adjourned
A lack of dialog and respect marked the session of the Senate at the Constitution and Justice Committee today (20/09). Indigenous leaders were prevented from entering and the committee rejected a request for a public hearing to debate Bill 2903, which aims to turn the Time Frame thesis into law and legalize crimes committed against indigenous peoples. The vote was postponed until September 27 after the senators collectively asked for a review.
For Apib, the clash between the legislature and the judiciary is a direct confron by politicians who want to impose their economic interests on indigenous lands over indigenous lives and those of the Brazilian people.
About Apib
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) é uma instância de referência nacional do movimento indígena no Brasil, criada de baixo pra cima. Ela aglutina sete organizações regionais indígenas (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Conselho Terena, Coaib e Comissão Guarani Yvyrupa) e nasceu com o propósito de fortalecer a união de nossos povos, a articulação entre as diferentes regiões e organizações indígenas do país, além de mobilizar os povos e organizações indígenas contra as ameaças e agressões aos direitos indígenas
The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (Apib) is a national coalition reference for the indigenous movement in Brazil, created from the bottom up. It brings together all seven regional indigenous organizations (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Terena Council, Coaib and Guarani Yvyrupa Commission) and was born with the aim of strengthening the unity of our peoples, the joint action between the different regions and indigenous organizations in the country, as well as mobilizing indigenous peoples and organizations against threats and attacks on indigenous rights.
Find out more about the time frame: https://apiboficial.org/marco-temporal/?lang=en
For more information and to arrange interviews, please contact the press service:
E-mail: [email protected]
Communications Coordinator – Samela Sateré Mawé – +55 (92) 98285 5077
+55 (65) 99686 6289 / +55 (21) 96665 5518 / +55 (92) 99430-3762
31/Ago/2023
Ginebra, 31 de agosto de 2023 – Hoy se presentó el documento ‘Desenmascarando a Canadá: Violaciones de derechos en América Latina y el Caribe’ durante la pre-sesión del Proceso del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, en Ginebra. Este documento fue entregado por una delegación que incluye líderes indígenas, comunidades locales y representantes de la sociedad civil latinoamericana.
El informe es el resultado del trabajo de más de 50 organizaciones que presentaron tres documentos críticos (Informe Regional, Informe Amazónico e Informe Petrolero), que juntos, demandan responsabilidad por abusos corporativos en 37 proyectos canadienses en 9 países de América Latina y el Caribe. Los hallazgos clave incluyen 32 proyectos que infringen el derecho a un medio ambiente limpio, con casos específicos de contaminación del aire, agua y tierra, como los 105 derrames de petróleo en el Bloque 192 de Perú por Frontera Energy. Además, se encontró que 26 proyectos violaban el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado y la consulta, como se vio en las tácticas divisorias empleadas en el proyecto Warintza de Ecuador por Solaris Resources Inc. Además, 19 proyectos violan derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluyendo impactos en la seguridad alimentaria y las actividades económicas tradicionales en el proyecto Volta Grande de Brasil por causa de Belo Sun. Los informes también resaltan una violencia alarmante, con 16 proyectos violando los Derechos Civiles y Políticos de defensores ambientales, que llevaron a situaciones como la lesión de 20 personas en Perú, en julio de 2023.
“Vinimos aquí para denunciar la participación de empresas canadienses en violaciones a los derechos humanos en Brasil, particularmente el caso de la minera Belo Sun, en Pará, que aspira a establecer la mina de oro a cielo abierto más grande del país. Aunque Canadá se promociona como defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, sus acciones contradicen su discurso, especialmente al violar los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. La incongruenncia es evidente cuando sabemos que Canadá no ha firmado el convenio 169 de la OIT. Debido a esto, esperamos que las misiones diplomáticas con las que estamos dialogando reconozcan esta realidad y presionen a Canadá para cambiar la actuación de sus corporaciones, buscando una acción concreta en defensa de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, afirmó Maurício Terena, coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil – APIB.
El examen Periódico Universal (EPU) se lleva a cabo cada 4 años. Es un procedimiento mediante el cual todos los estados miembros de la ONU evalúan el récord de derechos humanos de los gobiernos bajo evaluación. Este año, el EPU de Canadá se llevará a cabo el 10 de noviembre de 2023 en Ginebra. Se espera que los Estados miembros consideren e incluyan las recomendaciones hechas por la sociedad civil latinoamericana. Entre las sugerencias presentadas, destaca la necesidad de que Canadá introduzca una legislación vinculante y amplia centrada en la debida diligencia y responsabilidad corporativa. Esto incluye la supervisión de instituciones financieras y corporaciones canadienses a lo largo de sus cadenas de suministro globales, con el objetivo de prevenir, mitigar y sancionar irregularidades corporativas, asegurando que las víctimas de estas prácticas en el extranjero puedan buscar justicia y reparación total.
