Brasilia, 18 de agosto de 2026.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), organización nacional que reúne a organizaciones indígenas de todas las regiones del país, alerta a la comunidad internacional sobre el agravamiento de las amenazas contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Brasil.
El pasado 12 de agosto, el Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia del Poder Judicial brasileño, concluyó el análisis sobre la constitucionalidad de la Moratoria de la Soja, un acuerdo voluntario entre empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas que prohíbe la compra de soja producida en áreas de la Amazonía deforestadas después de julio de 2008.
El acuerdo establece salvaguardias ambientales que van más allá de los requisitos previstos en el Código Forestal brasileño. Mientras que la legislación nacional todavía permite que los propietarios privados ubicados en el bioma amazónico eliminen hasta el 20 % de la vegetación nativa, bajo determinadas condiciones legales, la Moratoria de la Soja adopta un enfoque de deforestación cero. En la práctica, las empresas participantes asumen voluntariamente compromisos que superan los estándares mínimos establecidos por la legislación brasileña.
La iniciativa también está alineada con los esfuerzos internacionales destinados a eliminar la deforestación de las cadenas mundiales de suministro, como el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés), que restringe la comercialización de productos como la soja, la carne bovina y la madera procedentes de áreas deforestadas después de diciembre de 2020. Sin embargo, la Moratoria de la Soja establece un criterio más ambicioso, al impedir la comercialización de soja vinculada a procesos de deforestación ocurridos después de 2008.
La Moratoria de la Soja se ha convertido en una de las iniciativas más importantes del sector privado para complementar las políticas públicas de lucha contra la deforestación, al tiempo que permite mantener el crecimiento de la producción agrícola. Según datos de MapBiomas, la superficie destinada al cultivo de soja en la Amazonía aumentó de 1,6 millones de hectáreas en 2008 a 5,8 millones de hectáreas en 2023.
Desde su implementación en 2006, el mecanismo ha contribuido a un aumento del 344 % en la producción de soja en la Amazonía, mientras que la deforestación en el bioma disminuyó un 69 % entre 2009 y 2022, según datos de Greenpeace Brasil. Estas cifras demuestran que es posible aumentar la productividad agrícola sin expandir las actividades productivas hacia nuevas áreas forestales.
El acuerdo también permitió la creación de un sistema de monitoreo en 124 municipios de los estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Maranhão, responsables de una parte significativa de la producción brasileña de soja. Al incentivar el uso de áreas previamente convertidas, como los pastizales degradados, el acuerdo ha reducido la presión para abrir nuevas áreas de bosque nativo.
A pesar de estos resultados positivos, la Moratoria de la Soja ha sido objeto de una creciente presión política y económica por parte de determinados sectores del agronegocio.
El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) inició procedimientos administrativos contra empresas y asociaciones signatarias del acuerdo, argumentando que este podría constituir una práctica contraria a la libre competencia y perjudicar la comercialización de la soja brasileña. Posteriormente, dichos procedimientos fueron suspendidos mientras el STF analizaba la validez del acuerdo.
Al mismo tiempo, los estados de Rondônia y Mato Grosso aprobaron leyes que eliminan los beneficios fiscales para las empresas que adoptan compromisos ambientales voluntarios más estrictos que los exigidos por la legislación brasileña. Estas medidas afectan directamente a la Moratoria de la Soja y a otros acuerdos voluntarios destinados a la protección de los bosques y la biodiversidad.
En el Congreso Nacional, los representantes del sector agropecuario también han promovido diversas iniciativas dirigidas a debilitar o eliminar el acuerdo. En la práctica, la Moratoria de la Soja ha funcionado como una de las principales barreras frente al avance de la deforestación en la Amazonía. Su debilitamiento crea nuevos incentivos para la expansión de la frontera agrícola y la especulación sobre la tierra.
En una decisión importante, el STF confirmó la constitucionalidad de la Moratoria de la Soja y rechazó las acusaciones de prácticas anticompetitivas planteadas por el CADE. Por una mayoría de seis votos contra tres, el tribunal concluyó que los compromisos voluntarios asumidos por entidades privadas no contradicen el Código Forestal brasileño.
La APIB considera que esta decisión fue fundamental para garantizar la continuidad de la Moratoria de la Soja y de otras iniciativas voluntarias similares orientadas a la mitigación del cambio climático y a la conservación de la biodiversidad.
