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El Senado aprobó el 27 de septiembre el proyecto de ley que busca legalizar la tesis del Marco Temporal para la demarcación de territorios indígenas, junto con otros crímenes que amenazan a los pueblos originarios de Brasil. El proyecto de ley PL 2.903/2023 está siendo revisado por la Presidencia de la República: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene hasta el 18 de octubre para sancionar o vetar (total o parcialmente) el proyecto. La Apib exige el veto completo del proyecto y solicita a Lula un compromiso para respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, así como garantizar la protección de las Tierras Indígenas puesto que representan una salvaguarda contra el cambio climático a nivel mundial.
El PL 2903, bautizado por el movimiento indígena como el PL del Genocidio Indígena, busca legalizar crímenes sociales y ambientales, y representa una amenaza para las vidas de los Pueblos Indígenas en Brasil. Además del Marco Temporal, el PL incluye la flexibilización de la política de no contacto con Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y abre la posibilidad para la producción de commodities y la construcción de infraestructuras en Tierras Indígenas, entre otras violaciones a los derechos indígenas. Según la decisión del 27 de septiembre de la Corte Suprema de Brasil que determinó que el Marco Temporal es inconstitucional, y en línea con la posición del Gobierno actual de Brasil que se comprometió a respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, la Apib solicita que Lula vete completamente todos los puntos del PL del Genocidio Indígena.
La Articulación, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, han enviado un llamado urgente a las Naciones Unidas (ONU) denunciando las violencias sufridas por los Pueblos Indígenas en Brasil, alertando sobre la aprobación del PL 2903 y solicitando apoyo para pedir a Lula que vete el proyecto.
Es imposible combatir el cambio climático sin la demarcación de Tierras Indígenas
Elegido como alternativa al conservadurismo anti-indígena del ex-presidente Jair Bolsonaro y bajo la promesa de erradicar completamente la deforestación en la Amazonía de aquí a 2030, el presidente Lula tiene ahora la oportunidad de ratificar su compromiso con la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y la lucha contra la crisis climática. El PL 2903 representa una amenaza para el futuro climático mundial y la biodiversidad del planeta, ambos garantizados en parte gracias a la protección ambiental dentro de las Tierras Indígenas.
La Apib advierte que además del Marco Temporal, el PL 2903 busca legalizar crímenes cometidos contra los Pueblos Indígenas en favor de los intereses políticos y económicos del agronegocio respaldados por la bancada ruralista del Senado. La Articulación señala otras siete propuestas del PL del Genocidio Indígena que deben ser vetadas por Lula, ya que representan crímenes contra los Pueblos Indígenas y una amenaza para toda la humanidad:
1. Establece criterios racistas sobre quién es o no indígena;
2. Autoriza la construcción de carreteras, hidroeléctricas y otras obras en Tierras Indígenas sin consulta previa, libre e informada;
3. Permite monocultivos, cultivo de soja, cría de ganado, promoción de minería y extracción de recursos minerales en Tierras Indígenas;
4. Abre la posibilidad de cuestionar los procesos de demarcación de territorios, incluyendo los de las Tierras Indígenas ya demarcadas;
5. Reconoce la legitimidad de posesión de tierra de los invasores de Tierras Indígenas;
6. Flexibiliza la política de no contacto con Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario;
7. Modifica conceptos constitucionales de la política indigenista, como la tradicionalidad de la ocupación, el derecho originario y el usufructo exclusivo de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios.
Erradicar la deforestación y cumplir con los objetivos climáticos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (conocidos como NDC, por sus siglas en inglés) se convertirán en compromisos inalcanzables si se aprueba el PL 2903 y se permite la destrucción de algunas de las tierras del país con los índices de deforestación más bajos y la mayor biodiversidad. En los últimos 30 años, Brasil perdió 69 millones de hectáreas de vegetación nativa. Sin embargo, solo el 1,6% de esta deforestación se registró dentro de Tierras Indígenas. La única forma de preservar todos los biomas de Brasil y construir políticas coherentes contra el cambio climático es garantizando el pleno acceso de los Pueblos Indígenas a sus territorios.
En diciembre, Brasil asumirá la presidencia del G20 bajo el lema de la justicia y la sostenibilidad, pero el futuro económico mundial estará manchado de sangre si no se detienen las violencias que sufren los Pueblos Indígenas como resultado del crecimiento de actividades criminales devastadoras. En la conferencia de apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lula reafirmó su compromiso de implementar los 17 objetivos de desarrollo sostenible de manera integral e indivisible, y afirmó que “en Brasil, ya hemos demostrado una vez y lo haremos de nuevo, que es posible un modelo socialmente justo y ambientalmente sostenible”. Sin embargo, no hay justicia social posible sin garantizar la vida de las poblaciones tradicionales y no hay un modelo ambientalmente sostenible si los bosques y selvas no permanecen en pie. Por tanto, la lucha contra el cambio climático solo es posible con el respeto y la demarcación de las Tierras Indígenas.
Movilizaciones contra el Marco Temporal
El movimiento indígena llevó a cabo aproximadamente 300 movilizaciones en contra de la tesis del Marco Temporal durante lo que va de año 2023. Estas movilizaciones tuvieron lugar entre mayo y septiembre, convocadas y coordinadas por la Apib y sus siete organizaciones regionales de base.
El Marco Temporal es una tesis política respaldada por el agronegocio y que ignora la decisión de la Corte Suprema
Después de dos años de proceso, el 27 de septiembre, la Corte Suprema de Brasil anuló la propuesta del Marco Temporal por una mayoría de votos de 9 a 2 y agregó la condición de indemnización para aquellos que posean propiedades en una zona reconocida como Tierra Indígena para su demarcación. Sin embargo, bajo un proceso de urgencia, ese mismo día, el Senado sometió a votación el PL 2903, que finalmente fue aprobado con 43 votos a favor y 21 en contra.
La Apib destaca que las acciones del Senado desafían la Corte Suprema para atender los intereses del agronegocio y de los políticos brasileños que tienen vínculos directos con la invasión de tierras indígenas, como lo demuestra el dossier “Los invasores” del grupo periodístico De olho nos ruralistas. Según el estudio, representantes del Congreso Nacional y del Ejecutivo poseen alrededor de 96,000 hectáreas de tierras superpuestas a las tierras indígenas. Además, muchos de ellos recibieron financiamiento de los agricultores invasores de las Tierras Indígenas, quienes donaron 3,6 millones de reales para la campaña electoral de los ruralistas. Estos invasores apoyaron 29 campañas políticas en 2022 con un total de 5.313.843,44 reales. De ese total, 1.163.38,00 reales fueron destinados al candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL).
Además, tras la anulación del Marco Temporal en el STF, el senador Dr. Hiran (PP-RR) presentó el 21 de septiembre una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que busca establecer el Marco Temporal. Bautizada como PEC 048/2023, la enmienda pretende modificar la Constitución Federal de 1988, que reconoce el derecho originario de los pueblos indígenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas.
Acerca de la Apib
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) es un organismo de referencia a nivel nacional del movimiento indígena en Brasil, creado desde la base. Agrupa a siete organizaciones regionales indígenas (Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Consejo Terena, Coaib y Comisión Guarani Yvyrupa) y nació con el propósito de fortalecer la unidad de nuestros pueblos, fomentar la coordinación entre las diferentes regiones y organizaciones indígenas del país, además de movilizar a los pueblos y organizaciones indígenas contra las amenazas y agresiones a los derechos indígenas.
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