“Esperamos que el proceso del EPU se consolide como una estrategia más en nuestra defensa de los derechos de los pueblos indígenas, actuando como instrumento de protección de los derechos humanos, indígenas y ambientales. Es esencial reconocer que las corporaciones involucradas en tales violaciones están cometiendo actos criminales. Estas acciones no deben ser vistas solo como actos aislados, sino en una perspectiva más amplia, ya que al violar los derechos indígenas, se afecta a toda la humanidad. Es esencial que los estados asuman este compromiso, dentro de la ONU, de integrar un mecanismo global donde reconozcan la necesidad de monitorear y exigir acciones que respeten los derechos humanos, indígenas y ambientales”, manifestó Kari Guajajara (Brasil), Asesora Jurídica, Organización Indígena Nacional de la Amazonía Brasileña (COIAB).
Esta no es la primera vez que Canadá enfrenta alegaciones dentro del Sistema de las Naciones Unidas debido a las actividades de sus corporaciones en el extranjero. Seis recomendaciones fueron dirigidas a Canadá durante el 3er ciclo de la Revisión Periódica. Estas abordaron, entre otras preocupaciones, garantizar y proteger los derechos humanos esenciales por parte de las empresas canadienses. Sin embargo, incluso después de comprometerse a cumplir estas recomendaciones, Canadá ha fallado consistentemente al cumplir con sus obligaciones extraterritoriales, sin tomar medidas efectivas para supervisar actividades corporativas a nivel nacional e internacional.
“Nuestro informe revela la inquietante realidad detrás de las compañías cadadienses en América Latina. Mientras Canadá presume de una conducta empresarial ética y se posiciona como “pro-clima”, las evidencias documentadas muestran que Canadá protege a las industrias extractivas responsables de significativos impactos a los derechos humanos y ambientales, donde las ganancias se priorizan sobre las personas y el medio ambiente”, concluye Gisela Hurtado, Oficial de Incidencia Política de Amazon Watch.
La delegación presente en Ginebra está compuesta por Mauricio Terena de APIB; Maria Judite “Kari” Guajajara de COIAB; Josefa de Oliveira, Educadora Popular del Movimiento Xingu Vivo Para Siempre; Lorena Aranha Curuaia, Vicepresidenta de la Comunidad Iawá; y Brayan Mojanajinsoy Pasos (Colombia), Secretario General de la Asociación de Consejos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP), y contó con el apoyo de las organizaciones Amazon Watch, AIDA, Earthworks, Gaia y Ambiente y Sociedad.
Executive Summary
Informe Regional
Informe Amazônico
Informe sobre Petróleo
UPR Canada Advocacy Paper
Resumen de los principales casos de empresas canadienses involucradas en violaciones de derechos destacadas en el informe.
1. Frontera Energy en el Lote 192 en Perú:
– Más de 2,000 lugares contaminados, afectando a 26 comunidades indígenas amazónicas.
– El plan de cierre de actividad propuesto no incluye reparaciones para las comunidades afectadas.
2. Minera Argentina Gold SRL (alianza entre Barrick Gold y Shandong Gold):
– Responsable de al menos cinco derrames de sustancias tóxicas, incluyendo cianuro y arsénico, al Río Jáchal en Argentina desde la mina Veladero.
– El proyecto viola la Ley de Glaciares debido a su ubicación en una zona glaciar y afecta al patrimonio mundial de la biodiversidad reconocido por la UNESCO, la Reserva San Guilhermo.
3. Proyecto Volta Grande de Belo Sun en Brasil:
– Impactos acumulativos con la represa hidroeléctrica Belo Monte, ubicada a menos de 10 km del sitio de minería proyectado.
– Fuerzas de seguridad armadas contratadas por la empresa minera para vigilar líderes locales y restringir su movimiento.
– Total desconocimiento al Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades indígenas y ribereñas.
– Riesgos inminentes e irreversibles de una tragedia ambiental si los residuos tóxicos se vierten en el Río Xingu debido a una posible rotura de la presa, dada la falta de estudios de seguridad sísmica y de presas de relaves.
– Impacto directo en las comunidades, sus medios de vida tradicionales y ecosistemas locales.
4. Mina Varadero en Chile:
– Contaminó fuentes de agua con mercurio, afectando a poblaciones rurales y a niños.
5. Represa Hidrosogamoso de ISAGEN – Brookfield Asset Management en Colombia:
– Causó daños significativos a los ecosistemas y comunidades locales.
6. Proyectos mineros de American Lithium (Falchani, Macusani y Quelccaya) en Perú:
– Liberan regularmente residuos tóxicos, afectando a más de 700,000 personas y contaminando las cuencas del Lago Titicaca y del Río Amazonas.