Sin embargo, la decisión judicial estuvo acompañada de un resultado preocupante. El STF también declaró constitucionales las leyes estatales que perjudican a las empresas que, de manera voluntaria, adoptan estándares ambientales más ambiciosos que los exigidos por la legislación nacional.
Este precedente es especialmente peligroso, ya que crea ventajas fiscales para las empresas que se limitan a cumplir con las obligaciones legales mínimas, mientras desincentiva a aquellas que están dispuestas a asumir compromisos más sólidos con la protección ambiental.
Estas leyes estatales son incompatibles con principios fundamentales del derecho ambiental brasileño, entre ellos el deber constitucional de proteger el medio ambiente, el principio de precaución y el principio de prevención, establecidos en el artículo 225 de la Constitución Federal de Brasil. Asimismo, contradicen la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los principios internacionalmente reconocidos de justicia climática.
En lugar de incentivar la adopción de prácticas empresariales más sostenibles y fortalecer los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), las autoridades públicas están creando mecanismos que desalientan a quienes desean ir más allá de los estándares mínimos exigidos por la ley.
Desde una perspectiva política y económica, esta decisión debilita considerablemente la Moratoria de la Soja y reduce los incentivos para que otras empresas y asociaciones adopten iniciativas voluntarias destinadas a proteger los bosques, la biodiversidad y el clima.
Un ejemplo evidente de esta tendencia puede observarse en los cambios recientes adoptados por empresas multinacionales que operan en Brasil. Cargill, por ejemplo, modificó sus compromisos de sostenibilidad y dejó de aplicar el criterio establecido por la Moratoria de la Soja, adoptando en su lugar el límite temporal de 2020 previsto por el EUDR.
En la práctica, este cambio debilita una de las principales salvaguardias del acuerdo, al permitir la comercialización de soja producida en tierras deforestadas entre 2008 y 2020.
Además, diversas investigaciones ya habían identificado importantes deficiencias en la implementación del acuerdo. Informes periodísticos documentaron casos en los que grandes empresas, incluidas algunas signatarias de la Moratoria, adquirieron soja procedente de áreas embargadas mediante mecanismos destinados a ocultar el verdadero origen del producto, una práctica conocida como «lavado de soja».
El actual contexto político y jurídico crea condiciones que podrían debilitar aún más los mecanismos de control y aumentar el riesgo de incumplimiento.
La APIB observa con profunda preocupación el progresivo desmantelamiento de la Moratoria de la Soja como instrumento de compromiso ambiental del sector empresarial.
Independientemente de que la adhesión al acuerdo sea voluntaria, las políticas públicas no deberían desalentar medidas que promuevan niveles más elevados de protección ambiental. Las leyes que debilitan iniciativas orientadas a una mayor conservación son incompatibles con los principios que sustentan el derecho ambiental brasileño.
En un contexto marcado por el agravamiento de la crisis climática, el aumento de la presión sobre los ecosistemas tropicales y los retrocesos en materia de protección ambiental, penalizar indirectamente a quienes adoptan medidas voluntarias más ambiciosas constituye un grave retroceso socioambiental.
El aumento de la presión para expandir la deforestación afecta directamente a los pueblos indígenas, que continúan enfrentando situaciones de violencia, desplazamientos forzados, apropiación ilegal de tierras y violaciones sistemáticas de sus derechos territoriales.
Debilitar los derechos territoriales indígenas significa facilitar el avance del acaparamiento de tierras, la extracción ilegal de recursos naturales, la deforestación y la degradación ambiental.
No existe una solución eficaz para la crisis climática sin los pueblos indígenas.
No existe protección de la biodiversidad sin la garantía de nuestros territorios.
Y no puede existir una democracia plena mientras los derechos constitucionales de los pueblos indígenas continúen siendo vulnerables a retrocesos políticos y jurídicos.
La comunidad internacional no puede considerar estos acontecimientos como un asunto exclusivamente interno.
Brasil tiene obligaciones constitucionales e internacionales de proteger a los pueblos indígenas y sus territorios. Las políticas públicas que contribuyen a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad no pueden ser normalizadas.
La respuesta del movimiento indígena seguirá siendo la movilización, la incidencia política y la resistencia en defensa de los biomas brasileños, la promoción de la deforestación cero y el fortalecimiento de la Moratoria de la Soja y de otros acuerdos comerciales que contribuyan a enfrentar la crisis climática.
Nada sobre nosotros sin nosotros.
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)