7. Proyecto minero Warintza de Solaris Resources Inc. en Ecuador:
– Ignoró los derechos territoriales del pueblo indígena Shuar Arutam y adoptó tácticas divisionistas.
8. Proyecto minero Ixtaca en México:
– Suspendido debido a violaciones de los derechos indígenas.
9. Proyecto minero El Pato II en Guatemala:
– Afectó a las comunidades mayas Poqomam y mestizas sin la consulta previa adecuada.
10. Proyecto minero Mocoa de Libero Copper en Colombia:
– Afectó directamente el territorio ancestral del pueblo Inga, violando sus derechos.
11. Proyecto de extracción de oro Machado de Cosigo Resources LTD en Colombia:
– Impactó gravemente sitios sagrados indígenas en el territorio Yaigojé Apaporis.
12. Mina Pueblo Viejo de Barrick Gold en República Dominicana:
– Obligó al desplazamiento de 65 familias locales debido a la presa de desechos El Llagal.
13. Proyectos mineros de La Plata por Atico Mining Corporation y Las Naves por Curimining S.A. (una subsidiaria de Adventus Mining Corporation) y Salazar Resources Limited en Ecuador:
– Intentaron legalizar sus operaciones a pesar de violar leyes nacionales e internacionales de derechos humanos, lo que llevó a enfrentamientos y lesiones.
14. Lote 95 de Petrotal en Perú:
– Protestas demandando derechos de la comunidad resultaron en varias muertes por las fuerzas policiales que protegían el campo petrolero.
15. Equinox Gold en Brasil:
– Ocultó datos sobre sus operaciones e impactos, incluido un rompimiento de presa.
– 4,000 personas directamente afectadas por residuos tóxicos provenientes de la ruptura de la presa que contaminaron ríos amazónicos locales, violando el derecho a un ambiente limpio y acceso adecuado al agua potable.
– Criminalización de líderes comunitarios locales que protestaban por el derecho al agua.
16. Gran Tierra Energy en Ecuador:
– Llevó a cabo exploraciones en los bloques Charapa, Chanangué e Iguana sin la debida divulgación de información a las comunidades locales.
28/Jun/2022
Texto de Alana Manchineri, Livia Castro e Yaritza Batista* (comunicação da MATPHA)
Entre 2021 e 2022, as enchentes dos rios acreanos acabaram com as roças nos territórios indígenas e com a saúde de populações indígenas das periferias.
“Quando as árvores caem, derrubam toda uma sabedoria das florestas. Não existe justiça climática sem respeitar os modos de vida dos povos indígenas, e infelizmente nossos povos estão sofrendo por conta da ação dos que se dizem a favor do desenvolvimento. Mas, que desenvolvimento é esse que derruba a sabedoria dos povos, deixa as pessoas com fome e sem lar?”, questiona Toya Manchineri, presidente da Manxinerune Tsihi Pukte Hajene (MATPHA), organização indígena do povo Manchineri no estado do Acre.
Segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), os povos indígenas são os melhores guardiões das florestas e da biodiversidade nos territórios. Mesmo ocupando este cargo há milhares de anos, esses povos têm sentido de forma cruel os impactos da mudança do clima.
Ao mesmo tempo, a vivência e permanência de povos indígenas em seus territórios tradicionais vêm sendo afetadas por um movimento histórico colonial-exploratório. O meio ambiente é historicamente tratado como fonte de recursos, numa lógica desordenada de extração exploratória. Segundo o Greepeace Brasil, esse cenário de ampla degradação é motivo de mudanças climáticas bruscas e cada vez mais frequentes.
Hoje, vemos partes dos rios com nível de água muito baixo, como também o caso das cheias extremas, uma realidade presente nos últimos dois anos em territórios indígenas.
Nos anos de 2021 e 2022, a vazante dos rios voltou a ser noticiada. A principal preocupação para os povos indígenas foi a inundação de aldeias. Segundo informações do portal Ecoamazônia, as inundações aconteceram nos territórios dos povos Jaminawa, do rio Purus, os Huni Kuin, dos rios Jordão e Tarauacá, e os Shanenawa de Feijó do rio Envira.
Para os povos indígenas o período de chuva significa prosperidade, a partir da chuva que molha as terras começam a contar os períodos que se iniciam os ciclos, sem água não há plantações. Porém, o impacto da mudança da temperatura global e do desmatamento transforma a chuva que é um fenômeno natural em tragédia para estas famílias. Durante o mês de fevereiro os relatos das lideranças indígenas eram de perdas de seus roçados e a falta de apoio para obter alimentação, água e acesso à políticas públicas logo após a inundação de suas casas. O cacique Assis Kaxinawá, do povo Huni Kuin releva a tristeza das famílias das Terras Indígenas: Praia do Carapanã, Caucho, Humaitá, Rio Tauari e Colônia 27, município de Tarauacá (região Tarauacá/Envira).
“Todas as aldeias de Tarauacá estão sendo atingidas pela cheia, passei na aldeia dos parentes Noke Koi, eles estão passando por uma dificuldade muito grande. Fazem duas alagações só esse mês, estão sem poder caçar e pescar porque está tudo alagado, os legumes estão debaixo d’água, macaxeira, milho, banana, estão sem condições mesmo. Até água estão precisando, embora seja na cabeceira do rio, as águas estão barrentas e mesmo assim estão bebendo essa água e depois todos vão ficar doentes”, lamenta o cacique Assis.
Tendo em vista dados da Defesa Civil do estado do Acre, as cheias dos rios atingiram, em média, 1011 indígenas. As lideranças Shanenawa do Acre relatam sobre como as enchentes em seus territórios são atuais e que no passado o mesmo não ocorria com tanta frequência. A última cheia do rio Acre em grande escala ocorreu há 66 anos. Segundo relatos de Eldo Shanenawa, ao longo do anos é evidente que as mudanças climáticas afetam os rios, evidenciando que vão ficando cada vez mais altos, levando então às enchentes extremas que assolaram seus territórios nos dois últimos anos.
De acordo com o coordenador da Organização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC), Eldo Shanenawa, o resultado da crueldade da ação do homem com a natureza é preocupante. Um desses resultados é o impacto direto nas produções indígenas, por exemplo. “As plantações estão completamente perdidas nesse período, que dura normalmente entre os meses de março a maio”, comenta a liderança indígena ao denunciar o descaso das autoridades para com as aldeias afetadas que perderam suas casas, sementes e parte de seus plantios.
Eldo cita ainda a importância de organizações indígenas no processo de apoio às populações, como a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Articulação dos povos indígenas do Brasil (APIB), a Organização dos professores indígenas do Acre (OPIAC), Associação do movimento dos agentes agroflorestais indígenas do Acre (AMAIAC), a Federação do povo Huni Kui do estado do Acre (FEPHAC), também a Comissão pró índio (CPI), enfatizando que sem a participação delas os povos desses territórios estariam em completo abandono.
“A crueldade da ação do homem contra a natureza tem sido sentida na atualidade. Hoje acontece tudo diferente. Marcávamos as estações do ano pelas árvores. Quando a Butamba soltava flor sabíamos que o verão estava chegando, quando o rio começava a vazar no final de março e começo de abril vinha a última enchente do ano”, explica o Coordenador.
As lideranças indígenas mais anciãs observam as mudanças no ciclo do rio Envira. Os fenômenos naturais dos raios são mais intensos e têm um grande aumento de temporais.
“O rio tá mudado, as enchentes nunca passaram onde passou agora, os anciões estão admirados, essa admiração deles demonstra que não é como era antes o leito do rio, antigamente andava navio no rio envira e hoje não anda mais. Tudo mudou, tudo ficou mais difícil, a escassez da pesca aumentou com as mudanças climáticas no Acre e na nossa amazônia. Os nossos anciãos apesar de não saber ler, escrever e nem acompanhar o jornal eles percebem que tá tudo diferente, o tempo tá mais quente, muita chuva tanto no inverno quanto no verão, os animais se afastando e a dificuldade da caça principalmente.” É o que percebe e visualiza nas falas das lideranças mais anciãs, relata Eldo.
Durante as cheias, muitas famílias tiveram que buscar abrigo em aldeias mais distantes. Mas não foi somente nas aldeias que as famílias indígenas foram afetadas. Muitos parentes que residem em bairros periféricos nas cidades de Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Santa Rosa do Purus e Jordão, também sofreram com as cheias.
Além disso, as inundações também podem vir acompanhadas de doenças. Durante a inundação em 2021, as famílias enfrentaram o alto pico da pandemia do Covid-19 junto ao surto de dengue. Por isso, os apoios foram todos bem-vindos, como as campanhas de arrecadação com o objetivo de amenizar os impactos causados.
Lideranças indígenas denunciam a falta de assistência do Estado
Eldo Shanenawa, representante dos professores indígenas do Acre, denuncia a inoperância do governo do estado. “As escolas não-indígenas no período de pandemia receberam cestas básicas e para as escolas indígenas nada foi repassado”, coloca.
Povos indígenas que residem dentro dos territórios sofrem com o desequilíbrio climático das cheias do rio em conjunto com a falta de assistência do governo estadual do Acre, desassistência alimentada pelo governo federal observada na atuação sucateada da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que não apresenta ações preocupadas com as populações indígenas do Acre.
A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) foi fundada em 1989 por lideranças indígenas de toda a Amazônia e tem por missão defender o direitos dos povos indígenas, com papel estratégico na defesa dos povos da Amazônia. A Coiab, assim como as organizações de sua rede, precisaram agir em meio ao descaso do governo brasileiro frente à pandemia do Covid-19. Por isso, quando as lideranças indígenas do Acre solicitaram apoio através da organização MATPHA, articuladora da Coiab no Acre, a organização buscou seus parceiros e pode possibilitar ajuda durante as alagações que atingiram os povos indígenas em seus territórios e nos bairros das cidades atingidas.
De acordo com dados da Coiab, em fevereiro de 2021 foram doados mais de uma tonelada de insumos para os povos atingidos pelas cheias dos rios, os apoios foram contínuos sobretudo na cobrança ao estado brasileiro para ações de proteção dos povos indígenas. Durante o pico da pandemia, sabendo da falta de equipamentos de proteção individual (EPI) para as equipes de saúde, a Coiab junto com a MATPHA realizam a entrega desses materiais ao Distrito Sanitário Especial Alto Rio Purus (Dsei Alto Purus), com sede na capital do Acre. A pandemia do novo coronavírus foi destrutiva para toda a humanidade, mas a falta de ação do estado também pode ser considerada um crime contra os guardiões das florestas e da biodiversidade, para quem interessa a morte em massa dos povos indígenas? Essa foi uma das perguntas feitas pelo assessor político da Coiab, Toya Manchineri.
Toya Manchineri relata a urgência em dar apoio aos povos indígenas, o presidente da república não só negou a existência da vacina como incitou toda a população a não se vacinar. Após ficar 16 dias internado com Covid-19, a liderança Manchineri soube da situação de alagação e mesmo em recuperação visitou a aldeia Santa Paulino, território que ajudou a demarcar. Ao subir o rio com as cestas básicas, água mineral e produtos de higiene pode se deparar com o resultado da alagação.
“Está mais do que na hora da humanidade entender que a ação predatória só vai trazer mais doenças e mais dor. Enquanto o presidente brincava com a falta de ar das vítimas do covid a Coiab, FOIRN e parceiros inaugurou uma fábrica de oxigênio no município de São Gabriel da Cachoeira (AM). Somos os guardiões da floresta em pé, o mundo precisa aprender conosco como se vive na floresta e da floresta sem precisar matá-la”, conclui Toya.
Fábrica de oxigênio em São Gabriel da Cachoeira – AM (Foto Alana Manchineri)
*Este conteúdo foi produzido com apoio do programa Jornalismo e Território, da Énois Laboratório de Jornalismo. Para saber mais, acesse www.enoisconteudo.com.br ou @enoisconteudo nas redes sociais.
Fontes (informações internas)
– Eldo Shanenawa, Coordenador da Organização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC).
– Falar de mudanças climáticas é falar sobre a sua vida (Greenpeace Brasil, 2020). Link.
– Povos indígenas são os mais impactados pelas cheias extremas e mudanças climáticas no Acre (Ecoamazônia, 2022). Link.
– Dados sobre as cheias dos rios (Defesa civil estadual, 2022).
– Toya Manchineri, presidente da MANXINERUNE TSIHI PUKTE HAJENE (MATPHA) e assessor político da Coiab.
– Cacique Assis Kaxinawá, do povo Huni Kui.
27/Jun/2022
La Commission d’Environnement du Parlement Européen est en train de débattre le texte de la FERC (Loi sur l’importation de produits à risque forestier), également appelée loi anti-déforestation, qui va être votée en septembre. La législation contient des lacunes extrêmement importantes afin de garantir les droits des peuples autochtones et la protection de leurs territoires.
Les pays européens, importateurs de produits brésiliens tels que le bœuf, le soja et le cuir, doivent assumer la responsabilité des impacts que ces chaînes de production à grande échelle ont sur les terres indigènes du Brésil. L’Europe est le deuxième plus grand marché pour la vente de soja produit au Brésil, ainsi qu’un important importateur de bœuf brésilien et d’autres produits à risque forestier. L’agro-industrie, l’exploitation minière et d’autres explorations à grande échelle exercent une forte pression sur la protection des biomes brésiliens, la garantie des droits des autochtones et le changement climatique. Ensuite, la demande européenne de matières premières amplifie ces conflits. Il est donc nécessaire d’imposer des limites et de créer des mécanismes de traçabilité respectueux avec les droits de l’homme et l’environnement. Le Brésil vit actuellement un moment délicat de démantèlement des politiques et des institutions, en plus d’une recrudescence de la violence dans les campagnes, comme l’a montré l’assassinat de l’indigéniste Bruno Araújo et du journaliste Dom Phillips. Selon le rapport de 2021 de Global Witness, le Brésil est le quatrième pays le plus violent pour les défenseurs de l’environnement et des droits humains.
Pour se concentrer sur ce débat, l’APIB a fait une tournée en Europe avec une délégation de leaders autochtones entre le 8 et le 17 juin. Les premiers jours, la délégation était à Paris, en France, suite à l’enquête sur l’affaire Casino, une chaîne françaises de supermarchés accusé de vendre des produits liés à la déforestation et à l’accaparement des terres au Brésil et en Colombie (vous pouvez en savoir plus sur l’affaire et la campagne de l’APIB en Europe ici). Dans la deuxième partie du voyage, entre le 13 et le 17 juin, le group des leaders autochtones de l’APIB était à Bruxelles, en Belgique, et a tenu plusieurs réunions avec des membres et des commissions du Parlement Européen pour se positionner sur la loi sur l’importation de produits à risque forestier (FERC) et pour exiger que le Parlement inclut les demandes des peuples autochtones dans cette législation.
Les ministres représentant les États membres de l’Union européenne présenteront leurs positions par rapport à la loi lors du prochain Conseil européen de l’environnement, qui aura lieu le 28 juin. Par la suite, la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire – qui est chargée de l’élaboration de la loi FERC – votera à la mi-juillet les propositions de modification du projet de loi présenté, dans le but d’avoir le texte définitif de la loi pour la votation en plénière du Parlement en septembre 2022.
Qu’est-ce que la loi sur l’importation de produits à risque forestier (FERC) propose actuellement ?
La proposition du Parlement européen avec la loi sur l’importation de produits à risque forestier (FERC ou European Commission’s Proposal for a regulation on deforestation-free products) est d’empêcher l’importation de produits qui favorisent la déforestation illégale au sein de leurs chaînes de production. Le projet de loi, présenté le 17 novembre 2021, vise à créer des sanctions pour les produits qui présentent un risque pour l’environnement, mais ne serait mis en œuvre que sur des terres considérées comme des forêts selon la définition de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). Cette définition ne tient pas compte d’une grande partie des biomes brésiliens et, par conséquent, exclut également la réalité d’une bonne partie des peuples autochtones du Brésil.
Si la définition actuelle des forêts de la FAO est prise en compte, certains biomes du Brésil seraient menacées en raison des filières de production de commodities à grande échelle : 75% du Cerrado, 89% de la Caatinga, 76% du Pantanal et 74% de la Pampa, selon les données de MapBiomas.
La loi proposée ne serait appliquée que dans 15% de la région du Pantanal, l’un des biomes les plus touchés par les incendies de ces dernières années, et ignore complètement le biome de la Pampa dans le sud du pays, où il y a des processus historiques d’invasion et d’occupation des terres de peuples indigènes, provoqués principalement par l’avancée des cultures de soja et du bétail. Le biome du Cerrado, avec seulement ¼ de sa superficie reconnue comme forêt selon la définition de la FAO, est aujourd’hui l’une des régions avec une avancée significative de l’agro-industrie et l’élevage. L’expansion de la frontière agricole dans la région de MATOPIBA (région forestière entre les États de Maranhão, Tocantins, Piauí et Bahia) provoque déjà des impacts sur la contamination des sols et de l’eau due à l’utilisation excessive de pesticides. La Forêt Atlantique (Mata Atlántica) et la Caatinga ne seraient pas non plus pleinement reconnues comme une forêt en risque même si elles sont intensément consommées et menacées respectivement par les activités industrielles et l’agro-industrie. L’Amazonie serait le seul biome avec la plus grande étendue reconnue comme forêt dans le cadre des considérations de la législation anti-déforestation. Cependant, environ 15% du biome amazonien ne serait pas protégé par cette loi, comme dans le cas du Lavrado, végétation présente dans certaines parties de l’État de Roraima, en plus d’autres parcelles de Cerrado présentes en Amazonie.
Une autre faiblesse de la proposition de la FERC est qu’elle exige uniquement que chaque pays soit responsable du respect de ses lois nationales. Cependant, cela implique un grand risque dans le contexte actuel de démantèlement des politiques publiques promues par un gouvernement anti-indigène comme celui qui existe actuellement au Brésil qui pourrait continuer à commercialiser certains produits sans violer aucune loi nationale. La loi proposée ne parle pas non plus du droit exclusif de possession et d’usufruit des peuples autochtones sur leurs terres ou de l’obligation de respecter les lois internationales, telles que l’article 169 de l’OIT.
Et la troisième et dernière faiblesse de la législation pointée par l’APIB est celle qui fait référence aux produits traçables et au délai de commercialisation. Le projet de loi se concentre sur six produits : le café, le cacao, la viande réfrigérée et séchée, l’huile de palme, le bois, le soja et les dérivés (tels que les aliments d’animaux à base de soja). Selon la loi, la chaîne de production de ces produits devrait être évaluée avant d’entrer dans l’Union européenne afin qu’aucun d’entre eux ne provienne de terres déboisées ou dégradées après le 31 décembre 2020. La loi exclut la traçabilité de la viande en conserve, du maïs et du coton, entre autres produits à risque. Dans le même temps, ce délai de commercialisation permet, par exemple, que la viande congelée, ainsi que les céréales stockées (comme le soja) qui ont été produites sur des pâturages déboisés en 2019 puissent être commercialisées.
Quelles sont les revendications de l’APIB par rapport à la législation anti-déforestation (FERC) ?
L’APIB lance un appel au Parlement Européen pour qu’il reconnaisse la réalité des impacts multidimensionnels et la responsabilité des dynamiques économiques et commerciales européennes sur les terres indigènes du Brésil. A cet effet, il demande notamment :
- Des mécanismes efficaces de suivi des chaînes de production de produits de base sont nécessaires car les pressions productives, économiques et financières ont un impact environnemental majeur et une augmentation de la violence contre les peuples autochtones, en particulier contre leurs leaders.
- Tous les biomes du Brésil doivent être inclus dans la loi européenne anti-déforestation, comme une réponse concrète à l’urgence climatique et aux cas de violence qui se sont multipliés sur nos territoires, avec l’encouragement du gouvernement brésilien. L’APIB souhaite que la définition de la FAO sur les forêts ne soit pas utilisé, pour ainsi permettre qu’en plus de l’Amazonie, cette législation inclut également la protection du Cerrado, du Pantanal, de la Pampa, de la Mata Atlántica et de la Caatinga.
- Il est nécessaire de considérer la position des peuples autochtones : aller au-delà des objectifs établis dans les accords internationaux, considérer le rôle vital que jouent les communautés autochtones dans les responsabilités climatiques en tant que gardiens de la forêt et prendre en compte l’opinion de ceux qui souffrent directement les impacts des chaînes de production de matières premières prédatrices au Brésil.
« Pour nous, peuples autochtones, aucun biome n’est différent, ils font tous partie du territoire brésilien, qui est un territoire autochtone. Et nous, les peuples autochtones, sommes dans tous ces biomes. Il est donc important que la législation européenne anti-déforestation les considère tous », déclare Kretã Kaingang, coordinatrice exécutive de l’APIB. «Ce qui fait mal avec le soja, ce qui fait mal avec les meurtres, ce qui fait mal avec l’invasion des territoires, ce qui paralyse la démarcation des terres indigènes se produit dans tous les biomes. Avec l’inclusion de tous les biomes dans cette législation, nous avons plus de force pour défendre ces biomes. Nous le faisons déjà sans loi, mais nous savons qu’en Europe les produits qui sont achetés viennent de tous ces biomes, pas seulement de l’Amazonie, et leur protection influence notre vie quotidienne », ajoute Kaingang.
Plus de détails dans le document préparé par l’APIB : « Message au Parlement européen sur l’urgence d’adopter la loi européenne anti-déforestation (FERC) ».
Comment s’est déroulée la campagne de plaidoyer de l’APIB au Parlement Européen?
Jeudi 16 juin, la délégation de l’APIB avec Extinction Rebellion se sont mobilisés devant la Commission Européenne pour exiger que les parlementaires incluent les revendications des peuples autochtones sur la loi FERC. (Voir les photos de l’acte ici)
« Notre influence au Parlement Européen était très nécessaire pour racconter notre situation en tant que peuples autochtones du Brésil. Grâce à ce dialogue avec le Parlement Européen, il sera peut-être possible de modifier le projet de loi que nous appelons en portugais anti-déforestation. Nous sommes ici devant une opportunité d’intervenir au niveau international en tant qu’organisation indigène, car il est difficile de se faire entendre dans le contexte actuel du Brésil avec ce gouvernement anti-indigène et fasciste, qui ne cherche que le profit aux dépens de ceux qui vivent sur cette terre comme nous », explique Crisanto Rudzö Tseremey’wá, leader de la Coordination des organisations indigènes de l’Amazonie brésilienne (COIAB).
Pendant le séjour de la délégation à Bruxelles, d’autres réunions importantes ont eu lieu, telles que des rencontres avec José Manuel Fernandes, président de la délégation brésilienne auprès de l’Union Européenne ; Jérémy Decerle, eurodéputé français ; et Anne-Margreet Sas, représentante de l’agriculture au sein du comité permanent du Royaume-Uni et des Pays-Bas au Parlement Européen. Au cours des trois réunions, les parlementaires étaient intéressés à comprendre la situation actuelle du Brésil subie par les peuples autochtones, mais ont affirmé qu’à l’heure actuelle il ne serait pas possible d’inclure d’autres biomes dans la loi anti-déforestation. Éventuellement, après l’adoption de la loi par le Parlement (qui devrait avoir lieu en septembre 2022), l’inclusion d’autres biomes et/ou une définition plus large des forêts/végétations pourraient être incluses dans l’examen réglementaire, qui devrait avoir lieu en 2024. Cela était le même discours utilisé par les techniciens du Conseil général de l’environnement et du Centre de recherche du Parlement européen sur l’inclusion des biomes.
Ils ont également réitéré que les droits de l’homme, y compris ceux des peuples autochtones, devraient être établis dans une autre législation sur la diligence raisonnable (encore en cours d’élaboration par le Parlement) plutôt que dans une loi anti-déforestation. Ces réunions ont frustré la délégation de l’APIB, de voir que le Parlement Européen n’est pas si engagé à atténuer sa traînée de destruction pour garantir l’approvisionnement en certains commodities à risque forestier.
D’autre part, il y a eu des moments de soutien, comme la rencontre avec des membres du Groupe des Verts du Parlement européen, formé par Michèle Rivasi, Grace O’Sullivan, Francisco Guerreiro, Anna Cavazzini, entre autres. Lors d’un déjeuner avec une partie de la délégation de l’APIB, ils ont renforcé le réseau de soutien à la construction d’une loi anti-déforestation ambitieuse, qui répond aux demandes des peuples autochtones et de ceux qui sont les plus touchés par la production de matières premières. En plus des rencontres avec des membres du Parlement Européen, la délégation de l’APIB a profité de l’occasion pour rencontrer son réseau de partenaires en Europe, tels que FERN, Greenpeace, Global Witness, Friends of Earth pour renforcer les alliances et discuter des actions stratégiques pour promouvoir garantir le respect des droits des peuples autochtones.
Voir plus de photos de l’APIB Tour en Europe :
Quelle est l’importance d’une mobilisation internationale des peuples autochtones ?
Dans un scénario de démantèlement des politiques publiques au Brésil et d’avancée illégale des industries (agroalimentaire, élevage, mines, énergie, hôtellerie), la demande productive et économique émanant de l’Union Européenne et d’autres pays et blocs économiques pour certains produits à risque alimente et accélère les processus d’invasion, d’expropriation et de destruction des peuples autochtones et de leurs terres. Le droit au territoire est garanti par la Constitution fédérale de 1988, à travers le processus de démarcation, sous la responsabilité du pouvoir exécutif brésilien. Cependant, dans un scénario où le président du Brésil est le plus grand ennemi des peuples autochtones car il renforce l’avancement de l’agro-industrie et la fragilité des institutions d’inspection, il appartient aux partenaires économiques et commerciaux du Brésil d’exiger et de faire pression pour le respect des droits des peuples autochtones.
De plus, l’APIB dénonce que les meurtres de l’indigéniste Bruno Araújo et du journaliste Dom Phillips ne sont pas des cas isolés, mais une conséquence de la violence systématique promue par l’État militariste et anti-indigène commandé par le génocidaire Jair Bolsonaro. « Ils ont trouvé les corps de Bruno Araújo et Dom Phillips. C’est la situation réelle dans notre pays et c’est pourquoi nous sommes ici en Belgique, pour porter ces plaintes et pour dialoguer avec les députés sur les lois qui sont en train d’être créées ici en Europe et qui affectent directement nos vies sur nos territoires », dit-il Eunice Kerexu, coordinatrice exécutive de l’APIB. « Nous ne sommes pas ici pour dire stop à cette exportation, mais pour renforcer la nécessité de créer une législation qui nous aide à protéger nos vies et nos territoires », ajoute Kerexu.
À propos de l’articulation des peuples autochtones du Brésil (APIB)
L’APIB est la plus grande instance de représentation du mouvement indigène brésilien et, depuis sa création, a rempli son engagement de lutter pour la garantie des droits constitutionnels des peuples autochtones. Que ce soit au niveau national ou international, l’APIB et ses sept organisations de terrain sont mobilisées pour protéger les territoires, les communautés, les personnes.
Les peuples autochtones, articulés à travers leurs organisations régionales avec l’APIB, recherchent auprès de toutes les instances – nationales et internationales – la mise en responsabilité des responsables de cette destruction. Au niveau international, l’APIB, en plus de participer aux événements et débats sur le climat, cherche à responsabiliser les agents responsables de la dynamique d’invasion, d’exploitation illégale et de destruction des territoires autochtones, ainsi qu’à influencer le débat sur l’élaboration du nouveau cadre juridique européen sur l’importation des matières premières à risque forestier(FERC). Au Brésil, l’APIB a historiquement mobilisé le mouvement indigène et fait face aux politiques anti-indigènes qui sont en cours à la Cour Suprême Fédérale et à la Chambre des députés, formant la première ligne de protection des peuples autochtones, des terres indigènes et de l’environnement. Afin de protéger les territoires indigènes et de faire respecter les droits constitutionnels, l’APIB résiste et avance à différentes échelles.
